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Full text of "RGLJ, Volumes 82-83"

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REVISTA GENERAL 

DB 

LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA 



TOMO 82 



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J 




S. 




ES PROPIEDAD 

Quedan reservados 

todos los derechos que marca 

la ley. 




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Y 



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\ 



REVISTA GENERAL 



DE 



LEGISLACIÚN í JURISPRUDENCIA 

FUMDADÁ roB 

D. JOSÉ REUS Y GARCÍA 



DISECTOR 

£xes«. Sr. D. JOSÉ MARÍA NANRESA Y NAVARRO 



AÜO CÜADBAOÉSIMOPRIMKEO 



To^yflio es 



MADRID 
IMPRENTA OE LA REVISTA DE LEGISLACIÓN 

é Mrf0 d« J. M. Sarda 

R«nda de Aioeha, 15, eentre 

18 9 8 C V 



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OCT 9 1908 



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DOÑA CONCEPCIÓN ARENAL 



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DOÑA CONCEPCIÓN ARENAL 



Los suficritoreB de esta Revista no Be sorprenderán segura- 
mente de encontrar en ella el retrato de una mujer, porque 
tendrán muy presente en su memoria que en las páginas de 
aquélla han ai>arecido interesantes trabajos de esa señora so- 
bre iisufUos penitenciarios y el notabilísimo titulado La gracia 
de iníluUo ante la justicia^ y que en nuestra Biblioteca jurídica de 
Autores españoles figura el Ensayo sobre el derecho internacional 
de 1^ ilustre escritora. Juzgando por esas obras, conocidas de 
niiestroB abonados, podrán apreciar el mérito de los Estudios 
penitenciarios y de las Cartas á un obrero y Carias á un señor ^ y de 
otras varias que tienen por objeto asuntos jurídicos. Tal vez 
ocurra á alguien pensar que se ensalza el valor de los trabajos 
de esa índole de la Señora de Arenal, por ser muy raro que una 
mujer se ocupe en tales materias, y que aquéllas se elogiarían 
menos si fuesen debidos á la pluma de un varón. Precisa- 
mente sucede todo lo contrario. Si la autora fuera autor, ha- 
bría sido conocida por todos, y se la habría proclamado el pri- 
mer criminalista, el primer escritor de derecho internacional, 
el primer sociólogo de España. ¿Parece exageración? Pues que 
se nos cite el nombre de quien pueda ponerse, en cualquiera 
de esos órdenes, delante de Doña Concepción Arenal. 

LrO que pasa es, que no sólo la gente ha estado poco dis- 



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EVÍ8TA DE LEGISLACIÓN 

ma mujer tuviera aptitud para ocuparse 
05, sino que el carácter, el género de vida 
Kias de la persona han hecho que fuera 
Dcida ó tenida por una literata más, y sólo 
liada en todo lo que valia. No hay que ol- 
:o país, la notoriedad no se alcanza sino 
ehiculos: la política y la literatura; y ade- 
lepción Arenal hizo, en vida, sudar mucho 
ida á la Prensa. 

neno extraño: sus trabajos y sus escritos 
y estimados por los extraños que por los 
r de los Ríos remitió á Roder los Estudios 
Bcritora insigne, y el célebre criminalista 
'rofesor de la Universidad de Madrid, que 
iltura de los mejores que se habían publi- 

nerícano Wines, que presidió el Congreso 
ikolmo, en una de sus obras magistrales, 
, que es obra de la escritora genial, y á la 
sta merecidos elogios, declara que es en 
lutoridad europea. En 1879, publicó esta 
obre La gracia de indulto ante la justicia, y 
cido la primera parte, escribió al que re- 
Director, D. Emilio Reus, preguntándole 
segunda, y deseaba saberlo, porque había 
iel Profesor de la Universidad de Baeilea, 
ue expresaba su vivo anhelo de conocer el . 
, del cual hacía ciunplidos elogios. Finnl- 
ia que en todos los Congresos penitencia- 
Doña Concepción Arenal eran recibidos con 
ción, y que gozaba aquélla de una autori- 

ito de circunstancias, que hacía de ella una 
te, genial. De un lado, poseía un espíritu 
as del hombre y im corazón con todas las 



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DONA CONCEPaÓN ARENAL 7 

delicadezas de la mujer. Lo primero se refleja en sus escritos, 
todos llenos de nervio, y en su estilo conciso y expresivo; lo 
segundo, en sus obras, en sus cuidados incesantes por los po- 
bres, los presos, los desgraciados. Luego si los libros revelan 
lo que fué su inteligencia y las obras lo que fué su sentimien- 
to, la firmeza de su voluntad la proclaman su trabajo incesan- 
te, teórico y práctico, luchando con la enfermedad y con las 
contrariedades de la vida, y compartiendo su tiempo entre las 
atenciones propias de la escritora y las propias de un ama de 
casa que cosía y zurcía medias. 

Hallábanse también armonizadas en ella estas dos tenden- 
cias que, por lo general, se enseñorean, ya la una, ya la otra, 
en loe espíritus: la idealista y la práctica. De una parte, nada 
la detenia cuando se trataba de sostener aspiraciones generosas, 
por mucho que se alejaran de la realidad presente; y de otra, 
sus fuentes de conocimiento no eran los libros: eran su pensa- 
miento y esa misma realidad, de la cual sacaba enseñanzas y 
argumentos, lo mismo para dejar caer el látigo de su severa 
critica sobre los señores que no cumplen sus deberes sociales, 
que para desvanecer las ilusiones de los obreros sobre planes 
de reforma social. 

De tal conjunto de circunstancias resultaba una de las con- 
dicioBes más característica de los trabajos de la insigne escri- 
tora: la originalidad. Siempre la echó de ver el que escribe 
estas líneas en todo cuanto la Señora de Arenal daba á la es- 
tampa; pero nunca tanto como cuando corregía las pruebas del 
Ensayo sobre el derecho de gentes. Cúpole el honor de escribir la 
introducción de que va precedido, para lo cual hubo de consul- 
tar no pocos libros de los que se ocupan en el derecho interna- 
cional, en ninguno de los cuales halló lo mucho, bueno y nuevo 
que encontró más tarde en las Observaciones críticas con que 
termina cada uno de los capítulos de aquél, y más aún en la 
última parte, que es sin duda la más notable, por la penetra- 
ción y la novedad con que se investigan las causas del atraso 
del Derecho de gentes y los medios que deben emplearse para 



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. DE LEGISLACIÓN 

vigencias formuladas boy, no Bóla 
x)nciencia pública. 

á esta breve y Bencilla nota. Más 
iuna de escribir una verdadera bio- 
Lcio el contenido, sentido y valor de 
naterias jurídicas y sociológicas es- 

por cuya muerte están de luto la 

G. DE AZCÁRATE. 



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l^FLUENOA DEL DESCUBRIMIENTO ¥ CONQUISTA DE AHÉRICit. 

EN EL DERECBO INTERJIACIONAL * 

(Conclu9Íón) 

.n 

Aunque en el sistema colonial de España, á diferencia del 
seguido en Holanda é Inglaterra, sea tan visible como persis- 
tente el interés de dominación ó político (1), no por eso llega 
á borrarse el aspecto económico ó mercantil que toda coloniza- 
ción ofrece, y ese es el motivo de que, resuelta la cuestión de^ 
soberanía suscitada por el descubrimiento de América, se plan- 
teara inmediatamente otro problema más directamente enla- 
zado con la relación primada ó de propiedad. 

Habla ofrecido el Almirante á los monarcas españoles al- 
mas que conquistar para la religión católica, tierras donde ex- 
tender la dominación de Castilla, un nuevo camino en los ma- 
res, y además inmensos tesoros é incalculables riquezas. Y fué 
tal el empeño que se mostró en que esta promesa final fuera 
cumplida, tantos los deseos de Colón de hacer palpables la uti- 
lidad y provecho de sus descubrimientos, que en cada nueva 
Isla que veia y en cada tierra que pisaba dirigió su primer 
pregunta á averiguar el paradero del oro, hasta el punto de que 
llegaron los indígenas á creer fuese el oro el dios que adoraban 
loe españoles. 

Esta natural aspiración de reintegrar los grandes desembol- 

* yé*M U pkg. 466 y ligiiientes del tomo'81 de la Bbvista. 
(1; Véftte Labra, Bitloria política contemporánea. Jntroduceián, Madrid, 187^ 
fág^zna 50. 



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REVISTA DE LEGISLACIÓN 

jue al Tesoro público exigía la empresa del descubrimiento, 
3te deseo, legítimo también, de encontrar en el Nuevo 
ido, á la vez que una prolongación de los dominios espa- 
)H, una fuente de lucro, hizo pensar en la explotación de 
ellas tierras y en obtener así, por medio del comercio, de la 
ería y agricultura, toda clase de rendimientos. 
Para justificar este empeño sobraban motivos, sobre todo 
ididos los principios jurídicos que entonces eran universal- 
ite aceptados. Aparte de toda concesión pontificia mejor ó 
: entendida, aparte de toda negación sistemática del dere- 
de los habitantes de América, aparte de toda cesión, com- 
ú ocupación de cosa nullins, la tradicional confusión de la 
)iedad y la soberanía adjudicaba la primera á quien había 
iiirido la segunda (1), y además los usos de la guerra permi- 

el despojo y aun, en ciertos casos, la esclavitud de los ven- 
ís. 

Por eso, la ambición creciente de los colonizadores no se 
Lvo en los límites de la mera adquisición de bienes mate- 
as. Como observa un escritor moderno, para cultivar el suelo 
\ fecundo, para explotar las minas más abundantes, necesí- 

otro elemento de riqueza que la tierra no suministra, ne- 
tase el trabajo del hombre; y como los españoles no se sen- 

con la fuerza ni con la voluntad necesarias para desempe- 
por si mismos esa tarea, indispensable para utilizar sus 
[quistas; como la experiencia demostró muy pronto que no 
aba sacar de las prisiones obreros europeos para colonizar á 
erica, todas las miradas se fijaron en los indígenas, impú- 
lies el trabajo forzoso, y quedaron convertidos en instru- 
itos vivos de cultivo y explotación coloniales (2). 

I En la época del desoubrimiento de América, 8in embargo, ya hay es- 
res que distiuflnion entre lo referente á la propiedad y á la soberanía, 
) el dominio privado y público, qae dice Vitoria. 

I Véase Cauohy, Le droit mantimt intnmational consideré dan* «c« origine* rt 
•es rapports avee lee progrée de la eivilieation, París, 1862, tomo l.*> páginas 
' siguiente. 



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L 



ESTUDIO DE DERECHO INTERNACTONAL U 

"Mas este abuso, para gloria de España, no pasó sin protesta, 
y la noticia de los sufrimientos del indio despertó ecos de com- 
paflión y arrancó gritos de dolor al otro lado de los mares. 

Generosos sentimientos de humanidad, nunca bien alaba- 
dos, devolvieron la libertad á los esclavos que Colón traía, ins- 
piraron las instrucciones que aquél recibió de los Reyes, y tu- 
vieron, además, solemne expresión en el memorable testa- 
mento de Isabel I; pero, por encima de todos estos rasgbs de 
caridad cristiana, que tan alto colocan en la historia el nombre 
de la Reina Católica, y entre tantos otros no menos dignos de 
mención , aunque sí más oscurecidos por el olvido que rodea á 
sus autores, descuella la cruzada inolvidable que emprendieron 
los dominicos españoles en América , y en la cual, á su vez, se 
destaca como ñgura de primer orden la del insigne hijo de Se- 
villa Fray Bartolomé de las Casas. 

Aquel hombre, apellidado por sus contemporáneos Apóstol 
de las Indias, y á quien un religioso del siglo xvi comparó con 
San Pablo (1), tuvo como Saulo su conversión y, si no en las 
altaras, oyó dentro de sí, al meditar en los sagrados libros, la 
misteriosa voz que le llamaba á abandonarlo todo, para buscar 
el bien de sus hermanos. 

Fué su vida perpetua lucha, con breves intervalos de tran- 
quilidad y de caliúa. Para seguir las inspiraciones de la pro)>ia 
conciencia y adquirir la necesaria autoridad en la predicación, 
comenzó renunciando á los indios cuyo trabajo había explotado; 
condenó después con todo el calor de su elocuencia la conducta 
de loB españoles; llegó con sus quejas á las gradas del trono; 
<x)nteDdió valientemente en el Consejo de Indias; arrolló opo- 
ííiciones como las de Fonseca y Fr. Juan de Quevedo; agitó á 
los predicadores del Rey; combinó planes; sufrió derrotas, y 
llevó su propaganda incansable de un continente á otro, segim 



(1) Pr. Agoftin Dávila PadilU, en la Historia de la provincia de Santiago de 
-VAtioo, de la Orden de loe Prtdicadore». 



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REVISTA DB LEGISLACIÓN 

aban las mudables exigencias de aquel empeñadísimo 

lemencia de su alma apasionada condújole, á veces, á 
Lción, pero era noble y santa la causa que defendía; la 
ie su espíritu degeneró en credulidad, pero había pre- 
incalificables abusos; la constancia de su carácter tocó^ 
B de la obstinación, pero el mal tenía hondas raíces 
iso combatir sin tregua; equivocóse en ocasiones, pen> 
Qocerlo; sonó á procacidad la franqueza de su palabra», 
lio excitado la contradicción, y además fustigaba por 
dos, sin perdonar al amigo, ni atenuar las profúas 

ra, desinteresada y generosa, mitigó considerable-^ 
I males que los indios sufrían ; hallaron acogida sus 
en el Grobierno español y, al fin y al cabo, terminó la 
bre de los naturales de América, disponiendo el Em- 
¡arlos V que ni aun en justa guerra se los pudiese ba- 
os. 

6 aquí que con el remedio de un mal coincide la exa- 
de otro más grave, y que la esclavitud de los indios 
azada por la trata de negros. 

mente no fué esta última una invención de los espa- 
ds que, antes de descubrirse América, comerciaban los 
íes con loe naturales de Guinea; ni tampoco, como 
Lgunos, fué Bartolomé de las Casas quien inició el trá^ 
iro en las Antillas, porque antes de toda gestión de 
ibió Ovando y condujo Dfego de Nicuesa esclavos ne- 
orden del Grobierno español (1). 
en cambio, fuerza es reconocer, de una parte, lo que 
izo para que la trata se extendiera, hasta adquirir 
narias proporciones y, de otra, lo que contribuyó Las 
)r lamentable inconsecuencia de su espíritu, á que 

16 QuiatanA, Vidat de los e$p€tiÍolt» sélebreSf edición de la BiblioUcn 
Irid, 1679, tomo 2.*, p&g. 451. 



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ESTUDIO DE DERECHO INTERNAaOKAL 13 

la esclavitud de los negros arraigara en el Nuevo Mundo. 

Toda la diferencia que hay entre el descubrimiento de 
América y los demás que, en su tiempo, le preceden y siguen» 
y todo cuanto exceden en importancia y magnitud las colonias 
«españolas ¿ las de los restantes países, todo eso se traduce en 
'-desproporción entre la trata patrocinada por España y la ex- 
<;liisivamente alentada por otros Estados europeos. 

La necesidad de cultivar grandes extensiones de tierra 
tiumentaba la demanda de brazos; el rigor del clima exigía 
gentes acostumbradas á sufrir los ardores tropicales, y el duro 
trabajo de las minas pedía una raza vigorosa, capaz* de sopor- 
tar las fatigas que aniquilaban la débil constitución de los in- 
dios. Por eso comenzó á hacerse en grande escala el comercio 
de negros, que resolvía, para gentes poco escrupulosas, el pro- 
blema de la colonización, y por eso pudo parecer al mismo 
Las Casas, en período de ofuscación pasajera, que la introduc- 
ción de esclavos africanos en América era el medio legítimo y 
hasta humanitario para lograr la emancipación completa de 
los naturales del país. 

De todo ello resultó la trata, erigida en institución perma- 
nente de la vida colonial, y puesta en condiciones de indefi- 
nido desarrollo; así que, si existía en verdad antes del descu- 
lirímiento de América, es éstCj sin embargo, quien le da ca- 
lácter distintivo y fija sus proporciones en la historia. 

Por de pronto, la opinión común no se preocupó de la in- 
justicia del comercio negrero ó, por lo menos, hizo callar las 
inquietudes de la conciencia ante el codicioso interés que todo 
lo avasalla; y fué el daño tan general en Europa, que los fla- 
mencos durante loe días de Carlos V, los portugueses durante 
su unión con Castilla, los franceses más tarde y, por fin, In- 
glaterra al celebrar la paz de ütrecht, compartieron con los 
españoles las ganancia de la venta de esclavos, fijando por 
tonelada ó por cabeza, en convenios internacionales, la canti- 
dad y el precio de la mercancía humana, cuyo monopolio am- 
bicionaban todos. 



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REVISTA DE LEGISLACIÓN 

I trata, comparada con el trabajo forzoso de 
ca circunstancias nuevas en el abuso de la 
otro suponen, y de esas nuevas circunstan- 
lema que al Derecho internacional tocaba re- 
orden de Colón, ó de Bobadilla ó de Ovando, 
encomendados los indios en manos de los es- 
ón y abuso establecidos encerrábanse en los 
o Estado, cuya interna diversidad de razas y 
condición social explicaba, aunque no justiñ- 
de mandar, en los unos, y la obligación de 
otros. Pero cuando el mercader extranjera 
)ral africano, ó de las islas de Cabo Verde, 
icia después á las Antillas españolas, el hecho 
Lonal: porque eran pueblos perfectamente ex- 
que proporcionaba, el que vendía y el que 
os de esclavos, destinados á trabajar en la» 

iiscaba en estas últimas el instrumento vivo 
10 se salía de un solo territorio; pero cuando 
) continente lejano, era preciso conducirlo á 
es que, como más tarde se verá, empezaban 
»res: de suerte que la trata que ostentaba ca- 
lal, atendiendo á las personas que en ella in- 
reivindicarlo también en consideración al es- 
ealizaba. 

i una disposición de mero derecho interior 
ira reglamentar el trabajo de los indígenas, 
[líos internacionales para resolver las dificul- 
nercio negrero nacían, dándose claramente á 
idos que celebró España en 1701 con Francia 
1713 con Inglaterra (1), todo cuanto pudiera 

>1 texto de esos tratihdos en la coleooión de Cantillo, ti- 
a y de comercio... líadrid. 1843, págs. 82, 85 y 56. 



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ESTUDIO DE DEHBCHO INTERNACIONAL 15 

faltarle para que faese considerado, por la triple razón de la 
persona, del lugar y de la forma en que se sostenía, como ins- 
titución que, traspasando las particulares fronteras de un pais, 
obtenía reconocimiento solemne en el orden internacional. 

£1 ulterior desarrollo de la trata de negros y las vicisitudes 
por que pasa antes de alcanzarse su abolición dofínitiva, son 
demasiado conocidas para que haya necesidad de recordarlas, 
y además quedan fuera del plan de este trabajo, limitado á 
señalar consecuencias inmediatas del descubrimiento de Amé- 
rica. Pero, en cambio, forzoso es observar que en el largo pe- 
ríodo que media desde la primera introducción de esclavos ea 
las AntUlas españolas hasta el comienzo de la era de emanci- 
pación de los negros, la ciencia supo reconocer y condenar el 
mal, disipando las tinieblas con rayos de luz y elevando, sobre 
el sedimento secular depositado por la verdad cristiana (1), la 
doctrina humanitaria que hoy, sin excepción, profesamos 
todos. 

La generosa tendencia á mejorar la suerte de los negros» 
claramente manifestada desde el siglo xvu en algunas colo- 
nias inglesas, como Pensylvania y Virginia; la abolición de la 
trata, decretada por Dinamarca antes de terminar el siglo xviii; 
la brillante campaña parlamentaria que hizo inmortal el nom- 
bre de Wilberforce; la célebre declaración del Congreso de 
Viena en 1816, y los numerosos tratados que, inspirándose en 
ella, la siguen, tienen precedentes científicos inolvidables, é 
inolvidables con tanto mayor motivo, cuanto que, merced á 
ellos, puede España atenuar la parte de culpa que le cabe ea 
el desarrollo del comercio negrero. 

En los escritos de Fr. Bartolomé de Las Casas, y principal- 

(1) Qae 1a religión se anticipó en este ptinto k la cienoia, es indudable, y 
pai*a convencerse de ello, basta hojear el brillante estadio qne en el tomo 1.^ 
de El protestaiUUmOf eompamde con el catt)liciitmo...f hace Balmes respecto á la 
esclavitud. Véase, muy especialmente, el apóndice último del citado tomo» 
donde se insertan las letras apostólicas del Papa Gregorio XVI sobre el trít- 
ñco de negros. 



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SVI8TA DE LEGISLACIÓN 

jrsia con Sepúlveda, y en el Tratado sobre 
1x08^ aparece la trata implícitamente con- 
isima doctrina que alli campea. Decir, 
3 Obispo de Chiapa, que todos los indíge- 
(n las Indias desde la época del descubrí - 
esclavizados con injusticia (1); y afirmar, 
emente ante él Emperador Carlofe V, en 
[el Darien, que c nuestra religión cristiana 
i todas las naciones del mundo, y á todas 
á ninguna quita su libertad ni sus seño- 
B servidumbre, so color ni achaque de que 
2), es, sin duda alguna, defender la santa 
' dignidad del hombre^ y dar armas con- 
e las amenace ó las niegue. Tan es así, 
la niebla que obscureció su espíritu, vio 
justo el cautiverio de los negros como el 
ifesó el error que le llevó un día á propo- 
esolavos africanos, y condenó sin vaci- 
or expreso modo^ lo que implícitamente 
las afirmaciones doctrinales,, por él con 
zidi, mantenidas. 

dad, por fortuna, de alegar en esta mate- 
lun cuando sólo en la apariencia, puedan* 
ran en los teólogos y jurisconsultos espa- 
KVi, textos para probar cómo la religión 
an de consuno aquel comercio que, en 
icos de Viena, cdurante tanta tiempo ha 
^adado á Europa y afligido á la huma- 
discípulo y sucesor de Vitoria, contem- 



ratado tobre la esclavitud de ion indios, en el tomo 66 

^étpañolett de Rivadeneyra, p4tg. 906. 

»8, -pkg. 227. 

ira y tomo oitados, pág. 454. 



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ESTUDIO DE DERECHO INTERNACIONAL 17 

poiáneo y amigo de Las Casas, y hombre que gozó en nuestra.^ 
escueks de influencia y prestigio extraordinarios, escribe tam- 
í>ién contra la trata en su célebre libro De Justina et jure. 

Si es verdad lo que se refiere, dice Soto, acerca de la escla- 
vitud de los etiopes; si el fraude y el dolo y la violencia los 
arrancan de su tierra natal, entonces «ni los que los capturan, 
ni los que los compran, ni los que los poseen, pueden tener lim - 
piala conciencia hasta que esos hombres sean manumitidos; y 
esto aun cuando el precio que medió en la compra no pueda re- 
cobrarse» (1). 

Con más energía aún que Soto ó, por lo menos, en forma 
más violenta y dura, amargada constantemente por la ironía 
de la frase, Bartolomé de Albornoz rechaza por inmoral é in- 
justo el carnicero trato, como él dice, de esclavos africanos (2}; 
y contra el mismo escriben igualmente, entre otros, en' el si- 
glo xTi Luis de Molina, y en el xvn el P. Alonso de Sando- 
val (3). 

Con razón, pues, un escritor contemporáneo (4) reivindica 
para los pensadores de nuestra patria la primacía en combatir 
la esclavitud de la raza africana: porque antes que Voolman y 
Clarkson y Raynal y los demás nombres que suelen citarse de 
ordinario en las listas de impugnadores de la trata de negros, 
aparecen históricamente los de Sandoval y Molina, los de Soto 
y Las Casas. 

Mas aunque no fuera así, y nuevos datos, olvidados hoy. 



(1) ...cQnsB 8i vera est historia, ñeque qui illos capiant neqae qm á oap- 
torilras coexnant, neqae iUi qni posaident tutas habere unqaam consciontias ^ 
poistint qnoasque iUos mannmittant, eiiamsi pretiam recnperare neqneant». 
Lib. i.*, qnawt. 2, art. 2.*, cit. por Oanohy, 2.*, 21. 

(2) De la eadavitud. Katá inserto el breve disoarso de Albornoz, asi tita 
lado, en el tomo 65 de la Bibliot^ra df Ántoren Enpañoleg, págs. 232 y sigrniente. 

(3j £1 primero en su tratado Dt Concordia gratice et liberi nrhUrii, y el se* 
gxindo en el suyo Vf in^tauraivla ^Ethinpum nalute. 

'4) D. Adolfo de Castro, en el Dineurm preliminar del citado tomo de la 
JULlioiecfi de ÁutoreJí E»pafkflet. 

TOMO 82 2 



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REVI6TA DE LEGISLACIÓN 

mañana arrebatarnos la gloriosa prioridad pretendida ^ 
porta: no hay patria ni fronteras para la verdad, que 
ubre de buena fe acepta y aprovecha sin preocuparse 
rsona que la propaga ó del idioma en que se difunde, y 
lizado el progreso y dado un paso en el camino de la 
bn desde «1 instante en que brilla la doctrina verda- 
mese Las Casas ó Clarkson quien tenga la dicha de en- 
i antorcha que ilumina. 

e ya formularse, en vista de lo dicho, opinión concreta 
á la influencia ejercida por el descubrimiento y con- 
e América en el desarrollo del comercio negrero, 
le pronto, y en el orden de los hechos, esa influencia 
iciosa, deplorable; el mal, ya existente, toma desme- 
proporciones, porque se abre vastísimo mercado á la 
esplavofl y porque intereses de todas clases lo alientan 
len; pero después, y en la esfera de las ideas, la reac- 
ia doctrina, motivada sin duda por el abuso migmo 
a práctica de la vida imperaba, regenera la turbia co- 
ntelectual, cómplice de. la manchada conciencia de la 
uropa; y de atenuación en atenuación y de pueblo en 
logi*a al fin que el tráfico de negros sea proscrito en 
del Dierecho internacional, á cuya sombra se había co- 
urante el transcurso de siglos. 

3nta, señores, que la abolición de la trata decretada y 
t cabo por acuerdos internacionales, significa algo mas 
medio de una enfermedad dolorosa, y no es, tan sólo^ 
ra de un ciclo abierto en la era del descubrimiento 

10. 

medidas internacionales tomadas contra la trata de 
[ice Bluntschli, nos ofrecen un ejemplo de interven- 
lavor de los derechos naturales del hombre» (1) y, por 
ibe añadir, proyectan viva luz sobre el concepto del 



¡rot'í International codifié; quatriéme édiiión. París, 1886, pág. 20. 



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ESTUDIO DE DERECHO INTERNACIONAL 19 

• 

Derecho internacional y de la misión que debe cumplir en el 
mundo. 

I^ abolición de la trata por el Derecho internacional signi- 
fica que la tutela dB éste se extiende ó, por lo menos, intenta 
extenderse hasta asegurar á los ciudadanos de los diversos paí- 
Bes «una protección comúnj como dice el citado escritor, para 
los derechos generales que resultan de la cualidad de hom- 
breí* (1), implicando, por lo mismo, la definición una de dere- 
chos humanos inmutables, cuyo respeto se ha de imponer á 
todo Estado, sin acepción de razas ni de climas. 

Este concepto del Derecho internacional que, poniendo 
plausible límite al viejo exclusivismo de las soberanías, hace 
flotar, por encima de las fronteras de los pueblos, los eternos 
principios de justicia, es concepto que encierran gérmenes fe- 
cundos de verdadero progreso y bienestar. Merced á él, la ne- 
cesaria unidad del Derecho se salva en medio de la anárquica 
diversidad de legislaciones nacionales, y todo Estado, al in- 
gresar en la universal Sociedad de las gentes, empieza por re- 
conocer los derechos naturales del hombre y la suprema au- 
toridad que, en el orden positivo, los formula ó define. 

Quizá se diga que las circunstancias concurrentes en la 
trata, á diferencia, por ejemplo, de la esclavitud de los indios; 
que las notas peculiares de aquélla, notas que la convertían en 
cuestión internacional bajo todos aspectos, facilitaron la in- 
tervención colectiva de los Estados para proteger al oprimido, 
sin constituir precedente serio para el caso en que la vejación 
ó el crimen no tuviesen carácter internacional tan definido y 
evidente. 

Mucho hay de verdad en esta observación y, sin embargo, 
zK> por eso se debilitan las consideraciones anteriores. 

Para pasar del ciego respeto infundido por la soberana indi- 
Tídoalidad de los Estados, al principio de solidaridad que debe 
vivificar la práctica y teoría internacionales, necesitábase oca- 

(1) Ob. cit., art. I.*, pág. 55. 



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REVISTA DE LEGISLACIÓN 

;o que, sin romper bruscamente el hilo de la 
, por insensible, fácil el paso de lo antiguo á 
casión fué la trata. Por lo que tenia de Ínter- 
in fácilmente asociarse los Estados para abo- 
3 tenía de negación de un derecho natural ó 
ición fué importante paso en el camino de la 
lacional á los derechos • fundamentales del 

ioctrina que, desde el siglo xvi, viene prepa- 
1 del comercio negrero, es el precedente in- 
modernas tendencias, qué ya claramente se 
élebre declaración del Congreso de Viena; y, 
través de un lamentable abuso en la práctica, 
y eficaz protesta en la doctrina, enlázanse el 
conquista de América con el novisimo sen- 
iientes aspiraciones del moderno Derecho in- 



III 



ma diversidad de apreciaciones asombrosa, 
más abiertamente encontrados respecto á bi 
íonsecuencias que el descubrimiento de Amé- 
:den al dominio del mar, convienen los es- 
I ó menos incidentalmente, tratan de esto 
er la influencia decisiva de aquel hecho en 
38tión, interesante y grave «orno pocas. 
I y Sumner Maine representan aquí las dos 
is. 

to de apropiarse el mal^ dice el primero, ha 
aeblos modernos. Ha salido del considerable 
3anzó el comercio marítimo y, por consi- 
ción, sobre todo después del descujbrimiento 
ando llegado á ser las relaciones eomerciales 
3o base real de la riqueza y fuerza de las na- 



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ESTUDIO DE DERECHO INTERNACIONAL 21 

ciones» loB diferentes pueblos de Europa han tendido á au- 
mentar su tráfico y navegación en detrimento de las naciones 
vecinas ó rivales. Fué por este móvil injusto por lo que Vene- 
cia trató de apropiarse el mar Adriático, Genova el Ligurio, 
espacies y portugueses los de América, y por lo que, en fin, 
Inglaterra en el siglo xvn pretendió ser soberana de la mayo- 
ría de los mares que comunican con los que bañan sus costas, 
es decir, de todos los mares del Universo, porque todos ellos 
so comunican entre sí» (1). 

Por el contrario, Sumner Maine, después de hacer suya la 
doctrina que enseña hal>er comenzado el Derecho internacio- 
nal, en el sentido moderno de la frase, por un régimen gene- 
ral de clausura en los nxfires, señala entre las causas que de- 
terminaron la ruina del sistema antiguo y la libertad del 
Océano, el descubrimiento de América y los viajes en que los 
portugueses doblaron el Cabo de Buena Esperanza (2). 

No puede ser más clara la contradicción. El propósito y el 
hecho de apropiarse el mar empiezan, en opinión de Pradier 
Foderé, precisamente en el instante en que, á juicio de Sum- 
ner Maine, concluyen; siendo el descubrimiento de América, 
para el uno, comienzo de una época de servidumbre; principio, 
para el otro, de una era de libertad. 

lExtraña contradicción, poi cierto, cuando uno de los 
opuestos términos que la originan está perfectamente desmen- 
tido por las enseñanzas de la historia. 

En las más remotas edades de que aquélla nos habla apa- 
recen los mares libres (3), pero con marcada tendencia ya á 

(1) Le droit de la guerre et de la paijc, par Grotins; nouvelle tradactioD par 
P. Pradier-Foderé. Paria, 1867, tomo 1.", libro 2.*, cap. 2.', pág. 898, nota. 

(2) Le droit tntemational, piígs. IOS y 103. 

(S) Aludiendo k esta primitiva libertad, dice Sumner Ifaine: cLos docii 
mentes que poseemos me parecen sugerir, no obstante en insuficiencia, la 
idea de que si el mar fué, en un principio, común, fué en el sentido de que 
estaba abierto k las depredaciones de todos (qu'elle s'ouvraít universelle- 
ment aux dóprédations. » Ob. oit., pág. 101. 



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K£VI6TA DE LEGISLACIÓN 

ominio Ó soberanía de determinados puebkis. 
a, que fué entonces general azote del comercio 
>, como enseña Cauchy, que «el establecimiento 
iguíar, á la vez que despótico, y provisto de la 
tad necesarias para reprimir ese bandolerismo 
rtes llevaba el terror y la muerte, fuese saludado 
icio por los pueblos y aun por los sabios de la 

iiempos de Grecia, el imperio marítimo viene 
se disputa de tal modo que, á creer un docu- 
'ádo por Ensebio, el cetro del mar cambió de 
B veces durante el transcurso de seis siglos (2), 
ipo que el derecho de ^libre navegación sufría 
para el vencido ó el débil, en cuantos tratados 
priegos y romanos han logrado llegar hasta nos- 

GQono ha podido desconocer la verdad de estos 
textos de Demóstenes y Theócrito, de Dionisio 
[) y Quinto Curcio, de Appiano y de Josefo, ha 
lecer la existencia de un antiguo señorío en los 
LO, en mayor escala y con menos imparcialidad, 
Jelden. 

ion de clausura ó imperio del mar, desprovista 
itivas razones que la crearon, si bien alentada 
I miras que no faltan en época alguna de la bis- 
ase durante toda la Edad Media, 
ca de Venecia simbolizaba desde el siglo xii en 
3 del Dux con el Adriático la soberanía que so- 
lé éste ejercitaba (5); Genova, en la época de su 

la, !.•, 181. 
bra citada, 1.**, 96. 
., 182. 

l4X guerre etde la paxx, lib. 2.*, oap. 3.*, § 13, nota, 
len, Mare clautum «eu de dominio martJi, libn dúo. Londini, 1630, 
p&lfinas 116 y sisoientes. 



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ESTUDIO DB DERECHO INTERNAaONAL 23 

r»iayor florecimiento y poderío, reclamaba el soberano imperio 
«obre toda la extensión del mar Ligurio; Colón llamaba á Fer- 
nando é Isabel, en las capitulaciones de Santa Fé, señores de 
las mares Océanos; y á través de la heptarquia anglo sajona, 
de la invasión de los daneses y de la conquista normanda, bus- 
caba Sélden el abolengo de la soberanía de su país sobre los 
llamados mares británicos (1). 

No intento yo, ni por asomos, romper una lanza en pro de 
las viejas pretensiones de Inglaterra, ni de la discreción de los 
razonamientos de Selden; pero, sea cual fuere el juicio que iñe- 
rezcan éstos, y apuntándolos más como testimonio de una opi- 
nión que como prueba de un derecho, aunque de ellos se haga 
abstracción completa, los demás datos que arriba se mencionan 
* bastan y sobran, á mi ver, para que claramente resulte que no 
es aspiración exclusiva de los modernos tiempos la que intenta 
<3onfíBcar en provecho de determinado país el codiciado señorío 
sobre los mares europeos. 

Mal pudo, pues, el descubrimiento de América ser causa, 
como quiere Pradier-Foderé, de que surgiera el pensamiento 
de apropiarse el mar, cuando esa apropiación era ya inveterada 
costumbre al finalizar el siglo xv, y lejos de representar, por 
lo tanto, una innovación, fué más bien el asentimiento respe- 
tuoso á las tradiciones y á la historia. 

Con el hallazgo de un nuevo continente ni se inaugura, ni 
por de pronto, cesa el dominio sobre los mares; la superficie 
de las cosas permanece sin cambios; pero á través de exteriori- 
dades y apariencias, nótanse ya los signos precursores de nueva 
edad, que anuncian profunda mutación en el comercio mari- 
tinao de ambos mundos. 

Nadie ignora cuan tímida é insegura fué la navegación an- 
tes del siglo XV. 

cLos navegantes, dice un historiador (2), no podían aven- 

(1) Véase el libro 2.** dtt la obra oitada. 

<a) César Cantú, UUtoria Ünivernal, libro 14, cap. 3.* 



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REVISTA DE LEGISLACIÓN 

largos viajes sin que se perfeccionara el arte de cons- 
308 y de dirigir su marcha... En un principio, no sa- 
ltarse de dia sino con la vista de las costas, y de no- 
las estrellas», y las nieblas y la obscuridad eran para 
) invencible obstáculo ó, por lo menos, inminente pe- 
la duodécima centuria, la invención de la brújula 
izontes nuevos á la exploración de los mares, y sin 
ofrecía aún tantas dificultades el cruzar aquéllos, que 
IOS más osados de Europa, los portugueses, en los pri- 
mos de sus descubrimientos seguían siempre la direc- 
i costa de África, sin perderla nunca de vista (1). 
m aventurarse en la inmensidad del Mar Tenebroso^ 
msión creían sin límites; parecíales el vasto Océano 
ie riesgos y amenazas; mirábanlo desde las aguas lí- 
3 África con el respetuoso temor que infunden lo des- 
y misterioso; y gracias cuando, sin abandonar la di- 
e las costas, se arriesgaban los exploradores, alentados 
fante D. Enrique, á transponer el Cabo Bojador, mi- 
inte largo tiempo como infranqueable límite de las 
ones humanas (2). 

cación de Portugal por las grandes expediciones ma- 
y la constancia en perseguir el ideal á cuya realización 
Enrique el Navegante la mejor parte de su vida, eran, 
rgo, prenda de futuros progresos; porque nada como- 
constancia para vencer dificultades y arrollar obstácu- 
1 ánimo descreído ó débil juzga de todo punto insu- 

abían transcurrido, en efecto, muchos años después de 
e del Infante, cuando Juan II reunía una junta de sa- 



kse Barros, Da Atia, edición 1.*, libro 4.<>, cap. 2.*, cit. por Navarro* 

tada, tomo 1.*^, pág. luí, nota. 

kse Washington Irving, Vúta y viajen de Crvitóbal Colán^ libro I.*, ca- 



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ESTUDIO DE DERECHO INTERNACIONAL 25 

bi<3s, en la cual descollaba Martín Behaim, y en esa junta bro- 
taría la luminosa idea de aplicar á la navegación el astro- 
labio. 

c Las consecuencias de invento tal fueron, como Irving 
dice, incalculables. Arrancóla navegación de la antigua servi- 
dumbre de la tierra, dejándola en libertad para que discurriese 
á su placer por las ondas... En vez de costear las playas, como 
los antiguos navegantes; en vez de volver á tierra presurosa y 
tímidamente cuando los vientos le habían separado de ella » 
polla aventurarse ya el osado marino por ignotos mares, cierto 
de que el astrolabio y la brújula le abrirían seguro camino á 
su vuelta, caso de no encontrar puertos lejanos» (1). 

Ahora bien; por aquellos tiempos ya peregrinaba Colón de 
corte en corte, ocultando bajo pobre y raída capa el incalcula- 
ble tesoro de sus planes de descubrimiento y poco después 
arribaba al continente americano, ofreciendo demostración ex- 
perimental y elocuentísima de que era navegable el Océano, 
fácil orientarse en las inmensas soledades del mar, y segura la 
recompensa del fatigoso viaje, porque más allá del gran de- 
sierto de las aguas se alzaba la tierra prometida. 

Sin dificultad se alcanza lo que fueron en la navegación las 
expedidonee colombinas: disiparon para siempre el áíitural 
temor que pepaba en el viaje de 1492 sobre el ánimo resulto 
de los esforzados marinos españoles; dieron tan oportuna y de- 
cisiva aplicación al astrolabio, que CJolón pasó por su inventor 
á loe ojos de algunas gentes (2); familiarizaron al navegante 
con inesperados fenómenos, como la declinación de la aguja 
magnética, la constancia de los vientos alisios, la rapidez de 
las corrientes oceánicas, é hicieron que desde entonces, uni- 
das en armonioso resultado la teoría cosmográfica y la prác- 



(1) Ob. cit., libro I.*, capitcdo 6.' 

M, VéñM9 Xavarrete, ob. oit.» tomo 1.*, página 68, nota: menoiónansd en 
é«ta, respecto al panto de qne aqoi se trata, las opiniones de Casoni en sus 
Amaí*» df GéMiVOf y de^Bosó, en sns Ilustraciones á la vidm de Colón. 



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REVISTA DE LEGISLACIÓN 

avegación, el Océano no pudiese ocultar por más 

jecularesisecretos, y se abriese en un todo á la au- 

;ación de los hombres. 

BS, un resultado claro, indiscutible, del descubri- 

.mérica en la historia del mar. 

licación de concepciones teóricas precedentes, y 

i de toque en que se contrastaron felices teorías, es 

le la navegación antigua, y el principio de esa ex- 

i grande escala que surca el mar sin vacilación ni 

ompe la vieja cadena que ataba al navegante á las 

tuvo, si, el Mediterráneo desde remotos tiempos; 
itivamente estrecho ese dominio que, como el se- 
: en la Edad Media, podía abarcarse con la vista 
tillo que defendía la playa. La antigua soberanía 
orno atestiguan las pretensiones de Inglaterra, fué 
9S mera exageración de la zona litoral que necesita 
para defenderse; en cambio, después de los viajes 
m derechos que alega España al imperio sobre el 
08 de Portugal sobre el Océano Indico después de 
n de Vasco de Gama, implican tan gigantesca am- 
antiguo abuso, que bien pudo inspirar á Pradier- 
do escribía que el pensamiento de apropiarse el 
ido consecuencia inmediata del descubrimiento de 

bodas suertes, aunque así se explique, no por ello 
a doctrina del escritor francés; y la soberanía de 
Bclamada por Portugal y España, y por otros países 
espués de los grandes descubrimientos del siglo xv, 
arecer, ante un juicio desapasionado y tranquilo, 
rolongación de anteriores usos ó, si se quiere, como 
Q de un mal cuyas raíces se hunden en la antigüe- 
nota. 

ón nada más, sin duda; aumento de proporciones 
3a, se nota en el dominio del mar cuando termina 



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ESTUDIO DE DERECHO INTERNACIONAL 27 

el siglo XV; pero de igual manera que en otras cuestíonep ya 
indicadas, las dimensiones del cuadro sirven para atraer las mi* 
radap de todos, y la enormidad del abuso empieza por engen- 
drar protesta generosa, que se transforma después en reacción 
fecunda; de igual modo, repito, el proyecto de confiscar en pro- 
vecho de una soberanía, no zonas litorales más ó menos exten- 
sas, ni mares mediterráneos susceptibles de fácil clausura, sino 
el inmenso Océano que enlaza los continentes y brinda camino 
en su extensión á todas las naciones; ese proyecto desatentado y 
ambicioso que tuvo por cómplices al transitorio interés y al ig- 
norante vulgo, señala el comienzo de nueva edad: porque la so- 
beranía de los mares, ruinoso edificio cimentado en movediza 
arena, necesariamente había de desplomarse bajo el peso que, 
al comienzo de los modernos tiempos, echaron sobre él los gran- 
des Estados marítimos de Europa. 

Buena prueba, para demostrar la verdad de los anteriores 
asertos, nos ofrece la historia. 

Sea cual fuere el genuino sentido de los textos romanos que 
declaraban el mar común, y abierto, por lo tanto, á todos los 
hombres; expliqúese como se quiera el pensamiento de los an- 
tiguos jurisconsultos, cuando veían, como Ulpiano, en esa liber- 
tad una exigencia de la naturaleza (1), es lo cierto que el prin- 
cipio de la libertad de los mares, si alguna vez fué claramente 
concebido antes , llegó á olvidarse por completo en el curso 
de la Edad Media. 

En los díai de mayor entusiasmo por el renaciente derecho 
de Roma; cuando fe más viva inspiraba el estudio de las Pan- 
dectas, y más ciega adhesión se prestaba á sus venerandas doc- 
trinoB, en el espíritu de los juristas arraigaba poderosamente la 

(1) Véanse en este punto las Vazones y datos alegados por Grooio (Le 
droit de la guerre ei dt la paix, liv. 2®, chap. 8.*, § 9,®) que dice «No conviene 
segair la opinión de los que creen que cuando en el Derecho romano se dice 
ser eomún k todos el mar, deba entenderte que es común tan sólo k los ciuda- 
danos romanos». También puede consultarse la obra ya citada de Gauchy» 
tomo 1.% p¿gs. 175 y siguientes. 



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28 REVISTA DE LEGISLACIÓN 

idea de conciliar el antiguo texto con los modernos usos, y á 

vuelta de torcidas interpretaciones ó de incoherencias palma- 

proclamaban el mar cosa común é intentaban justificar 

és la soberanía de Venecia en el Adriático ó la de Genova 

Ligurio. 

;í pensaron, por ejemplo, Bartolo y Balbo, Juan de Platea 
él Aretino, que, en nombre de lar prescripción inmemorial, 
lían lo que, al clasificar los bienes, habían edificado (1); 
que, ó encerraban el principio romano que parecía impli- 
libre navegación de los mares en la esfera del Derecho 
io, ó mitigaban su natural alcance para salvar el preten- 
ierecho de las repúblicas de Italia. 
1 definitiva, pues, por uno ó por otro motivo, la libertad 
céano era una causa sin defensores al aproximarse los 
►08 en que la Geografía y la Náutica sufren la profunda 
ición arriba expuesta (2); pero llega la era de los grandes 
brimientos; averiguase la existencia del Nuevo Mundo; 
iase el navegante merced al astrolabio y la brújula, y ape- 
•anscurre el tiempo necesario para que se revelen con toda 
ad las ambiciosas miras de los pueblos marítimos de Eu* 
surge el campeón de la libertad de los mares, conten- 
ió explícitamente contra las pretensiones de Portugal y 
ia, como para dar prueba palpable de la conexión de aque- 
usa con el descubrimiento de América y los que se agru- 
in derredor suyo. Conducen, por tanto, al mismo resultado 
ón y la historia; porque precisamente en el instante en 
a enormidad del abuso debía ser principio de reacción, 
guado está que ésta nace, sin que quede sombra de difi- 
i, ni género alguno de duda. 

reguntar ahora quién haya sido el iniciador de ese glorioso 
aliento de reacción y de protesta, parece una pregunta in> 

t 

Véase Vázquez Mencbaca, Coittroveratartum tUwtrtum aliarumqiie u^u fre- 
m, Ixbri trfHy Veiieoia, 1564, libro 2.", cap. 89, § 12 y siguientes. 
Véase Selden, obra citada, caps. 2.* y 24 del libro 1.* 



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ESTUDIO DE DERECHO HÍTERNACIONAL 29 

útii. Autoridades respetables como las de Ortolán, Hautefeuille 
y Wheaton, estáu aquí de completo acuerto con el vulgo de los 
císcritores; en boca de los ignorantes y de los sabios anda un 
solo nombre, que todos pronuncian, y un solo libro, que muy po- 
cos leen, y desde el jurisconsulto norteamericano que desem- 
polva diligente los archivos de Europa para escribir la historia 
del Derecho de gentes, hasta el obscuro especulador que suma 
datos para ofrecer, bajo engañoso titulo, harapienta y deshil- 
vanada doctrina, todos al buscar los orígenes de la libertad de 
los mares vuelven la vista á Holanda, y llevan en los labios 
el nombre prestigioso de Grocio, recordando las páginas del 
More liberum (1). 

Hien sé yo, porque nadie lo ignora, que eco como el Mare 
liberum de Grocio no lo tuvo obra alguna consagrada á los mis- 
mos fines; que engendró su oposición con Selden inolvidable 
controversia, beneficiosa como pocas papa el progreso de la 
Tida internacional; y que, por tal motivo, ligados quedarán 
aquellos dos nombres, mientras la historia exista, á las causas 
que respectivamente defendieron. Todo esto es verdad; pero 
cuando la oportunidad del momento elegido se confunde con 
la prioridad de la idea; cuando el desarrollo de ajenos princi- 
pios se hace .pasar por originalidad innovadora, se comete un 
error: que lo es tan palmariamente atribuir á Grocio la primer 
defensa de la libertad de los mares, como alabar en Bacon el 
descubrimiento del método inductivo, ó censurar.en Bartolomé 
de Las Casas la invención de la trata de negros. 

Casi medio siglo antes de que apareciera en Holanda el 
Mare liberum, veían la luz en Barcelona los tres libros de Con- 
troversias, debidos á un insigne jurisconsulto, nacido en el co- 
razón de Castilla y muerto á la sombra de la basílica hispa- 



(1) Véanse, en comprobación de lo dicho, Ortolán, RégU» intemationaUn e 
diplomatU de la mer; París, 1856, tomo 1.*, p&g. 133: Hantefeatlle, De» drott» d 
dc9 devoira det nnttoru uputre» en ternpn de gueire maritimf; París, 1858, tomo I.*, 
págs. 47 y 51; y Wheaton, obra citada, tomo 1.*, pág. 9S. 



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TSTA DE LEGISLACIÓN 

>ro8, un día de universal renombre, su 
ca defiende la libertad de los. mares con 
amor á vulgares preocupaciones, ni res- 
patriotismos. 

amentable olvido qué obscurece el re- 
)r castellano, sino por la ligereza super- 
ue se escribe y habla: que una cosa es 
Lun con entusiasmo el viejo libro que 
ñbliotecas, y otra mirarlo con deteni- 
n interés; si esto se hiciera, ¿cómo había ' 
> de Vázquez Menchaca, cuando tanto se 
s en los cuales salta á la vista, en cada 
:to del jurisconsulto español? 
9 su obra (2), menciona Selden junta- 
3 Vázquez y Grocio, como figurando en 
3 que impugnan el dominio del mar, y 
1 á refutar las doctrinas de ambos un 

si en la mente del gran defensor de las 
i los nombres del escritor español y del 
por asociación inevitable. Acaso Selden 

coincidencia de dos pareceres, sino ver- 
ternidad y filiación; y si tal pensó, en 
rimero, ni cabe, por otra parte, tacharlo 
uicios. 

profesor de Valladolid, Fr. Serafín de . 
í el camino á Selden combatiendo las 
una obra titulada De justo imperio lusi- 

ella se da por supuesto ó, por mejor 
amenté que el autor del Mare liherum, 

enchaoa nació en Pincia ( VaUadolid) por los año» 
ira edioión de sos Controvertiatum ülwttrium, libri 
33. Véase la Bibliotheea hvtpana nova, de Nicolá» 



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í=V^ 



ESTUDIO DE DERECHO INTERNACIONAL 31 

al negar los pretendidos derechos de Portugal, seguía la sin- 
gular opinión de Menchaca^ la cual, se añade, va contra el sentir 
común de teólogos, filósofos y jurisconsultos (1). 

Atribulase, pues, en pleno siglo xvii, á Vázquez Menchaca 
la idea que tanto contribuyó á labrar la reputación extraordi- 
naria de Grocio y, sin desconocer el mérito de é^te, sus con- 
temporáneos que, mejor que nadie, podían apreciar las mutuas 
influencias del pensamiento científico en aquel siglo, recono- 
cían por boca de Freytas, no tan sólo la primacía del escritor 
castellano, que ésta era indudable, sino lo que podría llamarse 
la virtud generadora de su doctrina, destinada á fecundar en 
lejanas tierras aquella alegación famosa salida de las prensas 
de Leyden. 

¿Y cómo no pensar así, cuando Grocio mismo da sobrado 
motivo para ello, al discutir si por la prescripción ó 4a cos- 
tiunbre podía adquirirse el señorío de los mares? «A la ver- 
dad, dice, toda esta cuestión fué tratada con grande acierta 
por Vázquez, gloria de España, en quien jamás se echa de 
menos ni sutil ingenio para investigar el Derecho, ni liber- 
tad para enseñarlo» (2); sincera declaración, digna de toda 
elogio, á seguida de la cual se transcribe el texto de Menchaca » 
fundiéndolo de este modo, sin que por ello pierda su carácter 
propio, en el cuerpo doctrinal de la célebre disertación holan- 
desa. 

Contribuyen, por tanto, á mi entender, la persistencia con 
que Selden reúne los nombres de Vázquez y Grocio, y la ex- 
plícita afirmación de Freytas, y las palabras mismas del autor 
holandés, á convencernos de la probable influencia, cuanda 
menos, que en la doctrina de óste tuvo la anterior de nuestro- 
compatriota; pero, opínese como se quiera en este punto, siem- 



(1) Freytas, Ob. cit. VaHadolid, 1625, cap. 18, foUo 181 vuelto. 

(2) «Vertim, omnem hanc qaflB«tionem diligentisaime traotavit Vasquiag^ 
decao ülad Hispani», cujus nec in explorando jare subtilitatem, neo in dor 
cendo libertatem onqnam deflideres.» — Mare liherum, cap. 7.* 



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REVISTA DE LEGISLACIÓN 

a á salvo la indiscutible prioridad que á Vázquez Men - 
rresponde; prioridad tanto más de estimar en el pre- 
0, cuanto que la avaloran-, no tan sólo la bondad de los 
s sustentados, sino la índole del razonamiento y la 
i de las palabras. 

ha visto arriba cómo los intérpretes del Derecho ro- 
asían instintivamente á la teoría de la prescripción, 
lar en ella el dominio del mar, que parecía inadmisi- 
las reglas establecidas respecto á las cosas comunes 
[gesto y la Instituta. El transcursojdel tiempo, que 
chas originarias y trae necesidades nuevas; el tiempo, 
igue y crea las relaciones de Derecho, era para los ju- 
bos de la Edad media la salvadora solución del con- 
tal modo que, á la sombra de. lo inmemorial, veían 
ido y seguro el privilegio odioso disfrutado tradicio- 
I en ciertos mares por algunos Estados de Europa, 
bien; comprendido con entera claridad por Menchaca 
vulnerable de la vieja componenda que adoptaban los 
is, contra ella dirige sus tiros, abriendo franco ca- 
destruir uno de los términos de la antítesis, para que 
rodujera espontáneamente frutos de libertad, quizá 
lados en época alguna de la historia» incluso aquel 
arguísimo en que de consuno proclamaban el mar 
lin los versos de Planto y Ovidio, y los textos de Mar- 
Jelso. 

uí las palabras del jurisconsulto español: «Aunque á 
Itítud de lusitanos haya oído frecuentemente opinar 
reyes adquirieron por prescripción el derecho exclu- 
aavegar en el mar vastísimo de las Indias Occidenta- 
mque nuestro vulgo hispano parezca generalmente 
r de opinión análoga con respeto al Océano que baña 
nes índicas, sometidas á nuestros poderosos monar- 
1 embargo, todos estos pareceres son tan insensatos 
de aquellos autores que, en cuanto á genoveses y ve- 
suelen soñar por modo semejante. Claro aparece (rt 



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BBTUDIO DE DERECHO INTERNACIONAL 8í^ 

desacierto de tales doctrinas, puesto que cada una de esas na- 
cionee no puede contra si misma prescribir... Y como en 
daño de las demás la prescripción es imposible, por ser insii- 
tución de mero derecho civil, inexplicable en la relación 
mutua de príncipes ó pueblos independientes, sólo al Dere- 
cho de gentes puede acudirse, y consta según él que seme- 
jante prescripción y usurpación del mar nunca fué admi- 
tidal (1). 

Tal fué el impulso con que Vázquez intentó restablecer la 
primitiva dirección del arco que lo dobló en sentido opuesto, 
y por quitar el pretexto de la prescripción á las confiscaciones 
del mar, arrojóla fuera de los dominios del Derecho de gentes. 
Exageró en esto, sin duda, y se hizo acreedor al duro califica- 
tivo que Selden le aplica; pero ¿cómo no disculparlo, cuando 
hasta nuestros días se prolonga la serie de autores respetables 
que, desde Cassan y Richelieu hasta Rayneval, Martensy Klu- 
ber, niegan la facultad de prescribir en las relaciones interna- 
cionales? 

Las diferencias que existen entre el orden internacional j 
la interna vida de un Estado; la ausencia en el primero de 
una autoridad y de una regla visibles á toda mirada, y la mis- 
ma frecuencia con que la prescripción se funda en viciosas y 
deleznables teorías^ explican, sin duda, el radicalismo de Váz- 
quez y su escuela; pero, de todas suertes, nadie como aquél 
merece que se atenúe su falta, porque nació de un exceso de 
celo, encaminado á fijar el sentido de los textos romanos en 
favor de la verdadera libertad de los mares, é iban sus razones 
contra la estéril y acomodaticia interpretación entonces en 
uso, y el descrédito que arrojó sobre eUa remedió gravísimo 
mal, iresultando de este modo su error algo así como los errores 
de Colón, que nos dieron un Nuevo Mundo. 

Digno de todo aplauso fué el propósito de Menchaca al po- 
ner la libertad del mar bajo la protección del Derecho romano, 
' - - 

<1) Tásqnez Menchaca, ob. oit., lib, 2.^, oap. 89, $ 30 7 sigoientes. 
TOMO 82 S 



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REVISTA DE LEOISLAaÓN 

ndo, á la vez, el camino á las transacciones entre el prin- 
y el hecho patrocinadas por los juristas; mas por si aquel 
3 fuera débil, no obstante el respeto que entonces infun- 
nuestro autor invoca el Derecho natural y el divino, 
ciendo del precepto no hagas á otro lo qtie no quieras para 
le ccomo la navegación á nadie puede ser nociva sino á 
aismos navegantes, es racional que por nadie tampoco 
a ó deba ser estorbada» (1). 

o desdice este razonamiento, en el cual palpita la idea de 
ís inagotable el Océano y su aprovechamiento inofensivo, 
)3 empleados después por Grocio, Puffendorf y Vattel; 
e decirse que (á pesar de las decisivas observaciones de 
eyrac y Strauchius) fué, en una ó en otra forma, favorita 
aaento de los autores durante el espacio de dos siglos, y 
jue convenir en que, prescindiendo de la verdad que en- 
A, tiene el indiscutible mérito de pedir á la naturaleza del 
la causa determinante de su condición en el Derecho, 
ertera fué , pues , la mirada de Vázquez Menchaca, al 
ir el origen de la libertad de los mares, de un lado en el 
cho romano, de incomparable prestigio en la práctica y, 
tro, en la naturaleza de las cosas, sólido é inmutable 
to para una doctrina científica; y si es verdad que hoy 
nente comprendemos no llegó á conseguir su intento, en 
Áo pensaron de otro modo que nosotros sus contemporá- 
y con esto el saludable fruto de la enseñanza comenzó á 
;erse en seguida. 

{ qué diré yo ahora de la independencia de juicio y de la 
itía de frase que son de admirar en el autor de las Con- 
'sias? Que un holandés, defendiendo los intereses comer- 
i de su patria y siguiendo el camino que trazaron otros, 
le por la libertad del mar, fácilmente se explica; pero 
m español impugne pretensiones de su propio país por 
amor á la verdad y, para ello, rompa con toda tradición 

Obra y lugar citadoa, § 85. 



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ESTUDIO DE DERECHO INTERNACIONAL 35 

y precedente^ y califique de insensata la opinión combatida, 
tratándola sin piedad y rehusándole la más leve atenuación ó 
disculpa, ejemplo es en que mucho puede aprenderse, ya que, 
por desgracia, tanto suelen vacilar las convicciones cuando se 
oponen á su marcha la rutina y el falso interés bajo el noble 
aspecto de patriotismo. 

Curioso por demás sería seguir paso á paso la historia de 
la libertad y dominio de los mares en la ciencia española, 
trayendo á examen las opiniones de Rodrigo Suárez y Crespo 
de Valdaura, de Preytas y Salazar de Mendoza, de Valenzuela^ 
Aguado, Olmeda León y tantos otros; pero aquí me detengo, 
porque no es la presente ocasión oportuna para tal estudio, y 
atlemás, porque á mis propósitos de hoy basta y sobra lo que 
llevo dicho. 

De ello resulta que el descubrimiento de América comenzó 
por ofrecer campo vastísimo á la tradicional confiscación del 
mar; que Portugal y España, continuadoras de la costumbre 
establecida, quisieron imperar en el Océano, á semejanza de 
lo que hacían Inglaterra, Venecia ó Genova en sus mares, y 
que, ante ambición tan gigantesca, conmoviéronse los cimien- 
tos de antiguas doctrinas, se agitó en la mente de los pensado- 
res nueva idea y, tras la inevitable lucha que riñe siempre la 
verdad redentora; asomó en los cielos, iluminando la inmensa 
región de las aguas azules, el sol esplendoroso de una libertad 
por todos bendecida. 






Séame permitido, para concluir, que contemple por un ins- 
tante la senda recorrida y procure abarcar en una sola mirada 
el conjimto de hechos y de ideas con que he tejido la pobre 
tela de este estudio. 

No fué, en verdad, en las tierras americanas donde por vez 
primera hubo de plantearse el problema acerca de la ocupa- 
ción de cosas nullius con ánimo de someterlas á la soberanía 



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BEVIBTA DB LEGISLACIÓN 

Cstado, ni fué en ellas donde los derechos de la ciriliza- 
a barbarie tuvieron su primer contacto, ni su descubrl- 
fué causa originaria de revolución inmediata y pro- 
m la condición de los mares. Nada de esto: el grande 
imiento, cuya centenario festeja hoy el mundo, no trae 
' problemas nuevos á la vida internacional, pero en- 
íe en cambio los anteriormente Conocidos; fué su influjo 
cantidad y dimensiones que de originalidad innovado- 
itóá lo existente proporciones extraordinarias, convir- 
)iedras del camino en rocas gigantescas, y al pié de 
ituviéronse por necesidad las miradas del observador j 
)6 del caminante. 

uviéronse, sí, sin que en los primeros momentos de irre- 
asombro vinieran nuevos ideal^ á desarraigar la vi- 
ráctica heredada de pasados tiempos, y fué pisoteado 
iho de las tribus indígenas, y arrancado el negro de su 
para explotarlo en comercio infame^ y confiscado el 
provecho de ambiciones bastardas, hasta que la misma 
Lable ampliación del mal hizo retroceder á los más osa- 
que comenzó por ser piedra de escándalo acabó con- 
ióse en principio de redención, 
n claro está que en el cuadro que torpemente he bos- 
) se combinan la sombra y la luz; densas nieblas de vio- 
r error obscurecieron el cielo de la historia patria por 
3 días en que no gozaban de aurora más espléndida ni 
iresas de Portugal, ni las aventuras de Inglaterra, ni el 
ite imperio de las repúblicas de Italia, y así creímos lo 
os creían y vivimos como vivían todos, en tanto que si- 
miente germinaban en nuestro suelo las regeneradora! 
is de Vázquez, Las Casas y Vitoria, 
e fueranos enseñaron á encadenar pueblos indepen- 
a conquista, á negociar con el hombre en la trata j á 
la navegación del Océano, fuimos nosotros, en cam- 
que pusimos remedio á tanto mal; que sonó en tierra 
a la voz de alarma, y nació en las montañas vascas 



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ESTUDIO D£ DERECHO INTERNACIONAL 37 

« 

quien Bupo fijar en reglas inmortales el derecho de guerra, y 
vio 1a luz en las llanuras de Castilla quien enseñó á Grocio el 
principio de la libertad de los mares, y alutnbró el sol de An- 
dalucía la primer mañana del incansable protector de los in- 
cGoe, azote de toda servidumbre, defensor y padre del débil y 
del oprimido. 

Gracias á esto, la influencia del descubrimiento y conquista 
de América, en el Derecho internacional, si apena al ánimo 
por sus primeros frutos, fortifícalo después con saludable ejem- 
plo; porgue, si de aquellos acontecimientos fueron hijos los 
aventureros rapaces de un día, también fueron sus nietos los 
pensadores del siguiente, que supieron cimentar sobre firme 
base la más amplia de todas las ramas del Derecho, bautizán- 
dola al nacer en las limpias aguas de la ciencia española. 

' * Joaquín Fernández Prida 

catedrático de Derecho intem%cioD»l en U 
Universidad de Serillk. 



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N OBRERA Y LAS LEYES • 



CAPÍTULO II 

5n obrera en AUSTRIA-HUNGRÍA 

ición g^ubernamental para templar el despotismo 
artes (informe del Ghobemador de Bohemia, 1699). 
cios de Carlos VI (1731-^). — Disposiciones legisla- 
e María Teresa y de José 11 ri750, 1790). — La ley 
mes de 1859. — La legislación obrera vigente (leyes 
y de 8 de Marzo de 1885, y decretos de 17 de Sep- 
)otabre de 1834 y 24 de Abril de 1886).— Modifica- 
obreros, introducidas por la ley de 8 de MarEo 
proyectos de ley de 17 de Junio de 1891. — Hungría, 
f orgánica de 1." de Octubre de 1884. 

I propiamente dicha, en el país austríaco 
coincide el comienzo de la intervención 
imiento industrial, mediante la legisla - 
d de poner un dique indispensable á las 
vinieron á incurrir aquellas corporacio- 
, que en tiempos un tanto atrasados ha- 
tes del progreso del llamado trabajo ma- 
rutina, inseparable compañera de la ser- 
tenían reducido las prácticas del despo- 

)olítico, esta vez inspirado en principios 

1 tomo SI. 



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LA CUESTIÓN OBRERA Y LAS LEYES 39 

■de libertad y progreso, se ve precisado á templar con sus leyes 
-el excesivo espíritu reglamentario que puso en grave peligro 
aquella industria, antes próspera, gracias á las asociaciones 
que ahora la ahogaban, oprimiéndola en el círculo de hierro 
de sus múltiples prescripciones y de sus variadísimos precep- 
tos, que dirigidos á la conservación de privilegios incompati- 
bles con los adelantos de la técnica, hacían imposible los ade- 
lantos y consumían la actividad de los artesanos en pleitos ri- 
dículos. 

Extremado en Austria el abuso de las corporaciones, ad- 
viértese, aun antes que en Alemania, la tendencia liberal de 
la intervención del Gobierno. Ya en 1699 el Gobernador de 
Bohemia pronuncia juicio desfavorable al sistema corporativo. 
«A imitación, se lee en su luminoso informe, de otros reinos, 
repúblicas y países en donde florecían los comercios, no ol>6- 
tante el no conocerse las corporaciones ó no gozar de los privi- 
legios de que estaban investidas en el Sacro Romano Imperio, 
deben ser abolidas, ó reformadas al menos, de modo que 
ciiando alguien quisiera establecerse en una ciudad ó en un 
mercado y ejercitarse en un arte, no pueda impedírsele de ha- 
cerlo ni obligarle á inscribirse en ellos.» 

Consecuente con ^stas ideas, Carlos VI publica en 1731- 
1732 sus Patentes sobre los oficios, en las que aparece bien clara 
la tendencia á reprimir los excesos que habían desnaturalizado 
las antiguas corporaciones, comenzando por reservar al Prin- 
cipe la constitución de nuevas asociaciones y la aprobación de 
sus estatutos, y reglamentando en numerosos artículos generales 
el establecimiento de los cuerpos de artes, la formación de los 
colectivos, el aprendizaje — duración, cuota de pensión, con- 
ducta, garantías, — aboliendo las distinciones jerárquicas en- 
tre las corporaciones, los gravosos y abusivos usos en el paso 
al oficialato — exámenes, viajes, etc., — regulando las obligacio- 
nes de los obreros, en orden al trabajo y al mantenimiento de 
la disciplina y de la moral, como la prohibición de hacer lunes, 
la penalidad rigurosa contra los que se confabulaban para la 



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REVISTA DE LEGISLACIÓN 

;a, para compeler á los patronos al aumento del salario^ 
minando las condiciones y pruebas necesarias para el as- 
á maestro, con abolición, por supuesto, de las tasas exce- 
banquetes suntuosos, regalos, y prohibición de que los 
tros se entendieran para fijar el precio único del producto 
rariamente, y confiando la dirección de las corporaciones á 
misario ó inspector y al consejo de los ancianos, elegido 
>s miembros, con arregla á los estatutos, sometiendo á las 
bleas, que habían de reunirse cuatro veces al año, la inter- 
ión en los asuntos de la asociación, restringiendo notable- 
e B\x jurisdicción sobre maestros, oficialeay aprendices, y 
7ando el castigo de los perturbadores á la autoridad. 
El fuerza de la institución corporativa era, sin embargo, tan' 
le, que fué impotente la ley contra ellas, y renacieron, si 
I con más vigor los abusos que se trataba de cortar, parte 
a persistencia de los inveterados hábitos, y parte por la 
idad que mostraron los encargados de aplicar las nuevas 
fsiciones. Peio, á pesar de todo y debido principalmente á 
fluencia que sobre el Austria no podía menos de ejercer el 
miento industrial de los países vecinos, el trabajo de fá- 
, tomó grandes vuelos, y habiéndose entonces visto muy 
el perjuicio que á su desenvolvimiento infería el sistema 
)rativo llevado á su más extrema exageración, el Gobierno 
empo de MaHa Teresa, en 1751, pensó seriamente en 
^mpleta abolición. El arraigo que en la nación tenían las 
)raciones de artesanos detuvo tan radical medida; no im- 
S sin embargo, que tanto la renombrada Emperatriz, como 
Lcesor José II, dictaran numerosas disposiciones (órdenes, 
Btos, rescriptos, instrucciones) encaminadas á reducir las 
tuciones de patronos y obreros á sus verdaderos límites. 
iOs puntos principales de esta política industrial, realizada 
máticamente desde el momento indicado hasta 1790, pue- 
reducirse á los siguientes: prohibición de formar nuevas 
oraciones con las profesiones ejercidas libremente; negativa 
confirmación de nuevos estatutos corporativos; remoción de 



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LA CÜKBTIÓN OBRERA Y LA8 LEYES it 

ciertos inconvenientes mediante disposiciones especiales; li- 
mitación de los derechos de las asociaciones, por lo que respeta 
á la concesión de la maestranza, hasta llegar á su completa su- 
presión; limitación del número de las industrias reales; aboli- 
ción de los derechos de exclusividad; autorización cada vez más 
extensa de las industrias no corporativas, que llegaron á ser 3(> 
en la Austria baja, según la Ordenanza de la Corte de 1765. 

£n este tiempo se observa también en Austria cierta reac^ 
ción mercantilifita, oculta bajo la capa de protección á la in- 
dostrm manufacturera; contra los privilegios de las corporacio- 
nes. Buena prueba de ello son las exenciones del servicio mi- 
litar concedidas á los operarios; la prohibición de emigrar im- 
puesta á los más hábiles; los premios otoirgádos á los artesa- 
nos extranjeros que venían á trabajar en las fábricas del paínr 
las recompensas con que se estimulaba á los inventores de 
nuevos procedimientos, así como los experimentos de nue- 
vos cultivos; derecho de preferencia en la adquisición de 
materias primas, con la obligación, por parte de los que las ven- 
díim, de hacerlo á precio determinado. Al lado de estas ayu- 
das á la industria de la nadón es justo colocar los esfuerzos de 
todo género hechos por el Estado para divulgar la instrucción 
técnica. 

El impulso liberal de María Teresa hubo de^ sentirse ami- 
norado un tanto, no solamente por la fuerza de inercia de Ins 
costombr^, que no en vano hablan tomado carta de naturaleza 
en el país, sino por las tendencias reaccionarias que salieron á 
la hxz dinrante los reinados de Leopoldo II y Francisco I, que 
dominaron hasta ya bastante entrado el siglo actual, ha- 
ciendo infructuosos los esfuerzos que en diferentes tiempos ^ 
en 1835, por ejemplo, se hacían eñ pro de una radical variación 
en el régimen legal. 



Al fin, el impulso recibido con anterioridad y el imponente 
movimiento político que conmovió á Europa entera á media- 



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REVISTA DE LEGISLACIÓN 

3nte, influyeron, como no podía menos, en 
íi tanto detenidos en sus intentos de reforma, 
íeos de marcha hacia la libertad industrial, 
rse que con el proyecto de 1856, que ligera- 
íonvierte en ley en 1859, Austria entra de- 
i vía de las reformas en sentido liberal y se 
e los países que por ella caminan, 
que animó á sus inspiradores, la ley oi*gánica 
de 20 de Diciembre de 1859 establece como 
ertad profesional, salvo algunas excepciones 
'oncesión gubernativa para el ejercicio de de- 
oficios ú ocupaciones. Entre éstas se encuen- 
las industrias de reproducción, valiéndose 
mecánicos ó químicos^ de productos litera- 
le la profesión de maestro de obras, albañil, 
or, armero, pirotécnico, fabricante de vinos 
del alumbrado. Para lograr el permiso, es 
a buena conducta del postulante, y en algu- 
apacidad profesional. Es necesario, además, 
autorización para instalar determinados ta- 
constituir un peligro ó producir acaso per- 
)s, lo cual no se concede sino previa inspec- 
ad competente. 

[emento subjetivo del derecho industrial en 
»s referimos, se expresa en una serie de prin- 
gicamente deducidos del fundamental que 
, la cualidad de ciudadano ó de extranjero, 
can diferencia alguna en cuanto al ejercicio 
. Las personas que no tienen plena capaci- 
consentimiento de sus legítimos represen - 
as jurídicas pueden asimismo, sin limita- 
ndustria. Solamente los condenados por de- 
3iedad ó las buenas costumbres, ó por Sanea- 
os de él si la Autoridad cree que haga uso de 
perjuicio pi^blico; pero aun en este caso po- 



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LA CUEBTtóN OBRERA Y LAB LEYES 43 

<lrán obtener bu rehabilitación después de probar que su cou: 
ducta ha sido intachable durante cierto tiempo. 

La extensión del derecho al ejercicio de la industria no 
tiene, en general, más limitación que la natural de la división 
de las ocupaciones; pero como cada cual puede dedicarse á 
cuantas profesiones sean compatibles con su capacidad y con 
el tiempo disponible, hasta esta limitación es ilusoria. 

No hay tasa alguna en loe precios, sino en la venta al de- 
talle de artículos de primera necofiidad, y en la profesión de 
-deshollinador. Las relaciones entre los patronos y el personal 
auxiliar, sin exceptuar á los aprendices, están fundadas en la 
libertad de contratación. Adviértese en la ley á que nos refe- 
rimos una tendencia manifiesta á fomentar el espíritu corpora- 
tivo, no á la antigua usanza, es decir, favoreciendo el privile- 
gio y el monopolio, sino conservando cuanto pueda enaltecer 
el honor profesional y mejorar los procedimientos industríale?, 
aunque huyendo de lo que redunde en detrimento de la liber- 
tad de establecimiento y de ejercicio mantenida con insisten- 
cia en el Código. 

Entre los fines de las asociaciones que disfrutan de gran 
autonomía, los hay obligatorios y facultativos. A los primeros 
pertenecen: cuidar de la observancia de las obligaciones que bo 
derivan de las relaciones del aprendizaje y del servicio, inter- 
venir en las controversias de los patronos con los oficiales ó 
con los aprendices, fundar y mantener cajas de socorro para 
los trabajadores, promover é instituir escuelas especiales, in- 
formar á la Autoridad sobre los asuntos industriales, y en ge- 
neral, prestar su concurso á todas las disposiciones de la admi- 
nistración pública que interesen á los miembros de la asocia- 
ción, y administrar el patrimonio de la misma. Únicamente se 
consideran miembros de la asociación los que trabajan por su 
propia cuenta; los aprendices y los obreros aealariados tienen 
el cioÁcíer de pertenecientes é ella, y en tal concepto les com- 
prende la obligación de contribuir á la caja de socorros con 
tina cuota que no podrá exceder del 3 por- 100 de su joma!. 



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r.tlrtFM^i!"- 



44 REVISTA DE LEGISLACIÓN 

correspondiéndoles también en justa reciprocidad cierta inter- 
vención en la administración. Los miembros deben pagar deter- 
minadas cantidades, aprobadas por la Autoridad, para formar 
el fondo social, que se aplica al cumplimiento de los fines co- 
muñes, y principalmente á la asistencia de los operarios pobres 
y á la dotación de las cajas de socorros. 

La resolución de las cuestiones relativas al contrato de tra* 
bajo ó de aprendizaje, está encomendada á la Autoridad polí- 
tica, siempre que se produce la demanda, pendiente la obliga- 
ción ó dentro de los treinta dias siguientes á su finiquito. 
Cuando el patrono pertenezca á una corporación de oficios, el 
jefe de ésta entenderá en la cuestión suscitada; pero antes de 
pronunciar el fallo deberá intentar la conciliación de las par- 
tes; de su sentencia cabe apelación á la Autoridad política. 
Transcurrido el plazo de los treinta días, el litigio pasa á la ju* 
risdicción de los Tribunales ordinarios, asistidos de cierto nú- 
mero de representantes de la clase trabajadora, elegidos entre 
los más estimados é intelijgentes, que forman un jurado suí 
generis, que ha dado excelentes resultados, siendo, pues, una 
institución digna de ser imitada en otros países. 

No surtió buen efecto la especie de renovación de las anti- 
guas corporaciones, aim á pesar del barniz de modernismo que 
recibieran eu la ley oígánica de 1879; así que las asociaciones 
profesionales ó industriales (Oetoerhegenossenschaflen), si se excep- 
túa las de la capital y de algunas ciudades principales, no go- 
zaron de vida próspera. Sin embargo, los mantenedores de los 
viejos usos no se dieron por vencidos ante el fracaso del ensayo,. 
y sostuvieron vivas discusiones con los que defendían la ten- 
dencia del abandono á la Ubre iniciativa privada el estableci- 
miento de gremios y corporaciones de oficios. 






La necesidad de proteger la pequeña industria, ahogada ma- 
terialmente por esas enormes masas de capitales que se con- 



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LA CUEBTIÓN OBRERA Y LAS LEYE8 45 

centran en las grandes empresas, y que con la fácil victoria en 
la lucha con ella entablada, les conserva su constante mono- 
polio y lea proporciona considerable benepcio á costa del con- 
sumidor, extremada por la indudable preponderancia del ju- 
daismo en todas las ramas de la industria; asi como la natural 
tendencia que se observa en los países civilizados, sobre todo 
después de la formible propaganda socialista, á mejorar la con- 
dición de los artesanos, se tradujo pronto en una serie de actos 
legislativos. * 

Producto de esta laudable aspiración fueron sin duda las 
leyes de 20 de Diciembre de 1869 y 21 de Junio de 1880, y los 
decretos de 26 de Febrero de 1875 y 16 de Septiembre tíe 1880, 
que prepararon la reforma, completamente desenvuelta por las 
leyes de 15 de Marzo de 1883 y 8 de Marzo de 1885, y los de- 
cretos de 17 de Septiembre de 1883, 14 de Octubre de 1884 y 
24 de Abril de 1885. 

Gomo quiera que la actual legislación austriaca, en materia 
industrial, se contiene en las últimas disposiciones citadas» y, 
sobre todo, en la ley dé 1883, hemos de extractar sus princi- 
pales prescripciones (1). 

Disposiciones generales. — La ley clasifica las profesiones en 
libres, de artes ú oficios {Handioerkmdssige), y autorizadas. El 
Afinistro de Comercio, de acuerdo con el del Interior, determi- 
nará cuáles profesiones habrán de ser consideradas entre las de 
segunda especie, mientras no exista decisión legal expresa; 
por supuesto, sirviendo de norma la necesidad de aptitud téc- 
nica adquirida mediante aprendizaje en los que á ella se dedi- 
quen. Quedan excluidas de esta categoría por ministerio de !a 
ley, las artes del comercio, las que se ejercen en las fábricas y 
la industria doméstica. Necesitan autorización previa las que 
pueden causaA* perjuicios al público. Todas las demás entran 
«n el grupo de las libres (art. I.*'). 

(1) Para mayor Unatraoión, pndden verse el Manual de Economía. poUtica, 
^a Qnstavo Schoxnberg, Altima edición; La UgUlación induttrial au$$riaeat da 
<Mlert, 1885; Compendio de la» Upe» induntriaU» auttriaoa», de Weilgenher^. 



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BEVI6TA DE LEGISLACIÓN 

ral, el que pretenda emprender una indus- 
cuenta ha de tener la libre administración 
ley hace de igual condición al hombre y á 
aso (art. 2.*^). Más severa que la de 1859, la 
el ejercicio de un arte ú oficio á toda persona 
condenada por crimen ó delito de atentado á 
)lica ó á la propiedad, por contrabando ó 
ie la legislación de impuestos, siempre que, 
aleza de. aquéllos, las circunstancias de las 
ole de la transgresión penal, se tema que^ 
Cl artesano que por sentencia judicial ó ad- 
era sido privado del ejercicio de su profesión, 
le á otra que haga ilusoria ó ineficaz la con- 

3, á no ser en el caso de reciprocidad justifi- 
cesariamente que proveerse de autorización 
lustria (art. 8.<^). 

articulares, — El que no estando excluido con 
[as prescripciones generales, desee trabajar en 
e los declarados libres ^ podrá verificarlo sin 
cimiento á la Autoridad (art. 11). Para ej^r- 
0, además de las condiciones generales de 
) mérito, es preciso acreditar la aptitud, ya 
ficado de aprendizaje ó de trabajo constante 
de años como auxiliar en dicho oficio ó en 
ga, ya por medio de atestado de haber se- 
resultados los cursos de Institutos de ense- 
(Escuelas especiales de Artes y Oficios, agre- 
les de enseñanza superior). En circunstan- 
odrán las Autoridades locales, previo dicta- 
raciones interesadas ó de las Oámaras de Co- 
i, dispensar del certificado cuando se trate 
rofesión á otra análoga (art. 14). En las in- 
s será preciso que el que pretenda ejercerlas 
1 especial, amén de estar adornado de las 



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I 



LA CUESTIÓN OBRERA Y LAS LEYES 47 

condiciones generales y particulares de que hemos hablado. 

Respecto del número de ellas la ley de 1883 apenas ha hecho 

alteración con respecto á la de 1S59. 

Hay ciertos institutos industriales cuyo establecimiento 
necesita especialísima autorización; y son todos aquellos en 
que existan altos hornos, máquinas de vapor ú otros motores 
que por su acción malsana para el público, ó por el ruido que 
produzcan, fuere molesta ó peligrosa para el obrero ó para el 
público (art. 25). Estos establecimientos, en número de 57, no 
pueden ser autorizados sino adoptando las medidas de precau- 
ción expresamente determinadas, entre las cuales citaremos la 
petición, acompañada de planos y diseños, á la Autoridad co- 
munal. Esta deberá hacerlo público, ya por medio de anun- 
cios, ya mediante comunicación especial á los propietarios ve- 
cinos del lugar donde la empresa ha de funcionar, y proceder 
á una información, en la cual gerán oídos peritos y loff perjudi- 
cados (arts. 28, 29 y 30). 

Corporaciones de artes y oficios. — La ley que estamos exami- 
nando consigna el principio de que donde no existan gremios, 
las Autoridades, oyendo á las Cámaras de Comercio é Indus- 
tria, deben procurar su establecimiento, siempre que las cir- 
cunstancias locales lo permitan. A semejanza de la anterior, 
considera 'á los que practican un oficio por su cuenta, como 
miembros, y como pertenecientes ó adheridos á los aprendices y 
auxiliares. Pueden formar parte de la asociación los obreros 
que residan en uno ó más concejos, ó los que ejerzan distinto» 
oficios (art. 106), y una misma persona está autorizada para 
inscribirse en diversas corporaciones (art. 107). 

Su fin principal consiste en reforzar el .espíritu de cuerpo,. 
conservando y elevando, á ser posible, el honor profesional^ 
. promoviendo los interés comunes, para lo cual constituirán ca- 
jas de crédito, depósitos de materias primas y facilitarán la in- 
troducción de máquinas y de nuevos procedimientos industria- 
les. Deberán, además, y en consonancia con su destino funda- 
mental: oí, procurar el mantenimiento de hienas relaciones entre 



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REVISTA DE LEGISLACIÓN 

auxiliares (operarios, oficiales, aprendices), 
que se refiere al contrato de trabajo y á la 
lervicio de colocaciones; y, proveer á un buen 
\dizaje, por disposiciones que habrán de ser 
Aiutoridad competente, encaminadas á la edu- 
, moral y religiosa, á determinar la duración 
nenes y pruebas que debe sufrir el aprendiz y 
jantes, como también á las maneras de asegu- 
I las referidas disposiciones, y á fijar las condi- 
del certificado de aprendizaje y las garantías 
•oporcionarse aprendices en el número con ve - 
una comisión de arbitraje para resolver los con- 
entre los miembros de la corporación y sus 
que respecta al salario, á la tarea y á la ins- 
le éstos; d)^ fundar institutos especiales de ense- 
, auxiliar á los oficiales y á los aprendices en- 
mdo cajas de socorro ó contribuyendo á las 
jctai cada año Memorias sobre todos los hechos 
10 de la asociación ^ y que tengan importancia 
L industrial. 

lania, en Austria las corporaciones de una cir- 
len federarse para mejor realizar sus fines (ar- 

jesarios en las corporaciones, á excepción de 
} cajas de enfermos é inválidos, se cubren con 
í miembros, en cuanto no alcancen á solven- 
)s de los bienes patrimoniales. 
r por ación, — Los negocios de ella están á cargo 
porativa, de la Asamblea de los operarios, de 
lente, compuesta de delegados de aquélla, de 
rativa de la Caja de socorros y de la Comisión 

orporativa se compone de todos los miembros 
de dos á seis representantes de la Junta ge ' 
, con voz y veto en lo que propongan. Eq de 



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LA CUESTIÓN OBRERA Y LAS LEYES 49 

SU competencia la elección de presidente y de los miembros de 
la clase de patronos que han de formar parte de la comisión 
arbitral, y del presidente y demás personas que han de consti- 
tuir el comité de vigilancia y la asamblea de la caja de soco- 
rros; el examen y aprobación de cuentas y la formación del 
presupuesto para el año siguiente; la deliberación y votación 
sobre las reformas que deban introducirse en los institutos de 
enseñanza; la duración del aprendizaje y la reglamentación de 
los exámenes de los aspirantes á obreros; la decisión sobre todo 
cuanto tenga relación con los establecimientos corporativos des- 
tinados á la instrucción, trabajo y mantenimiento y asistencia 
de los operarios; la modificación de los estatutos ; el empleo 
de los bienes patrimoniales, siempre con sujeción á la regla de 
que no pueden distraerse de los fines de la asociación (art. 119). 

La Asamblea de los obreros está formada por los que ten- 
gan 18 años cumplidos. La ley se inspira, en cuanto á la cons- 
titución y funciones de este órgano corporativo, en una des- 
confianza, tanto más censurable, cuanto que ha dejado plena 
libertad á la de los miembros de la corporación. En efecto, 
la Asamblea de operarios debe notificar la convocatoria al con- 
sejo directivo, el cual habrá de nombrar de dos á seis delega- 
dos para que asistan á ella, como también á la Autoridad in- 
dustrial, que podrá enviar un representante para vigilar el 
cumplimiento de la ley (art. 120). 

Corresponde á esta Asamblea el nombramiento de presi- 
dente, aunque con la cortapisa de que será ratificado por la 
Autoridad industrial: el examen y discusión de los intereses de 
ios operarios, en cuanto no sean opuestos á los fines de la 
corporación, y la elección de los que hayan de constituir la 
comisión arbitral, del presidente del comité de vigilancia y de 
los delegados en la caja de socorro, procedentes de la clase de 
lofl obreros. 

Cajas de socorro para los enfermos. — Las corporaciones están 
obligadas á fundar y sostener establecimientos de esta índole 
para los operarios, oficiales ó aprendices enfermos, ó inscri- 

TOMO 82 4 



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REVISTA DE LEGISLACIÓN 

m los institutos análogos. A estas cajas contribuirán los- 
IOS pertenecientes á la asociación y los operarios em- 
)s, con la sola excepción de los aprendices. I^s operarios 
In una cuota, que no puede exceder del 3 por 100 de su 
3, y á su vez la de los patronos será de una mitad más. 
caja tiene una asamblea general, un consejo de adminis- 
n y una comisión permanente de vigilancia (art. 121). 
misión arHiral, — Toda cuestión que surja entre lo& 
bros de la corporación y sus operarios, habrá de ser bo- 
a á esta comisión, á condición de que las partes conten- 
ís acepten previamente y por escrito el laudo (art. 122)^ 
\der disciplinario, — El consejo directivo de la corporación 
1 vestido del derecho de imponer á los miembros y á los 
ecientes á ella, penas disciplinarias, proporcionadas á la 
iad de la infracción, como la censura y multas hasta 10 
es. 

.s Corporaciones están sometidas á la vigilancia de las 
idades, que pueden, previa audiencia de los interesadotí, 
der en los recursos que se produzcan contra las decisio- 
3 las asambleas corporativas ó del consejo directivo, y 
rar comisarios encargados de inspeccionar el modo de 
1er de las asociaciones (art. 127). 

mo en Francia, Inglaterra y los Estados Unidos, se ha 
>ado en Austria la institución de los inspectores de fá- 
quo cuando se comprende bien cuáles han de ser sus 
clones, y sobre todo cuando recae su nombramiento en 
3 de sólida moralidad, produce excelentes resultados, en 
á notificar al Gk)bierno la verdadera situación de los 
s, á proponerlo las reformas que para conseguir la me- 
3 su situación debe realizar y á procurar que la aplica- 
e la legislación obrera se haga de buena fe, evitando 
B el interés mal entendido de los patronos de torcida 
ion haga ineficaz la voluntad del legislador. Sintetízause 
ribuciones en el párrafo 12 de la ley de 17 de Junio 
3, en el cual se lee: «Los inspectores d^ industria deben 



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LA CUESTIÓN OBRERA. Y LAB LEYES 51 

eu el cumplimiento de sus funcionos esforzarse, no solamente 
en asegurar á los obreros los beneficios de la ley, sino también 
en apoyar con tacto á los propietarios en el cumplimiento de 
sus obligaciones^ interviniendo con justicia entre los unos y 
los otros, trayendo á contribución los conocimientos especiales 
y la experiencia adquirida en el ejercicio de su cargo. Trata- 
rán asimismo de ganarse la confianza de los patronos y de los 
operarios, que {)ondrán al servicio de la concordia entre éstos y 
aquéllos». 



• 



La tutela y protección del trabajador por parte del Estado, 
ya iniciada en la ley orgánica de 1883^ se acentúa en la de 8 de 
Marzo de 1885. No había de ser Austria una excepción en esta 
general tendencia, que domina en los Estados de los países 
civilizados, de poner en cuanto se pueda, un dique á la extraor- 
dinaria potencia capitalística, que ávida de ganancia ú oblj- 
gada por las necesidades de una competencia á sangre y fuego; 
comienza por avasallar al obrero, á trueque de salir airosa 
de la lucha entablada para aniquilar á su rival. Menos que 
nadie podía el Imperio austríaco sustraerse á la política de 
protección del obrero, acentuada en los demás pueblos de raza 
germánica y seguida de cerca por los anglo-sajones, los latinos 
y hasta los eslavos. Precisamente, si en Alemania los socia- 
listas de cátedra han iniciado el período de las reformas inspi- 
radas en este filantrópico sentido , en Austria los socialistas 
católicos, brillantemente representados en la política activa 
por el príncipe de Lichtenstein, el conde Blome, el conde 
Belcredi, el conde Kuenfstein y otros muchos de igual valer, 
han contribuido poderosamente á que se estatuyera sobre el 
contrato de trabajo, el descanso dominical, la fijación de la 
jomada, el trabajo de las mujeres y de los niños, la instrucción 
técnica, la asistencia del obrero enfermo ó impedido, la in- 
demnización á los- operarios perjudicados, etc. Efectivamente, 



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REVISTA DE LEGISLAaÓN 

se introducen las siguientes novedades con 
ríormente legislado. 

. libertad de trabajo, pero todo operario debe 
) el día de un descanso mínimo de hora y 
e trabajar los domingos, excepto en determi- 
)licía, y en el arreglo de talleres y fábricas, 
^íinistro de Agricultura, de acuerdo con el de 
iterior, puede permitir el trabajo en día fes- 
ndustrias en las cuales sea imposible la in- 
adique gravemente á los consumidores (pá- 
Qitirá á los menores de dieciocho años asistir 
íturnas ó dominicales (párrafo 75 a). Los sa- 
ser satisfechos en moneda, aun cuando pueda 
Líos los gastos de alimentación, habitación, 
rute de terrenos, medicinas, asistencia médi- 
y materiales de trabajo, siempre que. no se 
recio superior al coste (párrafo 78). 
íbe estar provisto de una libreta, formulada 
disposiciones de la orden ministerial de 12 
y puede pretender de su patrono un certifi- 
i (párrafos 79, 80 y 81). 
resantes y dignas por tanto de que en ellas 
o dudan en sostener la doctrina de que el 
isla sobre la propiedad en general, debe esta- 
propiedad de la fuerza productora del hom- 
le aplicación, y de la retribución que por su 
ya de percibir, las siguientes disposiciones 
udiamos. En el párrafo 77 se establece, que 
itrario, el salario habrá de ser satisfecho se- 
le al término del contrato y consiguiente li- 
obrero por el patrón ó retirada voluntaria de 
m aviso con catorce días de antelación. De 
)túan algunos casos previstos en los párrafos 
tura del contrato por parte del obrero da de- 
k solicitar que la Autoridad obligue al opera- 



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LA CUESTIÓN OBRERA Y LAS LEYES 53 

rio á trabajar hasta el cumplimiento del contrato ó á resarcir 
los daños y perjuicios. Son dignos de especial mención los pre- 
ceptos de los párrafos 84, 85 y 86: «el que toma ó conserva un 
obrero, sabiendo que ha abandonado ilegítimamente á su pa- 
trono, ó le incita á no respetar el anterior contrato de trabajo, 
será responsable solidariamente con aquél del menoscabo que 
haya sufrido el empresario precedente. 

>E1 patrono que rompe el contrato ó es causa de que el 
obrero demande su resolución antes del vencimiento del plazo 
convenido, está obligado á entregarle el salario y las demás 
prestaciones pactadas correspondientes á todo el tiempo de su 
duración.» 

Los patronos se constituyen en la más absoluta precisión 
de introducir y mantener en sus industrias cuantas condicio- 
nes sean necesarias para proteger la vida y la salud de los tra- 
bajadores, y si emplean jóvenes menores de dieciocho años y 
mujeres, deben velar porque se respeten las prescripciones mo- 
rales (párrafo 74). 

Las cuestiones que acerca del cumplimiento del contrato 
de aprendizaje y de arrendamiento de servicios ocurran entre 
patronos y operarios no pertenecientes á una asociación y sus 
operarios, ó simplemente entre estos últimos, podrán, á instan- 
cia de un cierto número de eDos, ser resueltas por tribunales 
arbitrales, análogos á las comisiones de arbitros de la Corpora- 
ción, mediante concesión de la Autoridad política. A falta de 
tribunal industrial, la resolución de dichas controversias son 
de la competencia de la Autoridad citada cuando ocurran pen- 
diente el contrato ó dentro de los treinta días siguientes á su 
BU terminación (párrafo 87 c). 

Los patronos que no sean miembros de asociaciones ó gre- 
mios de oficios, deben en interés de los operarios, fundar en 
sus establecimientos cajas de socorros ó inscribirse en una de 
las existentes (párrafo 89). 

No terminaremos esta rápida revista de los preceptos de la 
ley de 1885, sin transcribir expresamente, por el racional cri- 



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LEQISLACIÓN 

ajB prescripciones que siguen : 
mos no podrán ser fempleadoB 
) los doce á los catorce, sólo se 
liquen á la salud y al desarro- 
, á la escuela, y su duración sea 
as puérperas serán dispensadas 
ro semanas siguientes al parto, 
onde en casos muy señalados^ 
3, consentir que los niños y las 
jos peligrosos é insalubres (pá- 
éis años no podrán ser obliga- 
\ en circunstancias determina- 
citado Ministro (párrafo 95)». 



afán de los Gobiernos austria- 
iios prácticos compatibles con 
ial, la conciliación entre el pa- 
de redundar en manifiesto be- 
ones legales examinadas, 
discurso de la Corona de 11 de 
amento como su tarea princi- 
non económica de la Nación y 
tomó la iniciativa y sometió 
1er legislativo, en 17 de Junio 
proyectps de ley, creando y ro- 
pósito para mantener el acuer- 
resarios y los artesanos. Ee de 
icaciones, obtengan la sanción 
3, enderezados á constituir la 
de industria y á probar, como 
el movimiento, la sinrazón 
iservador, llevando al parecer 
mará de los Señores de Prusia, 



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LA CUESTIÓN OBKEBA Y LAS LEYES 55 

decía en una sesión celebrada en Junio del año pasado, que 
«contra los demócratas, no hay mejor ^tazóli que las bayone- 
tas»; por eso no creemos inoportuno consagrar algún espacio á 
su examen. 

Propóneee el primero que presentó el Ministro de CJomer- 
cia, la creación de Comités óbreíos obligatorios, en la indus- 
tria de fábrica, y de Cámaras de conciliación sobre la base de las 
corporaciones de artes y oficios. 

Tales instituciones no son nuevas en Austria, antes al con- 
trario, puede asegurarse que esta vez la ley vino á hacer uni- 
versal y obligatorio lo que con cierto carácter privado y volun- 
tario venía existiendo con muy buen éxito en el país (1). En el 
párrafo l.*^ del citado proyecto seconsigna «que deben crearse 
Comités obreros en todas las fábricas, entendiendo por tales, 
según un decreto del Ministro de Comercio de 1883, todo esta- 
blecimiento dedicado á la elaboración de objetos industriales 
destinados al comercio, que ocupe de ordinario más de 20 
obreros, trabajando en talleres cerrados fuera de su domicilio, 
ó en los que se emplean máquinas ó se recurre á la división del 
trabajo, y en los que haya un empresario que dirija el negocio 
8in tomar parte directa en el trabajo manual, que pague de- 
terminada cuota de contribución y tenga razón comercial re- 
^strada». 

Las funciones atribuidas á los comités obreros son obligato- 
rias 6 /acuUaiivas:líi&pnmeTaa redúcense aponer en conocimien- 



(1) M. E. Sohwiedland cita en xm excelente trabajo qne ha publicado en 
la Rtvne d^ Economie politiqae (Diciembre de 1801), con el titulo L'organixatv'i 
de la grande industrie en AtUriche^ y cuya lectura recomendamos con encarecí - 
miento á loe qne consideren de algnna ntüidad estos estadios; entre otroe es- 
tablecimientos industriales en donde fanoionaron con magníficos resnltadnd 
los comités obreros, la Sociedad por acciones para la fabricación de máqoinnM 
y vagones de Sunmereng, cerca de Viena; la de ignal clase de F. Binghoffer en 
Praga- Sn^chon; la f&brica de carruajes de J. Weitzer en Graz; la de papel de 
£UÍ88en, Boeder y Compa&ia, en Ulmerfeld; la fundición de F. de Neumnn 
'Cn Marktl, y la de porcelana de Springer y Compañía en Elbog^en. 



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TA DE LEGISLACIÓN 

presentantes los deseos y las quejas de 
Lte á los salarios y á las demás condi- 
bar de conciliaif las opiniones, contri- 
to de buenas relaciones entre aquéllos 
os apropiados. Como ejemplo de las 
imera las siguientes: vigilar la manera 
o del trabajo y las prescripciones so- 
de los obreros, así como pronunciar 
3ar ciertas penas á los contraventores, 
>n la administración de los Institutos 

) al menos un año en una fábrica y que 
tiene derecho á elegir los que han de 
)nciliación y son elegibles los mayores 
,n trabajado tres años como mínimum 
ndustrial. Es de advertir que bajo la 
comprenden las leyes austríacas tam- 
Bon elegibles los procesados ó presos ^ 
a condena por crimen ó por delito co- 
[anancia. El número de miembros no 
iperior á veinte. La elección se verifi- 
o secreto, por mayoría absoluta y será 
!on un día de anticipación. En caso de 
e. La duración del mandato no podrá 
pasar de tres. 

ación, que también se proponen en el 
del año pasado, tienen su antecedente 
la ley orgánica de la industria aus- 
tdo. Allí hemos visto cómo las eorpo- 
os grandes cuerpos: el de empresarios 
ros, y cómo sirven á manera de cen- 
ormación de la cámara de conciliación, , 
y por mitad los seis ó doce delegados 
Por analogía con lo dispuesto- en el 
i de Mayo de 1869 sobre los Uamadjos. 



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LA CUESTIÓN OBBERA Y LAS LEYES 5T 

consejos de prud^hommes , los asesores de la cámara de conci- 
liación pertenecerán al sexo masculino; pero en el caeo en que 
en las industrias de que se trate ocupen mujeres exclusiva- 
mente ó casi exclusivamente (por ejemplo, modistas y costu- 
reras), se admite la posibilidad de nombrarlas para dicho» 
cargos. La elección se realizará por escrutinio secreto, por ma- 
¿-oría absoluta, y los miembros habrán de ser mayores de 
treinta años. Los presidentes y los vicepresidentes serán de- 
signados por los individuos de la cáma^á^ Éstos tienen dere- 
cho, si son obreros, al pago de los gastos de viajo é indenani- 
zación del salario que pierden por ejercer sus funciones de aso- 
sores. Siempre que no haya podido lograr el comité obrero 
que ninguna de las partes contendientes (empresarios, obre- 
ros) cedan en sus pretensiones, la cámara de conciliación en- 
trará en funciones en virtud de petición oral ó escrita de la- 
corporación de empresarios ó de obreros. Habrá también lugar 
á recurrir á ella cuando las Autoridades políticas del país lo 
reclamen para prevenir ó suspender una huelga (párrafo 51). 
En el litigio entenderán por lo menos un número igual de 
asesores de cada parte, y la cámara podrá invitar al inspector 
para que presencie las deliberaciones. La deliberación habrá 
de ser precisamente oral, y no está sujeta á ninguna regla ni 
fórmula. La cámara podrá, si lo juzga conveniente para el es- 
clarecimiento del hecho, oir á testigos y peritos, y tomar in- 
formes de las Autoridades y de las corporaciones. Las personas 
directamente interesadas en los asuntos sometidos á la cámara 
nombrarán hombres buenos en número igual por cada parte, 
que tendrán intervención en la discusión, y ésta durará hasta 
que Be llegue á un acuerdo ó se demuestre la imposibilidad de 
lograrlo. Entonces el presidente hará público este resultado, 
asi como las razones en que ee funde; si, por el contrario, se 
ha alcanzado la avenencia, se redactará y firmará por todos 
la fórmula, dándole la debida publicidad. En el primer caso 
la cámara pronunciará por mayoría de votos sentencia arbitral 
Bobre las cuestiones sometidas á ella, que será notificada á los 



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REVISTA DE LEGISLACIÓN 

38 con el señalamiento del plazo durante el cual han 
rar su conformidad. Cuando los asesores obreros voten 
ra de los patronos, el presidente está facultado para 
rse de votar; y si por esta circunstancia es imposible 
3ntencia, se pondrá en conocimiento del público. 



lungría y eíMrransilvania desde muy antiguo apare- 
lorporaciones obreras en las ciudades y en algunos de 
ros de contratación más importantes, como lugares de 
mercados, que tanto figuran en la historia económica 
[los países en siglos pasados; pero fuera de estos sitios 
anos podían, sin necesidad de adquirir el derecho de 
nza, con el solo permiso del señor, ejercer libremente 
>. Hasta el año de 1813 se regían los gremios por sus 
8 especiales que^databan de remotos tiempos. A partir 
iecha la organización industrial de Hungría fué sustan- 
te conforme con la de los demás países del Imperio, 
ey orgánica de 1859 se extendió á esta región, y conti- 
^igor aun después de su separación de Austria, que, 

sabido, acontece en 1867. Tal estado de cosas no tuvo 
Lración, pues en 1872 comenzó á regirse la industria 
s emanadas de los poderes públicos de Hungría , ins- 

por cierto, en principios análogos á la austríaca de 
m cuando con la esencial diferencia de que según aqué- 
ay profesiones autorizadas ó mediante concesión, y las 
ones para fines industriales se organizan con completa 

circustancias del tiempo ejercieron, si cabe, más in- 
en Hungría que en Austria misma en cuanto á la or- 
ón legal de la industria. El estatismo cundió, y con él 
laria consecuencia el atribuir al Gobierno la función 
r cotoá los excesos y abusos producidos por una prác- 
l entendida de la libertad del trabajo; se reclamó, pucF, 



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LA CUESTIÓN OBRERA Y LAS LEYES 59 

insistentemente la necesidad de probar la capacidad técnica y 
el establecimiento de corporaciones obligatorias. Contra lo 
que es uso en otros países, los hombres del Gobierno resistie- 
ron por algún tiempo; pero una vez publicada en Austria la 
ley orgánica de 1883, nada justificaba esta actitud, y después 
de laboriosas negociaciones se llegó sobre ambos puntos á una 
transacción, expresada en forma legal en la de 17 de Septiem- 
bre de 1884, promulgada en 1.^ de Octubre del propio año. 

Hay en ella disposiciones casi copiadas de la austriaca, que 
por no repetir no extractamos. En algunas materias ha llegado 
á conclusiones y detalles que, ó difieren ó no se han consignji- 
do en aquélla, y de ellas hemos de ocuparnos con el deteni- 
miento necesario para la mayor ilustración de nuestros lec- 
tores. 

Disposiciones generales, -Respecto á la instalación de esta- 
blecimientos industriales, prescribe con gran razón la ley en su 
art. 35, que una vez obtenido el permiso de la Autoridad y re- 
uniendo el que ha de ejercer la industria las condiciones mar- 
cadas, nadie tendrá derecho á pedir la suspensión de los tra- 
bajos que en ella se realicen, á pretexto de que irroga perjui- 
cios no previstos; únicamente podrá solicitar que se adopten 
las medidas necesarias para remediarlos, y si esto no ñiese po- 
sible, la parte denuhciante queda en libertad de reclamar por 
la vía ordinaria el resarcimiento del daño. Cuando una indus- 
tria tenga nociva influencia sobre la salud pública, ó por al- 
gún otro motivo sea dañosa ó perjudicial, si no existe otro me- 
dio de evitar el peligro, podrá ser objeto de expropiación (ar- 
Uculo 36). 

Personal auxiliar. Aprendices, — Todo el que ejercite perso- 
nalmente un arte ú oficio, tiene derecho á tomar aprendices, 
siempre que sean mayores de doce años; la Autoridad podrá 
conceder rebaja de edad; pero en este caso el maestro deberá ha- 
cer que el aprendiz siga los cursos de la escuela primaria hasta 
que haya cumplido aquella edad (art. 60). La admisión se ve- 
rificará ante dicha Autoridad, mediante contrato escrito, y el 



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REVISTA DE LEGISLACIÓN 

lizaje durará al menos hasta los quince años (art. 61). El 
tendrá obligación: a), de enseñar aí aprendiz el oficio, 
cario moralmente y de inspirarle amor al orden y al tra- 
0, de dejarle el tiempo necesario para que pueda, en los 
stivos, asistir á los divinos oficios, procurando que cum- 
ie deber religioso; c), de hacer que frecuente la escue- 
de proporcionarle asistencia en caso de enfermedad si 
en su casa; e), de informar á sus padres ó tutores de las 
ledades que padezca ó de otro acontecimiento grave (ar- 
62). 

patrono no podrá emplear al aprendiz en labores ajenas 
io, ni en servicios domésticos, y debe velar para que no 
)lestado por las personas de la familia ó por los operarios 
3). 

aprendiz que no hubiera cumplido catorce años, no traba^ 
las de diez horas durante la jornada, ni más de doce el 
ibiera pasado de dicha edad, comprendiendo en eUas la» 
íscuela; con el intermedio de media hora de reposo por la 
la, otra media por la tardey una al medio día, estando 
tamente prohibido emplearle en trabajos que excedan de 
Brzas. La autoridad industrial, no obstante los anteriores 
>tos, podrá disminuir las horas de trabajo (art. 64). Los 
iices, menores de dieciséis años, no serán obligados á tra- 
le noche (9 de la noche á 5 de la mañana). Por necesidad 
imente justificada y en oficios en donde de ordinario no 
)aje por la noche, la Autoridad está facultada para permi- 
nocturno de los aprendices menores de dieciséis años, 
aayores de catorce, teniendo en cuenta su desarrollo fi- 
' siempre que la labor post diem no dure más que la mi- 
il tiempo establecido para el trabajo diurno de los mismos 
5). El aprendiz debe obedecer al maestro ó á su represen- 
en todo lo que le ordene, y cuando habite en su compa- 
sea mantenido por él, estará bajo su autoridad doméstica 
la edad de dieciocho años (art. 66). Terminado elapren- 
, la autoridad industrial proveerá al aprendiz de un cer- 



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LA CUESTIÓN OBRERA Y LAS LEYES 61 

tifícado que contenga un resumen del escolástico y que exprese 
los progresos por él hechos en la práctica del oficio, el nombre 
y el domicilio del patrono bajo cuya dirección ha concluido 
aquél (art. 67). 

El contrato de aprendizaje se acaba: á), por la muerte del 
maestro ó del aprendiz; h), por llamamiento al servicio militar 
de éste ó del patrono, ó por incapacidad para el trabajo; c)^ por 
condena del uno ó del otro á la pena de privación de libertad 
por más de cuatro semanas; á), por prohibición impuesta al pa- 
trono de tener aprendices. Puede también libertarse de la obli- 
gación el patrono, sin esperar al término natural de la obliga- 
ción: 1), si el aprendiz comete un delito que obedezca á móvil 
de codicia; 2), ó rehusa obstinadamente cumplir con sus debo- 
res ó cometa faltas graves y repetidas; 3), ó procede á vias de 
hecho, ó ultraja gravemente al patrono ó á personas de su fa- 
milia; 4), ó se halle afectado de enfermedad repugnante ó con- 
tagiosa. Igualmente puede el aprendiz ó su representante legal 
resolver el contrato: 1), si el patrono excita al aprendiz á come- 
ter actos inmorales ó contrarios á la ley; 2), si abusa el maestro 
de su potestad disciplinaria doméstica; 3), si la continuación 
del aprendizaje compromete la vida ó la salud del aprendiz (ar- 
tículo 81). Previo aviso de catorce días, se disolverá el contrato 
por parte del patrono: 1), cuando el aprendiz declara que es in- 
capaz para continuar en el oficio; 2), cuando contrae una enfer- 
medad que dure más de dos meses; 3), cuando el patrono renun- 
cia al ejercicio de la industria. Por parte del aprendiz: 1), si el 
maestro no cumple las obligaciones que la ley ó el contrato le 
imponen respecto á él; 2), si se traslada á otra población fuera 
del distrito municipal; 3), si el aprendiz desea emprender otro 
oficio ó cambiar de ocupación; 4), en el caso de enfermedad del 
maestro que pase de dos meses, sin tener representante (art. 72). 
Cuando el aprendiz haya dado motivo á la disolución del con- 
trato ó le denuncia por deseo de abrazar otro oficio, el patrono 
tendrá derecho al precio del aprendizaje por todo el tiempo 
transcurrido, y al de medio año más en concepto de indemni- 



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REVIfiTA DE LEGISLACIÓN 

»n; si la causa de la ruptura proviene del patrono» adeniás 
i indemnización convenida en el contrato, habrá de reem- 
\i al aprendiz de los gastos que le ocasione la colocación en 
de otro maestro (art. 74). El patrono que á sabiendas recibe 
aprendiz que sin causa justa hubiera abandonado á su an- 
> maestro, incurre, solidariamente con aquél, en la pena de 
ainización al último de los perjuicios que su retirada le 
producido (art. 75), y el aprendiz culpable deberá ser rein- 
ido en el establecimiento que abandonó por la autoridad 
strial (art. 76). 

¡sta llevará un registro de los aprendices de su circuñscrip- 
que contenga: o^, el nombre, domicilio y oficio del patrono; 
nombre y la fecha del nacimiento del aprendiz; c^,la época 
le comienza el contrato de aprendizaje; rf^, la en que termi- 
), las principales cláusulas del contrato. La lista de los 
[idices extraída de los datos de este registro será remitida 
spector de escuelas del distrito dos semanas antes del co- 
izo del año escolástico (art. 77). La autoridad industrial dc- 
ser informada por los directores de las escuelas de la con- 
a,de los aprendices, á lo menos una vez al mes, y ella á su 
labrá de enterarse por medio de sus delegados de su asisten - 
de los progresos que hagan en los establecimientos de ins- 
íión profesional (art. 78); á este efecto, en cada distrito mu- 
)al en donde haya 50 aprendices como mínimun, el Ayun- 
ento instituirá una escuela de aprendizaje , siendo obliga- 
la asistencia de aquéllos (art. 87). 

¡n cuanto á los operarios ú oficiales, no encontramos entre 
y orgánica industrial húngara y la austríaca diferencias 
úales. La terminación natural y las soluciones eventuales 
ontrato de trabajo, ya del lado de los patronos, ya de los 
fos, se rigen por análogas disposiciones á las qUe regulan 
ftteria en el aprendizaje. 

leñen verdadero interés las relativas á la libreta que debe 
ir todo operario, y á eUas hemos de consagrar algún espa- 
Oicho documento no debe contener ninguna mención 6 



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LA CUESTIÓN OBRERA Y LAB LEYES 6S 

nota relativa á la moralidod ó capacidad de aquél; esto se re- 
serva á la autoridad industrial de primera instancia del dis- 
trito donde radica el establecimiento en que trabajo (artículos 
99 y 100). Cuando el operario ingresa en él, el i»atrón recogerá 
la libreta y la exhibirá á la Autoridad, dentro de las dos sema- 
nas, primeras, al efecto de registrar el contrato de trabajo 
efectuado (art. 103). La libreta quedará en poder del patrono 
mientras dure el pacto; pero á petición del obrero expedirá 
certifícado de su entrega; una vez terminado el contrato, di- 
cho documento volverá á manos del operario (art. 106). Las 
modificaciones que se introducen en la convención serán ins- 
criptas en la libreta, y de ellas se tomará razón en el registro 
que Ueva la Autoridad competente (art. 108). Cuando el ope- 
rario se separa de su patrono, éste en conciencia y con verdad 
consignará en la libreta las causas de tal determinación, y cer- 
tiñcará de la conducta del mismo (art. 104). 

Düposiciomes relativas á los obreros de fábricas. — En la ley or- 
gánica industrial de Hungría se ha descendido á detalles do 
sama importancia y que revelan cuánto ha cundido en el país 
la tendencia de favorecer á los débiles (los obreros) contra los 
fuertes (los capitalistas). 

El jefe de fábrica está obligado á llevar un libro registro 
en el cual se estampe el nombre, fecha y lugar del nacimiento 
del operario, el oficio que desempeña y el salario que percibe: 
cayo registro exhibirá á la Autoridad, siempre que sea reque- 
rido á ello (art. 102). Además debe adoptar un reglamento, que 
se fijará en los sitios más públicos del establecimiento para que 
llegue á conocimiento de todos los empleados, en el cual se ha- 
brá de estatuir sobre la distribución y el modo de ocupación 
de los obreros, y especialmente de las mujeres y de los niños, 
respetando siempre su fuerza física y la obligación de asistir á 
la escuela de los últimos; la duración del trabajo; la época y 
forma del pago del salario; los derechos de los vigilantes; los 
cuidados que habrán de proporcionarse á los enfermos ó vícti- 
mas de un accidente; las multas con que se castiguen las in- 



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REVISTA DB LEGISLACIÓN 

reglamento, el plazo para la notificación del tér- 
trato de trabajo, y los casos en que éste puede re- 
Bdiatamente. En el bien entendido de que el re- 
B habrá de ser visado por la Autoridad, no ha de 
i contrario á la ley (art. 113). 
prescripciones relativas á las demás condiciones 
le trabajo, muchas de las que son idénticas á las 
riaca, debemos mencionar la que prohibe al jefe 
oinistrar bebidas espirituosas (art. 118); la que es- 

podrá retener el salario del obrero, ni tendrá ac- 
lamarles el pago de sus créditos en especie más 
rocedan de habitación, combustible, terreno para 
3ntos, medicinas y asistencia facultativa, instru- 
;erias primeras, necesarias para la producción de 
3 fabriquen en el establecimiento. Los pactos en 
m nulos, como lo son también los de imposición 
i proveerse de géneros en determinada tienda ó 

1 destinar parte del jornal á otros fines que no sean 
nto de su condición (arts. 118, 119 y 120). 

nes de artes y oficios. — En este punto puede decirse 
ísimas excepciones, la ley orgánica húngara eí^ 
) Austria, lo mismo en cuanto al establecimiento 
iituciones, á petición de las dos terceras partes de 
es, que en cuanto á los fines que deben perseguir, 
i la resolución de las cuestiones entre patronos, 
)rendices. Sin embargo, en esta importante ma- 
innovación de bastante transcendencia que cen- 
ar, y es la siguiente: El tribunal arbitral de la 
inte el que se produzca la demanda á conse- 
ntroversia entre patronos y obreros, intentará la 
le las partes; caso de no lograrla, pronunciará 
mayoría de votos, prevaleciendo el del presidente 
ipate. Las decisiones del tribunal' serán ejecutadas 
id industrial, entendiendo los tribunales ordinarios en 
ue no tendrá efecto suspensivo {ait, 14). 



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LA CUESTIÓN OBRERA Y LAS LEYES 65 

Autoridades industriales, — Hemos empleado en repetidas 
ocasiones la frase autoridad industrial, y para que no haya duda 
acerca de su significación legal, insertaremos por conclusión 
del capitulo, las disposiciones relativas á su organización. En 
tres grados se halla dividida la jurisdicción industrial en Hun- 
gría. Las autoridades industriales áepi'iniera instancia^ son: en 
loe comunes, el juez; en las ciudades que tienen un cuerpo or- 
gánico de magistrados municipales, éstos mismos; en las ciu- 
dades en que existe derecho de jurisdicción, el jefe de policía; 
en Buda-Pesth, la autoridad del distrito. Autoridades indus- 
triales de segunda instancia: en los condados, el subprefecto; 
«n las ciudades que poseen derecho de jurisdicción , los magis- 
trados mxmicipales. Autoridades industriales de tercera instan- 
cia: el Ministro de Agricultura, Industria y Comercio (art. 166). 
Las autoridades de primera instancia se asesorarán de represen- 
tantes oficiales de las clases industriales (art. 172). En cada mu- 
nicipio habrá un consejo formado por industriales y presidido 
por el subprefecto ó el alcalde, encargado de emitir dictamen 
sobre las cuestiones profesionales sometidas á las autoridades 
industriales (art. 175). 

(Continu€trá.) 

Adolfo A. Buylla y G. Alegre, 

Profesor de la UniTersidad de Oviedo. 



TOMO 82 



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IZACIÓN DEL NOTARIADO 

TRO DE Ik PROPIEDAD 



VIII 
na rcfornia opg^ánira. 

1 doóamento aatóntioo. — b) Unidad de Nota- 
ientro del partido : ventajas de esta orgrani- 
kra el público. — c) Fusión de la Notaría y el 
IJ Fusión de la Notaria-Begistro con el Jns- 
ts en la función notarial: adaptación & España 
títulos reales de propiedad y de posesión; 
m de hipoteca preconstituida y traducida en 
ibios en el procedimiento civil. — g) Proyecto 

(Conclunón). * 

i Motaría y el Registro. 

' deja constituidas las cosas en la sí- 
[otaría y un solo Registro de la pro- 
lícial; pero, ¿á qué obedecería esta 
Peinas, dos órdenes de funcionarios^ 
m lado y libros de extractos por otro? 
rio representa en la obra de la con- 
b1 sustantivo, por cuanto su objeto 
ntervención de un órgano especial 

3. (Marzo- Abril, 1888.) 



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SOBRE REORGANIZACIÓN DEL NOTARIADO 67 

de verdad^ el camplimiento de las obligaciones contraídas por 
los contratantes, dándoles certidumbre y estabilidad: la ins- 
cripción que hace el Registrador es el adjetivo, pues tiene por 
objeto asegurar, mediante la publicidad, los derechos de los 
terceros: ¿qné obstáculo se opone á que se junten sustantivo 
y adjetivo en una misma oficina, en una misma plana de pa- 
pely en un mismo acto? O más claro, ¿qué se opone á que re- 
ciba valor sustantivo (autenticidad) la inscripción, ó valor ad- 
jetivo (publicidad) el instrumento notarial? En mi sentir, nada 
de fundamental: un puro accidente histórico. Escudríñese 
hasta los más escondidos rincones del pensamiento: no se des- 
cubrirá razón alguna filosófica, y menos aún económica, por 
la cual, para que una transmisión de inmuebles surta todos 
sos efectos, — entre los contratantes yapara con los terceros, — 
ha de consíg^narse en una escritura, que quedará secreta, y 
en un extracto de ella, que será público; que el dominio y' la 
posesión hayan de conferirse en dos tiempos diferentes y por 
antoridad de dos distintos funcionarios; que para que la prueba 
de un contrato sea eficaz en toda relación, ha de hacerse 
constar en otras tantas oficinas, en otros tantos libros. O la 
escritura ó el extracto huelgan: esto dice de primera impresión 
el sentido común. T puede añadirse que nadie tampoco, en 
nombre de la ciencia, hace problema de esto: cuantos se ocu- 
pan en tal materia convienen en la posibilidad de concentrar 
en un solo concepto la fe notarial y la publicidad de las traos- 
misiones; y la grave cuestión que los divide es si han de in- 
corporarse las Notarías al Registro ó el Registro á las Notarías, 
ó más claro, si debe decirse que se lleva al Registro la sns- 
.tantívidad del Protocolo ó al Protocolo la adjetivídad del 
Registro. 

Que esto es hacedero lo prueba el que se está ya haciendo. 
El Notario, hemos dicho, da fuerza de verdad á los actos y 
contratos respecto de sus otorgantes: el Registrador se la da 
para con los terceros. Pero á menudo el Registrador por sí solo 
hace las dos cosas, inscribiendo actos ó contratos que no han 



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REVISTA DE LEGISLACIÓN 

revestidos previameute de aateaticidad por el Notario ni 
QÍDgda otro fuacionario público, ejercíeado^ por tanto, 
iones notariales al mismo tiempo que de Registrador: tal, 
sjemplo, en las inscripciones y notas marginales destina- 
i hacer constar el cumplimiento de obligaciones fataras y 
ondiciones suspensivas, resolutorias ó rescisorías; en las 
elaciones que se instan, sin escritura publica, por medio 
olicitud ratificada por los firmantes ante el Registrador; 
as herencias, cuando el heredero es único, ó varios pro 
7Íso; en la anotación preventiva de créditos refaccionarios; 
a inscripción del usufructo foral de Aragón y Navarra á 
\r del cónyuge sobreviviente; en la cancelación de inscrip- 
es de hipoteca constituida para garantizar títulos transnii- 
!S por endoso; en la cancelación del derecho del vendedor 
;raer la finca vendida á carta de gracia, etc. Y la tendeu- 
nanifi^sta, así en el legislador como en los científicos, no 
restringir, sino á ensanchar las facultades notariales de 
tegistradores; prueba de que no existe, en la opinión co- 
, incompatibilidad de ninguna clase entre una y otra 
ion. Ya vimos cómo la Comisión que redactó el proyecto 
9y de 11 de Abril de 1864 (Sres. Cortina, Gómez de la 
a, C. Alvarez, F. de Cárdenas, etc.) proponía que se 
izase á los Registradores para certificar ó dar fe de la 
cacióQ de los contratos privados sobre inmuebles ó dere- 
reales de cierta cuantía, celebrados en cualquier tiempo, 
i presencia suya y de dos testigos hiciesen los otorgantes, 
r tanto, para revestirlos de autenticidad y admitirlos en 
gistro, como pueden certificarla en la actualidad cuando 
sobre adquisiciones de dominio de bienes inmuebles ó . 
hos reales verificadas, declaradas ó reconocidas por con- 
I privados antes de 1863. En un proyecto de ley pre^ 
do en 1889 al Senado sobre reforma de algunos artíciilos 
ley Hipotecaria, se proponía atribuir á los Registradores 
propiedad fe pública para solemnizar contratos privados 
fincas de hasta 500 pesetas de valor, con el fin de atraer 



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SOBRE REORGANIZACIÓN DEL NOTARIADO 69 

al Re^stro la pequeña propiedad que vive casi toda faera de 
H ley. Y si las dos veces ha fracasado el pensamiento, no es 
porqae exista y se invoque algún género de incompatibilidad 
sjstancial entre la fe pública y el Registro, sino únicamente 
porque se oponía el interés de la clase notarial. Kl proyecto de 
ley sobre Bancos agrícolas formulado por el Sr. Montero Ríos 
autorizaba la inscripción en los libros del Registro, de contra- 
tos que sólo constaran por documento privado, el cual se su- 
pondría reconocido por la parte á quien perjudicara si había 
ésta firaiado en el asiento de la inscripción. El Congreso Ju- 
rídico celebrado en Barcelona en 18S8 opinó asimismo por una 
gran mayoríaque debe admitirse la constitución de la hipoteca 
marítima mediante documento privado, siendo inscribible ésta 
luego que los otorgantes se hayan ratificado ante el Registra- 
dor. Está admitido que la simple nota firmada por un Director 
general al pie de una escritura de fianza hipotecaria haciendo 
constar el acuerdo de cancelarla adoptado por la Dirección, 
«8 título bastante para que el Registrador cancele la inscrip- 
ción respectiva sin exigirse escritura especial de cancelación 
(Resoluciones de la Dirección de los Registros, 17 Julio 1863, 
5 Octubre 1864, 16 Mayo 1888); y pide la lógica que se 
admita otro tanto á los particulares, siempre que concurran 
personalmente ante el Registrador, para que éste pueda dar fe 
de la identidad de las personas y de su consentimiento, como 
ya en parte se admite, en el caso de que la cancelación se 
verifique por virtud de una solicitud escrita, al tenor del 
art. 90 del Reglamento hipotecario. Puede preverse el mo- 
mento, si la actual forma de organización subsiste, en que 
ei>te funcionario sea el llamado á autorizar toda suerte de 
actos y contratos inscribibles sin limitación de cuantía (que 
no tendría razón de ser), según propone una fracción consi- 
derable del mismo Cuerpo de Registradores en las Memorias 
antes extractadas, siguiendo el impulso vigoroso dado por el 
Sr. D. Victorino Santamaría en sus importantes Estudios sobre 
le/^lación hipotecaria y notarial. 



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REVISTA DE LEOIfiLACIÓN 

3 ya hemos dicho que la actual organización tiene que 
le de raíz: las grandes deficiencias de nuestra legisla- 
potecaria, los grandes males de nuestra propiedad te- 
1^ no se reparan con remiendos por ese orden. Si se in- 
I de fe pública al Registrador para un género de contra- 
babría razón en derecho que se la negara para los demás 
meral^ para toda clase de actos extrajudiciales; y luego, 
Notario, por exigencias de lógica y de economía, el 
ador, se impondría con igual, y acaso con mayor 
bacer Registrador al Notario, bastándole á este efecto 
»r los índices, formar doble protocolo y abrir el uno, 
>s contratos llamados inscribibles, á los terceros intere- 
][ue ahora lo tienen todo, al menos teóricamente, en en- 
0. No existe, en los límites de lo posible, solución dere- 
ira de la apuntada: la fusión de los dos cargos, la con- 
;ión de las dos funciones en una sola, 
ventajas de esta reforma saltan á la vista: sencillez, 
ud, seguridad, baratura; consecuencia necesaria, des- 
rse el crédito territorial, facilitarse el movimiento de la 
lad inmueble, removerse una de las causas que han 
Irado la crisis agrícola. El servicio es más rápido; exige 
rificio menor; pero, además, mirado desde el punto de 
el derecho, es más perfecto por lo que respecta á los con- 
Bobre la propiedad inmueble, en cuanto desaparecen 
riesgos que tan á menudo dejan burlados ahora á los 
arios y otorgantes: primero, las segundas enajenaciones 
de de anteriores adquirentes; segundo, la presentación 
los falsos en el Registro; tercero, la falsa anotación al 
las escrituras, de supuestas inscripciones, no hechas en 
ístro (1); y cuarto, la denegación de inscripción después 



In la actnalidad se está instruyendo cansa criminal contra on escri- 
b1 Registro de la propiedad de Benabarre, por haber estampado no- 
iscrípción & su capricho, con el sello verdadero de la oficina y la firma 
da del Registrador, en ana buena parte de las escrituras que uno 



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SOBRE REORGANIZACIÓN DEL NOTARIADO 71 

de haber satisfecho los impuestos del timbre y de transmisio- 
nes y de haber sido pagado el precio de la venta ó entregado 
el capital del préstamo á nn Tendedor ó prestatario de quien 
tal vez no puedan ya recobrarse. Reducidos á un solo instante 
del tiempo los dos de ahora, la fecha del título y la de su pre- 
sentación, la adquisición del dominio y la de la posesión legal, 
siendo la escritura y la inscripción una misma cosa, — la má- 
xima prior iempore potiar jure recobra su valor propio, per- 
diendo el absurdo y antijurídico que ha recibido con referirse 
al modo y no al título, á lo adjetivo y no á la sustancia: des- 
aparece la necesidad de esa declaración del Código civil según 
la cual cuando el propietario enajena unos bienes inmuebles á 
dos ó más personas por actos distintos, pertenece la propiedad 
al adquirente que haya inscrito antes su título, y desaparece, 
porque en ningún caso caben dos enajenaciones de un inmue- 
ble ó derecho real por una misma persona. Desaparece la posi- 
-bilidad, que hoy afea nuestro derecho civil, de que una ins- 
•cripción obtenida fraudulentamente convierta en ciertos ó le- 
gítimos, contratos falsos ó nulos, con despojo del legítimo 
dueño, — monstruosa consecuencia á que ha llevado el rigor 
de sus principios la ley Hipotecaria, — ^y de que un tercero 
comprador de buena fe sea perseguido como cómplice en el 
fraude. Desaparece asimismo la calificación de los documentos 
como acto distinto de su autorización, y los rozamientos, dila- 
ciones, gastos y perjuicios á que da lugar con la suspensión ó 
4a denegación de inscripción y los recursos gubernativos con - 
siguientes. Desaparece el problema de si ha de ser inscripción 

d« los Notarios de aquella villa remitía periódicamente al I^egistro por en 
<MU^o de los otorgantes, y qne de hecho no fueron inscritas. El escribiente 
«n cuestión, al devolver al Notario, por orden de su jefe, las escrituras for- 
malizadas debidamente por éste, les unía las que él había ocultado, recogía 
IO0 honorarios devengados por todas, guardaba para si los correspondientes 
k las susodichos instrumentos ocultos y aparentemente inscritos, j entregaba 
«1 resto al Registrador. Parece que este juego ha durado años sin que nadie 
lo adsirtieae. 



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BVI6TA DE LEGISLACIÓN 

aparece la necesidad de sacar certificado 
en el Registro, como trámite previo á la 
)ermuta, á la constitación de hipotecas, 
udad de pagar dos veces á dos distintos 
9olo servicio. 

na desde un punto de vista más general, 
i representa un ahorro grande de energía 
oduce con un solo esfuerzo el mismo re- 
ligo dos: disminuye los rozamientos de la 
nenos en una mitad. Una de las cosas de 
ada España es la simplificación de sus or- 
a historia le ha ido creando tantos, se han 
cuerpo social en tan gran proporción y 
rces, ingertos, soldaduras y cruzamientos» 
^ar á su vida y hacerla más llevadera, la 
m. La regla en biología es que los órga- 
ítuídos para servir al cuerpo; y aquí es 
íce creado para servir á sus órganos. £n 
•po vive por los órganos; y aquí, al revés, 
le ellos. Lo primero que necesitaría para 
)da muy profunda, que llegase hasta el 
lerna pide salir de sus moldes antiguos» 
I para su vida expansiva y liberal: cuando 
) del derecho, el comercio humano, las 
aonas, la correspondencia, van en ferroca- 
carreta las formas y las garantías de ese 
I carreta van aún así la fe pública como 
icial. La fusión que proponemos tiende á 
de su esfera — el equilibrio perdido entre 
entre el derecho sustantivo y el adjetivo;' 
ta recomendación la de que consigue ese 
tar órganos, operación siempre dolorosai 



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80BBE BE0RGANI2ACIÓN DEL NOTARIADO' 7$" 



d) FosiÓD 4e la i% otaría- Registro coa el Juzgado 
Dtoalelpal. 

Desde qae en 1855 se crearon los «rjueces de paz;»^ más 
tarde «manicipales», no ha pasado año síd qoe uoa nueva ley 
haya yeoido á eúsanchar su jurisdicción y á imponerles nue- 
vas obh'gaciones: el Código penal, el Código de Comercio, el 
Código civil, las leyes de Enjuiciamiento, la legislación Hipo- 
tecaria, la legislación Notarial, la del Registro civil, las leyes 
Provincial y Municipal, la de Orden público, la de Aguas, la 
de Montes, la del Jurado, la orgánica del Poder judicial, las 
de Hacienda sobre contribución industrial, apremios por d(^bi- 
tos al Tesoro, y cien más que exigirían de aquel funcionario, 
para el buen desempeño de su cargo, una vasta cultura jurí- 
dica. Esto no obstante, por un contrasentido que no puede ha- 
Jlar explicación más que en la Historia, se ha reconocido y si- 
g'ue reconociéndose aptitud legal para el ejercicio de esta ma- 
gistratura á todo español seglar, mayor de veinticinco años, 
que sepa leer y escridir; siendo lógica por ello esta declaración, 
— tan monstruosa en el fondo — hecha por el Tribunal Supremo 
en causa por prevaricación: que «en la sentencia injusta por 
ignorancia, dictada por un Juez municipal en juicio de faltar, 
es la ignorancia excusable siendo el juez lepo en derecho^ sin 
carrera profesional... que fué inducido á error por el fiscal 
municipal (¡pero éstos pueden ser ^^¿>^ también!), quien le- 
propaso la pena que él señaló^ (i). 

Por fortuna, el mal nacido de este estado de cosas, en que 
tanto padece el derecho, se siente por todos con bastante in- 



(1) Sentencia de 14 de Octubre de 1884 (Gaceta de 21 de Enero 1885).— Añá- 
dase la costumbre, mka monstruosa todavía, de que tales jueces sean ele- 
gidos por los respectivos diputados ó senadores» limitándose las Audiencias k 
refrBtká&T los nombramientos hechos por eUos, como dice el Sr. Armengol y 
Comet. 



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REVISTA DE LEGISLACIÓN 

para que no pueda retardarse por más tiempo el re- 
nal haya de ser éste, ya no es tan fácil adivinarlo. La 
nica del Poder judicial de 1870, según la cual el 
Juez municipal es obligatorio, disponía que en la? 
íes donde hubiese letrados con la aptitud necesaria 
referidos á toda otra persona; pero no se habísi cen- 
ia realidad, y les ha sido imposible á los presidentes 
idiencias superar los obstáculos que constantemente 
n á dar cumplimiento á este precepto, el cual, en 
ncia, ha quedado incumplido. El Real decreto de 2 
de 1883 abrió un camino, exigiendo para ser Juez 
1 en las capitales de Audiencia territorial y poblacio- 
ie haya más de un Juzgado el ser abogado y reunir 
las condiciones que se exigen para ser Juez de tér- 
>or lo menos de ascenso; y podría parecer que no ha 
sino generalizar la medida, haciéndola extensiva en 
na á los demás municipios de la Península. Opónense 
1 embargo, razones de cuenta, tales como éstas: la es- 
negocios privados que reclaman la intervención del 
os pueblos de corto vecindario, y el número considé- 
rales funcionarios que serían menester, aun formando 
ipciones de Ayuntamientos, que, desgraciadamente, 
el fín de la institución, no podrían ser muy extensas, 
imero, el oficio no rendiría lo bastante para proveer á 
sa subsistencia de los Jueces, suponiendo que los par- 
hubieran de seguir retribuyendo directamente, como 
3 servicios que reclamen de la justicia; que ha sido el 
3 que el decreto citado no pudiera imponer la condi- 
strado á los Jueces municipales ni siquiera en las ca- 
partido cuando no eran de cierta importancia. Por lo 
le sería imposible á la Hacienda ofrecer un sueldo á 
cionaríos, aun reservando para sí los productos del 
1). No caben ya más convidados en la mesa del Pre- 

oho convendria, á josgar por experienoias de otros países, consti- 



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SOBRE REOBGANIZACIÓN DEL NOTARIADO 75 

sopuesto, y sería condenftr á segura muerte la reforma desde 
antes de haberse planteado, si se contara para ello con el tqI- 
gar y cómodo arbitrio de encarecer la tributación. Se echaría 
de menos muy pronto el rógimen actual, tan imperfecto y ru 
dlmentarío, pero en consonancia con la pobreza del país, y oo 
tardaríamos en Terlo restablecido, después de haber agravado 
con nuevos déficits la ya grave situación del Tesoro, y de ha- 
ber distraído durante meses, y acaso años, la atención del Par- 
lamento con la resistencia que naturalmente habrían de opo- 
ner los intereses creados. La historia de las Administraciones 
subalternas y de las Audiencias de lo criminal es en pequeño 
una muestra por adelantado de lo que necesariamente tendría 
que suceder con los Juzgados municipales, reorganizados so- 
l>re tal base. Cierto que estarían mejor empleados en ese ser- 
vicio caudales que se invierten en otros menos necesarios, ó 
quizá innecesarios del todo; pero el hecho es que le han to- 
mado la delantera, que no es obra de un día ni de una genera- 
ción desalojarlos de unas posiciones .donde han echado tan 
profundas raíces, y que el país no puede acudir simultinea- 
onente á todos ellos. 

Volviendo ahora la vista del lado del Notariado, se nos 
plantea otra antinomia del mismo género y no menos difícil. 
Las estadísticas formadas recientemente por los Registradores 
de la propiedad y publicadas por el Ministerio de Gracia y Jus- 
ticia, á que antes nos hemos referido, ponen de relieve un he- 
cho que estaba ya en la conciencia de todos, aunque no podía 
dársele como ahora una expresión numérica: con mengua del 



toir cm cuerpo permanente de Jaeces municipales dotados, formando con 
«llof el primer grado de la escala judicial. Has, por doloroso que sea confe- 
sarlo, se ha de reconocer que la situación del Tesoro no consiente, por ahora« 
la reforma, tanto más difícil, cuanto que el estado de nuestras vías de comu- 
nicación y la tenue densidad de población rural en dilatadas comarcas de 
muchas provincias harian menester el aumento excesivo de agrupaciones, y 
■oon ¿1 de grayámenes para el Brario público.» (B. D. de 2 de Junio de 1888.) 



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REVISTA DE LEGISLACIÓN 

la masa mayor de la riqueza ínmaeble se 
del Registro de la propiedad: lo mismo que 

orgauización inferior, títo la T¡da de la 
^umeDto privado. Las cauaas determinantea 
múltiples, pero fundamentalmente pueden 

gravosa que resulta la constitución del do- 
por k) elevado de los tributos que el Estada 
npone, y la escasez de funcionarios autorí- 
ir carácter de autenticidad á los contratos y 
udiciales. Algunos Registradores, en la in- 
udida, relacionan entre sí estos dos hechos^ 
cción del número de Notarios rurales en la» 
)nes, y el desarrollo constante de la titula- 
os intestados, viendo en el primero una con- 
,• y deducen la necesidad de aumentar el nú- 
lasta el límite mínimo de una por cada ter- 
ror desgracia, este pensamiento, aun siendo 
lequible, por los mismos motivos que impi- 
uez letrado á cada municipio: lejos de eso, 
zación ha de mantenerse, será fuerza supri-^ 
Notarías que respetó la última demarcación» 
mero de instrumentos que se autorizan en 
lucen á sus titulares, no obstante lo relati- 
leí Arancel, una retribución suficiente,* con 
mdo cada vez más difícil la constitución de 
SI y acentuándose por momentos ese moví- 
lilación que ha convertido ya poco menos 
ipcional un instrumento de prueba tan per- 
ón vendría generalizar como la escritura pú- 
le las poblaciones rurales, esto es, la mayo- 
s, tienen que seguir fatalmente privados de 
municipal letrado, á menos de transformar 
a^anización actual. 

i parte, el inconveniente respecto de la fe- 
Real decreto de 20 de Enero de 1881, y ha 



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80BBE REORGANIZACIÓN DEL NOTARIADO 77 

repetido el de 2 de Junio de 1889 (1), que podría derogarse el 
art. 16 de la ley del Notariado, según la cual «el ejercicio del 
cargo de Notario es incompatible con todo otro que lleve aneja 
jarísdicción y con cualquier empleo . público que devengue 
eaeldo ó gratificación, etc.» Concretando más el pensamiento, 
proponen los Registradores en sns Memorias, y una parte del 
Caerpo Notarial había propuesto ya antes, que se encomienden 
á los Notarios las Secretarías de los Juzgados municipales, y 
títmbién, que se separen del conocimiento de éstos y se ati i 
buyan á los depositarios de la fe pública los actos de juris- 
dicción voluntaria. Pero ¿por qué no también los de la con- 
tenciosa? ¿Por qué «Secretarios» de juzgado y no «Juecep»? 
No se alegará principio alguno de derecho en abono de esa 
sopaesta incompatibilidad. En Alemania, los Registradores de 
Ja propiedad, que ejercen juntamente la fe pública respecto 
de las transmisiones de bienes inmuebles y de las transmisio- 
nes y constitución de derechos reales, forman parte, según vi- 
mos, del orden judicial, y á menudo ejercen simultáneamente 
la jaiícatnra (2). A los ojos de la razón ha de parecer ilógico 



(1) a Con las nuevas reformas introduoidas en la demarcación... y redneido 
«n general el número de ftinoionarios de la fe pública, espera el inArasorito 
mejorar las condiciones de los Notarios de la última categoría; mas si, 4 
pasar de ello, todavía faera diñoil la subsistencia de estos funcionarios, ci 
Gobierno, para no desatender la contratación y el servicio público en Io<r 
pueblos de poco vecindario ó de escasas comunicaciones, se vería precisado k 
proponer á las Cortes... la modifloación del art. 16 de la ley del Notariado, 
«egón ya indicaba el digno antecesor del que suscribe al publicarse la do- 
marcación notarial de 20 de Knero de 1881.» CBeal decreto de 2 de Junio 
4el869.) 

(3) Las bases del Notariado en Prusia no han cambiado, mucho de como 
•eraa en tiempo del ilustre Meyer: «Es en Prusia donde los tribunales te 
arrogaron la más amplia autoridad en materia de transacciones, habiendo 
negado á un extremo verdaderamente pasmoso. Xa tutela de los menores y 
loe depóeitos judiciales corren k cargo de los jueces. Ante los tribunales han 
do otorgarse toda clase de actos y contratos que versen sobre enajenaoión 
de inmuebles, constitución de hipotecas, enflteusis, anticresis, transaccionaü 



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BEVI6TA DE LEGISLACIÓN 

I an jaez iletrado y un secretario letrado: á lo 
icia nos tiene acostambrados es á lo contrario. 
3 de la ley orgánica del Poder judicial, pnede- 
carg^ de jnez mnnicipal an labrador, un mc- 
nerciante, an boticario, un abogado: con más 
e poder ejercerlo an notario, siendo cargo este 
pantos se toca, y aan se compenetra, con el de- 
21 del anteproyecto para la reforma de la ley 
9nto civil, impreso y circulado para consulta 
I inistro de Gracia y Justicia en 1889, establecía 
ie jurisdicción voluntaria, en cuanto lo permi- 
dones del Código civil y de Comercio; ó de otras 
Eis á ellos referentes, quedarían encomendadas á 
se autorizarían por medio de actas notariales^ 



aebles, ventas volontarias de buques, contratos de matrí- 
tos, adopciones, emancipaciones, legitimaciones, tran- 
mentes, pactos sucesorios, constituciones de renta, dona- 
ntes que excedieran de cierta suma, en una palabra, toda 
a yida social ó del comercio que revistieran alguna im- 
uellos que por su escasa ouaiitia parecían impropios de la 
irado, se pusieron al alcance de los notarios, sin pexjuicio 
partes pudieran celebrarlos, si asi lo estimaban preferible, 
n todos estos casos, el jues no es un mero testigo instru. 
riguar si las partes contratantes tienen derecho de obli- 
ación es en si misma lícita y v&lida; tiene que encargarse 
contrato conforme k la intención de las partes, cercio- 
le esa voluntad es firme, y explicándoles las consecuencias 
s de él; ha de negarles su ministerio cuando crea lesio- 
de un tercero ó note vislumbres de mala fe. El rógimea 
da, tan ponderado por todos aquellos que no conocen de 
, descansa fundamentalmente en esta base: que es derecho 
rado examinar la fuerza obligatoria de los contratos y los 
e los terdbros, aun no presentándose como reclamantes, 
> las partes á contraer solenmemente una obligación.» 
ne tt progrés den instüuUotu judiciairt9f París. 1823, tomo IV> 



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SOBRE REORGANIZACIÓN DEL NOTARIADO 79' 

mientras no haya resistencia ú oposición de parte interesada.» 
Y la Comisión del Senado encargpada de emitir dictamen sobre 
el proyecto de ley aclarando la inteligencia de alganos ar*- 
tícnlos de la ley Hipotecaria, fecha 12 de Marzo de 1890, en so 
articulo 8»^ atribuye competencia para autorizar las informa- 
ciones posesorias á los Jueces municipales, á loa Notarios y á 
los Registradores de la propiedad. Kl Juez municipal es el 
funcionario que da fe de la celebración de los matrimonios, 
género de contrato de harto mayor transcendencia que los 
contratos ordinarios sobre bienes, y extiende el acta de casa- 
miento, según el art. 100 del Código civil. Con arreglo á so 
artículo 48^ la licencia ó el consejo favorable á la celebración 
del matrimonio ha de acreditarse por documento autorizado 
ante Notario ó ante Juez municipal; y habría estado más 
acertado el artículo 1324 facultando al propio Juez, y no al 
Secretario del Ayuntamiento, para autorizar la escritura de 
capitalaciones matrimoniales en cierta hipótesis. Según la ley 
y el reglamento del Notariado, para que una escritura notarial 
haga fe faera del territorio de la Audiencia donde se autorizó,, 
ha de ser legalizada la fírma del Notario autorizante por otros^ 
dos Notarios del mismo partido judicial, y si no los hubiere, 
por el Juez de primera instancia con su V.** B.** y el sello del 
Juzgado. Según la ley Hipotecaria, artículos 405 y 406, para 
que puedan inscribirse las adquisiciones de dominio de bienes^ 
inmuebles ó derechos reales verifícadas, declaradas ó recono- 
cidas antes de 1863 por medio de contratos privados, ha de- 
revestirse á éstos de autenticidad por ante la fe del Registra- 
dor de la propiedad ó del Juez municipal. El proyecto de ley 
de 11 de Abril de 1864 hacía extensivo ese precepto á los con- 
tratos que se celebraran en cualquier tiempo, siempre que no 
excedieran de cierta cuantía: los contratantes que no quisieran 
otorgar su contrato ante Notario, ni concurtir á la cabeza del 
partido para verificarlo ante el Registrador, presentarían dos 
ejemplares de su contrato privado ante el Juez de paz del 
respectivo domicilio ó del lugar en que radiquen los bienes, ser 



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REVISTA DE LEGISLACIÓN 

Eirían en su contenido y reconocerían sos firmas ante 
Magistrado, su Secretario y dos testigos hábiles; el se- 
io certificaría del acto al pie de uno de los ejemplares y 
paría nota de esa ratificación y de su fecha; firmarían 

dos ejemplares los testigos, el Juez y el Secretario, y 
i disposición y sellados con el sello del Juzgado serían 
;ados á los otorgantes para su inscripción en el Registro 
documentos revestidos ya de la necesaria autenticidafl; 
escritura otorgada ante un Notario (decía) es título bas- 
para la inscripción del dominio á favor del que lo ad- 
L de ese modo, no puede negarse la misma virtud al 
lento privado que se ratifique ante un Registrador ó on 
le paz.;» Los certificados de' los actos de conciliación en 
or convenio de las partes se constituye algún derecho 
)bre bienes determinados, tienen el mismo valor que las 
iras notariales (art. 476 de la ley de Enjuiciamiento 
y en su consecuencia: aj, constituyen prueba auténtica 
ilquier juicio; d)^ llevan aparejada ejecución, y los jueces 
B despacharla luego que haya vencido el plazo y la inste 
)edor; cj, son inscribibles, en opinión 'de algunos, con 
o al art. 8.** del Reglamento hipotecario, y en todo caso 
L sido hasta que la Dirección general en 1880 decidió, 
iterpretacíones artificiosas y rebuscadas, excluirlos del 
tro, temiendo, sin duda, por la suerte de los Notarios, 
en rigor no se oponen á ello sino razones incidentales, 
^omo el no hallarse organizados en los Juzgados el sis- 
le protocolos é índices y el de ideutiñcación de las per- 
contratantes, que dan á ios documentos notariales ma- 
garantías de certeza y de autenticidad que á los de los 
dos municipales. — En una palabra, ejerce la fe pública 
entariamente en concurrencia con los Notarios, y nada 
ne de fundamental á que se le autorizase para ejercerla 
la relación, incorporando en la suya la función entera 
>tariado. Eleva á escritura pública las cédulas testamen- 

¿por qué no había de reqibir testamentos que fueran 



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80BRE REORGANIZAaÓN DET. NOTARIADO 81 

docamentos autí^uticos como loe otorgados ante Notario? Iqs- 
truye expedientes posesorios; ¿por qu(5 no había de ger di 
mismo quien los exhibiera y librase certificados do ellos á los 
interesados? Tiene á en cargo el Registro civil: ¿por qué no 
p:>dría tener del mismo modo el de la propiedad? ¿Por qod ha 
de haber dos ó tres órdenes de funcionarios para una sola fun- 
ción? Kn los convenios celebrados en actos de conciliación, el 
Jaez municipal no interviene como tal Juez, para fallar, sino 
como autoridad revestida de fe pública para autorizar el acto, 
para testificar de ól; ó lo que es igual, interviene con carácter 
lluramente notarial: ¿por quó no había de poder hacer otro 
tanto respecto de contratos convenidos antes del otorgamiento, 
6 sea, fuera de acto conciliatorio? 

En toda Europa ejerce y ha ejercido siempre la judicatura 
funciones notariales por el medio indirecto de la cessio injure, 
6 sea, del juicio simulado ó convenido; y no cesará la pugna 
entre Jueces y Notarios en tanto permanezcan separados estos 
dos cargos, que parecen llamados por su propia naturaleza á 
vivir juntos debajo de una inteligencia común. A este prof ó 
sito, es altamente instructiva y merece ser estudiada la histo- 
ria de las vicisitudes del Notariado en los Países Bajos, y su 
lucha secular con los tribunales de justicia. Introdujeron dicha 
institución los soberanos de la casa de B )rgoña en él siglo xv, 
y regularizó su organización el- emperador Carlos V en el xvi. 
Desde el primer día tuvieron enfrente dos clases de enemigos: 
los concejos y los tribunales. Partiendo del principio legal de 
que los Jueces eran en Holanda testigos instrumentales desde 
tiempo inmemorial, establecieron los concejos como regla qoe 
las transmisiones de ¡nmuebleá se otorgasen exclusivamente 
ante el magistrado administrativo ó judicial, y que los escri- 
banos y secretarios de los tribunales pudieran autorizar ins- 
trumentos de todas clases lo mismo que los Notarios; que fué 
tanto couK) anular á éstos por completo, por cuanto aquéllos 
Be encontraban en mejores condiciones para atraer á sí toda la 
clientela, merced al cargo judicial que desempeñaban. El me- 

TOMO S2 • 



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REVISTA DE LEGISLAaÓN 

ie que se valían los tribunales para ejercer funciones no- 
tlesen competencia con los Notarios, era el juicio conveni- 
[Jna vez que las partes se habían puesto de acuerdo acerca 
)s términos de su convenio, consintiendo en hacerse con- 
ir voluntariamente, comparecían ante el Tribunal instan- 
consintiendo una sentencia de ratiñcacióu: esta sentencia 
to, dictado de conformidad con las partes, daba al con ve- 
a misma fuerza que si hubiese sido otorgado ante un Nota- 
llevaba aparejada ejecucióu. Como era de temer, entablóse 
competencia mortal entre los Jueces de los concejos y los 
únales superiores y de unos Juzgados con otros, engen- 
dose en ella infinitos conñictos de jurisdicción, .prácticas 
ivas, opresión de los Notarios, intrusión de los Tribunales 
rieres en la jurisdicción de los Jueces municipales, etc., 
subvirtieron todos los principios del procedimiento. — En 
ma (ya lo vimos en el capítulo I), la emulación y la 
petencia entre el orden judicia.l y el notarial han llegado 
a nuestros días y están hoy más vivas que nunca, sin que 
ígislador sea poderoso á remediarlas por ningún arte: 
^endo antes el préstamo de la escritura y del juicio, se re- 
5 en el acto de conciliación (art. 218 de la ley de Eujui- 
liento civil de 1855): se le expulsó de aquí, matando este 
importantísimo del procedimiento (art. 476 de la ley de 
liciamiento civil de 1881), y halló refugio contra la perse- 
Sn y medio de sacrificar más al deudor, en el juicio ver- 
y ahora añado que si se inutilizara esta guarida, se am- 
pia en el embargp preventivo; si éste se le hiciera imposi- 
apelaría al juicio ejecutivo; si también se le desalojara de 
acontraría asilo en un juicio ordinario de mayor ó de me- 
íuantía, en el cual se conformaría el deudor con la deman- 
e dictaría sentencia condenándole al pago, y se haría ésta 
iva con todo el aparato de ritual y gastos consiguientes; 
, de una en otra trinchera, de uno en otro foso, iríamos 
i destruir la ley de Enjuiciamiento civil entera por inútil 
el objeto que nos propusiéramos, dejando en el mayor 



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SOBRE REORGANIZACIÓN DEL NOTARIADO 83 

desamparo á los que en justicia y verdad necesiten de los Tri- 
banales» (1). 

Acabamos de ver que no existe incompatibilidad de ningún 
género entre la jurisdicción municipal y la fe pública. Concen- 
trándolas en cabeza de unos mismos funcionarios, podría do- 
blarse desde luego de Jueces letrados á un gran número de po- 
blaciones, además de las capitales de partido, y salvarse de 
camino no pocas Notarías de las que están amenazadas de una 
próxima amortización. 

Pero no concluye aquí todo, ni eso bastaría. Existe otra 
fanción congener de las anteriores y acumulable á ell^s: el Re- 
gistro de la propiedad. Por razones distintas que el Juez y que 
el Notario, el Registrador encuentra también muy pocas oca- 
siones de intervenir en algún acto con su calidad de funciona- 
rio letrado: su cargo carece de toda importancia científica (2), 



(i) Jwticia munxcipalf por D. Mariano Fonseca» Juez decano de los de pri- 
mera instancia de Madrid, ap. Revista general de Legislación t Jueis- 
PBCDEJfciA, tomo 76, pág. 326 (Marzo- Abril, 1890). Ocup&ndoso de la viva opo- 
sición qne se hace á. los jnicios verbales convenidos, como antes k los actos 
de conciliación convenidos, empleados en concepto de contratos más baratos 
y más eficaces qne los testificados por Notario, dice: cEs más, yo entiendo 
que el damoreo atronador á que me he referido tiene algo, y acaso mucho, 
de interesado y de hipócrita; porque entre las voces oigo algunas de deudo- 
res que querrían burlar á sus acreedores...; otras de Notarios, que han dejado 
de autorizar crecido número de escrituras; otras de Actuarios, que ven dis- 
minuirse el número de pleitos por el medio sencillo de fraccionar las canti- 
dades prestadas para amoldarlas á los juicios de que se trata; otras de Juz 
gados municipales preteridos en estos asuntos por otros que los acaparan 
empleando medios ó modos que presumo, pero que no he podido comprobar. » 
(2) «No se oculta k nadie que conozca un poco los Registros de la pro- 
piedad, que la mayor parte de las operaciones que éstos practican son pura- 
mente materiales, y en ellas no se ejercita otra función intelectual que la 
atención, por el cuidadoso esmero que todas exigen. Fuera de la calificación 
de alerón documento complicado, poco frecuente; de la inspección de los tra- 
bajos de registro y liquidación que periódicamente se llevan á cabo, y de la 
vigilancia por el buen orden de las operaciones, el Begistrador encuentra 
en la oficina pocas dignas de ocupar su tiempo. No puede menos de ser así: 



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REVISTA DB LEGISLACIÓN . 

lo más de él á operaciones casi mecánicas al alcaii- 
s no letradas; y así se explica que el Reglamento 
e 1870 autorice al Registrador para que nombre 
cualquier español de estado seglar, mayor de 
íosj», y que Registros de primera importancia es- 
ados á veces durante meses enteros, y aun du • 
3r tales sustitutos iletrados, sin más ciencia que 
1 revés que con los Jueces municipales, suóede 
tradores: que la ley les exige aptitudes científi- 
¡riores á las que requiere el cargo: los vastos co- 
urídicos que en éste les sobran, están haciendo 
uzgados. Por otra parte, la función judicial no vs 
tibie con la de Registrador que con la de Notario, 
ivil corre á cargo del Juzgado municipal, y no 
ia qiie se oponga á que del mismo modo depen- 
Registro de la propiedad: ya vimos que en Ale- 
ígistro estuvo confiado á los Tribunales de justicia 
' que desde entonces el grundbuchrichter tiene 
^oría de juez, y que á las veces concentra en su 
as funciones de Notario-Registrador, las judicia- 
ia, en los casos de vacante de un Registro ó de 
íl Registrador, se hace cargo de la Oficina el Fis- 
de la cabeza del partido, siempre que reúna la 
letrado (1); y viceversa, los Registradores habían 
irgo de Promotor fiscal cuando se carecía de pro- 



die se explicaría cómo algunos Registradores pasan meses 
istros sin que éstos dejen de marchar desembarazadamente, 
>z á personas desprovistas de la más leve tintura de la cien- 
-Podrá decirse que el sustituto consulta al Registrador an« 
3 que deba hacerlo; pero á esto se replica que por cada opo- 
na consulta, practica sin ella el Registro millares de ope- 
[ue queda en pie la tesis sustentada» (Victorino Arias Lom- 
trina legúlativaf 6 de Enero de 1S78, p&g. 4). 
eto de 17 de Noviembre de 1800, art. 16; Reglamento Hipote- 
, Real orden de 90 de Febrero de 1883. 



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80BRE BEORGANIZACIÓN DEL NOTARIADO 85 

pietarío y sastituto y de abogados que pudieran ejercerlo (1). 
líl Sr. Oliver escribe, ignoro con qué fundamento, que «los 
Registradores suelen desempeñar como suplentes ó sustitutos 
las funciones de la Magistratura... y hasta so les obliga á ello 
en algunos casos» (2). Y el Sr. Fonseca, en la Memoria antes 
Hladida, propone que el cargo de Juez sustituto de primera 
iüstancia se dé «á los Registradores de la propiedad, quienes 
pueden servir á la vez los dos destinos, que son letrados, que 
tienen igual categoría, que ingresan en la carrera del mismo 
modo, que residen, en su mayoría, fuera del pueblo de su na- 
turaleza... y que tienen, por último, la práctica derivada de 
las funciones propias de su destino» (3). Actualmente, entre 
las funciones de los Jueces de primera instancia y de los Pre- 
sidentes de Audiencia, figura la de resolver los recursos guber- 
nativos que se entablan contra el Registrador por haber dene- 
gado ó suspendido la inscripción ó anotación solicitada (4). 
Con los mismos dos expresados funcionarios del orden judicial 
han de consultar los Registradores las dudas que se les ofrez- 
can sobre la inteligencia y ejecución de la ley Hipotecaria y 
de los Reglamentos dictados para su ejecución (5). En otro or- 
den, ya hemos visto cómo el Senado admite en un proyecto de 
ley aprobado por él, que se faculte á los Registradores para 
autorizar ó practicar informaciones posesorias, en concurren- 
cia con los Notarios y con los Jueces municipales. 

La consecuencia que se desprende de todas estas premisas 
no poede ser más obvia: la posibilidad, la necesidad racional y 
la conveniencia de reducir á una sola clase de funcionarios las 



(1) Real orden de 15 de Mayo de 1878: cf. Ley orgánica adicional, art. (58, 
y Be*] orden de 20 de Febrero de 1884. 

(2) Biblioteca jadioial, Legislación Hipotecaria ftpañola] con un prólogo de 
D. B. OUver, Madrid, 1886, tomo I.', pág. 38. 

(8) Justicia municipal f loe. cit., pág. 819. 

(é) Reglamento Hipotecario, art. 57. 

(5) I«ey Hipotecaria, art. 276; Reglamento, art. 221 y siguientes. 



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REVISTA DE LEGISLACIÓN 

•a, Notarios, Registradores y Jueces municipales (1). 
i unidad de Oficina— (Notaría-Registro- Juzgado) — 
partido judicial, en los términos en que la he ex- 
itada hipotéticamente á la función notarial, en el 
de este mismo capítulo, y habré dado á conocer lo 
3ro como ideal, y escrito la conclusión del presente 
ventajas de tal organización saltan á la vista. El fun- 
[^argado de revestir de autenticidad á los actos y con- 
s particulares, se aproxima á éstos: lo que ahora se 
dos momentos separados, autenticidad y publicidad, 
3n otros, título y modo, queda reducido á uno solo: 
nunicípal es administrada por jueces que, además 
dos, han tenido que acreditar estudios especiales, 
teóricos, antes de obtener el nombramiento. La 
Oficina en todas las poblaciones, incluso en aquellas 
' la multiplicidad de contratos y de actos judiciales y 
ales, ha de requerirse un número relativamente ele- 
tos funcionarios, la abonan, entre otras razones, las 
distribución instantánea de los negocios del día en- 
[ares asignados á cada oficina, y despacho más pron- 
idad de atender en ese reparto á las aptitudes y vo- 
lada uno, y por tanto, trabajo más perfecto; retraso 
lausa de enfermedades, fallecimientos, incapacidades 
i; disciplina moral más sólida, por la virtud del espí- 
Bitivo y la inspección inmediata y continua del jefe; 
a interpretación de las leyes; mejor y más pronto co- 
• de las nuevas disposiciones legales que van apare • 
)ficina común sirve de laboratorio y escuela práctica 
mtes recién ingresados, y éstos introducen periódi- 
I ella nueva savia, interrumpiendo la formación de 



inoionario enciclopédico podría ser designado con un nombre de 
gloriosa como el de pretor ^ que suena en inscripciones hispano* 
en Italia se aplica al Juez municipal. En este trabajo lo desig- 
Taez municipal. 



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SOBRE REORGANIZACIÓN DEL NOTARIADO 87 

prácticas ratiDarias y desentumeciendo el espirita de sus com- 
pañeros, dispuesto siempre, por ley natural, á la petrificación 
j al enmohecimiento; unidad de archivo, y como consecuencia, 
mayor facilidad de encontrar los antecedentes que necesitan 
los particulares para transmitir, reivindicar ó defender sus de- 
rechos; custodia de los documentos depositados en él, más efi- 
caz y segura que hallándose diseminados como ahora en las 
habitaciones de varios Notarios, Registradores y Jaeces. 

Pone el sello á esta organización la igualdad en los prove- 
chos, la unidad de categoría. Mientras existan grados, jerar 
quías, y el transito de uno á otro represente un aumento de in- 
gresos, consíguiAitemente de bienestar ó de fortuna, habrá que 
deplorar ese «instinto viajero y esa impaciencia de ascenso» 
que denunciaba el Sr. Canalejas en su discurso de apertura de 
los Tribunales (1889), y que hace pasar á Magistrados y Fisca- 
les la mitad de su vida en Madrid, poniendo apretado cerco al 
Oobiemo, y por los caminos en traslación perpetua. Por otra 
parte, nada justifica la desigualdad de remuneración entre fon- 
cíonaríos de un mismo orden y que prestan servicios iguales: 
el mismo saber, igual atención é idéntico tiempo requiere sus- 
tanciar un pleito en Sariñena que en Madrid; ni cuesta más 
trabajo escriturar una contrata del Gobierno ó de una Compa- 
ñía, que prodoce al notario de Madrid 2.500 pesetas, que otra 
de un Ayuntamiento de aldea que le vale al notario rural 5 du- 
ros mal contados. Si uno ha servido muchos años al Estado, 
otros tantos le han sido pagados por éste y nada le debe. No se 
imx>one menos el criterio de la igualdad si se mira á las nece- 
sidades que los funcionarios han de cubrir, ya que los mismos 
precios tienen establecidos el tahonero, el carnicero, el carbo- 
nero, el zapatero, el sastre, para los empleados que perciben 
50.000 reales que para los que sólo cobran 10.000. Si se objetare 
con la edad, replicaré que no tiene el viejo sobre sí responsabi- 
^idades superiores á las que tiene el joven, compensándose las 
de aquél (hijos, mujer...) con las de éste (padres, hermanos^ 
atrasos de carrera y oposiciones...). Y si se recordase que la 



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REVISTA DE LEGISLACIÓN 

ea es más barata que en la ciudad, saldrán al ro- 
itud do compensaciones, unas comunes, otras que 
■ección, tan positivas, que no habrá un funciona- 
lentá que no prefiera la ciudad á la villa, Madrid 
. En todo caso, ha de parecer más racional que 
ihorros en la villa, esto es, durante su juventud^ 
ea viejo, que no en la vejez para morir rodeada 

después de haber vivido sin lo necesario. Así se 
ido en muchos casos en Inglaterra; y en achaques 
y de política, no hay conductor más fiable ni el 

1 ha encontrado jamás mejor intérprete, España 
echar la creación de este cuerpo administrativo, 
> de compromisos del pasado, para hurtarse á la 
a y acreditar aquel principio elementalísimo de 

3 justicia, que sucesivamente ha de irse exten- . 
emás esferas de la Administración. Por igual ra- 
, gran necesidad que siento el país de sacudir la 
)nsabilidad de las Clases pasivas, que lo postra, 
ibe redimírsele de ella por lo que respecta al 
de Jueces municipales, ái bien constituyendo ea 
i fondo de previsión para socorrer á éstos y á sus 
podrá adoptar la forma de los antiguos Montepíos, 
□nbiuada con los Seguros. 

das del modo dicho las tres funciones de Regís- 
ees y Notarios, es casi seguro que no necesitaría 
Tesoro con suplemento grande ni pequeño para 
:gado- Notaría-Registro en cada municipio ó cir- 
y asegurar una subsistencia decorosa á sus titula- 
ciendo, como es de razón, algunas partidas de los 
:entes. CJomo habría de ayudar el Estado, y en 
ían con ello sus ingresos, es reduciendo los im- 
mbre y de derechos reales sobre los actos y con- 
ría provocar un aumento considerable en el nü- 
) y prestar un servicio señaladísimo á esa gran 
Eición que vive la vida del derecho en la misma. 



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SOBRE REORGANIZACIÓN DEL NOTARUDO S^ 

forma qoe podría YÍvirla si no existiera ninguno de los actuales 
oj^nismos del Estado y de la Administración. 

Últimamente, tiene aplicación, en lo sustancial, á esta úl- 
tima y Superior forma de organización lo expuesto bajo la lo- 
tra í), §§ 1.*^ y 3.° {unidad de Acotaría dentro de la población; uni- 
dad de Notaría dentro del partido) de este mismo capítulo, y lo 
doy aquí por reproducido. 

ej Madanzas en la fun^^ion notarial, titulación, 
Kej^lstro, etc. 

Hasta aquí hemos atendido á perfeccionar el órgano; pero 
no basta: hay que perfeccionar juntamente la función, sise 
(¿aiere que la reforma penetre hasta la raíz del mal y no sea 
i.no de tantos remiendos abortivos y sin consecuencia. El he- 
cho de que el pueblo haya ido renunciando á la escritura pú - 
hlica, jnstiñcante auténtico del dominio, y adoptando en lugar 
poyo el documento privado y el expediente posesorio, no es un 
accidente sin impotaocia, sino revelador de un estado morboso 
por todo extremo grave. El hecho de haber ido desusando la 
garantía hipotecaria y sustituyéndole ora la personal, ora la 
real en forma de venta á carta de gracia, con la consiguiente 
agravación en el interés del dinero, acredita que los procedi- 
mientos de la fe pública y de la administración de justicia en 
todo ó en parte son extraños á la nación, incongruentes con su 
naturaleza y estado social. Si el sistema de escrituras y de re- 
gistro hubiera de continuar en sus actuales moldes, sería quiz:l 
más acertado suprimirlo y entrar francamente en el sistema 
sajón. No hay que pensar, sin embargo, en amputar lo anti- 
guo, cuando, como en el presente caso, es sustancialmento 
bueno, mientras haya posibilidad de reformarlo, reduciéndolo 
al tipo ideal; las tradiciones del país, y acaso también la con- 
textura moral de la raza, requieren la prueba auténtica, y se 
han acreditado eu el mundo, en esta segunda mitad del siglo,, 
formas nuevas de titulación, de transmisión de bienes y de cons- 



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REVISTA DE LEGISLACIÓN 

tos reales tan sencillas casi como el documento 
ñcaces que nuestro documento público. Esas 
zil adaptación al modo de ser de la propiedad 
laña, sobre todo después de haber reducido á 
Días en una misma oficina y en un común ar- 
ica y el registro de la propiedad. 
1 de ideas, es lo primero organizar el sistema 
de propiedad. En España, como tampoco en 
lia, tales títulos no existen: los que impropia- 
os con ese nombre no son más, según vimos, 
de actos ó contratos en cuya virtud el dueño 
tal inmueble, que se supone existente, de otra 
recia ser dueño de él por otro documento aná- 
In presuponía, aunque no justificaba, la exís- 
3, y así retrocediendo por una serie mayor ó 
aumentos personales que acreditan actos de 
6n mortis causa, de donación, etc., mas no el 
sdad, no el dominio; y én una palabra, no son 
ón jurídica de la finca: el derecho de propie 
iente de tales documentos mal llamados tí- 
que, por ejemplo, no sea posible enajenar el 
lo la escritura en cuestión ni obtener crédito 
a. El país clásico del título real de propiedad 
ísde 1858. Consiste este instrumento en una 
nde se ha figurado gráficamente y se ha des- 
ín, con referencia á la Oficina topográfica, la 
linderos, cabida, naturaleza, gravámenes, así 
i procedencia y el nombre del propietario ver- 
do en pública información. De este título no- 
en dos ejemplares enteramente iguales, uuo 
sirchiva, bajo carpeta suelta, en la Oficina del 
\B única para todo el Estado, — y el otro se en- 
ario del inmueble: este ejemplar móvil tiene, 
duplicado, carácter de documento original y 
si dijéramos la matriz misma desglosada de^ 



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SOBRE REORGANIZACIÓN DEL NOTARIADO 91 

Begístro y puesta en círcolacíón; nb es, como nuestras escritu- 
ras públicas, una simple copia: así es que constituye una ex- 
presión perfecta iel inmueble, por cuya razón, la tradición del 
título equivale realmente, no simbólicamente, á la tradición 
del inmueble mismo. Una Tez constituido el título, es increíble 
la facilidad que presta á toda suerte de operaciones sobre la 
propiedad inmueble; para vender, basta que los contratantes 
consignen la venta al dorso del título, ó bien en un papo! 
aparte, manuscrito ó impreso (se venden con profusión mode- 
los impresos de todas clases, con los claros que se han de lle- 
nar en cada caso), pero siempre privado, ó lo que es igual, sin 
intervención de funcionario público; y lo envían por el correo 
al Registro, á fin de que se tome razón del traspaso en el 
duplicado archivado del título y se expida otro nuevo á nombre 
del comprador, á quien le es remitido asimismo por el correo; 
para hipotecar, remiten los contratantes al Registro, además 
del título de propiedad de la finca hipotecada, el contrato de 
préstamo, sea impreso ó manuscrito, donde consten el nombre 
del acreedor, importe del capital recibido, interés que devenga, 
término fijado para el pago, á fin de que ^1 Registrador asiente 
todas esas circunstancias, así como el día y la hora del asienta, 
en los dos ejemplares, móvil y archivado, del título y devuelva 
el primero al deudor, y el contrato, también anotado con el día 
y la hora, al acreedor; para obtener un préstamo con garantía 
real aun sin esa pequeña solemnidad, se pignora el título, esto 
es, lo deposita el propietario deudor en manos del acreedor, sea 
un particular ó un Banco de crédito, con lo cual no corre éste 
ningún riesgo, porque mientras conserve en su poder dicho 
documento, la finca á que corresponde no podrá ser enajenada 
ni hipotecada. Tal es, resumido á los efectos del presente ca- 
pítulo, lo que en el vi he dejado expuesto. Nuestro pueblo se 
halla de tal modo preparado y dispuesto para entrar en este 
sistema, que puede decirse lo ha adivinado y lo practica en tér- 
minos que acreditan juntamente su ignorancia de la ley y su 
buena fe: es caso bastante frecuente que una persona afiance 



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REVISTA DE LEGISLACIÓN 

miento de una obligación entregando al acreedor la 
de adquisición que lo acredita como dueño de una 
Dorando que, según la legislación notarial vigente^ 
uél enajenarla é hipotecarla válidamente á espaldas 
íon un simple certificado del Registro, y auu sin eso. 
to al empleo de impresos para la celebración de los 
, no es desconocido en España: las escrituras de venta 
nacionales, testificadas por Notarios, llevan impreso 
el texto, que es formulario; para los arrendamientos 
pólizas de seguro y de netamente, etc., está genera- 
uso de hojas impresas, con que hasta las personas 
I en el .derecho formalizan por sí mismas sus estipula- 
n riesgo de omitir cláusulas sustanciales que invali- 
mtrato ó lo expongan á litigios. Aun de Registro na- 
neraos precedente en el de actos de última voluntad. 
Le tenerse por seguro que sería bien recibida esta im- 
novedad jurídica en nuestra patria. 
) que no podría implantarse desde luego en los puros 
ideados por Sir Roberto Torrens, porque no tenemos 
parcelario ni hay que pensar en improvisarlo. Pero 
cticar una adaptación que surta efectos iguales en 
ín parte semejantes, consistente en esto: 
ehacer, bajo la dirección y responsabilidad de los res- 
Juzgados municipales, los amillaramientos de la pro- 
mueble en forma más cuidada y con más pormenores 
rigentes, numerando los predios rústicos en ¡guales 
que los urbanos (1), y refiriéndolos á un accidente 

último amiUaramiento de la riqueza iuxniieble fué coetáneo de la 
los Begistros. Púdose muy bien exigir en él alguna maj^or esao- 
lijidad en los datos para su planteamiento, y con la sola trans- 
ellos en el Registro de la propiedad, habría quedado bastante 
> que el actual. Debieron numerarse correlativamente todas las 
ida término municipal, expresar su naturaleza, situación, cabida 
por modo uniforme, y aun quizá las cargas, el titulo y la proco- 
ada una. — Las ventajas de este procedimiento hubieran sido uu* 



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SOBRE REORGANIZACIÓN DEL NOTARIADO 93 

topográfico tan cierto y tan permanente como las vías de co 
manicacida, carreteras, caminos y sendas, medidos y railiados 
para este efecto á contar de lugares salientes del casco do cada 
población, 6 en sa caso, de los puntos de entronque de anua 
C':u otras vías (1). Los títulos de esta clase describirían los in- 
mnebles'y expresarían su situación en el cuartel <5 pago res- 
pectivo, no sólo por relación á los números de las fincas colin- 

uaerosas ó importantes. Con ól se habrían hecho innocesarios los títulos su- 
pletorios; y si la prescripción de veinte ó veinticinco años, ya transcurridos 
[desdo la promulgación de la ley Hipotecaria], fortificara aquellas in.scripcío- 
nes primordiales cuando acerca de ellas no se hubiera promovido litigio, hoy 
toda la propiedad inmueble podría ostentar un titulo de dominio, de que en 
gran parte carece, y las transmisiones y modificación del derecho de pro- 
piedad serían m&s fáciles y económicas. Con la sola numeración de las fincas 
se habrían hecho imposibles las farsas y mixtiñcaciones de las informaciones 
poisesorias, germen fecundo de expoliaciones y semiUero do pleitos para época 
no lejana...» (Miguel Fernandez, Gaceta del Notariado, 2S de Septiembro 
de lí«8. núm. 39, págs. 611-614). 

(1) Sirva de precedente, por analogía, el Beal decreto de 30 de Agosto 
de 1889, según el cual, atodos los Ayuntamientos de la Península, i^las Balea- 
res y Guiarías debían proceder inmediatamente á la renovación do los hiton 
A mojones permanentes que determinan las lincas divisorias de sus respecti- 
vos términos municipales. Los hitos ó mojones deben colocarse de manera 
que desde cada uno de ellos sean visibles el anterior y el posterior, blanqueán- 
dolos donde esto sea posible, á fin de que se divisen también á larga distan- 
cia« — Las operaciones deben hacerse constar en acta detallada, en la cnal ha 
consignaróji, entre otros datos,- la dirección, forma y dimensiones de la Unea 
del perímetro, así como la distancia que medie entre uno y otro mojón, los 
materÍAles de que éstos se haUen compuestos, etc De dicha acta, que que- 
dará arcliivada en la Secretaría del Ayuntamiento, se remitirán dos copias 
al Gobierno de provincia y una á la Delegación de Hacienda. — Para estas 
operaciones, los Ayuntamientos han de nombrar una Comisión de tres indi- 
viduos do sn seno, que será presidida por el Alcalde y auxiliada por el Secre- 
tario y por dos perítos conocedores del término municipal y de larga prác- 
tica en él, onya Comisión Uevará 4 cabo la renovación del amojonamiento y 
levantamiento de las actas. — Los peones auxiliares y bagajes que las respec- 
tivas Comisiones necesiten para llevar & cabo estas operaciones, se suminis- 
trarán por prestación vecinal y los gastos que dichas operaciones ocasionen 
se costearán por los fondos municipales». 



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REVISTA DE LEGISLACIÓN • 

D por SU distancia respecto de los caminos 
\ contendrían plano ninguno, ni el Estado 
L ninguna clase de seguro: el Registro se- 
ccional ni regional, y el Registrador, 6 me- 
legistrador, el Juez del distrito, segán que- 

L amillaramiento planos auténticos de fincas 
dos espontáneamente por los dueños y com- 
pectivo Juzgado, y sobre esa base, cuando 
iir, previas las informaciones de rúbrica, 
legurados por el Estado, y con duplicado 
igistro general instalado en Madrid. 
)s hacendados acaudalados podrían disfru- 
iS ventajas del catastro más perfecto, sin 
•ealice esta obra magna, que no verá la ge- 
ndo á su titulación la misma solidez que 
r á SU crédito la misma latitud y flexibili- 
emania; y los demás terratenientes obten- 
ambién las grandes facilidades, prontitud, 
i, que á la contratación proporciona el sis- 
es de propiedad ó de posesión, y quedarían 
los de aquel último grado de perfección, 
:uro oficial siempre que quieran, sin tener 
n otros, á medida que las necesidades ó la 
da cual se lo aconseje ó imponga, 
una población pueda, independientemente 
trar su término, ó una ó más partidas de ély 
lacienda municipal, bajo la inspección del 
», para que todos sus terratenientes puedan 
os beneficios del nuevo régimen de títulos 
1. Tengo por seguro que serían muchos los 
> harían uso de esta facultad. Todavía den- 
ente, conozco algún amillaramiento (el de 
a de Huesca), cada una de cuyas hojas con- 
lación gráfica del perímetro de la finca res* 



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SOBRE REORGANIZACIÓN DEL NOTARIADO 95 

pectiva, además de los datos referentes á cabida, sitoación y 
demás. 

Desde el panto de vista del crédito territorial, el sistema 
aastraliano brinda con una forma nueva, conquista inaprecia- 
ble de la economía de nuestro siglo: la pignoración del título; 
, mas por lo que respecta á la hipoteca, le aventajan en mucho 
el sistema alemán de la grundschuid y el de los handfeste de 
Bremen. Según dijimos en el capítulo iv, y repetimos aquí en 
compendio, la legislación hipotecaria que rige en aquel Imperio 
desde 1872, admite una forma de hipoteca denominada grund- 
schuid ó deuda inmobiliaria, que no es, como la nuestra, un 
derecho real accesorio de uua deuda ú obligación personal 
preexistente, sino que es y vale por sí misma y tiene vida pro- 
pia, como la letra de cambio, y que como ésta puede nego- 
ciarse ala orden mediante un endoso. Esta hipoteca, de ca- 
rácter impersonal y puramente inmueble, se moviliza tradu« 
ciéndola en cédulas negociables, jque el mismo Juez-Regis- 
trador, á requerimiento del propietario, expide y autoriza. 
Puede constituirse á nombre de un acreedor, pero también 
á nombre del propietario mismo, cuando todavía no ha recu- 
rrido al crédito, pero cree que podrá necesitarlo y quiere es- 
tar preparado: en esta segunda hipótesis, llegado el caso^ 
endosa una ó más de esas cédulas, ó todas, á favor del acree- 
dor, y la operación queda terminada, no siendo preciso com- 
parecer ante Notario, Juez ó Registrador, por tratarse de do- 
cumentos que son auténticos, inscritos de antemano y de 
una vez para todas en el Registro, y que tienen además carác* 
ter de matriz, siendo consideradas como parte integrante del tí- 
tulo (que también es real y se halla garantido por el Estado), 
6 más bien, como el título mismo, por cuya razón el propietario 
no puede disponer de su ñuca, ó al menos de la parte ideal de 
ella que corresponda al valor de la cédula ó cédulas enajenadas 
mientras ellas no vuelvan á su poder. En igual forma que las 
ha adquirido el primer acreedor y con la misma absoluta segu- 
ridad, puede negociarlas endosándolas á otra persona, y así 



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REVISTA DE LEGISLACIÓN 

aente: la hipoteca constituida por el importe de ellas 
aneciada mientras no se presenten todas al Registra- 
que las inutilice. Es esta una de las creaciones jurídi- 
>riginales del pueblo alemán y uno de los instrumen- 
)ducción más poderosos que se hayan puesto jamás á 
ín de la agricultura. Nuestra legislación es, en cierto, 
lo mismo que la de Costa Rica, más radical que la 
segán los artículos 82 y 153 de la ley Hipotecaria, 21 
Código de Comercio, 1517 y 1518 de la ley de Enjui- 
) civil, Real orden de 4 de Diciembre de 1863 y Resa- 
la Dirección general de lo^ Registros fecha 23 de Ju - 
88, pueden los particulares, sean ó no. comerciante?, 
lulas hipotecarias transmisibles por endoso, lo mismo 
lemania, y además cédulas hipotecarías al portador, 
idose en este caso en el Registro sin más expresión que 
«la inscripción se hace á favor de los portadores actua- 
iros»; cuando la hipoteca se ha constituíalo para ga- 
)bligaciones trausferibles por endoso ó títulos al porta- 
írecho hipotecario se entenderá transferido con la obli- 
con el título, sin necesidad de dar conocimiento de 
udor ni de hacerse constar en el Registro;» y por úl- 
tenedores de pagarés hipotecarios á la orden ó de otros 
valores semejantes pueden consentir válidamente la 
ón de la hipoteca aun cuando posean tales documentos 
1 de un endoso, esto es, aun cuando la hipoteca en 
se hubiese inscrito en el Registro á nombre de otra 
el endosante). Pero todas aquellas disposiciones lega- 
urisprudencia han resultado hasta ahora ineficaces, 
irán sieado mientras no se sistematicen y desarrollen 
nplante al propio tiempo el nuevo régimen de los ti- 
les de propiedad, con la simplificación de los actos de 
ón de bienes y de constitución y cancelación de dere- 
es, que es su consecuencia. 

dactarse la ley Hipotecaria de 1861 se vaciló entre 
gistros de la propiedad en todas las cabezas de par- 



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80BRE REORGANIZACIÓN DEL NOTARIADO 97 

tido, BegÚD Tenía efliablecido de antigao para los oficios de 
iiipotecas, 6 limitarlos á las capitales de proTincia, ó tal yez á 
las capitales de Audiencia territorial. La Comisión codificadora 
se decidió por lo primero, persuadida de qae «lo qae principal- 
mente debe tenerse en caenta es la facilidad de los que han de 
hacer las inscripciones: alejar los Registros (añadía) de los que 
han de acodír á ellos, equivale frecuentemente, y con especiali- 
dad cuando es corto el valor de las fincas, á hacerlos inaccesi- 
bles»- Este propósito de la Comisión, á todas luces plausible, se 
logrará más acabadamente desde el momento en que se hayan 
fusionado las dos funciones de Notario y de Registrador y se 
creen oficinas en todos los Municipios ó agrupaciones de Mu - 
nicípios mucho menos extensas que los actuales partidos judí - 
ciales. Pero, por otra parte, la conveniencia de los archivos 
dobles, en previsión de incendio ú otros siniestros á que está 
expuesta la titulación, y las mayores facilidades que presta 
para los fines del art. 279«281 de la ley Hipotecaría la concen- 
tración en un solo lugar de todas las operaciones sobre inmue- 
bles 7 derechos reales hechas ú otorgadas en un territorio ex- 
tenso, aconseja instalar archivos generales de Registros en las 
capitales de partido (mientras no se acuerde reducirlos á uno 
^o para cada provincia ó región, ó bien para la nación ente- 
ra), donde se reúnan copias de todos los títulos de propiedad y 
de posesión de inmuebles del partido, y de todas las operacio- 
nes sobre inmuebles y derechos reales que se verifiquen en el 
mismo, mediante comunicaciones impresas que los Jaeces mu- 
nicipides habrían de remitir de oficio, diariamente, á dichos 
archivos generales ó centrales. 

Últimamente, aunque el otorgamiento del contrato y su 
inscripción quedan reducidos á un solo acto, por la razón di- 
cha de que los títulos llevan consigo so propio Registro, ha 
de entenderse esto únicamente en el caso de que el otorga- 
miento se verifique ante el Juee municipal del distrito donde 
radica el inmueble, y en cuyo archivo, por tanto, obra el du- 
plicado de la matriz ü original del título. Si el acto ó contrato 
Toxo 82 7 



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REVISTA DE LEGISLACIÓN 

»rga en otro Juzgado, el títalo móvil ha de ser remitido^ 
zgado de su procedencia, jautamente con el contrato fir- 
, para que se practiquen las anotaciones que procedan 
^ho duplicado archivado, en la misma forma que hemos 
establecida en Australia respecto del Registro dnico de- 
colonía; hecho eso, se devolverá el título móvil al intere- 
y se comunicará la operación practicada al archivo de* 
itros del partido. 

/) Cambios en el procedimiento elvil. 

bre la base de los Jueces municipales letrados, puede 
rse en servir una de las necesidades sociales que deman- 
itisfacción con mayor apremio: acercarla justicia á los 
ates y simplificar el procedimiento. Sin esto no se habría 
) remedio al mal sino en muy pequeña parte. La orga- 
ón actual del Poder judicial y su sistema de enjuiciar su- 
un pueblo menos pobre ^que España, y un siglo que 
las despacio que nuestro siglo; son un producto en parte 
o, en parte artificial; no convienen á la época ni al país. 
s visto hasta qué punto es imperfecta la justicia munici- 
aes con todo y con eso, es la única de verdad que existe 
paña, la única que puede decirse miembro vivo del orga* 
nacional; y á afinarla deben dirigir todos sus esfuerzos 
armadores políticos. Fuera de ella no existen sino cate- 
y nombres; en fuerza de querer extremar las garantías, 
mos quedado sin ninguna; eso que llaman Administra- 
ajusticia, lo es únicamente en la teoría; su virtud ee me- 
te negativa: la de una lima que adelgaza, pulveriza y 
los más robustos patrimonios ^ue un día tuvieron la des- 
de asomarse á los abismos de la ouria. Que es antieco- 
t, nadie lo disputa: «cmuy á menudo las costas judiciales 
n del valor de la cosa litigiosa; en cuanto á los juicios 
sales, es verdad sabida que acaban cuando se ha agotado 
tos judiciales todo el caudab, como dice el Magistrado 
apillá; «si no se pone remedio, agrega el Sr. Suárez Fer- 



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eOBRE REORGANIZAaÓN DEL NOTARIADO 99 

nándezy jorisconsalto de la Corona, ya á ser síotoma de locara 
empeñarse en litigios, y los letrados, en vez de ler defenso- 
res de derechos, habremos de limitarnos á aconsejar á nues- 
tros clientes qne abandonen los sayos antes qoe aventurarse á * 
segifir un pleito». Con tantos progresos como ha logrado la le- 
gislación en lo que va de siglo, no ha perdido un átomo de su 
actualidad el antiguo aforismo «rmás Tale mala avenencia que 
buena sentencia;^; y la crítica airada que el bien sentido Mar- 
qués de Gerona escribió hace cuarenta años al frente de una 
Iiístrueción famosa, podría aprovecharla cualquiera de sus su- 
cesores en el Ministerio del ramo para preámbulo de un plan 
de reforma, sin miedo de que lo tacharan de apasionado ó hi- 
perbólico. Así, la justicia, por lo exigente y voraz, se halla fue- 
ra del alcance del mayor número; todavía, los pocos que pue- 
den abordarla se encuentran desde el primer instante con la 
sorpresa de verse entregados «á merced de un hombre», quien, 
€en cnanto se refiere al procedimiento, que es la garantía de 
loa litigantes, se halla investido de un poder absoluto é irres- 
ponsable», «sin que haya medio de defenderse contra su par- 
cialidad, su mala fe ó su ignorancia», como afirma y prueba 
elocuentemente el Sr. Amat y Furió, Secretario de Sala de la • 
Aadíencia de Barcelona. Si una vez son remedio las senten- 
cias, noventa y nueve agravan la enfermedad á que se api i- 
can; no siendo de extrañar, por todo, si la justicia va por un 
camino, y la sociedad, abominando de sus ranciedades y es- 
carmentada de sus despojos, por otro divergente, que la lleva 
cada áiSL á mayor distancia de los estrados. Nada refleja tan á 
Qiaravilla este divorcio como los testamentos; próximo á espi- 
rar el anciano, recoge en una síntesis postrera las experien- 
cias acaudaladas en ana larga vida y las traduce en nna cláu- 
sala en que ordena á los herederos que huyan de dar inter- 
vención á los Tribunales en el arreglo de la herencia. ¿Y quó 
más? El Gobierno mismo, bajo cuya dependencia vive el lla- 
mado Poder judicial, y que tantos motivos tiene para estar en 
el secreto, harreado Cámasas de Comercio, industriales y agrí- 



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nÓN 

propaguen el juicio de 
conveniente para la re- 
mire los comerciantes, 

ticia cara; si no le dan 
á esa falta de un or- 
antes más previsores, 
ndo derechos ó aban- 
)S tales como el juicio 
te. Situaciones así en- 
aeramente de aparien- 
3star de los indiTidn'os 
ides modernas no puc- 
isticía oficial; el toque 
su forma propia de or- 
ntáneamente el cuerpo 
[o su formación; en sa- 
laríamos su «(forma na- 
sal é interna de la na- 
a estructura de su ea- 
ttido moral y jurídico, 
ité al alcance de todo5, 
;eder sumariamente j 
ue estas condiciones ar- 
lay derecho á exigir, se 
go de lo que ha acredí- 
en toda Europa; de lo 
en desuso, ya entrado 
riosa de muchos siglos; 
' el Reglamento de jus- 
indo de progreso, y ha 
le retroceso con poste- 
n la práctica de los co- 
nbres en achaques de 



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SOBRE REORGANIZACIÓN DEL NOTARIADO 101 

Ea mi pensamiento^ son precisas y bastan dos instancias, 
sin tercera ni recurso de casación: ana, qne estaría confiada á 
on tribunal de eqaidad constitoído en el respectivo monicipio, 
y otra segunda, á nn tribunal de derecho establecido en la ca- 
pital del partido. Entrambos serían colegiados. — El tribunal 
de equidad se compondría de dos ó cuatro arbitros, letrados ó 
DO, designados libremente para cada negocio contencioso, sin 
distinción de cuantía, por los litigantes mismos, dentro ó 
fuera del distrito; y caso de no ser posible, por noluntad de las 
partes ó de una de ellas, ó por otra razón derecha, de dos ó 
cuatro arbitros designados por la suerte de entre ciertas cate- 
gorías dentro del distrito. El Juez municipal instruiría el pro- 
cedimiento, presidiría las sesiones del tribunal y levantaría 
acta délo sustanciado, pero no votaría la sentencia. — El tribu- 
nal de apelación se compondría del Juez municipal respectivo, 
como ponente, y dos de los Jueces residentes en la capital del 
partido. Actualmente, las cabezas de partido peor dotadas 
tienen un Juez de primera instancia, un Juez municipal, un 
Begístrador de la propiedad y un Notario. Concentradas, se- 
gún el nuevo plan, las cuatro funciones en una sola, las capi- 
tales de partido podrán estar servidas, cuando menos, por tres 
jueces, uno de los cuales asumiría el doble carácter de Juez 
municipal y Notario-Registrador de la población (lo mismo 
que los de las demás del partido); y los otros dos tendrían á su 
cargo el Registro general del partido. 

Para la comparecencia ó para la vista de los juicios en 
g^do de apelación se establecería un turno entre todos los 
pueblos del partido, á fin de que acudiesen á la capital, en el 
día señalado, apelantes y apelados y los respectivos Jueces 
man K^ipales, ponentes. 

Mantengo la dualidad de instancias, porque habiendo de 
dictarse la sentencia en el Juzgado municipal ex sequo et bono, 
según el saber y entender de los juzgadores, se impone como 
complemento, para el caso de que las partes no se aquieten 
con lo decidido por dichos arbitros, una revisión técnica del 



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CGISL^aÓM 

L, dictada con resultandos y 
le ahora; de lo contrario, las 
molnción de los conflictos ja- 
general, la salvaguardia del 
ibnnales arbítrales, no saje- 
ras de derecho, sería ir con- 
is de la filosofía jnrídica, con- 
mún á todos los pueblos cal- 
mota hasta el momento pre- 
ste motivo para admitir an 
Lun cuando pareciese preferí- 
)ra- instancia «ea fandado en 
ipal conforme al veredicto de 
}stancial el sistema de enjoi- 
los Romanos, estatuiría, no 
B razones, porque no está re - 
idarios de la instancia ÚQÍca 
casos de duda hay que ate- 
1 no es prudente, ni tampoco 
?nte cuando está aún vivo en 

a competencia de los Jueces 
e actualmente corren á cargo 
¡a. El tribunal para las apela- 
sien tan, lo constituirían tres 
íes que los tengan en este ó 
las), y donde no, los dos que 
¡pal distinto del que hubiese 
a recurrida. 

to de conciliación. Quedan su- 
) y Escribano^ incorporándose 
que las de los Notarios Regia - 
. Quedan igualmente sin em- 
al Supremo y del recurso do 
amenté en un Apéndice. 



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SOBRE REORGANIZACIÓN DEL NOTARIADO 103 

La institución de los arbitros y amigables componedores 
faó acreditada y desarrollada en la antigüedad por los griegos 
7 por los romanos, que establecieron perfectamente la distin- 
ción entre el magistrado y el arbitro. De la legislación romana 
pasó á nuestro Faero Jnzgo y á las Decretales, qoe dieron gran 
importancia á esta institución (1). No permanecieron extrañas 
á ella las demás legislaciones europeas de la Edad Media^ por 
ejemplo: en España, el Fuero Real, las leyes del Estilo, las 
Partidas, el Fuero «de arbítriis» en Aragón, etc. £1 régimen 
-absoluto, á partir del Renacimiento, irestríngió el juicio arbi- 
tral, llegando á menudo á privar de efectos jurídicos á los lau- 
dos. De aquí el que los revolucionarios franceses incluyeran 
entre los derechos naturales del hombre la facultad de some- 
ter ajuicio de arbitros toda clase de cuestiones civiles de inte- 
rés privado (Constitación de 1791). Pero no se detuvieron ahí: 
en esta manera de enjuiciar creyeron ver un instrumento de 
progreso moral tan poderoso^ que no vacilaron en ensanchar 
su esfera de acción hasta el punto de suprimir casi por com- 
pleto el orden judicial en materia civil: principió la ley de 24 
4e Agosto de 1790 por reglamentar su ejercicio con mucho por- 
menor y crear «tribunales de familia» para resolver toda suerte 
de diferencias que surgiesen entre padres é hijos, entre marido 
y mujer, entre tutores y pupilos. Restableciendo un precepto de 
cierta Ordenanza de 1673, declararon forzoso el arbitraje para 
ventilar las cuestiones que se promovieran entre socios sobre 
asuntos concernientes á la sociedad. Por varias leyes, decretos 
y constituciones de 1793 (10 y 24 de Junio, 2 de Octubre, 2 y 
30 de Noviembre), 1794 (6 de Enero, 26 de Marzo, 26 de Agos- 
to), y 1795(17 de Enero, 5 de Febrero, 15 de Agosto, etc.), al 
mismo tiempo que sistematizaban la institución y reglamenta* 

(1) Pandect., lib. iv, tit. 8.<>; Cód., lib. ii, tit. 66. — Les Wisigotoram, li- 
bro n, tit. 1.*, leye« 13 y .25: Dirimere cauta* nuüi licebity nUi aut a prínctptbw 
poiemtate comaena, aut ex oon9en9U partinm electo judtce.,. Qui ex oontentu judieem in 
nefotíi» ^iguntur.,. judicU nomine eenteantur ex legt. — Decretal., tit. de arhiiríU, 
1^42, c.U22,etc. 



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riSTA BE LE0I8LACIÓN 

declararon forzoso el valerse de árbítro9« 
íes de asuntos, qne llegaron á ser ñame* 
ría de sacesíón de los hijos nacidos faera 
nes sobre bienes comunes, donaciones y 
ciertos negocios mercantiles, etc.); sos- 
blicos)> electivos á los antígaos jaeces, 
el derecho de nombrarse otros; y atri- 
apelable al laudo que éstos pronuncia- 
en contrario. Esto por parte de los po- 
iempo, los comisarios ó procónsules que 
[putado á los departamentos, animados^ 
sibían emitido, al discutirse la Gonstitu- 
ie gran autoridad, partidarios de la uní- 
*aje, ampliaron por propia autoridad la 
ber á esta forma de juicio toda clase de 
que fuese su naturaleza y su cuantía, y 
del derecho de apelar. — Esta generosa 
lución no podía prosperar: había venido 
3Lquella lenta preparación y transición 
3 toda reforma para ser vividera, y en 
amiento y desorden moral muy adecúa* 
para edificar del todo impotentes: añá« 
I que, por punto general, adolecieron los 
A carácter político que debieron á su ori- 
^ravar la ineptitud con la parcialidad, 
prevaricaciones y escándalos. La opinión 
itra la tiranía del arbitraje obligatorio; 
dando comienzo con la ley de 26 de Sep- 
leríe de medidas encaminadas á restrin- 
irísdicción de los arbitros; y á tal panto 
en retroceso, el camino recorrido desde 
)to vio cerrado su ciclo esta institución,, 
lido el arbitraje forzoso y restaurada ple- 
in de los tribunales, como antes de la Re- 
sta llegó á acordarse por el Tribunal de 



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6 OBB£ REOBOAlOZAaÓN DEL NOTARIADO 10& 

1m QainientoSy en 1798| prohibir el arbitraje Yolüntario, sí bien 
DO llegó i causar estado, por haberse opuesto el Consejo de los 
Ancianos. 

Como resultado positiyo de todo este laboriofllÉimo período- 
de tentativas j arrepentimientos, tan rico en enseñanzas, quedd 
lo siguiente: 1.^ El reconocimiento del derecho que por ley na- 
taral compete á todo hombre de someter sus controversias á 
juicio de arbitros, derivado de la facultad que le asiste, no ne- 
gada por nadie, de obligarse y disponer libremente de lo spyo: 
2.^ El arbitraje legal ó forzoso para comerciantes, en los tér- 
minos de la Ordenanza de 1673, que pasó al Código de Comer- 
cio y ha durado hasta 1856. 

H. TroploDg censuró duramente el que se hubiese mante- 
nido esta excepción; y Dalloz objeta: «Estas observaciones so- 
bre cuál de las dos jurisdicciones, la de los arbitros forzosos ó 
la de los tribu nales, debe obtener la preferencia, ¿son tan fun- 
dadas como piensa M. Troplong, y no es de temer que los 
hábitos graves de su profesión de magistrado hayan Influido 
en su ánimo» á causa de los inconvenientes reales que se* 
ña la en el arbitraje, previniéndolo en contra de esta institu- 
ción? Sepárese, en primer lugar, que M. Troplong no es ad- 
versario en absoluto del arbitraje: lo que encuentra mal es el 
arbiteye forzoso: querría ól que los socios no estuvieran some- 
tidos á la jurisdicción de un tribunal arbitral sino en el caso de 
que ellos mismos voluntariamente lo admitiesen. T en verdad 
que eso seria lo mejor, si todos los hombres estuviesen anima- 
dos de puras y rectas intenciones. Pero hay que tener en cuenta 
que un litigio, con sus dilaciones, con los gérmenes de discor- 
dia que siembra en derredor suyo, con el descrédito que la pu- 
Uieidad engendra fatalmente, envolvería casi siempre la ruina 
de una sociedad mercantil: con esto, el socio que fuese verda- 
deramente honrado estaría, en cierto modo, á merced.de tal 
Goaaocíado que no tuviera nada que perder ó se propusiera ex- 
plotar el escándalo y la probable ruina del establecimiento 
mercantil. Que este peligro no es imaginario lo prueba el cui- 



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REVISTA DE LEGISLACIÓN 

le tienen de precaverse contra él, ya al constituirse, es- 
lo el arbitraje, con renancia de todo otro procedimiento 
, para toda clase de discordias 6 diferencias de aprecia- 
erenlüs á la sociedad, qoe puedan surgir entre ellos. Y 
gró subsistirá en tanto no discurran los legisladores nn 
e ventilar las controversias judiciales más tolerable que 
1... El arbitraje forzoso se comprende mejor a6n si se con- 
a sociedad como una especie de familia, en cuyo seno no 
.rse nunca cabida á la discordia: entonces se presentan 
ra inteligencia las mismas consideraciones que en las 
9 edades han hecho sentir al legislador la necesidad de 
r á las partes, como regla absoluta, el tribunal pacifica- 
la familia. De igual modo, los legisladores ginebrinos, 
Itima revisión de su Código de Enjuiciamiento, han sen- 
necesidad de constituir, con el nombre de arbitraje for- 
3a misma jurisdicción que acaba de proscribirse entre 
s, la que se estipula de antemano, en previsión de posi- 
atiendas, por una cláusula especial que se ha denomi- 
^ompromisoria)». T cuando legisladores tan sabios como 
jinebra, que vivían bajo el régimen del Código vigente 
ntre nosotros, se han decidido á modificarlo, introda- 
en él con plena convicción innovaciones que parecen 
ividas, es sin duda porque han apreciado maduramente 
[tajas; y su resolución es tanto más de apreciar, cnanto 
ha sido adoptada entre el fragor y los desasosiegos dé 
solución, sino en medio de una paz octavian a. --Para 
ir, copiaré las reflexiones que hace á este propósito el 
u Dénisartj n. 33: «Los hombres obran, ó están de tal 
dispuestos á obrar contra sus propios intereses y con • 
le sus semejantes, que es preciso, á veces, cuando el 
yo particular y el de la sociedad parecen exigirlo, con- 
m libertad natural y dejar á un lado el derecho común, 
ae á esta consideración , han pensado los legisladores 
r ocasiones en que no basta exhortar á los contendientes, 
preciso constreñirlos á que sometan sus controversias á 



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BOBBE REOBOANIZACIÓK DEL NOTARIADO 107 

la decisión de arbitros, cuando carecen de la necesaria cordura 
para tomar Yolantaríamente este camino de rectitud y de con • 
eordia». 

En España, los legisladores de Cádiz establecieron tres gm* 
dos de jurisdicción, uno yeluntarío, otro obligatorio y otro in- 
termedio con los caracteres de los dos, á saber: arbitraje volun- 
tarío (Ck>nstitnción de 1812, artículos 280-281; discurso preli- 
minar, cap. ux); juicio de conciliación, terminado en nn fallo 
extrajodicial que había de dictar el alcalde previo dictamen de 
dos hombres buenos (artículos 282*284; disc. prelím., cap. lix); 
tribunales de justicia (artículos 242, 285; disc. prelim., cap. lx). 
— A| primero dieron toda la amplitud que tiene en nuestro en- 
juiciamiento vigente (1): «no se podrá privar á ningún español 
delderecho de terminar sus diferencias por medio de jueces ár* 
bítros, elegidos por ambas partes)); «la sentencia que dieren loa 
arbitros se ejecutará si las partes, al hacer el compromiso, no se 
hubieren reservado el derecho de apelar;». — El segundo grado 
de jurisdicción no parece suficientemente definido: es un como 
termino medio entre el acto conciliatorio de nuestro procedi- 
miento actual, el arbitraje forzoso de los convencionales france- 
ses y el juicio de asesor con prohombres jurados de Ibíza y For- 
meotera: «el espíritu de concordia y liberalidad que hacen tan 
respetable la institución de jueces arbitros persuade cuan con- 
veniente sea que los alcaldes de los pueblos ejerzan el oficio de 
conciliadores en los asuntos civiles é injurias de menor mo- 
mentó, para prevenir, en cuanto sea posible, que los pleitos se 
originen 6 se multipliquen sin causa suficiente»; y en el articu- 

(i) Bl Código civil (1666) reconoce exiatenoU legal al juicio dé arbitros: 
€las w*^««>*itj personas qne pueden transigir, pueden comprometer en un ter- 
«ero la deeinón de sus contiendas* (art. 1890). La ley de. Enjoioiamiento cC- 
TÜ haMa declarado antes (1861) qne « toda contestación entre partes, antea 
6 después de deducida en juicio, y cualquiera que sea su estado, puede so- 
meterse al juicio arbitral ó al de amigables componedores, per voluntad de 
todos los interesados, si tienen aptitud legal para contraer este compro- 



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REVISTA DE LEGISLACIÓN 

qae todo el qae haya de demandar por negocios 
Qjurias, se presente al alcalde, y qae éste «con dos 
IOS, nombrados ano por cada parte, oirá al deman* 
mandado, se enterará de las razones en que res- 
apoyen sq pretensión, y tomará, oído el dictamen 
ociados, la providencia que le parezca propia para 
linar el litigio sin más progreso, como se termina- 
si las partes se aquietan con esta decisión extra- 
1 tercer orden de jurisdicción es complementaría 
»res, tiene por objeto suplir sus deficiencias, dan- 
n de su existencia en el Discurso preliminar que 
diferencias en asuntos ciyiles pueden arregjarse 
edio de arbitros ó conciliadores;». 
Q no había sido sugerido tan sólo por la nueva le* 
icesa: tenía notables precedentes en España. Res- 
iio conciliatorio, la Constitución de 1812 no hizo' 
>, sino extender á toda clase de negocios lo que era 
)aña respecto de los asuntos mercantiles, así por 
as de Bilbao, cap. i, n. 6, como por las de Matrí- 
f y otras, y estaba recomendado con carácter gene- 
ucción de Corregidores de 1788, ^ap. ii». Por lo que 
arbitral, los títulos it y xvm de la Partida iii le 
Lo un procedimiento muy minucioso, que es en lo 
ismo de la vigente ley. de Enjuiciamiento civil, 
lólla usa el nombre de arbitros ó jueces avenido- 
enórico para denotar las dos variedades que en 
ominados «arbitros;» y «arbitradores ó amigables 
B». Los Reyes Católicos, en las Ordenanzas de Ma- 
iap. 45, y treinta y siete años más tarde D. Garlos 
a, dictaron reglas muy acertadas sobre apelación 
e las sentencias dictadas por Jueces árbitros/t^m 
amigos ó arbitros arbitradores, que pasaron á fer- 
ia Nueva Recopilación, libro iv, tít. xxi, ley 4.* 
as Cortes no creyeron poder exceder el límite di- 
omento, dejaron, sin embargo, consignado en el 



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SOBRE BEOROANIZACIÓN DEL NOTARIADO 109 

DÍBCurso pretiminar de la Constitación bu ideaU macho más ex- 
paosÍYO, 7 para el caal bascaban precedentes y jastifícación 
en el procedimiento romano de tiempo de la República y en 
la costambre de ana de las provincias españolas. <rLa Comi- 
áóü deja insínnado en otra parte la conveniencia qae resalta- 
ría de perfeccionar la administración de justicia, separando 
las fanciones qae ejercen los Jaeces en fallar á un mismo 
tiempo sobre el hecho y el derecho. Mas al paso qae no duda 
qae algún día se establezca entre nosotros la saludable y libe- 
ral iüstitoción de que los españoles puedan terminar sus dife- 
reoeías por Jaeces elegidos de entre sus iguales, en quienes 
no teogan que temer la perpetuidad de sus destinos, el espíritu 
de caerpo de Tribunales colegiados, y, en fin, el jnombra- 
miento del Gobierno, cuyo influjo no puede mei^os de alejar 
la confianza por la poderosa autoridad de que está revestido, 
.reconoce la imposibilidad de plantear por ahora el método co- 
nocido con el nombre de juicio ^or jurados. Este admirable sis- 
tema, que tantos bienes produce en Inglaterra, es poco cono- 
cido en España. Sa modo de enjuiciar es del todo diferente 
del que se usa entre nosotros; y hacer una revolución total en 
el punto más difícil, más transcendental y arriesgado de una 
legislación, no es obra que pueda emprenderse entre los apu- 
ros y agitaciones de una convulsión política. Ni el espíritu pú- 
blico, ni la opinión general de la nación, paeden estar dis- 
puestos en el día para recibir sin violencia una novedad tan 
SQStaucial. La libertad de la imprenta, la libre discusión sobre 
materias de gobierno, la circulación de obras y tratados de 
derecho público y jurisprudencia, de que hasta ahora había 
carecido España, serám el verdadero y proporcionado vehícolo 
qae lleve á todas las partes del cuerpo político el alimento de 
la ilustración^ asimilándole al estado y |robustez de todos sus 
miembros. Por tanto, la Comisión ha creído que, en vez de des- 
agradar á unos é irritar á otros con una discusión prematura ó 
acaso impertinente, debía dejar al progreso natural de las lu- 
ces el establecimiento de un sistema, que sólo puede ser útil 



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REVISTA DE LEGLSLAaÓN 

de la demostración y del conyencímiento. 
Cortes sacesiyas la facultad de hacer en este 
qae crea conyeníentes. Mas, al müimo tiem- 
los de indicar qae el método de juzgar forju- 
fué desconocido 'por nuestras antiguas le- 
por la siguiente -cláusula del fuero municipal 
ice: «todos sus juicios dellos sean juzgados 
izgo, ante diez de sus mejores é más nobles 
\Bf que sean siempre con el alcalde de la ciu- 
un hoy día está de cierto modo en práctica en 
,8 del reino. En las islas de Ibiza y Formen- 
nbrado por el Grobierno no puede por sí solo 
alguno sin la concurrencia de dos ó más 
íden llegar hasta el número de seis, tomados 
Esta institución, aunque no es en rigor idén- 
I trámites á la de los jurados de Inglaterra^ 
ate fundada sobre los mismos principios. Y 
ae en Ibiza se hace de un número proporcio- 
)ara sacar de entre ellos los que acompañan 
LO con el título de prohombres eligen las par- 
een el Juez delegado en lá apelación, el cual 
r natural y yecino del país, no deja duda so- 
de este método, tan liberal y justificado^ 
)bservaba en Roma antes de la tiranía de los 
aldum JudicuMf de donde tomaban los ciuda- 
9 jueces del «hecho, no puede ser desconocida 
lié medianamente yersado en lajurispruden- 
ma. Por lo mismo, la (yomisión se cree en el 
ar esta admirable institución de una provin- 
a que el Congreso no desconozca un método 
vendrá algún día generalizar i todas las 

[) proyislonal para la administración de justi- 
tiembre de 1835 puso otra Tez en yigor los 
>nstitucíón de 1812, que exigían el «juicio de 



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80BRE REORGANIZAaÓN DEL NOTARIADO 111 

conciliación» como requisito previo para entablar demaudas 
cÍTÜea 6 querellas por injuria. «La providencia del Jaez de paz^ 
(llamada providencia de eondUación j dictada con consejo de los 
dos hombres buenoSi según el art. 23) terminará efectivamente 
d litigio si las partes se aquietaren con ella, en cuyo caso la 
hará aquél llevar á efecto sin excusa ni tergiversación alguna 
(art. 24). Si las partes no se conformaren, todavía el Juez de 
pax les exhortará á^que por el bien de ellas mismas comprome- 
tan 8u diferencia en arbitros, <5 mejor en amigables compone- 
dcweS) y lo hará anotar en el libro» con expresión de si se con- 
vienen ó no los interesados.» 

Hoy parece como si se advirtiera un principio de reacción^ 
más ó menos consciente, en favor de las ideas de 1812. — El 
Sr. Bomero Girón, Ministro de Gracia y Justicia en 1883, ha- 
llando imposible, por efecto de la situación del Tesoro, dotar 
da Juecea municipales letrados á todos los pueblos, decía en 
el Beal decreto de 2 de Diciembre de aquel año, que «acaso en 
localidades pequeñas ó donde el elemento letrado no aparezca, 
la eoDCorrencia al juicio, ocmtoz y votOf de dos ó más vecinos 
caracterizados y de ciertas condiciones, pudiera ser remedio de 
orden diverso, allí donde la necesidad obliga á poner la juris- 
dicción municipal en manos de personas muy poco aptas y con 
frecoencia influidas por pasiones ó intereses de localidad...» — 
Kl Sr. Ponseca, Juez de primera instancia de Madrid, en la 
Memoria citada anteriormente, echa de menos el juicio de 
conciliación terminado por sentencia, tal como lo estatuyeron 
la primera Constitución y el Reglamento de 1835, y condona 
8in reserva el acto conciliatorio actual, que, terminando cuando 
más por un contrato, no responde al fin de prevenir los lití- 
• ^08 y más de una vez surte efectos contraproducentes (1)*— 
cLoa arbitrajes y los compromisos, dice el Sr. Armengol, han 
Tenido á ser la forma general adoptada por los comerciantes 

%■ — 

(1) BBT18TA 6EXBSAL DB LeQIBUICIÓN Y JURISPBÜDBVCIA, tomO T6, pá.* 

as aai (llanoAbrü, 1890). 



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[>E LEGISLACIÓN 

i (1); y existe todo nn movimieDto 
os, favorable á la creación de un 
entre los comerciantes para toda 
I (2). — Jnrisconsaltofl hay^ como 
ijol, qae Totan por el restablecí - 
3iar «per formalam» del antiguo 
lal intervenían en cada jaicio ma- 
otra jnrados (arbitros, etc.). — Kl 
a propiedad, sometió al Congreso 
rado en 1888, nna proposición se- 
tl y el de amigables componedores 
íyil, limitándose los tribunales al 
arbitros ó de los amigables compo- 
la ejecución de las sentencias». — 
de Comercio , Industria y Nave- 
lecreto de 9 de Abril de 1886, co- 
Qes: «11.% resolver como jurado, y 
i que voluntariamente establezcan 
lestiones que los comerciantes, in* 
n á su decisión: 12.% resolver las 
ios fabricantes y operarios, cuando 
ngan en someterlas á la decisión 
entre los comerciantes, industria- 
ito del juicio de amigables com- 
eniente para la resolución de las 
lurjan». — Iguales facultades con- 
I el Real decreto de 14 de Noviem- 
como jurado, y con arreglo á las 
ente establezcan las partes intere- 
comerciantes, industriales y ag^i- 

mticia ante la opinión^ por D. Vicente Amat 

Alvaro MAria Gamin, jarísoonsolto caia- 
a reforma de las leyes de Enjuiciamiento 



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SOBRE REOBGANIZACIÓN DEL NOTARIADO 113 

cultores sometan á so decisión y las que sarjan entre propie- 
tarios 7 colonos 6 prodoctores agrícolas y sus intermediarios 
con el consamidor, coando los anos y los otros se conyeng^n 
en someterlas á la decisión de la Cámara». 

En diyersos órdenes jie la vida existe ya hoy en España ^Igo 
qae puede asimilarse al juicio arbitral obligatorio: los «Tri- 
banales de aguas», existentes de antiguo^ reconocidos como 
legales por el Real decreto de 27 de Octubre de 1848 y hechos 
extensivos á toda clase de sindicatos de regantes por la ley de 
Aguas de 1866 (art. 290: ley de Aguas de 1879, art. 242) 
para entender en lo relativo á la policía de las aguas de riego 
y conocer de las cuestiones de hecho que se susciten sobre el 
riego entre los interesados en ¿I; las c<Cortes de pastores» de 
la provincia de Castellón, que funcionan asimismo como ju- 
rado, en forma arbitral y por trámites sumarios, para ciertos 
particulares de policía rural (Real orden de 20 de Mayo de 
1878); el «Consejo de familia», constituido libremente por los 
padres, y en su* defecto, por ministerio de la ley, de entre los 
parientes del menor ó incapacitado, y á falta de éstos, de en- 
tre los vecinos, y coya jurisdicción es tan extensa como acre- 
ditan los artículos 46, 231, 239, 243, 269, 279 y otros del Có- 
digo civil y la costumbre'de Aragón y Navarra; los «Jurados 
industriales», que se han de crear con arreglo al art. 53 de la 
ley de 30 de Julio de 1878, y ante los cuales han de enta- 
blarse las acciones civiles y criminales referentes á patentes 
de invención, etc.; sin contar el «Tribunal del Jurado», insti- 
tuido por la ley de 20 de Abril de 1888, según la cual, doce 
jurados designados por la suerte de entre ciertas categorías de 
ciudadanos, declaran la culpabilidad ó inculpabilidad de los 
procesados respecto de los hechos que en concepto de delito 
les atribuye la acusación. — El Código de Comercio de 1829, 
artículos 322 y 345, estatuyó el arbitraje forzoso para dirimir 
las contiendas entre socios sobre asuntos de la sociedad, y ha 
4uTado hasta la promulgación del nuevo Código de 1885. 

TOMO 83 8 



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DE LEQIBLAaÓN 

ée ley ée bases. 

i al Gobierno para publicar nna 6- 
Adminiatración de jasticiai la Fe 
propiedad, y reformando el enjni- 
9t de transmisiones del dominio y 
ales con arreglo á las bases esta» 

el proyecto se llevará á cabo, en 
íT nna (Tomisión de tres jnriscon- 
3or el Gobierno entre aquellos qne 
estadios condiciones especiales de 
administración pública, 
ado el proyecto, se abrirá nna in- 

élf imprimiéndolo previamente é 
^mias de Ciencias Morales y Poli- 
acnltades de Derecho, Tribunales,, 
iad. Notarios, Juntas de Agricul- 
Academias de Derecho, Cámaras,, 
sas, agrícolas y mercantiles, Ban- 
Tístas técnicas del ramo, así como 

y economistas que designare la 
no de dos meses dirijan á ¿sta las 
rezcan, las cuales se imprimirán 
o ó más volúmenes. 

memorias, comunicaciones é im-* 
¡ese recibido, deliberará ésta por 
eses, acordando las modiñcaciones 
icir en su Proyecto, y en la nueva 
'eelaboración, lo publicará el 6o» 
' de Enero de 189... 
)1 Gobierno se atendrán en la re- 
mtes bases: 



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60BRE RE0R6Aia2AaÓN DEL NOTARIADO 115 

Base 1/ 

Las fanciones qoe al presente se hallan distríboídas entre 
Jaeces municipales y de primera instancia, Registradores y 
Notarios, se centralizarán^ dentro de cada municipio, en nna 
sola oficina, llamada Juzgado, y correrán á cargo de nn 
mismo fancionario, qae necesariamente habrá de ser letrado. 

Coando Jas poblaciones sean de muy corto vecindario, se 
ag^regarán á la más próxima ó se agruparán en número de dos 
ó más para formar un solo Juzgado, combinando el dato del 
censo con el de la distancia. En las poblaciones crecidas, por 
el contrario, el Juzgado se hallará servido por dos ó más de 
dichos funcionarios letrados, sin que se disuelva por eso la 
unidad de oficina. 

Base 2.* 

Cuando un Juzgado municipal tenga asignados dos 6 más 
titulares, designarán éstos anualmente, por elección libre, de 
entre ellos el que deba llevar la dirección de los trabajoB, la 
Toz y representación de la entidad Juzgado y el título de Juez 
manicipal. Los demás se titularán Jueces adjuntos. 

El reparto de los negocios entre todos ellos se hará asi- 
mismo de común acuerdo; pero, en caso de discordia, deberá 
prevalecer el voto del Juez municipal ó lo que ól dispusiere. 

BaseU* 

Bn cada partido judicial se constituirá, además, un Tribu- 
nal de apelación, al cual habrá adscritos dos ó más Jueces 
permanentes; y serán de su incumbencia el archivo general 
de copias de todo el partido y el conocimiento de los asuntos 
judiciales en segunda y última instancia. 

Base 4.* 

Todos los Jueces de cada partido, así municipales como de 
apelación, formarán un Colegio, presidido por el más antiguo 



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REVISTA DE LEGISLACIÓN 

Últimos; y se dístríbúiráQ libremente entre sí^ en el 
igosto de cada año^ por mayoría de votos, los varios 
s del partido, tanto de primera como de segunda 
i. 

el caso de qae no lograren ponerse de acuerdo, esta- 
la ley reglas supletorias. 

Base 5/ 

la suprema inspección y gobierno de los Juzgados 
ales y Tribunales de apelación de toda España, para 
latización de la jurisprudencia (1) y para las demás 
>s administrativas y judiciales atribuidas en las ba- 
10, 14, 17, 23 y 29 de Ja presente ley, habrá en Madrid 
dente de la Justicia ó Justicia Mayor, con jurisdicción 
listinta é independiente de la del Gobierno. 

Base 6/ 

íueces autorizarán por sí todos los actos del Juzgado ó 
I, judiciales, notariales ó de otra clase, dando fe, como 
les Notarios, sin mediación de secretarios ó escribanos. 

Base 7.' 

8 los Jueces de España, municipales y de apelación, 
1 una sola categoría y percibirán una retribución igual, 
^ión de los honorarios que corresponda con arreglo á 
se verificará, no en metálico, sino en un sello especial 
irá crearse á este efecto y se administrará por el Pro- 
le la Justicia. Los ingresos por tal concepto, liquidar* 
estralmente, se distribuirán en partes iguales entre 
incionarios. 

sellos que representen la suma percibida por cada 
itrato, juicio, certificación, etc., deberán adherirse al 
s firmas respectivas. 

we sobre esto el Apéndice y la base 17. 



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60BRE REORGANIZACIÓN DEL KOTARUDO 117 

Base 8/ 

Para la renoyación del personal, habrá constituido en Ma- 
drid, bajo la dependencia del Josticía, un Tribunal permanente 
de examen, qne actuará todo el año. Los licenciados y docto- 
res en derecho que pretendan ingresar en la Jodicatora, serán 
sometidos á nn ejercicio teórico extenso. Los aspirantes qne 
foeren aprobados, servirán sin retribución como auxiliares, en 
Juzgados de capital de provincia, por espacio de un año^ pa- 
sado el cual serán admitidos á un segundo examen, compuesto 
de ejercicios prácticos. Aprobados en él, recibirán el título de 
Joeces, y serán destinados, ya con retribución, á Juzgados que 
se hallen desempeñados por pluralidad de Jueces, á fin de que 
completen durante un año más su educación práctica. Trans* 
currído dicho plazo, serán trasladados definitivamente á Juz- 
gados unipersonales. 

Los que hubieren servido cuatro años efectivos, desconta- 
das las licencias, en tales Juzgados, podrán ser trasladados á 
Juzgados de capital de partido. Cuatro años más de servicio 
efectíTO en capital de partido darán derecho para ser trasladado 
á Juzgado de capital de provincia. La ley especificará las re- 
glas qne hayan de observarse en estas traslaciones. 

Base 9.* 

Entrarán desde luego á formar parte de este Cuerpo los ac- 
tuales Begistradores de la propiedad, y asimismo los Notarios; 
pero los que no sean licenciados ó doctores en Derecho habrán 
de servir precisamente en Juzgados municipales que tengan 
demarcados dos ó más Jueces, y no podrá repartírseles otros 
asuntos que los propíos del ejercicio de la fe pública y de los 
Registros. La proporción entre el número de estos Jueces no 
letrados y el total de titulares asignados á un J.uzgado muni- 
cipal DO podrá exceder en ningún caso de la mitad. 



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i DE LEOISLAaÓM 

Base 10. 

^e orden no adquirirán derecho á pen- 
itíaSy viudedades ni orfandades. En 
ontepío, administrado por el Cuerpo 
latronato del Gobierno, 
lecer á ¿1. El «Presidente de la Justi- 
[ación trimestral la cuota que corres- 
os los funcionarios del Cuerpo. 

Base 11. 

Juzgados municipales todos los ne- 
mtaria y de la contenciosa cuyo co- 
liora á los Jueces municipales y á los 

Base 12. 

í declarativos en primera instancia el 
le arbitros que los contratantes hayan 
brómente en sus respectivos conve- 
m al tiempo de su ejecución; y en su 
irbitradores que se formará en cada 
Juez municipal y será presidido por 
I redactará por escrito, 
cios y negocios civiles conocerá en 
; municipal, unipersonalmente. Bus 
ts. 

Base 13. 

) de asuntos en grado de apelación, á 
ribunal de derecho, que será colegía- 
Jueces de apelación y el municipal 

otes de recusación de los Jueces mu- 
lestiones de competencia que se pro- 



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SOBRE BEORGANIZACIÓN DEL NOTARIADO 119 

muevan entre ¿8to8, cuando pertenezcan al mismo partido jn- 
-dicial; el propio Tribunal de derecho, compuesto de tres Jue- 
ces de apelación 6 de dois Jueces de apelación y uno munici- 
pal qne no sea el recusado ni ninguno de aquellos á quienes 
afecta la declinatoria propuesta ó la inhibitoria intentada. 

Las aenten cías del Tribunal de apelación serán siempre ra- 
zonadas. 

Base 14. 

Corresponderá al Presidente de la Justicia decidir las com- 
petencias que se susciten entre Tribunales de apelación y en- 
tre Juzgados municipales de partidos judiciales diferentes, y 
conocer de los recursos de responsabilidad que se promuevan 
contra toda clase de Jueces. 

Ba$e 15. 

La sustanciación se ajustará, cuanto sea posible, al tipo 
del juicio oral, suprimiendo del enjuiciamiento vigente todas 
aquellas formalidades y diligencias y todos aquellos escritos 
que no sean estrictamente indispensables para la fijación y 
permanencia de la prueba y de las pretensiones y alegaciones 
sustanciales de las partes. No se admitirá réplica sino en el 
caso de que se haya opuesto reconvención. Las cuestiones in- 
cidentales se tramitarán, por punto general, en pieza sepa- 
rada, sin suspender el curso del juicio en lo principal. 

Base 16. 

Los que fueren parte en juicios civiles no tendrán forzosa- 
mente que ser representados en ningún caso por Procurador ni 
dirigidos por Letrado. 

Base 17. 

Queda suprimido el recurso de casación, y no se creará en 
logar suyo ningún otro. 

El Presidente de la Justicia sistematizará la «jurispruden - 

<ia de los Tribunales» en una instituta clara, según el orden 



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DE LEGISLACIÓN 

blícará una edición nueva de ella: 
lición, hecha á yista de todas las 
08 Juzgados 7 Tribunales civiles 

(ase 18. 

le títulos reales de propiedad y de 
indiciones especiales de la propie- 
iombinación ideada por Sir Torren» 

>» y para que sirva mientras no 
i formará, bajo la dirección de los 
;i pales, y en un plazo que no ex- 
ramiento de la riqueza inmueble 
íso que los existentes, en el cual 
iignadas con un número córrela- 
ñas, y localizadas en el término 
á las carreteras y caminos conti- 
3nte medidos y miliados. 
orrerán por ahora á cargo de los 

ase 19. 

y de posesión se expedirán cuanda 
I los soliciten, previo examen déte- 
Registro y de las demás pruebas 
. acreditar el dominio ó la posesión 
ida finca. No se harán constar en 
potocas, gravámenes, ni níngona^ 
I contenidos en los libros de la an- 
cas, los cuales se darán por no 
yan sido trasladados, á instancia 
, 6 lo fueren durante el tiempo que 
se anterior, para la formación de 



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BOBRE BEOBOANIZAOÓM DEL NOTARIADO 121 

De cada título se harán dos ejemplares enteramente ¡gna- 
1e« y macices ambos: uno, qne ha de entreg^arse al propíeta» 
rio ó poseedor, y otro, qae se ha de depositar en el archlTO 
del Jazgado, en el cual constituirá un folio suelto del libro 
de la propiedad inmueble. 

Base 20. 

Una vez terminados los Amillaramientos en las condiciones 
expresadas, no podrán verificarse cambios en ellos, como tam* 
poco celebrarse contratos solemnes, eficaces contra tercero, 
sobre bienes inmuebles, sin que previamente se constituyan 
loe respectivos títulos de propiedad ó de posesión. 

Las transmisiones de dominio de los inmuebles y derecho» 
reales, así como la constitución de éstos y su cancelación, se 
harán constar, no en escrituras aparte, sino á continuación 
del título, así en el ejemplar móvil como en el archivado. Sin 
embargo, cuando se cancelare alguna carga, se librará un tí- 
tulo nuevo, recogiendo é inutilizando el antiguo, si el propie- 
tario lo solicitare. 

Se regularán en la ley los efectos que ha de producir la 
pignoración de los títulos de propiedad y de posesión. 

Base 21. 

Bntre el Amillaramiento y el Registro de los títulos de pro- 
piedad y de posesión, ha de existir constantemente la más per- 
fecta correspondencia, así en lo tocante á la numeración de las 
fincas como á su descripción, cabida y demás. En cada uno de 
ellos se hará referencia á la hoja que ocupa en el otro la finca 
respectiva. Siempre que por consecuencia de contratos, parti- 
ciones, agregaciones, segregaciones, expropiación, fuerza ma- 
yor ó caso, fortuito experimenten las fincas alguna alteración 
qae afecte á los títulos, se tomará inmediatamente y de oficio 
razón de ella en el Amillaramiento. 

Base 22. 

Los títulos Sé posesión se cambiarán en títulos de propie- 



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EBVI8TA DE LEGISLACIÓN 

í veíate años de su fecha, á menos de que existiere 
e y anotada en el duplicado correspondiente del Re- 
gona reclamación. Se computará para este efecto el 
ue la posesión Heve inscrita en el actual Registro de 
dad. 

Base 23. 

stado garantizará la validez y eficacia de los títulos de 
d contra toda reclamación de tercero, cuando hubie- 
librados previa formación de plano de la finca respec 
ingeniero, arquitecto, topógrafo, maestro de obras ó 
sor, é instrucción de un expediento análogo al de li- 
de la actual ley Hipotecaria, en que se acredite á sa- 
1 del Juzgado respectivo y del Presidente de la Justí- 
minio del demandante y las limitaciones ó grávame- 
lo afecten. Contra la resolución del Juzgado muníci- 
g^ndo la constitución de título de propiedad con el 

del seguro, podrán alzarse los interesados ante el 
i del partido respectivo. 

»s títulos de esta clase se hará constar la circunstancia 
'se asegurados por el Estado. Llevarán, además, dibn- 
3I anverso el plano de la finca respectiva. Una copia 
la del mismo plano será incluida en la hoja del Ami- 
lito correspondieorte á la finca de que se trata. 

prima del seguro, exigirá el Estado por una sola vez, 
o de constituirse el título, una cantidad que no exce- 
ahora del 0,30 por 100 del valor de la finca. Los iu> 
or este concepto constituirán un fondo especial, admi- 
por el Presidente de la Justicia. 
Indose de fincas cuyo título se halle asegurado en esta 
[as acciones reivindicatorías habrán de dirigirse, no 
[ poseedor, sino contra el Estado, representado por la 
d económica de la provincia, y se deducirán ante el 
municipal del logar en que radique la finca ó ante el 
pital de la provincia, á elección de los demandantes. 



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80BBE ItEOBGAinZACIÓN DEL NOTARIADCÍ 123 

Cuando una demanda de esta claie prospere, el Presidente de 
la Justicia entregará ó remitirá al actor por conducto del Juz- 
gado mnnicipal respectiTo el talor de la ñuca en metálico. Si- 
multáneamente^ el propio fnncionarioy en nombre del Estado, 
repetirá por acción personal contra quien corresponda. 

Base 24. 

Además deja hipoteca común, admitirá y reglamentará la 
ley la hipoteca preconstituída á nombre del propietario, sin 
relación á deuda ú obligación determinada, como derecho ex- 
clnsiramente real, y no accesorio, que afecte sólo al inmueble 
sobre que se constituya y no á la persona del propietario. 
Cuando éste lo solicite, el Juzgado municipal respectivo le ex- 
pedirá una ó más cédulas representatiyas de la hipoteca ya 
^^nstituída ó que en el mismo acto se constituya, las cuales 
podrán ser, en cuanto á sus efectos, de dos clases: negociables 
mediante acta ó por endoso, y al portador. 

Las cédalas hipotecarias tendrán el mismo valor real que 
el título de propiedad á que se refieran; por lo cual la emisión 
de ellas, así como su cancelación, deberá hacerse constar en el 
título mismo y en su duplicado del archivo municipal. 

Se ordenará en la ley el procedimiento que ha de obser- 
varse para la cancelación ó liberación de estas hipotecas cuando 
no sea conocido el acreedor, ó tenedor de las cédalas emitidas 
y no recogidas. 

Base 25. 

En caso de hurto ó extravío de títulos de propiedad 6 de 
cédulas hipotecarias, se librarán en su lugar otros enteramente 
iguales, después que aquéllos hayan sido declarados nulos por 
auto del Tribunal competente, en un expediente análogo al 
que previene el Código de Comercio para el caso de robo, 
hurto 6 extravío de documentos de crédito y efectos al por^ 
tador. 



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REVISTA DE LEGISLACIÓN 

Base 26. 

¡1 Registro de títulos de propiedad ; el Amillaramiento se- 
páblicos en los mismos términos que el actaal Registro de 
opiedad. 

^ara los testamentos, escritoras de obligación personal, 
locimientos, poderes, actas y demás documentos «no ins- 
bles;», se formará protocolo reservado en las condiciones 
decidas por la legislación notarial vigente; pero se simplí- 
i su redacción, reduciéndolos á lo estrictamente indispen* 
). No se incluirán en ellos las <^Hdvertencias notariales», 
que se entregarán impresas á las partes en hoja suelta, 
. acto del otorgamiento, y se unirán á las copias, dando 
ello el Juez autorizante en la escritura misma, 
e imprimirán anualmente los índices por orden alfabética 
18 instrumentos autorizados durante el año. 

Base 27. - 

■08 que contrataren por documento privado sobre materia 
QO sea propiedad inmueble ó algún derecho real, podrán 
certidumbre y autenticidad á su fecha presentándolo en el 
ado para que se tome razón del día de su presentación en 
cumento mismo y en un libro especial análogo al Libro 
ador del Notariado actual. 

Base 28. 

os impuestos que graTen las transmisiones se exigirán, 
¡smo que el del timbre, en el acto del otorgamiento ó de 
ssentación é inscripción del contrato y en la misma ofi* 
del Juzgado. Sin embargo, tratándose de transmisión de 
)9 6 de constitución de derechos reales, deberá concederse 
partes que lo soliciten una espera de hasta tres meses, 
pre que dejen en prenda el título de propiedad objeto del 
6 contrato. Pasado dicho plazo sin haber satisfecho lo 



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SOBRE REOBGANIZACIÓN DEL NOTARIADO 125 

a<leudado, se hará efectiyo en la Tía de apremio por el Juz- 
gado mismo. 

En todo oasoy la constítoción de los títulos de propiedad y 
de posesión se hallará exenta de todo impoesto, ínclaso el del 

timbre. 

Base 29. 

Habrá en cada población un ediñcio aislado, con nombre 
de ForOj destinado exclnsivamente á los servicios del Juzgado, 
jdaticia manicipa!, fe pública y registros civil y de la propie- 
dad. En este ediñcio habrá de habitar el Jaez, ó la mitad 
cuando menos de los Jaeces^ si f aeren dos ó más. En previ- 
sión de an incendio, se procurará que los Archivos ocupen 
Qn ala ó nn pabellón aislado del cuerpo mayor del edificio, y se 
dispondrá próximo á él un depósito de agua y una bomba, que 
ha de manteaerse constantemente en estado de prestar ser- 
vicio. 

El Presidente de la Justicia dispondrá lo más conveniente 
«n cada caso, autorizando á los Ayuntamientos para levautar 
un empréstito por el coste presupuesto de la construcción, so- 
bre la base del alquiler anual que han de satisfacer los Jueces 
por la habitación ó habitaciones que ocupen; ó bien, cele> 
brando contratos con particulares que se obliguen á construir 
el edificio de cuenta propia y á darlo en arrendamiento á la 
Administración por un plazo largo; ó creando un timbre espe- 
cial, exigible en todo acto, y cuyos tipos no podrán exceder 
de 5, 10 y 25 céntimos de peseta. 

Base 30. 

Quedan suprimidas las vacaciones de todas clases, salvo 
la de loe domingos. Podrán concederse licencias por causa de 
enfermedad, dentro de limites fijos, á condición de que los 
Jaeces que las obtuvieren habiliten á sus expensas sustitutos 
pertenecientes al Cuerpo judicial que se hallen excedentes ó 
«n expectación de destino. 

Joaquín Costa. 



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5 RESERVABLES * 



II 

JETOS Á ESTA RESERTA 
.rticnlos 908 y 909.) 

Código civil son relativamente claras 
asta copiar los artículos 968 y 969. 
le la reserva impuesta en el art. 811 1 
se á segundo matrimonio, estará obli» 
os y descendientes del primero la pro- 
t qtie hayck adquirido de su difunto consor* 
eñión intestada, donación ú otro cualquier 
a mitad de gananciales.» 
lición del artículo anterior es aplicable 
tutos en él expresados^ haya adquirido el 
era de los hijos de su primer matrimo» 
do de los parientes del difunto por con* 

I antiguas cuestiones que existían en 
) bienes que adquiere el padre por he- 
ijos, están sujetos por completo á la 
sin exceptuarse, por consiguiente, el 
»n, que el padre recibía, ó la mitad que 
:j)resa voluntad de su hijo, como cual* 

cDo anterior de 1» Revista. 



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BnafES BE8ERVABLE8 127 

Bn cuanto á lo que el bínubo adquiere de sub nietos y de- 
más descendienieSy el arL 969 no declara nada expresamente. 
L» palabras con qm tamnma al extender las reservas á los 
Imaes habidos de loe parientes del difunto, por consideracickr 
á éste, no resuelven la cuestión, porque sólo en rarísimos casos 
podrá aplicarse á lo que procede de los nietos, toda vez que lo 
que el bínubo pueda adquirir de estos descendientes, lo adqui> 
riiá siempre, no por consideración al difunto, sino como as- 
cendiente y por consideración á él mismo. El art. 811 esta- 
blece otra reserva completamente distinta. Bn virtud de ese 
articulo, tendrá el ascendiente la obligación de resecar lo que 
heredare de sus descendientes en favor de sus hijos, como pa- 
rientes dentro del tercer grado de uno y otro; pero los bienes 
han de ser heredados, no adquiridos por otros títulos lucrati- 
vos y procedentes de otro ascendiente ó de un hermano, siendo 
entonces reservables en todo caso, aunque no exista segundo 
matrimonio. Este artículo no resuelve, por consiguiente, la 
duda, porque si bien resultará en algunos casos que el bínubo 
reservará en favor de sus hijos bienes procedentes de un nieto,. 
no serán todos los que adquiera, ni aun todos los heredados 
del mismo, ni la reserva dependerá de las mismas condicio- 
nes, sino de otras distintas. La sentencia de 11 de Marzo 
de 1861 aclaró esta duda, que también se presentaba en el de- 
recho antiguo, sí puede decirse aclarar el emitir una opinión 
de las que podían aceptarse. Según el Tribunal Supremo, aun- 
que en la palabra hijos suelen comprenderse los nietos, esta 
no puede admitirse en aquellas materias que por su natura- 
leza deban interpretarse en sentido restrictivo, y por tanto, loa 
bienes que el abuelo que contraiga segundas nupcias hubiese 
adquirido por herencia de sus nietos, no están sujetos á re- 
serva, porque la ley 16 de Toro sólo habla de lo heredado de 
los hijos, y esta ley debe interpretarse en sentido restrictivo. 
La expresada sentencia de 11 de Marzo de 1861, aunque an- 
tigua, puede decirse que es de actualidad, porque resuelve un 
punto que sigue presentándose dudoso, sin que se hayan álte- 



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GISLAaÓN 

Aun sin ella asi debería c>o- 
del Código civil sólo habla 
Ipirído de cualquiera de los 
[c los demás descendientes, y 
ce la teserya en favor de los 
', 974 y 975 se emplean las 
í hubiera dejado también de 
ion hubiera sido extender la 
adquiridos por cualquier tí- 
es que no son hijos. Para el 
3 no van comprendidos los 
ar de éstos, además de los 
» luego no son recervables loe 
sus nietos, biznietos, etc. 
ida su mitad de gananciales, 
procedente dé su consorte ni 
^servar la parte de ganancia- 
age premuerto ó sus herede- 
ado al sobreviviente por loa 

e refiere el art. 811, veremos 



IVABLES. — su ENAJENACIÓN 
74, 975 y 978.) 

10 ha cambiado; pero se han 
ó viuda adquiere los bienes 
[es con las mismas límitacio- 
»minio se halla afecto á la 
I, solamente que cuando no 
rimonio, si enajena los bie- 



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BIENES BE8ERVABLES 129 

nes, no responde de los mismos objetos enajenados, sino de su 
Talor, para que no sufra perjuicio el tercero. 

La3 transmisiones de dominio que haga el viudo antes de 
pasar á segundas nupcias, no llevan consigo condición resolu- 
toria alguna. Las que verifique de bienes inmuebles después 
de casado segunda vez, si se hallan afectas á esa condición; 
pero el hecho incierto del que depende su eficacia, ó sea la ex- 
tinción del derecho, ya es uno solo: el que á la muerte del 
t>inubo existan ó no hijos suyos legítimos de su matrimonio 
anterior; porque el otro hecho, las segundas nupcias, ya estaba 
verificado, y siendo pasado y conocido, no es para los terceros 
condición. 

En efecto, el CJódigo ciyil distingue entre los bienes reser- 
vables muebles y los inmuebles, y respecto á éstos, entre las 
enajenaciones hechas por el viudo ó viuda antes ó después de 
su segundo matrimonio. Las enajenaciones de los bienes mue- 
bles reservables son válidas en todo tiempo, salva siempre la 
obligación de indemnizar. (Art. 976.) Las de los bienes inmue- 
bles son también válidas si se efectúan antes de celebrar se- 
gundas bodas, con la obligación en el viudo ó viuda desde que 
las celebrare de aseguriar el valor de los inmuebles enajenados 
á los hijos y descendientes del primer matrimonio. (Art. 974.) 
Las enajenaciones de los inmuebles sujetos á reserva que ve- 
rifique el cónyuge sobreviviente después de contraer segundo 
matrimoDÍo, subsisten únicamente si á su muerte no quedan 
hijos ni descendientes legítimos del primero, sin perjuicio de 
lo dispuesto en la ley Hipotecaria. (Art. 975.) 

Continúa en pie, pues, la distinción que antes se hacía en- 
tre los bienea reservables y los ya reservado^, y por tanto, hoy 
como entonces, los bienes adquieren el carácter de reservables 
condicionalmentedesde el momento en que muere el cónyuge 
de quien proceden, ó si provienen de los hijos, desde el mo- 
mento en que pasan al dominio íel padre ó madre sobrevi- 
viente; y el carácter de reservados, también condicionalmente, 
lo adquieren los bienes desde que el viudo ó viuda contrae se- 

TOXO 89 9 



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' Nw^ir^l 



BEVI8TA BE LEGISLACIÓN 

matrimonio. Eetos dos tiempos se confunden cuando 
és del segundo matrimonio se adquieren bienes de un 
mtonces quedan desde luego reservados, sal 70 la excep- 
el último párrafo del art. 970. El art. 974, al hablar de 
ajenaciones hechas antes de las segundas nupcias, se. re- 
íos bienes reservables, y no emplearía esta denomina 
i el carácter de reservables lo adquiriesen los bienes al 
arse las segundas bodas. Además, si no fuesen reserva- 
3sde su adquisición, esto es, si su dominio se transmi- 
1 viudo ó viuda sin la doble condición resolutoria de que 

lugar me he ocupado, no se explicaría el que tuviese 
Bponder de su valor, porque si hasta el segupdo matri- 

eran suyos libremente y no estaba pendiente la condi- 
ibremente podría' enajenarlos siü incurrir ea la obliga- 
e indemnizar el valor de .los muebles y de asegurar el 
inmuebles. Lo que ocurre, según queda dicho, es que si 
lo ó viuda los enajena antes de contraer segundo matri- 
, la transmisión de dominio se efectúa puramente á ía- 

1 tercero y sin condición, alguna resolutoria, y si los ena- 
[espuéSi las segundas nupcias son sólo el motivo, la 
ieterminante de la condición, y la condición es el que 
uerte del bínubo existan ó no hijos del matrimonio an- 
De otro modo: que los terceros adquirentes sólo tienen 
servar cuando adquieren bienes inmuebles de un binu- 
biendo hijos de anterior matrimonio, porque sólo en- 
adquieren con esa condición. Además de lo dicho, de 
asi, los bienes muebles nunca serían reservables, y hol- 
por tanto, cuanto sobre ellos dispone el art. 97fi y los 977 
leí CJódigo civil. 

ique el art. 976 sólo impone al viudo ó viuda la obliga- 
I indemnizar, el Código no se contenta con esto, puesto 
ser posible, tiene que asegurar con hipoteca la devolu- 
1 precio que recibió por los bienes muebles, ó la entrega 
alor en la época en que se enajenaron, según quo se ve- 
la transmisión por título oneroso ó lucrativo. Así k> 



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BIENES RE8EBVABLB8 131 

preceptúa el número 3.^ del art. 978, por lo que Be ye que, ya 
66 trate de muebles ó inmueblee^ el bínubo tiene que asegu- 
rar á sus hijos y descendientes «u valor, sin que baste á la ley 
la simple obligación de indemnizar. 

El yiudo ó viuda, aunque contraiga segundas nupcias, con- 
serva hasta su muerte el usufructo enteramente libre de loe 
bienes reservables; por esto también, hasta que ocurra su fa- 
llecimiento, los terceros adquirentes usufructúan libremente 
esos bienes. £n cuanto á la nuda propiedad, corresponde al 
viudo ó viuda, y en su caso al tercero, condicionalmente; esto 
es, sí no sobreviven hijos del primer matrimonio; por eso pue- 
den enajenar loe bienes reservables; pero pendiente, hasta que 
86 resuelva, la misma condición. 

Esa nuda propiedad es la que se reserva á los hijos y des- 
cendientes que, mediante el cumplimiento de lá condición, 
serán en su día los verdadero^ dueños de los bienes; y como el 
derecho no corresponde á un hijo determinado, sino á todos, 
es lógica la disposición del art. 972, que faculta al binubo para 
mejorar en los bienes reservables á cualquiera de loe hijos y 
descendientes del primer matrimonio, no en cuanto á todos los 
bienes, sino en cuanto á su tercera parte, pues si dispusiese de 
todos en favor de algunos, quedarían los demás despojados de 
un derecho que la ley les reconocía. 

Cuando el padre ó madre no han usado en todo ó en parte 
de la facultad de mejorar, dispone el art. 973 que los hijos y 
descendientes sucedan en los bienes sujetos á reserva, conforme 
á las reglas prescritas para la sucesión en linea descendente, 
aunque por virtud de testamento hubiesen heredado desigual* 
mente al cónyuge premuerto, ó renunciado su herencia. Mo 
usar en todo de la facultad de mejorar, es simplemente no usar 
de esa facultad; no usar en parte^ es disponer sólo para mejo- 
ras de una porción menor de la total que se destina á ese fin. 
8i se entendiese de otro modo, no usar en todo seria no dis- 
poner de todo, y podría deducirse que los bienes reswvables 
podian destinarse todos á mejoras lo cual es un absurdo. 



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BEVISTA DB LEGISLACIÓN 

ique en los bienes libres, los padres pueden disponer de 
ira parte aun en favor de extraños, y, por tanto, dejar 
jo el tercio de mejora y el tercio de libre disposición, 
I es aplicable á los bienes reservables, respecto á los 
los padres no pueden disponer libremente de nada, 
scepción, se les permite que puedan mejorar á sus hi- 
: lo que es claro que la mejora no puede exceder de la 
parte, que es la porción que el art. 823 destina para 

da expuesta la naturaleza de las reservas, y los derechos 
paciones del viudo ó viuda en los bienes reservablee; . 
in examinar el valor de las enajenaciones realizadas, y 
;ho que puede corresponder á los hijos y descendientes 
le, cumplida la condición, pasen á su poder los inmue- 
^uiridos por terceros, 

^ el art: 975, las enajenaciones de inmuebles hechas 
ánubo, subsisten, ó no subsisten, según que á su muertt 
ó no hijos ó descendientes del primer matrimonio, 
ajenaciones, ¿son nulas ó rescindibles? La acción que 
los hijos, ¿es de nulidad ó de rescisión, llámese ésta 
ria ó rescisoria? 

r. López Mazón, Registrador de la propiedad de Torre- 
en el informe emitido en el Congreso de Registradores 
iago sobre tres puntos dudosos en materia de reservas, 
bre este particular lo siguiente: 
proyecto de Código de. 1851 no distinguió las enajena- 
e bienes inmuebles hechas antes ó después de las nue- 
íias del viudo ó viuda para los efectos de su validez: 
as eran nulas, aun cuando reconoció que podían que- 
istentes. Solamente las distinguió al efecto único de 
ó no el precio de la enajenación al adquirente. El Có- 
mte las distingue, declarando válidas las hechas por 
ó viuda, é implícitamente nulaü las hechas por el bi- 
e á eso equivale el negarles subsistencia, á no ser para 
acierto de no existir, á la muerte del enajenante, hi- 



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BI£N£fi BE6ERVABLB8 183 

jofi Ó deecendientee legítimoe, ó sea para el caso en que, ce- 
sando la reeenca, se oonyierte el transferente en propietario de 
lo6 bienes que fueron reRervables.» 

cCon lo que ambos tezkm han atendido más á la estabili- 
dad de loe contratos que al rigor de los principios. Puede ser, 
pues, por esta transacción, que lo que es nulo se convalide; 
pero mientras la convalidación no venga, la nulidad existirá.» 

€ Ahora bien: anotada en el Registro de la propiedad la ca- 
lidad reservable de los inmuebles, el tercero que inscribiese, 
cae de lleno en el art. 33 de lá ley Hipotecaria, sin el beneficio 
que excepciona el art. 34; y por lo tanto, los hijos y descen- 
dientes legítimos no pueden ser defraudados.» 

Esta opinión no me parece admisible. Yo creo que no existe 
tal nulidad, ni pueden tener aplicación á este caso los artícu- 
los 83 y 34 de la ley Hipotecaria. 

Es nulo todo acto sin eficacia legal alguna, todo acto que 
desde su nacimiento lleva consigo un vicio que lo destruye y 
lo invalida; lo que nunca ha podido existir legalmente, ni pro- 
ducir efectos, por falta de algún requisito ó elemento esencial; 
lo que en rigor no depende de la voluntad de las partes, ni por 
ella puede borrarse, ni prevalecer por transcurso del tiempo. 

Es rescindible, un acto válido en su origen que puede anu- 
larse en virtud de alguna circunstancia, por la voluntad de al- 
guno de los interesados en él; un acto que nace con vida pro- 
pia, que surte todos sus efectos hasta que se pide su anulación 
por virtud de alguna reserva legal ó voluntaria; lo que pudo 
I^ahnente existir y subsiste siempre si los interesados quie- 
ren que subsista, porque siendo un derecho exclusivo de ellos 
el pedir la rescisión, pueden renunciarlo, ó dejar pasar el 
tiempo marcado sin entablar reclamación. 

Loe preceptos legales alteran algo el rigor de los principios; 
pefo la esencia sigue siendo la misma. Lo nulo nace ya con un 
vicio, le falta algo esencial; lo rescindible es válido en su ori- 
gen, y produce como tal acto válido, sus naturales efectos. 

Ahora bien; las palabras del Código civil no declaran las 



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31169 de inmuebles hechas por el bínubo, ni nulas, ni 
es; pero si expresan que esas enajenaciojies sólo sub- 
no quedan hijos. Subsistir es continuar existiendo, 
er, quedar estable, conservarse; lo que subsiste es 
a antes, y viceversa, lo que existía y deja de exis- 
3 existiendo no permanece ni se conserva, es loxjue no 
$í, pues, las enajenaciones subsisten cuando no sobre- 
)ínubo hijos del primer matrimonio, es que ya antes 
;ía su existencia, luego ya antes eran válidas. Podrá 
le no es lo mismo existir que tener validez; pero claro 
ley no se refiere en la palabra subsistir á la realidad 
leí hecho de la enajenación, sino á su existencia y 
Bgal, y siendo esto asi, como lo que es nulo en su 
í puede llegar á ser válido por el transcurso del tiem- 
Código considerase nulas esas enajenaciones, no las 
la después subsistentes'por el hecho incierto y casual 
quedasen hijos. Viceversa, cuando quedan hijos y 
en, no es que se reconozca su nulidad, lo cual sería 
secuencia, sino que actos válidos dejan de producir 
ales efectos, mediante la circunstancia de quedar 
atando con la voluntad de éstos; en suma, que esos 
íscinden. 

ba atendido, pues, más á la estabilidad de los contra- 
rigor de los principios, sino que se han hermanada 
L circunstancia; no se convalida lo que es nulo, sino 
}te lo que era válido; ni existe la nulidad mientras no 
íon validación, sino que el acto signe siendo válida 
no se rescinde. ¿Cómo se explicaría, no siendo así, el 
¡os mayores de edad pudiesen renunciar ese derecho 
L la ley, y á su arbitrio, convertór en válido lo que se 
ira nulo? Ni ¿qué requisito ó elemento esencial falta á 
naciones para que se puedan considerar nulas en su 
Cs que el bínubo enajena lo que no le pertenece? Si la 
ón fuese pura, ciertamente; pero se trata de una enaje- 
mdicional, y el bínubo da lo que tiene, que podrá 



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BIENES BE8ERVABLKB 135 

«er todo ó nada, según que el hecho incierto se realice ó no. 

Ya lo hemos dicho, se trata de una transmisión de dominio 
<x>n condición resolutoria, por lo que la enajenación hecha por 
el bínubo, previo cumplimiento de las prescripciones legales, 
que es el caso de que debemos ocupamos, es tan válida como la 
que puede hacer el comprador con pacto de retro dentro del tér- 
mino en que el vendedor puede devolver el precio y recuperar 
eus bienes. Luego no hay motivo para considerar nunca nulo 
él acto de la enajenación. 

Si á la muerte del binubo quedan hijos ó descendientes, és- 
tos pueden recindir la enajenación de inmuebles hecha por su 
ascendiente después de contraer segundo matrimonio. 

¿Tendrán que emplear una acción resolutoria ó rescisoria? 
Una y otra se aplican á los actos rescindibles ó revocables, no á 
los nulos en su origen, de modo que la cuestión importa poco. 
Puesto que la transmisión se hizo con condición resolutoria, la 
acción debe ser también resolutoria; encaminada á resolver, á 
desligar, á dejar sin fuerza la transmisión condicional veri- 
ficada. Que la distinción de las unas acciones con las otras de- 
pendan de que nazcan de la ley ó de la voluntad de los inte- 
resados, como afirma La Serna, ó de que imas anulen y otras 
rescindan el acto realizado, como opinan los Sres. Galindo y 
EscoBura, es indiferente, siempre sin embargo, que no se con- 
funda lo nulo en su origen con lo anulado por hechos posterio- 
res, poi'que son dos actos distintos, dos cosas diferentes, y la 
ley Hipotecaria lo comprueba así al tratar de los actos tíulos 
en los artículos 38 y 84, y. de los anulados y rescindidos en los 
artículos 36 al 41 inclusive. 

Si lo anulado se entendiese que es lo nulo, la acción que 
corresponde á los hijos 'en el caso que nos ocupa debe llamarse 
rescisOTia; pero yo no lo considero así. 

Con extrañeza vemos que el Código civil, en sus artícu- 
los 1S95 y 1303, iguala los efectos de la rescisión con los de la 
nulidad^ quizás por considerar como nulidad lo que no es más 
^ue anulación, pues verdaderamente nulos son los contratos en 



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REVISTA DE LEGISLACIÓN 

litan los requisitos que exige el art. 1261, y de esos no se- 
. más que para decir que no pueden ni confírmarse por un 
rálido posterior. 

a como sea, el art. 1123 del mismo cuerpo legal señala. 
Bctos de las condiciones resolutorias. Los adquirentes de 
3 reservables deben restituir los inmuebles que se les 
aaron. Si la cosa se perdió sin su culpa, no tienen que 
rerla, y si se perdió por culpa suya, quedan obligados á 
iemnización de daños y perjuicios. Respecto á los deterio- 
le las fincas hayan experimentado, se hace la misma dis- 
n, respondiendo ó no de ellos el que debe restituir, y en^ 
o á las mejoras, si provienen de la naturaleza ó del tiempo» 
en beneficio de los hijos ó descendientes, y si han sido 
s á expensas del deudor, tiene derecho á retirarlas, si es 
e hacerlo, sin detrimento de los bienes; pero no puede 
L reclamar indenmización. 

art. 975 del Código civil termina con estas palabras^ 
perjuicio de lo dispuesto en la ley Hipotecaria», esto es,, 
que conste ó no en el Registro la calidad reservable de 
3nes, y que el adquirente inscriba ó no su derecho. No e& 
ncia á los artículos 33 y 34, sino á todos los que puedan 
Duarse con esta materia, y más especialmente ár los ar^ 
B 23, 36 y 37, y aun á los 83 y 34 en algunos casos, 
se ha hecho constar en el Registro por medio de nota 
nal, ó al inscribir, que los bienes tienen la cualidad de 
ables, cumplida la condición de que depende la reserva, 
bsistén las enajenaciones de inmuebles hechas á un ter- 
)or el bínubo, y pueden, por tanto, rescindirse, haya ó no. 
to ese tercero su derecho, porque las acciones rescisorias 
>lutorias deberán su origen á una causa que consta explí- 
lente en el Registro. (Art. 37, niim. 1.^, de la ley Hipote- 

) 

no se ha hecho constar en el Registro esa cualidad d& 
enes, el tercero puede haber inscrito su derecho ó no. Si 
inscrito, pero en el acto ó contrato por el Notario ó por 



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BIENE8 REfiEBVABLES 187~ 

lafi partee se ha expresado la cualidad reservable de lo que ee. 
enajena, en la inscripción constará también la causa de la 
posible resolución, y, por tanto, también procederá la acción,, 
y será aplicable el art. 37 de dicha ley. 

Si no consta de ningún modo, el que adquiere inscribe pu- 
ramente, y su titulo perjudica á tercero según el art. 23^ por la 
que la enajenación subsiste, y no puede entablarse contra él la. 
acción resolutoria, según terminantemente preceptúa el artícu- 
lo 36. A este caso parecen referirse principalmente las palabras 
csin perjuicio de lo dispuesto en la ley Hipotecaria», porque 
es la verdadera excepción de la regla general. 

Por último, si el tercero no inscribe tampoco, conste ó na 
en el B^istro la cualidad reservable de los bienes, el acto será 
también rescindible, si consta la reserva, porque según el ar- 
ticulo 23, el titulo del tercero no inscrito no puede perjudicar 
á loe hijos y descendientes, y si no consta la reserva, porque 
habrá de aplicarse el art. 976 del Código civil. £1 tercero sufre 
en este caso un perjuicio injusto, puesto que no consta en parte 
alguna que los bienes estuviesen afectos á condición resoluto- 
ria de ninguna clase; pero aparte de que éste es el caso de ver- 
dadera aplicación del art. 975, y de que al tercero debe serle 
imputable la falta de inscripción de su título, ese perjuicio 
ocurrirá pocas veces, porque se necesitan para ello muchas cir- 
cunstancias: que el enajenante, por ignorancia ó malicia, ocul- 
te la verdadera cualidad de los bienes; que no intervenga Nota- 
rio ó no se presente á éste el título de adquisición de las fincas,. 
lo cual hace i)osible el art. 7.^ de la instrucción sobre el modo 
de redactar instrumentos públicos sujetos á registro, y que el 
que adquiere sea tan negligente que no se entere, ni de las cir- 
cunstancias personales del que enajena, ni de la procedencia 
de loe bienes, y en este caso suya será la culpa, y más justo- 
que sufra él el perjuicio, que no los hijos ó descendientes, que 
casi nunca tendrán influencia alguna en tales omisiones. 

Podrá decirse que la enajenación hecha en esas condicione» 
€3 nula ó puede ser anulada, porgue el bínubo enajenante que 



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REVISTA DE LEGISLACIÓN 

ad de los bienes obra con dolo ó engaño, y el 
onsiente, consiente con error; pero aunque asi 
laya de reconocerse que el art. 975 se refiere 
;s enajenaciones de bienes reservables, hechas 
es reservables, y no como bienes libres, expre- 
lad y no ocultándola, es lo cierto que esa nuli- 
la al tercero, porque no se trata del caso de que 
i pedir la nuUdad, sino, al contrario, de que los 
sr esa nulidad contra él, por no haber sido ellos 
;año y sufrir perjuicios siendo interesados; de 
cho producirá los mismos resultados. Y si con 
802 del CódigO; se niega á los hijos el derecho 
dad, no reclamando el tercero, y confirmando 
acto, se convalida, según los artículos 1309 
I su verdadera naturaleza rescindible, en armo- 

ones que preceden, no ofrecen duda, á mi modo 
lo en el Registro la cualidad de ser los bienes 
ercero que inscribiese su derecho no caería de 
33 de la ley Hipotecaria, como supone el señor 
orque no inscribiría un acto nulo, sino un acto 
revocable; y si el acto fuese nulo, no lo sería 
il Registro aquella cualidad, sino por otro vicio 
yo caso, aunque no constase tal cualidad, el 
ía siempre un acto nulo. Cuando no consta do 
li por nota, ni por la inscripción de enajena* 
enes enajenados son reservables, el tercero que 
)e bien y perjudica á los hijos, y esto, aunque 
se considere nulo por mediar engaño ó error, 
otivado por un título oneroso, porque si bien 
> convalida los actos nulos con arreglo á dere- 
adquiría de quien según el Registro tenía de- 
u titulo no puede invalidarse^ según el art. 34 
»caria, aunque después se anulase ó resolviese 
aajenante, por causas que no resultaban clara- 



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BISNE8 BESEBTABLE8 139 

fnente del mismo Registro. Si la transmisión se verificó por tí- 
tulo lucrativo, no sería aplicable el referido art. 34; pero oca- 
Triría lo que se ha indicado anteriormente: el enajenante, como 
autor del dolo, no podría reclamar la nulidad; el tercero no lo 
liaría por no convenirle, y no teniendo derecho á ejercitar la 
acción más que los obligados principal ó subsidiariamente, 
eegún el art. 1302 del Código civil, la transmisión quedarla 
confirmada válidamente por el consentimiento tácito del único 
que podría entablar la acción de nulidad (arts. 1309 y 1811). 
XJna vez convalidada, renacería la verdadera naturaleza del 
acto, enajenación con condición resolutoria legal, y el título 
del tercero perjudicaría por su inscripción, con arreglo al ar- 
tículo 23 de la ley Hipotecaria, y la acción rescisoria no se 
daría contra él, en virtud del art. 36. 

Por último, aunque el Código no habla de derechos reales, 
ni distingue más enajenaciones que las de muebles é inmue- 
bles, al hacerlo así es lógico con su doctrina, ya que, según el 
art. 333, todas las cosas que pueden ser apropiadas han de con- 
aiderarse muebla ó inmuebles, comprendiéndose en el primer 
grupo las semovientes, y en el segundo, entre otros bienes, los 
derechos reales. 

COimiinuaráO 

José Mobsll, 

Begutxftdor d» 1* propi»dftd. 



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ENJUICIAMIENTO CRIMINAL 



ina del Trilnmai de Casaeión interpretando los artícnlos 655 j 73S 
de la ley de Enjuiciamiento criminal. 

1 nuestro propósito de dar á conocer con la debida opor- 
ad la doctrina de más importancia, que con la autoridad 
B es propia, ha sancionado durante el año de 1892 nues- 
ribunal de Casación en materia criminal, ofrecemos á la 
ada consideración de los lectores de esta Revista la re- 
te á la interpretación de los artículos 655 y 733 de la vi- 
I ley Procesal. 

Ueresada en sus conclusiones provisionales por el Minisierú> 
^, contra los procesados^ una pena de carácter correccional^ 
rmándose con ella el Letrado defensor^ no articulando éste 
a, ni creyendo tampoco necesaria la continuación del juicio^, 
deberá acordar la Sala, si el reo pide que se le lumibre otro 
do y que se le admita prueban 

a práctica general de los Tribunales, fundada en el silen- 
e la ley Procesal, que únicamente ha previsto este casó- 
lo el delito sea de loe de flagrante procedimiento (art. 79< 
ley de Enjuiciamiento criminal), venía siendo la de dic- 
ito declarando tener por hecha la caliñcación y ordenar la 
ga de la causa al Magistrado Ponente para el examen tart 
le la prueba articulada por las partes acusadoras. 



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ENJUICIAMIENTO CRIMINAL 141 

Sometido á la resolución del Tribunal Supremo dicho par- 
ticular, merced al oportuno recurso aducido á nombre de un 
procesado, que pidió, al no ratificarse ante la Sala, el nombra- 
miento de nuevo Letrado de oficio, mediante á que el antes 
designado no propuso prueba y se allanó con Ibb conclusiones 
fiscales, y denegada, finalmente, tal pretensión por la Audien- 
cia, el Tribunal Supremo, en sentencia de 13 de Octubre 
de 1891 , publicada en la Gaceta de 15 de Diciembre de 1892 (1), 
declaró haber lugar al recurso interpuesto, fundando su resolu- 
ción en que no hahiéndose ratificado el procesado^ conforme á la 
facultad que le otorgaba el art, 655 de la ley Procesal, en el escrito 
euquese conformó su defensor con la pena, el Tribunal, no obstante, 
cfímdencLbfa á aquél, sin haber dado lugar, como procedía hacerlo, á 
que proptisiera y practicara la prueba necesaria á su defensa. 

No creemos, á pesar de lo explícito de tal doctrina, que ha- 
yan desaparecido las .dudas surgidas, según nuestro entender, 
de un involuntario olvido de redacción en la ley; olvido salvado 
cuidadosamente en la del Jurado de 20 de Abril de 1888.— ¿De- 
berá, cabe ahora preguntar, cuando el procesado al no ratifi- 
carse lo solicite, requerir el Tribunal á la representación de 
aquél para que en el plazo que le sea señalado articule formal- 
mente la prueba? Nosotros, fuera de lo ordenado para el proce- 

(i) He aqni el hecho qne sirvió de fandamento k la notable sentencia ci- 
tida en el texto. En 10 de Agosto de 1890, Jnan Gnu Hem¿ndez, eehó do 
manos de an finca nn caballo, que encontró el dia 14 en el potrero Goea, donde 
lo Devó José Sánchez, & quien se le declara procesado. Habiéndose confor- 
mado el Letrado con las conclusiones fiscales, el acosado no se conformó con 
la pena y solicitó se le admitiese pmeba en escrito de otro Letrado. Denegada 
tal pretensión, seguido el juicio y dictada sentencia, se interpuso recurso de 
•■sacien en la forma, al cual se declaró haber lugar mediante k que, conforme 
al art. 9U, caso 1.**, de la ley de Enjuiciamiento criminal, se quebranta la 
foana denegando la admisión de una diligencia de prueba propuesta en tiempo, 
j eon mayor razón deberá entenderse quebrantada aquélla, é incluido en tal 
precepto, cuando el Tribunal, prescindiendo del trámite de prueba propuesta 
por parte del procesado, que tuviera derecho á proponerla, le condena sin 
«tte impreeoíndible trámite del juicio. — (If. deH A.) 



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142 BEVIfiTA DB LEGI6LACIÓM 

ito flagrante y causas de la competencia del Jurado, no 
evemos á responder afirmativamente. Lo que si pensa* 
que, con arreglo á la doctrina del Tribunal de Casación, 
esado tiene siempre derecho á aducir sus pruebas, salra 
^erior declaración de su pertinencia ó impertinencia, 
bien; como el acusado, cuya defensa no articuló prueba» 
puso á la calificación fiscal, haya de hacer viable ese de- 
La ley ni lo dice ni puede adivinarse el medio de suplir 
icio. 

icto de la comparecencia del reo para ratificarle ó no eiv 
to de conformidad de su Letrado, no tiene más alcance 
allanamiento ó la oposición á suñrir desde luego la pena, 
sponder ó no á las consecuencias de la indemnización, 
tra solicitud es ajena á tal trámite , y ni el acusado po- 
ducirla, ni la Sala atenderla. Únicamente en diversa 
recencia, inmediata al instante de la diligencia para la 
Tribunal ordena presentarse al procesado, ó en solicitud 
de éste, pudiera instar sobre el derecho reconocido á su 
le probar lo que le conviniere, y ya se ha visto que esto 
Dcurrido en el proceso cuyo fallo fué anulado ante el Tri* 
de Casación. 

minante y explícita ha sido la doctrina sentada por el ' 
al Supremo respecto al alcance de la facultad extraordi- 
Porgada á las Salas de lo criminal en el art. 733 de la ley 
uiciamiento. 

Lviene hacer constar, antes de exponer la doctrina del 
al de Casación: 1.^, que según la exposición de motivos 
La ley, ésta no se informa de modo absoluto en los prin- 
lel sistema acusatorio; 2.^, que la fórmula, tesis ó ter-^ 
nclusión reservadas al Presidente del Tribunal , cuando 
le la Sala que hay error en las conclusiones definitivas 
listerio público, no tiene otro objeto, según aquella ley,. 



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EHJÜICIAMIENTO CRIMINAL 143^ 

que el de evitar la impunidad del acusado, cuando el Fiscal no 
caliñcó con acierto el hecho justiciable; así como el de evitar 
que en obediencia al sistema francamente acusatorio, se dé el 
contrasentido de que los Magistrados condenen contra su con- 
vicción ó absuelvan violentando su conciencia, abdicando con 
todo ello en el Fiscal sus facultades y dejando en sus manos 
toda entera la administracic^ de la justicia (1). 

Y previas estas observaciones, veamos ahora cómo de modo 
constante viene el Tribunal Supremo resolviendo las dificul- 
tades surgidas en la aplicación del art. 733 de la ley de Enjui- 
ciamiento criminal. 

Primer caso. Absolución del acusado poí' manifestar el Fis- 
cal que no estáprobada la participación en el delito, — Entendían 
muchos Tribunales que en ese supuesto podían condenar, y 
se fundaban, tanto en que las pruebas aducidas en el solemne 
acto del juicio no podía ser el Fiscal quien únicamente las 
apreciase, sino que tal atribución era exclusiva bajo su res- 
ponsabilidad moral y legal de los Jueces sentenciadores, cuanto 
porque el legislador no quiso implantar en absoluto el sistema 
acusatorio, forzando á los Tribunales á absolver á quien ellos 
creían delincuente. Además, deducían que, según el art. 741, 
la apreciación de la prueba era privativa de los Tribunales, y 
que si retirada por el Fiscal la acusación, mediante no existir 
á juicio de dicho funcionario prueba, había necesariamente 
que absolver, se daba paladinamente el caso de la absolución 
de un delincuente, tenido por tal según la conciencia de tres 
Magistrados, debido todo ello á que el Fiscal no entendió pro- 
bado lo que ante el criterio del Tribunal era evidente. Cierto, 
se deda, que la fórmula del art. 733 no podía emplearse jamás 
en lo respectivo á la participación del acusado, como no es 
utilisable eil lo que se relaciona con las circunstancias agra- 
vantes ó atenuantes; pero así como no se ocurría pensar que 

(1) Ssposieión k la ley de Eignioiamiento oriminal de 1868, edición ofioial 
páginae aO y 21. 



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144 REVISTA DE LEGISLACIÓN 

110 por ello el Tribunal se viese privado de elevar el gradd de 
la pena estimando las agravantes tenidas ó no en cuenta por 
el Fiscal; de igual modo también se llegó á creer que la ley no 
prescribía la tesis en el extremo referente á la imputabilidad» 
porque existiendo un delito, reconocido por las partes acusa- 
doras, la prueba de la participación ó no participación de los 
acusados era privativa de la Sala, ya que es indiscutible que 
la ley no reconocía en absoluto el sistema acusatorio, cuyos ín- 
éonvenienteSy en asi admitirle, habían puesto de relieve insignes Ma- 
gistrados encanecidos en la administración de justicia. (Expos. de 
motivos de la ley de 1882.) 

El Tribunal de Casación ha resuelto de manera conclu- 
yente, sin embargo, que se incurre en quebrantamiento de 
forma cuando ee impone pena á un procesado habiendo soli- 
citado el Ministerio fiscal su absolución, por estimar que no se 
había probado la participación de aquél en el delito; lo cual 
entiende el Supremo es de todo punto contrario al espíritu y 
texto de la ley Procesal. (Sent. de 7 de Enero de 1891, inserta 
en la Gaceta de 8 de Marzo de 1892.) Tal doctrina había sido 
sentada ya de manera concluyente en anteriores sentencias 
de 13 y 14 de Enero, 15 de Febrero, 13 de Marzo, 7 de Abril, 
5J0 de Junio y 14 y 18 de Noviembre de 1890, 7 y 31 de Enero, 
17 de Febrero, 3 de Marzo, 6 de Abril y 30 de Junio de 1891, 
reconociendo el Tribunal de Casación que no es legalmente po- 
eible que el procesado sea condenado por delito de que no haya 
sido previamente acusado, ni aun haciéndose uso de la facultad 
otorgada por el art. 733; puesto que la ley se informa en el 
procedimiento acusatorio, y los términos de dicho artículo no 
consienten sea aplicado á la participación de los procesados en 
el delito. 

Segundo caso. Absolución del acusado por creer el Fiscal de- 
mostrada la existencia del delito , ó entender que Iqs hechos procesa- 
les no lo constituyen. — Tampoco procede el uso de la fórmula del 
art. 733, no obstante que algunos tribunales extendían la tesis 
al caso en que la parte acusadora, creyendo que los hechoi 



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ENJUICIAMIENTO CBIMINAL 145 

procesales no eran punibles, retiraban la acusación. Fundá- 
banse para ello, en que, al ser propuesta la tesis, se discutía el 
delito que la Sala creía existir' por medio de una tercera oon- 
dosión propuesta por el Presidente; y suponíase, además, que 
envolvía error, y error sustancial, la calificación Fiscal, no 
porque en lugar de un delito se calificase otro de menor enti- 
dad, sino precisamente porque se negaba de modo erróneo un 
delito evidente. 

•La doctrina del Supremo no permite ya tal distinción. 
Solicitada por el Fiscal, dice la sentencia de 13 de Enero 
de 1891, Gaceta de 8 de Marzo de 1892, en el acto del juicio la 
libre absolución, por no existir delito, y hecho uso por el Pre- 
sidente de la fórmula del art. 733 de la ley de Procedimiento, no 
por ello puede dictar la Sala sentencia condenatoria: 1.®, por- 
que faltó la acusación, y ésta es un término indispensable del 
juicio y base fundamental del mismo, dado el sistema acusa- 
torio en que la ley se inspira; y 2.*^, porque la fórmula del ar- 
ticulo 733^ C9mo limitación á dicho sistema, alcanza solamente 
al error manifiesto en la apreciación del hecho punible, pero 
nunca al de negación del mismo; doctrina que ya venia sus- 
tentando el Tribunal Supremo en sentencias de 10 de Mayo 
de 1889 y otras muehas publicadas en las Gacetas de 1892. 

Nosotros, ante tan respetable interpretación del art. 733 de 
la ley de Enjuiciamiento criminal, sólo desearíamos que se 
reformase el art. 142 de la ley de Enjuiciamiento criminal 
para cuando la acusación fuese retirada, ordenando el sobre- 
seimiento inmediato en tal caso, porque ni se concibe enton- 
ces la acertada manera de redactar las sentencias con arreglo 
á dicho formulario, ni vemos necesidad de sentencia para la 
cual se otorguen tres días de término (1), ni^ finalmente, adí- 



m Asi lo previene el art. 69 de U ley de 20 de AbrU de 1868 para el pro- 
cedimiento ante el Jurado; limitando el empleo de la tóiie k lo referente á 
la cAlifioaoión del delito, una Tes oonoeido el veredioto. 

TOMO 8) ^0 



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146 BEVISTA DB LBGI8LA0IÓM 

vinamoB cómo podrá evitarse aquello de que un Tribunal llegue 
á absolver al acusado con la convicción de que es criminal, dejando 
que insulte con su presencia y aire de triunfo á la victima y su fa- 
milia, tan sólo porque el Ministerio público no supo ó no quiso cali- 
ficar el delito con arreglo á las presa'ipdones del Código penal; 
inspiradlfiimas frases que preceden al texto— siempre árido y 
propicio á diversas interpretaciones — de la ley de 14 de 8ep» 
tiembre de 1882. 

Primitivo González del Alba. 



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1 



CONSULTA 



¿Et Tálido el testimeBto ferrado que otorgó antes de la promügaeión 
del Código eiyil ana persona qne no sabia leer y eserlbir, habiendo 
Bmerto despnés de promulgado? 

Doña N. N., que no sabía leer y escribir, encargó el día 6 
de Abril de 1889 á su pariente D. F. que le redactara un tes- 
tamento, en conformidad con las instrucciones que le dio, para 
instituir heredero y hacer mandas. 

Una vez redactado el testamento, D. F. se lo entrega á 
Doña N. N., y ésta lo mete en un sobre, lo cierra y va á casa 
de un Notario del pueblo para que lo autorice como testamen- 
to cerrado; y asi se hizo, cumpliendo todas las solemnidades ex- 
ternas relativas á las firmas de los testigos y al otorgamiento. 
Muere Doña N. N. el día 26 de Agosto de 1892, y al abrirse 
el testamento antes citado, se creen perjudicados algunos de 
8US parientes, y tratan de entablar demanda pidiendo la nuli- 
dad del testamento, fundados en que la otorgante no sabía leer 
y escribir. 

Hasta aquí los hechos. 

Tres son en realidad los problemas de derecho que de este 
caso se desprenden: 

1.^ ¿Qué legislación es la que rige en la materia? 
2.^ Si rige la legislación anterior al Código civil, ¿será vá- 
lido ó nnlo este testamento? 

3.^ Si rige la legislación actual ó sea el Código civil, ¿cuál 
f era la resolución de este caso? 



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LEVISTA DI LEGISLACIÓN 



islación aplicable á este caso? Este es el 
y de más importancia que hay que resol- 
I ser nuevo, porque aun nada han dicho so- 
les de justicia, su importancia se deja ver 
erar que, según rija la legislación antigua 
[e ser distinta la solución del problema que 
pues, para resolverle, lo aue disponen los 

18 disposiciones transitorias del actual Có- 
B actos y contratos celebrados bajo el régi- 
n anterior, y que sean válidos con arreglo 
s sus efectos según la misma, con las limi> 
3 en estas reglas. En su consecuencia, se- 
imentos, aunque sean mancomunados los 
j las memorias testamentarias que se hu- 
crito antes de regir el Código, y produci- 
Lusulas ad cautelante los fideicomisos para 
gún instrucciones reservadas del testador 
actos permitidos por la legislación prece- 
üción ó modificación de estos actos ó de 
Lusulas contenidas en ellos, no podrá veri- 
egir el Código, sino testando con arreglo al 

ísprende de esta disposición, que el teeta- 
torgó una persona que no sabia leer y es- 
lo, según lo que disponga la legislación 
lues claramente lo establece al decir: «Los 
celebrados bajo el régimen de la legisla- 
sean válidos con arreglo á ella, surtirán 
ún la misma, con las limitaciones estable- 
LS>; y á continuación, confirmando este 
consecuencia, serán validos los testamentos 



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CONSULTA 149 

eunque sean mancomunados... y cualesquiera otros actos pemU- 
iidos por la legislación precedente. > 

No falta, sin embargo, quien sostenga la opinión contraria, 
inyocando para ello la disposición transitoria 12.*, que dice 
así: cLos derechos á la herencia del que hubiese fallecido, con 
testamento ó sin él, antes de hallarse en vigor el Código, se re- 
girán por la legislación anterior. La herencia de los fallecidos 
después, sea ó no con testamento, se adjudicará y repartirá . 
con arreglo al Código; pero cumpliendo, en cuanto esto lo per- 
mita, las disposiciones testamentarias. Se respetarán, por lo 
tanto, las legítimas, las mejoras y los legados; pero reduciendo 
BU cuantía, si de otro modo no se pudiera dar á cada partícipe 
€m la herencia loque le corresponda según el Código.» 

Pero esta disposición sólo trata del reparto del haber here- 
ditario, pues explícitamente, lo indica al decir: «...La herencia 
de los fallecidos después (de la promulgación del Código), sea 
ó no con testamento, se adjudicará y repartirá con arreglo al 
C^go--*; y aun añade, como aclarando este concepto: «...Se 
respetarán, por lo tanto, las legítimas, las mejoras y los lega- 
dos; pero reduciendo su cuantía, si de otro modo no se pudiese 
dar% cada participe de la herencia lo que le corresponda según 
el Código.» 

De todo lo expuesto se deduce que la legislación que debe 
regir en el presente caso para declarar válido ó nulo el testa- 
mento, es la legislación anterior á la promulgación del Código 
civil. 

II 

8i rige la legislación anterior al Código civil, como ya 
hemos demostrado que efectivamente así es, no están todos 
loe comentaristas de acuerdo en la solución de este caso, pues 
mientras sostienen que es nulo este testamento Colón, Sán- 
chez Llamas, Gutiérrez, (Jarcia Goyena, Lasema, etc., etc., opi* 
por BU valida Febrero, Escriche y otros; pero dejando á 



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iaSTA DE LEGISLACIÓN 

is ellas autorizadísimas, pasemos á ver 
i legales. 

su ley 11, tít. 5.^ libro 2.^, dice: «... ó 
anda no sabe escribir por su mano e diere 
or él, ó que le senpale el escripto... cada 
aneraa de facer mandas debe valer». 
8 leyes 1.» y2.», tít. 1.^ de la Partida 6.*. 
el testador non supiesse escribir ó non po- 
• otro (el testamento) por él»; y la 2.*: 
por BU mano mesma escribir el testa- 
DÍr, et si non, debe llamar á otro cualqui- 
andégalo escribir en su poridad,* 
5S se desprende que es válido el testa - 
lien no sabe leer y escribir, pues efecti- 
estan dichas leyes al decir que en tal 
otra persona que á su ruego le escriba 

, inserta en la ley 2.», tít. 18, libro 10 de 
que se fundan los comentaristas al prin- 
;ener la opinión de que este testamento 
isiderar que dicha ley deroga las ante- 
exacto, puesto que la ley 3.* de Toro no 
•acidad del testador, sino de la solemni- 
Tado, como hasta el epígrafe de la misma 
decir: «Solemnidad de los testamentos 

ciego, y en los codicilos», y además que 
derogar las leyes del Fuero Juzgo y de 
ícho terminantemente, como así lo hacen 
oro en otras ocasiones, 
ion la doctrina consignada, por lo menos, 

Tribunal Supremo de Justicia, la una 
', y la otra del 7 de Marzo de 1888, en 
nte se declara válido el testamento otor- 
que no sabe leer y escribir, y se desesti- 
Lsación por infracción de ley que las mo- 



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CONSULTA 151 

tivan, considerando que un testamento otorgado por quien no 
sabe leer y escribir no contradice la ley 3.* de Toro, inserta en 
la ley 2.», tít. 18, libro 10 de la Nov. Rec. 

III 

Si rigiese la legislación vigente, como el Código civil en 
suart. 708 dice textualmente: «No pueden hacer testamento 
cerrado los ciegos y los que no sepan ó no puedan leer», este 
caso quedarla clara y explícitamente resuelto por estar termi- 
nantemente especificado en la ley; pero ya hemos demostrado 
que no es ésta, sino la legislación antigua la que rige en el caso 
propuesto, y por lo tanto, es válido el testamento objeto de esta 
<íonBulta. 

Luis de Zavala y Abellano. 

Madrid 2i de Enero de 1898. 



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^ETENCIA PARA CONOCER DE LOS DELITOS 
ELECTORALES 



re las dudas que con frecuencia se presentan al apli- 
leyes, debemos mencionar, por la importancia que en- 
la relativa á la competencia del Tribunal llamado á 
• de los delitos electorales; duda que puede conside- 
isiuma, como nacida después de la repetida aplicación 
de la ley del Jurado, y que, por esto, por las circuns- 
de su origen (1) y por su transcendencia, reviste excep- 
importancia. 

presumo de poner la cuestión á su verdadera luz, ni me 
go tratarla ampliamente; y sólo'aspiio á emitir los prin- 
fundamentos de mi humilde opinión, esperando que 
autoridad científica la apoye ó la combata, y que no ha 
ar la jurisprudencia en hacer la declaración oficial, 
que no hay remedio: la ley ordena á los Tribunales que 
1 concepto que el hecho procesal haya merecido á las 
acusadoras, se determine la competencia del Tribunal 
ícho, ó del Jurado, y esto forzosamente ha de hacerse al 
icar la causa á la defensa de los procesados. Supóngase 
calificación es de falsedad en documento electoral, 
3 el Tribunal competente, el del Jurado ó el de derecho? 

a Fiscalia del Tribnnal Supremo, resolviendo una consulta del Fis- 
snprimida Andienoia de Santiago, en 6 de Abril del año próximo 
opina qne los deUtos de falsedad electoral son de la competenoia del 



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DELITOS ELECTORALES 153^ 

Las opiniones acaso hayan cambiado; pero hay que resolver 
sin dilación, porque ni la obscuridad, ni la insuficiencia, ni el 
Eilencio de la ley son más que un pretexto para no juzgar, se- 
gún dice el art. 368 del Código penal, pretexto que se castiga 
en el Juez con la pena de suspensión. Y aquí viene al paso la 
amarga frase de un escritor ilustre: «se pretende que los legis- 
ladores sean dioses, y no se quiere conceder á los Jueces que 
sean simplemente hombres.» 

Hay, pues, necesidad de interpretar el art. 4.^ de la ley en 
que se establece el Juicio por jurados, única disposición que da 
logar á la duda, como es la ünica en que se prefijan los delitos 
cuyo conocimiento habrá de ser sometido á ese juicio. Con el 
Código penal en una mano y aquella ley en la otra, vemos que 
todos loe delitos que se enumeran en dicho artículo como de 
la competencia del Jurado, son delitos comunes, son los mis- 
mos determinados con los propios nombres y hasta por el or- 
den rigorosamente igual que dicho Código establece, 

«Falsificación de la firma ó estampilla Real, firmas de los 
Ministros, sellos y marcas. 

•Falsificación de la moneda. 

•Falsificación de billetes de Banco, documentos de crédito, 
papel -sellado, sellos de Telégrafos y Correos y demás efectos 
timbrados cuya expendición esté reservada al Estado. 

•Falsificación de documentos públicos oficiales y de comer- 
cio y de los despachos telegráficos. 

•Falsificación de documentos privados.» 

Aquí sólo se ven delitos comunes comprendidos en el Có- 
digo; no hay ninguno especial, no se mencionan los electorales,. 
que tienen un carácter süi géneris. Y si la ley hubiera querido 
incluirlos entre los que son de la competencia del Jurado, los 
hubiera expresado con su nombre, como lo hacia la de 1872 y 
como expresa todos los demás , con tanto mayor motivo, 
cuanto que son especiales, toda vez que no se hallan previstos 
en el Código penal. 

A la publicación de la ley del Jurado regían en materia 



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REVISTA DE LEGISLACIÓN 

•ara la sanción penal, las de 20 de Agosto de 1870 y 
embre de 1878, en las cuales se castigaban como 
iuchos actos y hasta omisiones á que técnicamente 
a tal concepto, como, por ejemplo, atacar el secreto 
ion, alterar la hora y no publicar los edictos desig- 
ocal donde había, de efectuarse. ¿Era posible que 
s y los demás calificados de falsedad por dichas 
itendieran comprendidos entre los de falsificación, 
inte señalados en el art. 4.^ de la ley del Jurado? 
j preguntar: ¿qué sucedería si tales delitos se atri- 
funcionarios del orden administrativo, sometidos 
to legal á un Tribunal de excepción? ¿Debe creerse 
Jurado estaría, en tales casos, llamado á juzgar á un 
capital de provincia, sin que la ley de antemano y 
ímente destruyera la excepción á favor del mismo 

L? • 

I y otras consideraciones de orden secundario se 
guíente razonamiento: cuando las palabras de una 
nerales, deben tomarse en toda su extensión, sin 
3S arbitrarias, y así lo sancionaba la máxima de los 
tos romanos: Verba generalia , g&neraliter accipienda 
le deriva nuestro apotegma jurídico: «Donde la ley 
ae, tampoco nosotros debemos distinguir.» Es así 
4.^ de la del Jurado declara de la competencia de 
slitos de falsificación de documentos: luego com- 
electorales, como todos los demás, 
io que aquí se asienta una premisa inexacta. Las 
e la ley no son generales, ni, por lo mismo, es apli- 
^ctrina que se invoca. Los Jueces de derecho vetíían 
) de todos los delitos que, por tener el carácter de 
les estaban atribuidos y se hallan penados en el Co- 
te, ó en leyes especiales. Mas en 20 de Abril de 1888 
la ley estableciendo el Juicio por jurados para deter- 
üitosy según dice el art. 1.® del Real decreto de la 
ha; y esos delitos no son, ni pueden ser otros que los 



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DELITOS ELECTORALES 155 

-expresa y limitativamente segregados de la jurisdicción que di- 
chos jueces ejercían. Todos los demás quedaron sujetos á ella. 
De modo que en realidad y por la sucesión de los hechos, la 
competencia del Tribunal de derecho es general; mientras que 
circunscrita á contados delitos la del Jurado, no puede exten- 
derse más allá de donde permite el sentido llano y gramatical 
de los epígrafes del Código. Tanto es asi, que precisamente por 
esa misma razón se ha convenido en que siguen sometidas al 
Tribunal de derecho las falsificaciones de cédulas de vecindad 
y de certificados. 

También se invoca en apoyo de la competencia del Tribu - 
*nal del Jurado el art. 101 de la de Sufragio universal, que de- 
clara que la jurisdicción ordinaria es la única competente para 
el conocimiento de los delitos electorales, cualquiera que sea 
el fuero de los responsables. Prescíndase de la fecha en que 
^a ley se publicó (26 de Junio de 1890), cuya circunstancia 
impide el que se invoque su texto con relación á los delitos 
anteriormente cometidos; prescíndase de que no es orgánica ni 
reguladora de la competencia, ni puede en buenos principios 
modificar el art. 4.^ de la del Jurado. Pero, ¿es que intentó 
modificarle? Nada de eso. Lo que hace es declarar, en términos 
precisos, la competencia de la jurisdicción ordinaria contra 
todo otro fuero i>ersonal. Es decir, que dejó las cosas como es- 
taban antes. 

Si se aparta la atención de las palabras, y se busca la volun- 
tad del legislador, bien ó mal servida por ellas, habrá de re- 
conocerse que se dirige, como no puede menos, á obtener el 
bien público por medio de la justicia, cuyas condiciones son 
inherentes á toda ley que, como decía la Recopilada, debe re- 
fiultar cconvenible á la tierra y al tiempo, y honesta, derecha 
y provechosa.» 

Aparte de las exigencias de la escuela radical que aspira á 
la sumisión de todos los delitos al conocimiento del Jurado , 
como se realiza en muy contadas naciones, varios sísj^emas po- 
^ía emplear la ley para determinar la competencia de aquél: 



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156 RfSVISTA DE LEGISLACIÓN 

tales son, el de tomar como regla invariable la cantidad de la 
pena señalada al delito, según se hizo entre nosotros en 1872; 
el de atender^ no sólo á la cantidad de la pena, sino al ordea 
de las jurisdicciones divididas en criminales y .correccionales, 
como ha venido observándose en casi toda Europa, y el de to- 
ner en cuenta la naturaleza del delito, con abstracción de todo 
otro factor. 

Entre la pena y la jurisdicción no hay relación alguna: la 
diferencia entre delitos y crímenes, entre delitos graves y me- 
nos graves, es puramente artificial. En cambio, si la indivi- 
dualización del delito es uno de los principios fundamentales 
delJurado, jrsi el objeto primordial del procedimiento con- 
siste en la investigación de la verdad relativa á ciertos hechos, 
parece racional y lógico que la competencia se determine por 
la naturaleza de esos mismos hechos, previamente definidos 
como delitos, y que sin dificultad pueden ser aquilatados por 
el sentido común. Así observamos que nuestra ley se abstuvo 
de sustraer del conocimiento del Tribunal de derecho: unos 
delitos, por altos motivos de orden social; otros, por su exis- 
tencia convencional y mudable; otros, por ser propiamente 
técnicos; otros, por no hallarse aun bien comprendidos por la 
opinión pública, y otros— dígase con franqueza, — por ser muy 
peligroso el entregarlos al Jurado. 

A esta clase pertenecen los electorales. Los Jueces de hecho 
hallaránse adornados, en general, de la aptitud, buen deseo é 
independencia que se necesitan pai'a desempeñar la función 
t^ocial á que están llamados. Pero no se oculte lo que está en 
Ja conciencia de todo el mundo, esto es: que dar á los electores 
el derecho de juzgar los delitos electorales sería tanto como 
convertir al ciudadano en juez y parte de la contienda, que en 
muchos pueblos desgraciadamente se traduce en lucha eterna 
de persecución y de rencores. Creo firmemente que eso na 
puede ser, porque el legislador bien sabe que no era «conveni- 
ble á la tierra y al tiempo». 

El Sr. Ministro de Gracia y Justicia, en su discurso de aper- 



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DELITOS ELECT0RALB9 157 

tura de los Tribunales, lamentándose del abuso en el llama- 
miento de testigos, cita el caso ocurrido en una Audiencia de 
lo criminal, en donde la lista de los sorteables para el Jurado 
contenia 225 nombres, de los que 222 fueron incluidos en las 
relaciones de testigos, resultando que, hecha la recusación, 
eólo quedaron tres jurados disponibles. Y si las causas electora- 
les fueran de la competencia del Jurado, ¿no pudiera suceder 
el caso análogo de que aquél no llegara á constituirse, por te- 
ner interés directo ó indirecto en la causa todos ó ca^i todos 
los sorteables? Cuando esto aconteciera, la recusación, que, se- 
gún frase feliz del Sr. Maura, es en la historia judicial como 
la columna barométrica, que da idea de las garantías que á las 
part-es han ofrecido los Jueces en todo tiempo, ¿qué confiansja 
demostraría en la institución del Jurado? 

Dejando á un lado la interpretación doctrinal, no es menes- 
ter imitar al buen frater Alphonsus, á quien resucitó Mr. Du- 
pin, y ponerse las alas de Icaro, para dar en seguida con la que 
está cerca de ser auténtica. Con efecto; el Sr. Alonso Martínez 
indicaba en el preámbulo de su proyecto, que los delitos elec- 
torales no podían ir al Jurado. En la discusión han sostenido 
lo mismo los individuos de la Comisión; y el Secretario, señor 
Díaz Moreu, decía sobre el particular: <(En los partidos judi- 
ciales, cuando se trata de elecciones, unos y otros han de ser 
adversarios ó amigos de los candidatos, ó de los que hubiesen 
intervenido en la elección, y por lo tanto, el veredicto de un 
Jurado en estos casos podría ser parcial. Por esta razón de- 
clarsí el dictamen que la opinión está enferma, porque no tiene 
todavía concepto formado respecto de los delitos electorales, 
por creer que cuando entran en la apreciación de estos delitos 
las pasiones que quedan después de una lucha viva, como son 
-de ordinario las electorales, el llevar al Jurado los delitos co- 
metidos por los que han intervenido e.n la elección, era indu- 
dablemente un pensamiento arriesgado, que podría dar lugar á 
que no se produjeran los saludables efectos que espera la Comisió% 
y que esperan todos los que de buena fe defendemos el Jurado*. Eii 



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ElEVIfiTA DE LEOI8LA0IÓM 

36 condensado el pensamiento de la Co-^ 

r, puedo hacer la animación de haber leído 
) loe comentaristas de la ley, los cuales, em 
a que á los Tribunales de derecho corres- 
icia para conocer de los delitos electo- 

M. Laspra. 



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PROCEDIMIENTO CIVIL DE ESPAflA 

ENSAYOS SOBRE SUS REFORMAS * 



XLVll 



DE LOS juiaoe universales 

Si se comprenden en esta clase de procedimientos los lla- 
mados juicios pniversales, separándose de la generalidad de 
los códigos que tratan las materias referentes á los mismos, ya 
en leyes independientes, como la quiebra ó concurrencia de 
créditoe en general (1), ya en el Código de Comercio (2), ó ha- 
cen la distinción entre los juicios sucesorios y los de orden, que 
figuran cual si no tuvieran relación alguna entre sí, consiste 
en que, y sea cualquiera la exactitud de tal denominación , 
tienen una cosa común perfectamente aplicable á todos y cada 
uno de eUos: los abusos que la avaricia del curial y la mala fe 
han venido introduciendo, sin que bastaran á contenerlos ni 

• Véanse lu páginas 607 del tomo 76; 25» 241 y 650 del 77; 81, 138, 461 del 
7% 609 del 79; 119 y 883 del 80 y 166 del 81. 

(1) Las tienen países tan oomeroiales como Inglaterra, Soisa y Alemania^ 
pero se aplican k toda clase de personas, sean ó no comerciantes, y en el úl> 
tixno país se llama k este onerpo legal Konkunordnung, 

(8; Francia, y los que de ella copiaron, incluyen en el Código de Comer- 
cio todo lo referente & las quiebras, annqne Inego en el de procedimiento 
«ientan las disposiciones excepcionales del mercantil. Algunos pueblos, como 
Onatemala, y antes la República Argentina, conservan una ley de Enjuicia- 
miento para los negocios de comercio, siguiendo la nuestra de 1880, y aun 
Francia, Bélica, el Luxemburgo, etc., hoy van variando al plantear sus le- 
jea sobrB liqui<iaeiáH Judicial, 



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160 REVISTA DE LEGISLACIÓN 

la jurisprudencia racional que pugnaba por abrirse camino 
cuando se había legislado poco sobre el particular, ni disposi- 
ciones emanadas de los poderes públicos con objeto de atender 
á las quejas producidas con rara unanimidad contra la lentitud 
de los procedimientos, especialmente en esta clase de juicios, 
tíin que por virtud de las últimas reformas sea mucho mejor la 
situación de los comerciantes en las quiebras que la de los 
que no lo son en los concursos; así que antes de que los acree- 
dores, muchas veces víctimas de una estafa, promuevan un 
concurso ó quiebra ó un juicio de testamentaría, aceptan, 3^a 
un convenio, en el que se conforman con un 5 ó un 10 por 100 
de su crédito, cobrado á plazos, que nunca llegan á satisfacerse, 
ó ya renuncian por tiempo indefinido á una deuda legítima; 
y si alguno más díscolo (así se les llama) sale de esta regla de 
prudencia, buena le espera, porque el juicio termina con el 
caudal sujeto á los mismos, y en ese tono puede subirse lo que 
ee quiera sin temor á exagerar la triste realidad. 

Cuando el mal se significa con tanta intensidad en estos 
procedimientos, es que hay una razón para ello; quizá lo com- 
plejo de las cuestiones que han de resolverse y que afectan á 
la legislación civil en su integridad, y el crecido número de 
litigantes; pero, bien mirado, trátase aquí de|un conjunto de 
formalidades y términos para que, con sujeción á aquéllas y 
éstos, se reparta entre varios, previa declaración de su derecho, 
la universalidad de bienes procedentes de uno solo, y por 
tanto, si hay conformidad entre los interesados, faltan los ca- 
racteres del juicio propiamente dicho, y la autoridad judicial 
nada tiene que hacer entonces. He ahí la primera reforma que 
se indica, aunque siempre buscando garantías que la sustitu- 
yan con ventaja para acreedores, deudor y masa, hoy en ese 
caos del todo desatendidos. 

No obstante, convenía en la materia dejar al Gobierno la 
máxima libertad de acción, y así la Sección de reformas se li- 
mitó á indicar con mucha vaguedad los puntos capitalísimos 
«n la 



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PROCEDIMIENTO CIVIL DK ESPASa 161 



BAflE 18.*^ 

cEl orden de proceder en los juicios universales, además do 
«rmonizarse con lo prevenido en los Códigos civil y de Comer - 
do, se regulará simplificando sus trámites, á fin de que se oon- 
eiga su pronta terminación, utilizando cuanto sea posible las 
comparecendaB verbales y las juntas de los interesados. 

«Las cuestiones de cualquiera clase que se promuevan en- 
tre los interesados en estos juicios, se sustanciarán por el pro- 
cedimiento sumario con las tílodificaciones oportunas. 

»Para que no resulten desatendidos los derechos de loa 
acreedores ausentes y desconocidos en los concursos, suspen- 
siones de pagos y quiebras, se dará intervención en los mis- 
mos desde el primer momento al Ministerio fiscal, que ejerci- 
tará las acciones penales procedentes, no obstante cualquier 
convenio ó transacción que suspenda ó ponga término á la vía 
civil. 

»La prevención ó intervención del caudal ó masa de bienes, 
no podrá acordarse, en cuanto á los juicios sucesorios hace re- 
ferencia, transcurrido que sea el primer año del fallecimiento 
del causante. Pasado este plazo se respetará en la posesión al 
que la tenga, sin perjuicio del secuestro ó intervención que 
proceda según las circunstancias de las personas y de los bie- 
nes, conK) en loe casos ordinarios. 

>En vez de la aprobación judicial y cuando se exige e^te 
único trámite, se obtendrá la del consejo de familia de los me- 
nores, incapacitados ó ausentes que la motiven.» 

El párrafo primero de la base contiene una explícita de- 
claración, referente acaso más á los concursos de acreedores y 
<|niebra8, y en cuanto se relaciona con unas y otros, también á 
la suspensión de pagos; pero que no por eso puede decirse del 
todo ajena á los abintestatos y testamentarías. 

Es indudable que la intervención demasiado activa de los 
Tribonalee en esta clase de juicios produce el eetado actual de 
TOKO 83 11 



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162 REVISTA DE LEGIBLAaÓN 

cosas por demás insostenible (1). En su virtud, trátase de ©vitar- 
la, para lo cual puede optarse como más indicados por uno de 
los tres sistemas siguientes: 1.^, la designación de un Comisa- 
rio, que puede ó no pertenecer al orden judicial, y caso negati- 
vo, que sea Abogado en ejercicio, comerciante, etc., facultán- 
dole para la práctica de la liquidación del activo y distribución 
del pasivo con sujeción á lo dispuesto por la ley (2); 2.^^ en- 
comendar esa misión á la junta de acreedores, que se reuniría 
al efecto cuando lo estimara conveniente (3); y 3.®, nombrar 
ea primera junta un sindicato ó administración, del número 
* y clase de personas que los acreedores elijan á su albedrío, 
' que, como genuino representante de los mismos, practique ex- 
trajudicialmente todas las operaciones hasta que el procedi- 
miento llegue á su término natural, salvo el derecho de opo- 
sición que puedan ejercitar los acreedora que se crean deter- 
minadamente perjudicados (4). 

La introducción de nuevos organismos en^l procedimiento 
contribuiría seguramente á complicarlo, y este sólo inconve- 
niente bastaría para no aceptar el primer sistema: por otra 
parte, es imposible prescindir de que el reconocimiento, gra- 
duación y demás períodos en que pudieran subdividirse estas 
liquidaciones dejen de tener un carácter marcadamente judi- 
cial, porque; esa administración oficial debería obrar bajo la 
inspección inmediata de los acreedores, ejercida en una ú otra 

(1) Preyaleoe, sin embargo, en todas nnestras leyes, que como Italia co- 
piara el sistema francés anterior k 1858; pues los resultados son tan eviden- 
tes que no es necesario repetirlos. 

(8) Este cargo especial existe en Francia: en Inglaterra y SnLsa también 
se conoce, annqne organisado en otra forma. 

(3) En este sentido hubo algunas propuestas, qne se tavíeron en cuenta 
al elaborar estos proyectos, 

(i) La legislación moderna se inclina k este sistema, como la federal 
Suixa y otras, que no distinguen entre el concurso y la quiebra para los efec- 
tos procesales; pero tienen esa institución oficial de que hicimos mérito, la 
que se encarga de la administración al declararse al deudor en ese estado- 
basta que en la primera junta se provee k voluntad de los acreedores. 



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PROCEDIMIENTO CI\nL BE EflPAXA 163 

forma, y de las disidencias que surgieBen necefiariamente ha- 
bría dé conocer el Juez, al que en vano la ley tratarla de ex- 
cluir. La reforma tiene por objeto principal el omitir en los ne- 
goeios de la tutela oñciosa respecto á personas en el pleno ejer- 
cicio de BUS derechos civiles, que pueden en su virtud dispo- 
ner de sus intereses como les plazca: ¿por qué va imponérseles, 
sin contar con su voluntad, la intervención de un intermedia- 
rio, rueda inútil de la que desearla prescindir? La ley en la 
materia debe limitarse á interpretar en sus preceptos la volun- 
tad presunta de los acreedores ó herederos, que para el caso 
pueden equipararse, únicos interesados, ya que el deudor se 
estima como cesionario de sus bienes, y de todas suertes resul- 
tando constantemente el pasivo mayor que el activo, porque en 
caso contrario apenas se comprende el que llegara esta situa- 
ción, poco la importa todo lo referente á la administración y 
liquidación de un caudal del que nada ha de percibir. 

Encomendar á la junta plena de acreedores los juicios uni- 
versales de que se trata y sus incidencias, podría ser lo mág 
arreglado á la justicia estricta; pero envuelve también compli- 
cación por las dificultades y el costo que suponen las frecuen- 
tes convocatorias, y luego la imposibilidad de entenderse y 
aun de deliberar sobre tanto detalle como tienen esos comple- 
jos procedimientos. Además vendríamos por la fuerza de las 
circunstancias á parar á lo vigente, es decir, á la ingerencia 
oficiosa de la autoridad judicial, que se impondría como garan- 
tía de la marcha regular del juicio: un sistema mixto, en una 
palabra, que tendría los inconvenientes del actual y del 
opuesto. 

El más sencillo, el que por consiguiente respondería quizá 
m€|jor á las exigencias de la práctica, es el tercer sistema: re- 
conocido el derecho de los herederos ó acreedores á disponer 
de sus cosas de la manera que tengan por conveniente, dueños 
absolutos del activo de la testamentarla, concurso ó quiebra, 
aparte de las reclamaciones de terceros que han de tramitarse 
como las demás, en la imposibilidad de que prevalezca la vo- 



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REVISTA DE LEGIBLACIÓN 

dividual en los cheques de intereses encontrados, 
no encomendar & un sindicato ó administración, sa* 
de su seno, esas di&ciles funciones? La centralización 
iponerse en este punto para que con el vigor necesa- 
^e adelante el procedimiento y se consiga el propó- 
¡ al principio hacíamos referencia, salvando toda cla- 
Áculos. La administración con amplitud de faculta- 
su responsabilidad personal, decidirá sobre todas las 
ones que afecten ó tengan relación directa ó indirecta 
bsl; pero si alguno entiende que con ellas ha sido le- 
1 derecho, ya tendrá medio de acudir ante los Tribu- 
resolverán con completa independencia de la marcha 

principal, que seguirá su curso hasta la distribución 
del activo, reservando únicamente las cosas ó canti- 
re que se haya movido controversia para darles en su 
ción, de acuerdo con lo que se resuelva en la senten- 
más ha de quedar pendiente que lo que sea materia 
y esto constituirá la menor parte, y como respecta á 
falta contención, ¿por qué paralizar el curso del jui- 
:sal, cual si se tratara de la totalidad del mismo? 

argumentos no podían hacer olvidar que el último 
aguaría demasiado con los hábitos de nuestro foro, y 
nsideración la base acoge el segundo con la menor 
ie intervención judicial, á la que sustituirán en los 
)re concurrencia de créditos, las juntas de los intere- 
los sucesorios y trámites ajenos á toda contención, 
ó consejo de familia, y en todos se resolverán las 

1 que surjan por medio de comparecencias, y, ya que 
I llevar también á esta materia el sistema de la ora- 
se llegaría al arbitraje forzoso, no obstante lo anti- 
iel medio, por la implícita confesión de impotencia 
>ridad judicial, si no se excogitara otro más eficaz do 
lino á estos escandalosos procesos. 

de el apartado segundo de la base á todos estos jui- 



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PROCEDIMIENTO CIVIL DE ESPAÑA 166 

eioft una norma hasta ahora propia y peculiar, ó al menoB más 
generalizada en loe mercantUes (1), que tienen necesidad abso- 
luta de formas sencillas y rápidas: se introduce \ma excepción 
de importancia á la regla general que sienta el art. 483 de la 
ley de Enjuiciamiento civil, y en su virtud no se decidirán en 
juicio de mayor cuantía las demandas euyo interés exceda de 



(1) -Por qoAnto en dioho ConsiTiIado deben determinArae los pleytos y di- 
ferencims de entre las partes, hrew y tumarianunt^ * (núm. VI, cap. 1 .*, Ord. de 
Bilbao). La ley de Enjuiciamiento sobre los negocios y caimas de comercio 
de 1890, como Onatemala, por ejemplo, también con código especial, com- 
pletik sobre el partionlar, no tenia para qué establecer excepción alguna, 
pfneeto qne regula el procedimiento en sn totalidad: no debe omitirse qne con 
jnBtieia ha merecido severas censuras por el notorio retroceso en relación k 
las Ordenanxaa de los Oonsnlados. Tampoco las disposiciones de 1868 y 1861, 
refundiendo el Enjuiciamiento mercantil en el común, dijeron nada sobre el 
pArtícnlar, olvidando qoixá qne desaparecería el motivo de la omisión en 
dicha ley de 1890, y qne con ello constituíamos una excepción en Europa, 
Cierto que tampoco Francia admite un precepto terúiinante en la materia; 
pero los artículos 414-442, contienen excepciones en £avor de los asuntos mer- 
eantilee^en el sentido de una gran simplificación no alcanzada entre nosotros, 
ni a;un bi^o ^ sistema de 1880; igual método que la legislación francesa sí- 
gnalo la italiana, y antes las especiales de los antiguos Estados, como la na- 
poUtana, aunque incluyendo las disposiciones en el Código de Comercio (ar- 
ticnlos 019 • 654). En cambio, Holanda (art. 209), el Reglamento Gregoriano 
(§ 9il, que establee? como norma el procedimiento verbal), etc., adoptan el 
sástema del proyecto. Sí descendemos al examen detallado de las reglas que 
se siguen en los concursos, la reforma francesa de 1866, art. 761, establece el 
mismo principio que la base; la Ordenanza alemana sobre concursos y quie. 
hrms (S 66), autoriza la decisión de las cuestiones que suijan sin discusión 
oral, y no podía hacerse otra cosa, pues en la elaboración del Código de pro- 
eedímiento civil prevaleció la oralidad y unidad, teniendo en cuenta que ya 
1* ley prusiana de 1846 había dado xm gran paso en la vía de la simplifloa- 
eión de las formas rituarias, admitiendo como regla general el procedimien- 
to sumario; y por último, el Código de Comercio porque se rigen los Tri- 
bunales mixtos en Egipto, en sus artículos 807 y 808, dicta sabias reglas 
prescribiendo la urgencia, y que, k ser posible, una sola decisión comprenda 
cnantas discusiones se promuevan sobre los créditos presentados k una 
qsüebra. 



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REVISTA DE LEGISLACIÓN 

pesetas^ ó sea inestimable, etc., cuando se produzcan en 
ncursos abintestatos, testamentarlas y quiebras, y surjan 
los* que sean parte en los mismos, sino que se adopta el 
dimiento sumario, único modelo aplicable á los inciden- 
!n aras de la brevedad, se prescinde de solemnidades que 
acen interminables esas actuaciones, medida que afecta 
^ual á todos los interesados, y cuyo derecho, por tanto, 
i podrá decirse vulnerado: en cambio los extraños que se 
precisados á litigar con la representación de la herencia 
ial, conservan todas las garantías procesales como en los 
ordinarios, y nada de todas suertes exigía esa modifica- 
En efecto, sea cualquiera la transcendencia de la cuestión 
;ada por un tercero, ha de referirse á cosa ó dia determi- 
que figurará condicionalmente en el inventario, y se ad- 
irá de la misma manera y de modo que, sin alterar las 
cienes practicadas, pueda, en todo caso, cumplime la eje- 
ía que recaiga; de ahí el que, en el fondo, dichas oontes- 
lesennada perturban esa serie de diligencias constitutivas 
licio universal, cuyo objeto se llenará, siquiera disminuya 
;ca la porción que se adjudique á cada participe. Ahora, 
lo la misma procedencia del juicio, la realización del 
l1, la norma á que ha de sujetarse la distribución, etc., 
objeto de controversia, urge aclarar esos puntos, pues 
tras tanto, no hay posibilidad de que la testamentaria, 
irso ó quiebra sigan adelante, y no se concibe medida más 
3a y que mayores perjuicios traiga, excepto para el curial, 
beneficiado en este verdadero caos rituario, como queda 
strado anteriormente. 

L párrafo tercero refiérese más especialmente al procedi- 
to adoptado en nuestro derecho cuando un deudor se ve 
imposibilidad de pagar á sus acreedores, siendo éstos va- 
' produciéndose la concurrencia de los mismos con idén- 
)ropósito, el de hacer efectivos sus créditos. Quizá se cali- 
en este punto la base de diminuta; pero con objeto de 
n su día tengan más libertad de acción las Comisiones 



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PROCEDIMIENTO CIVIL DE KflPAÍfA 167 

ooüficadoraa (1) que han de desarrollarla, y puedan elegir de 
Ik» sistemas expuestos ó de cualquier otro, el más adecuado» y 
ja que no habían sido oídas al redactarlas, se expusieron aque- 
llos principios cardinales, que en rigor suponen muy poca limi- 
tación para aquéllas. . 

La noTedad establecida en el Código de Comercio de 1885, 
al separar las suspensiones de pagos de las quiebras propia- 
mente dichas, sin duda por falta de desarrollo en la ley proce- 
sal, y quizá por el laconismo üe los preceptos, no dio el resul- 
tado apetecido, antes al contrario, agravó considerablemente 
los males que se sentían, en términos que hoy ningón comer- 
ciante se declara en estado de quiebra, pero sí en el de suspen- 
sión de pagos, tramitándose además este período del procedi- 
miento con sujeción á lo establecido para la quita y espera en 
el concurso de acreedores; cuanto se diga en contra de la len- 
titud y artificios de que dispone el deudor de mala fe, sería 
pálido al lado de la realidad, expresada con harta elocuencia 
poi las Cámaras y otras corporaciones mercantiles. 

Tioade, pues, la base á convertirlos en una liquidaciótt ju- 
-dicial, conocida ya en otros países, siquiera haya de advertirse 
una novedad que se introduce, sin precedentes seguramente^ 
pero muy de acuerdo con lo exigido por nuestro carácter espe- 
cial, enemigo en demasía de acudir á los Tribunales para el 
amparo de sus derechos sino en casos extremos, y entonces no 
por esa obligación de tomar parte en la lucha de que nos habla 
Ihering, constitutiva aun en otros pueblos más adelantados de 
mi mito, y sí en la mejora probable de la situación económica; 
más claro, obedeciendo á principios de la tan censurada es- 
cuela de Jeremías Bentham. Nos referimos á la presencia en 
€et06 procesos del Ministerio fiscal, que en vez de las adminis- 
traciones públicas que en otros países suplen la acción de los 
síndicos, intervendrá de una manera activa, sin que pueda pa- 
ralizarse su gestión con cuestiones prejudiciales que deba re- 

(1) Ii« general j U especial rariflora del Código de Comereio, 



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REVIBTA BE LEGISLACIÓN 

la jurisdicción civil, cuando detide luego aparezcan in- 
de la existencia de un delito. La unidad y univeri»- 
lel juicio no deben perjudicarse por esto, ya que ni el 

criminal ni su resultado han de influir en lo que se r0- 

1 con los bienes, su distribución, etc., sobre lo que ha de ' 
uar decidiendo con plena competencia el Juez de lo civil, 
de que el interés supremo de la sociedad exige que, ante 
10 queden impunes los actos, sin duda alguna compren- 
ientro de la sanción del Código penal, porque así con- 
al interés de uno ó más acreedores. 

nbién se da intervención al Ministerio fiscal para evitar, 
) que continúen los fraudes que á la sombra del procedi- 
vigente se cometen, sino también con el propósito de 
^presentando sin cortapisas los intereses de los acreedo- 
sentes, pueda llegarse más fácilmente á un convenio es- 

r lo demás, claro está que al redactar el articulado hu- 
i de reproducirse las disposiciones del procedimiento que 
^an en el Código de 1829, modificándolas en el sentido 
icado de que constituya regla sin excepción, que en ma- 
nercantil la sustanciación sea siempre sumaria, esto es, 
Los incidentes ó de menor cuantía, según los casos y aun 
iucción de términos, y la máxima simplificación de acuer- 
i el sistema más adelantado en la materia, aunque sin 
nder el objeto principal de la misma; y, en una palabra, 
ionizarán los intereses de los acreedores y del deudor con 
as que tiendan á evitar los siniestros mercantiles, en que 
os unos y el otro, y no pocas para.las dos partes, sacón- 
el juicio universal de que se trata. 
:clusivos de los juicios sucesorios, los dos párrafos últi- 
Bvisten excepcional importancia, y es que si todos los 
lanos tuvieren la suficiente previsión para evitar las 
as consecuencias que produce el fallecimiento intestado 
' una última disposición incompleta ó deficiente; si se 
a más uso de las sustituciones al mismo objeto; si al 



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PROCEDIMIENTO CIVIL DE ESPAÑA 161^ 

ansentaree se dejara poder á cualquiera persona de confianza,. 
. extensivo á todas las eventualidades, apenas se concibirla la 
\zi0tencia de los juicios ó procedimientos (porque realmente 
falta la contención y acaso con impropiedad vienen figurando- 
en esa parte de las leyes de enjuiciar) que motiva la apertura 
de una sucesión. Pero por lo mismo qué con frecuencia se ven 
isaflOB de negligencia ó abandono, incomprensibles unas vecei» 
y otras, porque ni todo el celo de un padre ilustrado basta á 
precaver ciertos accidentes, ello es que los expedientes suce- 
BorioB figuran en no escaso número en la estadística judicial y 
constituyen poderoso recurso, que la curia explota á mansalva, 
dado que no puede nadie eludirlos, eomo ocurre con los de- 
más juicios; son desgracias inevitables que sobrevienen ¿ con- 
secuenda de otra mayor: la pérdida de un ser querido. 

Por lo mismo, aunque el legislador no debe perder nunca 
su objetivo allí donde tenga que dictar una regla procesal, 
¿que sucederá cuando impone al ciudadano la obligación de 
comparecer ante los Jueces y Tribunales para verse envuelto 
en un pleito ó expediente, y no así como se quiera, sino el 
más complicado que registran nuestros códigos? De ahí resul- 
ta, aun puesto en parangón con los congéneres de la base» 
no les vaya á la zaga; mas al cabo ofrecen menores difículta- 
deSy porque en ellos la reducción á metálico ó liquidación del 
activo facilita notablemente la distribución, y en cambia 
tenemos el período largo y laborioso de las operaciones parti- 
ekmales de las testamentarías. En ninguna parte del proce- 
dimiento la causa del desdichado litigante es mejor, y á su 
exclusiva defensa deben encaminarse las disposiciones que se 
dicten en cuanto al particular. 

No es licito dudar que esos son los propósitos de los códi- 
gos, y que tienden indudablemente á asegurar la material 
existencia de los bienes muebles y documentos pertenecientes 
á una sucemón; á dictar reglas fáciles y expeditas para hacer 
constar la cantidad, la calidad y su valor; á prevenir la dís- 
traodón de loe bien^ hereditarios, sobre todo cuando haya 



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REVISTA DK LEGISLACIÓN 

sados incapaces ó la herencia permanezca yacente; á 
ar la solución de las cuestiones que surgen, efecto délos 

y múltiples intereses sometidos á un solo procedimien- 
por último, á hacer una equitativa distribución, todo 

mayor economía de gastos y molestias. Pero ¿se ha 
;uido esto entre nosotros? De ningún modo, y eso que 
puso en duda la existencia del mal, y sirva de ejemplo 
d 9.* de la ley de 21 de Junio de 1880: cSimplificar los 
;es de los abintestatos y testamentarías; limitando las 
[as de precaución en este juicio á los casos en que se 
leve dentro de un corto plazo después del fallecimiento 
istador, reservándole únicamente para cuando éste no 
iispuesto lo contrario ó existan razones legales que le 

indispensable, y facilitar la acción de los administra- 

estableciendo reglas sencillas para la gestión del haber 
itario». Y no podía suceder otra cosa: testamentarías con 
e cincuenta años de existencia, y en las que se necesi- 

carros para trasladar los ramos de autos, en las que los 
lecientes á la tasación y pago de costas ocupan millares 
los; otras que, á los treinta años ó más de su incoación» 
)or fín la época de la avenencia, y los herederos de los que 
movieran se reparten un resto líquido de 11.000 pesetas, 
o el capital inventariado ascendía á más de 500.000, son 
[> ejemplo de lo que pasaba anteriormente; y no se ha 
itado gran cosa con la reforma, que, si bien disminuyó 
[ñero de estos juicios, los que por necesidad subsisten 

años y años; en fin, mientras haya un partícipe verda- 
nal avenido con sus intereses y los de la herencia, ó uno 
o, traído ad hoc por abogados desacreditados, y de aqoé- 
edan ir sacándose periódicamente fondos con que aten- 
[ pago de costas. Limitar la acción judicial á lo más 
>ensable; procurar que en la primera junta, después que 
abre administrador con amplitud de facultades para que 
i por sí mismo la adopción de aquellas medidas que no 
em extraordinario carácter de gravedad, se designen con- 



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PROCEDIMIEírrO CIVIL DE BflPAÍÍA 171 

tadores que, como arbitros, decidan todas cuestiones, sin per- 
juicio del derecho de acudir á los Tribunales cuando se pon- 
gan las operaciones de manifiesto para su aprobación, salvo 
cuando haya consejo de familia, porque entonces este tribu- 
nal familiar será el que intervenga, como luego se verá, y no 
dar margen á los juicios de agravios, sobre los que debe resol- 
verse en la sentencia única que ha de recaer^ serán también 
puntos de los más culminantes de la reforma, aunque nada se 
diga de una manera explícita. 

Alguna otra indicación hará seguramente la ley; el interés 
público, por ejemplo, exige que se evite la desaparición de 
cosas no hereditarias cuando el causante fuera parsona encar- 
gada de tener en depósito fondos ó valores pertenecientes al 
Estado, la Prorincia ó el Municipio, ó á un establecimiento 
•con carácter público; de ahí otro caso de prevención ó inter- 
vención, si bien limitada á las cosas objeto del cargo (1), pues 
las restantes quedarán desde luego á disposición de los herede- 
ros. Además, con esto se ponen en armonía las disposiciones 
^e la ley de Enjuiciamiento con los intereses de la Hacienda. 

En el juicio voluntario de testamentaría prohibe la ley la 
intervención del caudal, cuando se solicite después de treinta 
días de la muerte del testador, ó de haberse tenido noticia de 
0U fallecimiento (2): la reforma establece la limitación con ca- 
rácter general á los juicios sucesorios de cualquiera clase que 
eean y la extiende á la prevención, para que en ningún caso, 
y quizá obedeciendo á enemistades que surjan en las familias, 
transcurridos varios años puedan promoverse llevando como se- 
cuela esas medidas vejatorias, para cuyo cumplimiento se pre- 
sentan obstáculos insuperables, ya que habrían de retrotraerse 
las cosas al ser y estado que tenían al fallecimiento del causan- 
te, perturbando sin éxito al tranquilo poseedor de las cosas he- 
reditarias: además se concretará el alcance de la palabra recién- 

<!} IUUa, art. 809. núm. S.* 
(SO Art. toas. 



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REVISTA DB LEGISLACIÓN 

ú núm. 1.^ del art. 960 de la ley en vigor. No obstará 
ón á lo que se establece al tratar del procedimiento 
>, especialmente en cuanto al secuestro ó asegura- 
os bienes litigiosos, que podrá pedirse y ser estí- 
3re que corresponda como en los demás casos ordi- 

jtá obligado á poseer en comunidad bienes determi- 
)r tanto, tampoco los de la herencia: de ahi el que 
[ivisión ó partición no pueda hacerse amigablemen- 
dquier concepto deba intervenir la autoridad judi- 
e practicarse en la forma que previene la ley: y como 
ñones son las más delicadas y complejas del juicio, 
1 reglas tuitivas de los múltiples intereses que en 
iuentran comprendidos. 

base de la existencia de los Contadores, que se pre- 
ú Notario, que en concepto de delegado y represen- 
t Autoridad judicial interviene en otros paises (1), 
litan aquéllos más económicos, ya que en la genera- 
) casos prescindirán de la elección de peritos, pu- 
si mismos practicar el avalúo y demás diligencias 
jan la presencia de éstos, y hay menos cantidad de 
n judicial, y luego que, revistiendo el carácter de 
B les da la elección de los interesados, decidirán to- 
stiones incidentales que surjan en el curso de las 
! sin necesidad de dar cuenta al Juez ó Tribunal 
suelva en ramo separado. Cuantas reclamaciones y 
edan existir y se invoquen en el periodo correspon- 
»rán de resolverse por la sentencia que aprueba con 
icaciones el proyecto de los Contadores, 
leseo de simplificar estos voluminosos procesos hasta 
K)sible, se fijan los casos en que cabe prescindir de la 
judicial, no obstante el juicio promovido y desapa- 
expedientes de. esa clase que de ordinario la moti- 

«rt.8e7. 



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PROC^DIiaENTO CIVIL DE ESPAÑA 173 

Tan,8ieinpre que la partición requiera ese requisito, sólo porque 
ano de loe herederos^ acaso en parte mínima, sea menor ó inca- 
pacitado, la aoción del Consejo de familia suplirá con ventaja 
á la judicial: velando más eficazmente por los intereses del que 
está bajo su especiaUsima protección. Esta nueva facultad es 
ana consecuencia lógica de las que concede al Consejo el ar- 
ticnlo 269, en sus números 5.^, 7.*^ y 12, del Código civil; y lejos 
de significar extensión, antes al contrario, encierran aquéllos 
otras más graves, en la que puede sin violeQcia alguna conside- 
rarse incluida la de que se trata. Evitará tanibién la disposición 
el que por un accidente tan insignificante hayan de soportar 
loe interesados en el pleno ejercicio de sus derechos civiles gas- 
toe y molestias de consideración, cuando aquél no les es impu- 
table en manera alguna ó que se cometiera la injusticia de que 
recaigan exclusivamente sobre el incapacitado, al cual basta el 
desgraciado estado en que esa circunstancia le coloca. 

La amplitud que va teniendo este Ensayo, impide repro- 
ducir integramente las disposiciones articuladas que se formu- 
laron; pero se comprenderá su alcance y extensión con insertar 
un fragmento tomado al acaso de cada uno de los dos títulos 
en que se ha dividido la materia. 

(O^nímMrá,) 

VÍCTOR COVIÁN 



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CRÓNICA 



Montelupo.—'Bn las cercanías de Floren* 
la Amhrogianaj perteneciente á la casa de 
no de esos establecimientos, mitad cárcel 
le la ciencia moderna quiere resolver el 
ichas veces insolable, del discernimiento 
cura, recluyendo en ellos á loü locos cri- 
eos, que no estarían bien en el presidio 
ni en el manicomio común i>or lo que 

acimiento responde perfectamente á las 
isfaciendo las condiciones de salubridad, 
imidad de un gran centro de población, 
o caserío, facilidad y comodidad para el 
bodo lo cual, además de hacer aquel sitio 
destina, contribuye, en gran parte, al me> 
3 moral de los enfermos que, por su des* 
ue ser allí recluidos pot más ó menos 

r apropiadas á su fin son las condicionea 
, que responden á todo lo que requieren 
ene de manicomios. LaiB varias secciones, 
suficiente extensión de terreno, impiden 
de enfermos en un mismo lugar y una 
entre condenados locos é individuos en 
9, convenientemente dispuestos contra los 
calores, permiten que la mayor parte de 
aire libre, pero separados según la pena, 
el estado de tranquilidad ó agitación. £1 



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CRÓNICA 175 

ambiente en que viven loe enfermos, lee celdas en qae se recogen por 
Is noche, los locales destinados para los qoe snfren enfermedades 
accidentales, los refectorios, son espaciosos, altos, ricos de aire y 
deh». 

El Manicomio jodicial encuéntrase establecido en dos constmccio» 
oes distintas, perfectamente aisladas, á la distancia de 140 metros en- 
tre si, lo cnal permite ana separación completa y absoluta entre la 
sección penal y la jadicial. 

Para la sección penal se han ntilizado las antiguas caballerizas del 
castillo, vasto y grandioso edificio que presenta las condiciones más 
deseables de seguridad y salubridad, y una felicísima distribución de 
locales. Los dos pisos de que consta están divididos por una espaciosa 
crujía en forma de crus, en cuatro compartimentos, cada uno de los 
cuales comprende habitaciones de seis y de cuatro personas, y una 
sede de dos y de una solamente. 

Estos ocho compartimentos sirven, no sólo para la subdivisión y 
fraccionamiento de los enfermos, según la índole de la enfermedad 
mental que padecen, sino también para evitar que se confundan las 
dlTersas categorías de condenados que, á diferencia de los otros esta- 
blecimientos penales, se encuentran alH reunidos, sea cualquiera la 
pena en que hayan incurrido. 

Los cuatro ó seis individuos que se encuentran reunidos en cada 
niui de las habitaciones, no permanecen en ellas sino durante la noche, 
porque por el día van á los talleres, ó á trabajar al aire libre, ó á los 
palioe y paseos cubiertos, según la estación. Aquellos que por la ín- 
dole especial de su enfermedad tienen que permanecer encerrados 
macho tiempo, son destinados á habitaciones espaciosas. 

T como la gente que vive en un manicomio no necesita sólo dor- 
mir, sino también moverse, trabajar, comer, pasear y aun entretenerse 
socialmente, aunque no sea más que con la mira de la curación, para 
iodo esto se destinan locales apropiados, espaciosos y bien aireados. 
Hay, además, enfermería, sala de baños, farmacia, etc., efe. 

La otra parte del manicomio, que consta también de dos pisos, 
contiene veintiséis habitaciones en una sola ñla, por lo cual se presta 
á la práctica del sistema celular más completo, como es indispensable 
en interés de la justicia inquisitiva, y reúne también las mejores con- 
didones higiénicas. En el piso bajo están colocados los locos proce- 
sftdoe, agitados ó furiosos, y en el superior los tranquilos. También 



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REVISTA DE I^BGISLACIÓN 

y Bala de bafiof , con los aparatos necesarios para 
i. 

istableclmiento está confiado á dos directores in 
iministrativo y otro sanitario, con el personal ta- 
ara el cumplimiento de sus funciones, 
ne prevalece es la epilepsia en sas varias moda 
iones, 7 despaés son dignas de notar las frenosis 
Q conjunto, son formas tranquilas. Sea por esto, 
incipal del establecimiento, al visitador le impre- 
r de cárcel que no el de manicomio que presenta, 
á grandes rasgos, una de esas instituciones, tran- 
I 7 el manicomio, que con tanto abinco reclaman 
ogos 7 criminalistas, 7 que estuvieron en Espafia 
as, por virtud de un pro7ecto de le7 presentado 
racia 7 Justicia en la anterior etapa de mando del 
le, discutido 7 aprobado en la Alta Oámara, no 
)rte en el Congreso por la caída del Gabinete que 



a Í6y.— Mientras las escuelas 7 los escritores de 
[scutiendo acaloradamente acerca de si el hipno- 
oso, 7 acerca de si deben permitirse ó prohibirse 
lieos en que se exhiben hipnotizados más ó me- 
es hacen ejecutar, en medio de las risotadas 7 la 
rso, en su msToría ignorante, las sugestiones más 
I, casi todos los países van tomado medidas con- 
iciones 7 contra el abuso de los fenómenos hip- 
» cierto género de vividores que han hecho de 
zplotándolos de una ú otra manera, 
lovida principalmente por la iniciativa deLom- 
rtamentos franceses después, 7 últimamente Bel- 
los espectáculos públicos de hipnotismo 7 han dic- 
mes regulando su ejercicio, de acuerdo con los de- 
el Congreso internacional de hipnotismo cdebra- 
to de 1889, en el cual se convino en que se deben 
I públicas de hipnotismo; en que su práctica, como 
>e someterse á las le7es 7 á los reglamentos que 



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CRÓNICA 177 

regalan el ejercicio de la medicina, y en que debe introdacirse en el 
estadio de las ciencias módicas el estadio del hipnotismo y de sus 
spHcadones terapéa ticas. 

En Bélgica se ha opuesto tenazmente á la aprobación del proyecto 
de le7 relativo á la materia presentado á la Cámara de los Represen- 
tantes, el profesor de la Universidad de Lieja, Delboenf, mny cono- 
cido en el mando científico y filosófico, principalmente por sus traba- 
jos de palco- física, y uno de los que, sin ser médicos, se han dedicado 
con más decisión y entusiasmo al estudio del hipnotismo, y aun á 
practicarlo, con fines terapéuticos; pero de nada han servido sus car- 
tas en los periódicos, sus folletos, sus Invocaciones á la libertad, sus 
diatribas contra Lombroso, sus demostraciones de la inocuidad del 
hipnotismo y de la ignorancia en que están respecto de él muchos 
médicos, pues á pesar de todos los esfuerzos del notable hipnotizador 
y psicólogo, las Cámaras belgas han aprobado y el Bey sancionado la 
ley de 30 de Mayo de 1892, en la cual se dispone: l.o, que quien pre- 
sente en espectáculo una persona hipnotizada por él ó por otro, será 
castigado con cárcel de quince días á seis meses y multa de 26 á 1.000 
pesetas; 2. o, que se castigará con cárcel de quince días á un afio y 
con multa de 2C á 1.000 pesetas á quien, sin ser doctor en medicina ó 
estar autorizado gubernativamente, hipnotice á una persona que no 
haya cumplido aún veintiún afios ó que no esté sana de mente; 3. o, 
que se castigará con reclusión á quien, con intención dolosa ó prop6 
sito de dañar, haga escribir ó firmar á persona hipnotizada un acta ó 
un docnmento que contenga un contrato, disposiciones, una obliga- 
don, una liberalidad ó una declaración, y á quien use de ese acto ó 
documento; y 4.0, que las disposiciones del Código penal relativas á 
la complicidad y á las circunstancias atenuantes serán aplicables á las 
infracdones previstas en esta ley. 



Begpansabilidad del médico en un caso de envenenamiento. — En Es- 
paña son muy raros los procesos seguidos contra los médicos por de- 
litos perpetrados en el ejercicio de su profesión; pero no sucede lo 
mismo en el extranjero, y vamos á dar cuenta de uno incoado en 
Francia no ha mucho tiempo por un envenenamiento producido con 
el nitrato de aconitina: 

En Saint-Etienne (Loire), el Dr. G. formuló á la señora Girodet, 
TOBfO 82 12 



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REVISTA DE LEGISLACIÓN 

decía atrozmente con nna neuralgia facial, la siguiente pres- 
n: Nitrato de aconitina, 15 miligramos; agua, 120 gramo». De 
á seis cucharadas de café al dia. Después recomendó de palabra 
ferma qne tomara una cucharada cada cuatro horas, no acele- 
[a dosis sino á condición expresa de detenerse cuando se pre- 
i el primer accidente de ios que le enumeró, 
mas había tomado la enferma la segunda cucharada, los acci- 
se presentaron, sin embargo de lo cual tomó la tercera, decía- 
B entonces graves síntomas de intoxicación, que no tardaron 
lucirle la muerte. 

móse proceso al Dr. G., al cual se acusaba de haber cometido 
tve imprudencia: l.o, prescribiendo un intervalo de cuatro en 
horas; 2.^, autorizando verbalmente á la enferma para traspa- 
3 intervalo, sin conocer el temperamento deia cliente, á quien 
)v vez primera, y sin haberse cerciorado de la tolerancia que la 
a podría presentar á un remedio tan tóxico; 3.<>, no vigilando 
almente los efectos del veneno. 

^o necesidad de pedir dictamen á peritos para apreciar lo fun> 
infundado de las acusaciones, puesto que se trataba de un 
na puramente técnico, y se sometió la cuestión á los profeso- 
luardel, Orólas y Lépine, formulándoles las siguientes pregnn- 
; 1.% ¿cuál es el grado de nocividad eT&cío y relativo del nitrato 
litina cristalizado y del nitrato de aconitina amorfo?; 2.^, ¿cuál 
[nite exacto, pasado el qjial la administración del nitrato de 
aa se hace peligrosa?; 3.% la falta de indicación, en la receta 
ia á proceso, del plazo y de los intervalos en los cuales debía 
9 el medicamento prescrito, ¿constituye imprudencia? 
tres peritos mencionados contestaron á la primera pregunta,, 
sabido que la aconitina cristalizada es mucho más tóxica que 
:fa; pero que no se trataba de esto en aquel caso, porque el 
al formular su prescripción, había pensado sin duda en el 
de aconitina cristalizado, que fué también lo que vendió el 
ío. Lo que importaba era hacer constar exactamente la proce- 
de la aconitina cristalizada, porque este producto no es idéntico 
\mo y BU toxididad varía según de donde se ha extraído. Sobre 
tremo se pudo hacer constar que la aconitina no procedía de 
ca de Duquesnel, sino de la farmacia central de Francia y de 
;en desconocido; y ensayados sus efectos, resultó qne era 



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CRÓNICA 1 79 

muy tikdea, más tóxica que la aconitina de Duquesnel.j de una toandi- 
dad espicialpara el corazón. 

Respecto de la segunda pregunta, los peritos dijeron que es muj 
difícil respondor á ella con precisión; pero qae si se consulta á los 
£iitores más importantes y que gozan con justo título de una autori- 
dad indiscutible, se ve que prescriben el nitrato de aconitina cristal!- 
zido en dosis de 2 ó 3 miligramos, y que algunos, como Gubler, llega a 
é 4 miligramos, siendo de observar que el mareen, á veces bastante 
grande, que en ciertos medicamentos separa la dosis máxima de la 
peügroea, no existe en el nitrato de aconitina, por manera que su 
acción tóxica se muestra á una dosis poco superior á la que es nece- 
saria para obtener una acción curativa. Y lo que aumenta todavía su 
peligro es que la dosis en que se hace peligroso varía mucho segiín 
los sujetos, estando autorizado el médico, cuando éstos están en bue* 
ñas condiciones de nutrición y su orina no contiene albúmina, para 
suponer la tolerancia máxima, aunque haya excepciones que no es 
posible prever, susceptibilidades particujares qne es imposible adivi- 
nar, como ocurría sin duda en la víctima del caso de que tratamos, 
qoe cayó en un estado gravísimo después de haber tomado un mili- 
gramo, que es una dosis terapéutica y no tóxicay por completo inocente, 
8<^gún la práctica de los médicos más eminentes. 

A la tercera pregunta contestaron que la receta debió especificar 
explícitamente que las cuatro ó seis cucharadas de café debían to- 
marse cada cuatro horas por lo nienoa^ si bien resulta claro que la 
separación de las dosis estaba en el pensamiento del Dr. G. cuando la 
redactó, pues de lo contrario hubiera escrito de cuatro á seis cuchara- 
das en la noche y no en las veinticuatro horas. La autorización verbal 
paratomar las dos ó tres primeras cucharadas en intervalos más próxi- 
mos, constituiría una imprudencia grave, si no hubiere sidou:orregida 
por una prescripción terminante, en la cual insistió mucho, de vigilar 
atentamente la acción de la dosis antes administrada; prescripción 
que no fué observada, á causa sin duda de la natural tendencia de los 
enfermos y de las personas que los rodean á exagerar las dosis de 
los remedios para obtener antes el alivio esperado. Es seguro que si 
90 hubiere observado la recomendación del Dr. G., el accidente no se 
hubiera producido, porque era evidente, desde la primera cucharada , 
que el medicamento producía malos efectos, y la mayor imprudencia 
se cometió administrando la segunda y la tercera. 



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A DE LEGIBLAaÓN 

olas y Lépine resamian su opinión, di- 
acias especiales en que fué llamado á la 
Ma de vivos suírímientos, en el caal se 
Bullado medicaciones enérgicas, de salud 
>8f el Dr. G. es excusable por haber reca- 
m medicamento preconizado por machos 
r que la aconitina vendida por el boti ca- 
le Daquesnel, ni qae la enferma presen 
3cial respecto de este producto; que sin 
erbalmente la administración de dosis 
e tener en cuenta el haber recomendado 
ictos del remedio; que la enferma murió 
10 y medio, cantidad que de ordinario 
modas no es peligrosa, y que, por conse- 
buirse á la idiosincrasia particular de la 
oa dotada de propiedades algo especiales 
tóxica que la aconitina de Duquesnel. 
a causa ante la Audiencia correccional, 
I sobre todo al luminoso dictamen de sus 



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REVISTA DE LA PRENSA JURÍDICA EXTRANJERA 



La literalidad en las obligaciones cambiarlas y sn ]>r¡ncipia histérico j 
MOnómieo, por el profesor Papa D'Amico (Archivio gtnridico, i. 48, 
1892, fase. 4 y 5). 

1. de ha dicho, con maoha verdad, que la vida económica en la que gu- 
nainiatra la materia al derecho, de tal suerte que, no bien se cambia la una, 
se eambia ó modifica también el otro. Esta correlación se encuentra en casi 
todas las instituciones de derecho privado, y se encuentra asi bien, en grado 
«mínente, en la letra de cambio, cuyas manifestaciones jurídicas han venido 
«n pos de los correspondientes fenómenos económicos. 

La letra de cambio, en sus grandes fases, no ha sido otra cosa que el des- 
arrollo del principio económico del crédito personal, asi como la literalidad 
OH las obligaciones cambiarías ha sido un producto á que ha ido dando lu- 
gar, gradualmente , el mismo principio. Tras del régimen económico pura- 
mente natural, ha venido el régimen económico de la moneda, y á éste ha 
reemplasado el régimen económico del crédito, bajo cuya inmediata influen- 
eia se ha ido desarrollando y concretando el predominante principio jurídico 
de la actual literalidad. 

2. En los tiempos primitivos no pudo existir el crédito, porque las rela- 
ciones entre los hombres estaban regidas por la lucha violenta y la fuerza 
farata. Por tanto, no pudo existir la letra de cambio. 

En Grecia y en Boma comenzó k sentirse la necesidad de evitar los peli- 
gros del transporte material del dinero de una k otra plaza, y con este se 
originó d cambio trayeoticio, de que Hisócrates y Cicerón nos ofrecen algu- 
nos cu'emplos. 

Sobre la base del crédito hubo de desarrollarse el contrato correspon- 
diente; pero, lo mismo que aquél, el cambio tuvo xma importancia y una fun- 
ción muy limitadas. Los argentarlos de entonces realizaban operaciones de 
eréditoj pero no conocieron las grandes operaciones modernas, que consisten, 
principalmente, en comprar obligaciones pagables en época futura mediante 
obligaciones pagables, destinadas k circular como moneda, que es lo que ha 



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182 REVISTA DE LEGISLACIÓN 

dado una extensión tan prodigiosa al moderno sistema del crédito y del co- 
mercio. 

Pero aun cuando hubiera cambio, éste no adoptaba ninguna forma espe* 
oialf ni menos se conocía en este periodo la literalidad, porque todavía no 
había hecho su aparición el titulo cambiado. Lo cual no es decir que loe 
griegos y romanos no tuviesen obligaciones literales; antes bien, los últimos 
tuvieron una literalidad que, en sus comienzos, fué aun más estricta que la 
moderna. Mas, aparte de que esta literalidad no se referia al derecho cam- 
biario, el cual ha tenido un desarrollo particular suyo, no fué tampoco, k lo 
que parece, un desplegamiento de la potencialidad del crédito, sino m&s bien 
una evolución puramente formalista de la sUpulatio, determinada principal- 
mente por la introducción de la escritura. La liurarum obltgatio no represen- 
tó un titulo de crédito circulable, sino que siempre permaneció inmoviliaada 
en el codix accepti et expenni, 

Y aun esta literalidad, en lugar de desarrollarse más y más, á medida 
que progresaba y que se complicaba la vida, fué decayendo poco á poco con 
la introducción de la txcepHo doli^ y luego de la exctsptio non ntrmerato> pecunia'^ 
las cuales transformaron la rigurosa índole primitiva de aquélla. 

En el período bárbaro no se encuentran documentos que atestigüen la 
existencia de operaciones de cambio trayecticio. Mas teniendo en cuenta la 
índole política y social de aquellos pueblos, esencialmente militar y guerrera, 
puede afirmarse, con mucha probabilidad de acierto, que el crédito cambiario 
no se usaba, ó se usaba muy poco. Es positivo que aquellos pueblos tuvieron 
documentos de crédito, mas el crédito cambiario no se ve entre ellos; como 
también es cierto que tuvieron una cierta literalidad, pero no era siempre 
necesaria para crear la obligación, la cual, salvo casos en que había de por 
medio un inmueble, se podía contraer independientemente de t^da dase de 
escritura, ora en la thinxy ora cun la wadúttto, ora con la rr«, según los casos. 
8. Con el maravilloso desarrollo económico y mercantil que trajo consi- 
go el florecimiento de las repúblicas italianas de la Edad Media y de otras 
ciudades del Mediterráneo, tuvo, por necesidad, que progresar el crédito. Sí- 
guió éste los pasos del general desarrollo industrial y mercantil, siendo pros* 
pero donde dicho desarrollo lo era. Y, en efecto, se manifestó bajo diferentes 
formas: en operaciones maritimas, en los contratos sociales, sobre todo en la 
comandita, en los depósitos, en las operaciones bancarias, en los préstamos 
públicos y privados, con lo cual el cambio trayecticio se hizo de uso general; 
siendo muy frecuentes entre las diferentes plazas mercantiles, y sobre todo 
entre los banqueros que habitaban en éstas, en el juego de alza y baia del 
cambio de moneda en las distintas plazas, en el envío de dinero al Pontífice 
por parte de los cambtatore^, etc. En esta época existe el cambista camptor^ el 
cual dio un carácter mercantil á la operación de cambio. El campfior daba 
«ierta cantidad de moneda aquí á uno para que éste diese otra cantidad ignal 



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REVISTA DE LA PRENSA JURÍDICA EXTRANJERA 183 

á otro en distinto sitio, ó parn que mandase h su comisionado qae se la en- 
tregase al del otro. 

Sin embargo, el contrato de cambio era muy limitado, porque el crédito 
tenia poco desarrollo, ooncret&ndose únicamente á suplir la escasez y difi- 
cultad de las comunicaciones y los peligros del transporte del metálico. No 
se sentían entonces las necesidades que ahora, de la prontitud en los pagos 
y en la circulación, las exigencias de las grandes industrias, etc. Lo más im- 
portante del contrato de cambio como también del crédito en estos tiempos 
•• que adquieren carácter mercantil. 

4. Este movimiento económico ocasionó el desarrollo gradual del titulo 
cambiarlo. Los más antiguos documentos son de los siglos xii y xiii. La for- 
ma de los mismos es casi igual á la del quirógrafo, según el Digesto de Jns- 
tiniano. También se asemeja muchísimo á la cautio ó eautum de los francos y 
longobardos. Y como el quirógrafo y el eautum eran documentos comunes de 
crédito, formas genéricas de los contratos, con la sola diferencia de que las 
cartas del siglo zu contenían una operación de Ideo in lomm, resulta que el 
acto cambiarlo debió estar confundido con los actos y bajo las condiciones 
del derecho común. La misma palabra que se emplea, cAarto, demuestra que 
lo que con ella se quiso conseguir no era sino un medio probatorio. 

5. Cuando el titulo cambiarlo adquirió forma y carácter particular tfué 
en el siglo xiv, según se infiere de los documentos de la época, en los cuales 
se encuentran las palabras literce cambiales ó cambiatores y el camhium per lit' 
tara*. A ello debió contribuir la generalización de la correspondencia episto* 
lar, como consecuencia de la sustitución del papel de lino al ];>ergamino. 

La letra de cambio dejó entonces de ser un quirógrafo para adquirir una 
forma particular. Sin embargo, la literalidad no existe todavía. 

Las condiciones jurídicas seguían siendo las comunes, aunque el titulo 
se había especificado. Lo más saliente en este período es una marcada ten- 
dencia hacia las formas jurídicas mercantiles: como el contrato había adqui- 
rido xm carácter económico, mercantil, debía ser regulado, como sucedió, por 
leyes adecuadas. £1 cambio fué desde entonces un acto de comercio, someti- 
do, como tal, á la jurisdicción mercantil, y con los caracteres de un acto de 
esta naturaleza. Pero la escritura en el contrato de cambio no tiene otra «fi- 
e*cia ni otro valor que el de un simple medio de prueba, la misma que podía 
tañer con respecto á otro contrato meroantü. Los principios ^dominantes asi 
lo exigían. Y, claro está, como la escritura no era esencial para la valides del 
contrato de cambio, era imposible toda literalidad, que tiene su base en 
s^piélla. 

6. La especialidad del negocio del cambio tenía que traer como conse- 
cneneia su especialidad jurídica. Como era una institución económica parti- 
enlar, con función contractual propia, comenzó á tener, por la convueiud» 
meretuitktf que es el derecho viviente, sus particularidales naturales, referep.- 



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REVI8TA DB LEGISLACIÓN 
ks que contrataban, k la provisión de fondos, al Ingar del'' 
cuales se añadieron otras particularidades, si no naturales, 
>peraoión misma, como la forma de la letra, la necesidad de 
^o al pagador por medio de correspondencia epistolar, el nú- 
lue habían de expedirse, el vencimiento k fecha, vista, fe- 
tación, el pago, etc., etc. 

particularidades, algunas llegaron & convertirse en oondioio- 
inherentes al contrato de cambio, y muchas cl&usulas, que - 
tenían que expresarse, se sobreentendieron después, como li^ 
Ddos los que suscribiesen la letra, la cláusula k la orden, etc. 
la escritura, la cual no fué en su origen una condición legal 
cambio, sin más valor que el puramente probatorio, pero que 
Lió en necesidad real. De tal tiQ añera, que algunos jnriscon- 
10 opinaban que sin escritura no había contrato de cambio • 
8 la falta de escritura era incompatible con la dwtantia loci, 
las condiciones del cambio. Después la necesidad de la escri- 
«nsiva á las operaciones particulares del cambio, á la acepta- 
giro, etc. £1 contrato de cambio siw literU no tuvo ya signi- 
lé sólo una distinción escolástica. 

I el siglo zvi se comenzó á considerar á la letra de cambio 
uoión a ae, que se separaba en gran parte de los contratos- ' 
tuo, compraventa, etc. La letra de cambio representó, econó- 
muta de dinero por dinero de plaza á plaza, una operación de 
icio, y jurídicamente, la expresión de un contrato, primero, 
de naturaleza mercantil. Pero su aplicación fué todavía li- 
1 Grecia y en Boma, no tuvo más objeto que evitar las difl* 
iesgos inherentes al transporte de metálico de un sitio á otro, 
jonómico del tiempo no consentía que adquiriese más exten* 

lo zvn la institución cambiaría empezó á experimentar otra- 
sión económica y jurídica. La letra de cambio no fué ya sólo 
le permuta de dinero entre dos plazas, sino también un media - 

pagos, puesto al servicio de los comerciantes y del comercio, 
pos antiguos se opuso fuertemente al desarrollo del crédito 
gue á la usura hicieron las leyes tanto eclesiásticas como ci* 
irgo, la Iglesia misma, al propio tiempo que condenaba el 
llamaba muerto ó seco, por considerarlo usurarío, considera 
ambio trayecticio. 

píos dominaron casi generalmente hasta fines del siglo xyn. 
aecesidades económicas y mercantiles crecían más cada vez^ 
icer uso de la astucia, de los subterfugios y de las simulacio- 

á cabo aquellas operaciones que las leyes prohibían, pero 



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REVISTA DE LA PRENSA JURÍDICA EXTRANJERA 185- 

qua Ias cirounstanciaii económioafl exigían oon gran imperio. La Iglesia y la 
inrisinnidencia acudieron más de una vez k las ficciones para coboneetar con- 
tratoe qne ellas mismas condenaban. Esto ocurrió también en el contrato de- 
cambio, y de aqoi el cambio fingido, adulttrinOf llamado asi porque se fingia 
el logar. Este cambio no tenia de trayeoticio más que la apariencia. 

Por otros rodeos se llegó á conseguir un resultado análogo: desde la pro- 
MUfiión absoluta de la usura, se pasó á la prohibición de los intereses exce- 
ÁTos, basta que el concepto de usura quedó por completo abandonado y se 
dejó la libertad en el interés. 

El pagaré no tenia eficacia cambiaría, sino sólo civil: no se vio en él sina 
una confesión de deuda con promesa de extinguirla en cierto placo. La 
eficacia cambiarla no la adquirió hasta 1807, que se la dio el código francés; 
pero con la particularidad de que, asi como en la letra de cambio propia- 
msnte tal se reconoció un titulo cambiario por su intrínseca naturalesa, en 
la iiw-wia/JA. carta á la orden ánioamente se reconoció el carácter cambiarío 
ovando la obligación fuese mercantil, presumiéndose que lo era cuando los 
que smscríbiesen el titulo fuesen comerciantes. 

Otra modificación se realisó en el organismo cambiarío, y fué que los va- 
leres qne se cambiaran podian consistir, no sólo en dinero, sino en mercan- 
cías ó en cualquiera otra cosa. La Ordenanza francesa de 1673, pour U com- 
Menee, dispuso que los valores pudieran consistir en deniertt marchanditea oh au- 
cmsMKi. De un modo análogo se expresa el Código de 1807. De esta suerte, 1a 
fanoxón económioa de la letra de cambio no se limitó, como en su orígen y 
en la época anteríor, á una simple permuta de moneda de plaza á plaza, sino 
qoe sn acción se hizo extensiva á muchas otras relaciones mercantiles; sir- 
viendo, por ejemplo, como medio ó forma de pago en beneficie del comercio: 
eaando nn comerciante recibía una determinada cantidad de valores, entre- 
gaba nn documento oambiarío en que se comprometía á pagar en una época 
datarmlnada. 

Este nuevo oficio de la letra de cambio respondió al mayor incremento de 
las industrias y del comercio. Ta no bastaba la moneda i>ara todos los ne- 
godos mercantiles; se recurrió al crédito, y el mejor medio para satisfacer 
esta necesidad fué la letra de cambio. 

€k>nla introducción en esta época de la cláusula cá la orden», el con- 
trato de cambio adquirió una forma que se prestaba á la circulación, puesta 
qee pudo transmitirse de unos á otros, convirtiéndose asi en un medio de 

Tocante á la forma escrita del documento, la situación anterior de hecho- 
s« convirtió ahora en situación de derecho. Al efecto, se dieron disposiciones 
exigiando la aceptación por escrito y excluyendo la aceptación verbal. Igual- 
mentó, se exigió la escritura para el aval, para la declaración del valor, para 
la oi4nsn1a «ala orden*, etc. Pero el concepto tradicional continuó impo- 



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18(J REVISTA DE LEGISLACIÓN 

niéndose, por lo onal, lo mismo la ciencia que las legislaciones del tiempo 

no dieron á la escritora en la letra de cambio más que nn valor merament-e 

probatorio. 

Tales fueron los principios en qne se informaron las legislaciones de la 
segunda mitad del siglo xvii en lo referente á la letra de cambio. 

La literalidad no pudo desarrollarse, porque á ello se oponían mnitítad 
de causas; pero se afirmó el comienso de la elaboración que dicha literalidad 
ha adquirido posteriormente. La letra de cambio no se limitó k ser una per- 
muta de dinero entre dos plazas, sino qne adquirió la forma de nn medio de 
pago; aunque sólo tenia eficacia probatoria, sin embargo, la esciitnra llegó & 
ser una forma legal. 

8. Dada la actual organización de los cambios, organización de rapidez y 
facilidad, el crédito, auxiliar poderoso de los mismos, ha tenido que revestir 
formas sencillísimas, para poder responder á las exigencias de una organiía- 
oión semejante. Una de las tendencias más marcadas de la economía moderna 
es el favorecer la circulación, entendida esta palabra en su más extenso sig- 
nificado. Por otra parte, esta necesidad del aumento de la oircnlaoión resalta 
asi bien del gran desarrollo del sistema industrial y comercial moderno, de 1» 
introducción de las máquinas, del aumento de los negocios, de la introdoo* 
ción de la grande industria, de los grandes establecimientos de prodacción, . 
del predominio de las sociedades anónimas, etc , etc. La moneda no podía 
bastar para satisfacer todas estas necesidades, y por eso se ha colocado en 
su lugar el crédito, el cual se ha convertido en monedu corríenttf con fines mu- 
cho más económicos qne los de ésta. 

Pero al reemplazar el crédito á la moneda, se requiere como condición na- 
tural del mismo que sea pronto y fácil. La tardanza para aprovechar una co- 
yuntura en operaciones mercantiles ó industríales podría ser ruinosa. El 
éxito depende muchas veces de la oportunidad. Así es que todo el dere4^A 
contractual sobre el crédito se ha reducido en estos tiempos á las condicio- 
nes jurídicas rigurosamente esenciales é imprescindibles, sencillez en la forma 
de emisión, mayor facilidad y segundad en la transferencia, rapidez en la 
ejecución. 

Hoy, con el gran desarrollo del derecho prívado moderno y de la eoono- 
mía social, la letia de cambio tiene una función de crédito por exeelencia 
como medio de transmisión y como medio de pago. La letra de cambio se lia 
convertido en un instrumento de la circulación general, sin limitación al- 
guna de causa ni de personas, y gracias á la difusión del crédito i>er8onal. 
Es hasta el instrumento de crédito universal, en cuanto es el medio mejor 
para los pagos y compensaciones internacionales. 

Supuesta la gran transformación que en el crédito se ha verificado en la 
época moderna, por necesidad han tenido ^ue modificarse también los requi- 
sitos de la obligación cambiaría. Asi que ya no se exige que la obligaoión 6 



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REVISTA DE LA PRENSA JURÍDICA EXTRANJERA 187 

«' aeto Mtk mercantil, sino que basta, para formar el contenido de nna obli - 
gAcióo cambiaría, que exista la obligación de pagar al vencimiento de xin tér- 
mino cierta cantidad al poseedor del titilo: de este modo, la causa origina 
ría da la obligación es principalmente subjetiva. 

A la ves que se simplificó el contenido, se simpliñcó también la forma, re- 
dndéndose al mtntmvn las formalidades necesarias para sn validez, cabi casi 
4 sólo las firmas en nna promesa de pago. 

Pero tanto como se redujo la forma en extensión, otro tanto ganó en in- 
teiüidad y faensa; la forma fué lo que imprimió un carácter especifico k la 
obligación, y bastó para la existencia de ésta el rigor de la forma, la promesa 
formal, la literalidad. Esta no fué ya, como antes lo habia sido, un documento 
de prueba, sino nna formalidad y una solemnidad: formalidad, en cuanto no 
fnxede renunciarse k ella; solemnidad, en cuanto la falta de escritura no puede 
ffaplirse con ningún otro medio de prueba. Todas las modalidades y acceso- 
rios del acto cambiario tienen que revestir la forma escrita: la aceptación, 
«Til, giro, eto. 

La esoríbura se necesita en el mismo titulo cambiario; fuera de éste no 
pottde haber obligaciones cambiarias: habrá obligaciones, pero áe, distinta 
nainndesA. 

C<Hi emte predominio de la literalidad, la letra de cambio ha dejado de 
•ef cosa ezolusiva del comercio, para convertirse en una forma libre y común 
de crédito. Sn validez la toma de la forma, no de una causa material de la 
misma, que ttmto puede ser mercantil como civil. Por eso, para poder recla- 
mar la obligación, es indispensable poseer el titulo; sólo el poseedor de éste 
puede reolanuu: aquélla. 

Mas debe advertirse que estos caracteres no son exclusivos de la letra de 
eambio, sino generales á todo documento de crédito. Por eso es de esper^ir 
^ao loe legisladores apliquen á todos ellos los mismos principios, y conviertan 
•B oaa necesidad legal de todos los títulos de crédito la literalidad. A este 
gran trabigo de síntesis jurídica es al que se viene encaminando todo la ela- 
boración histórica que hemos expuesto sumariamente. 

9. Las instituciones particulares & que dio vida la letra de cambio han 
«entido, como era natural, todo el influjo de los principios que tocante á 
aquélla han regido, ó, más bien, no han sido otra cosa que una concreción 
de los mismos. De aqui que ya hoy no debe limitarse la capacidad cambiaría 
y hacerla exoluaiva de los banqueros, como en un principio, por temor de la 
osara; no tampoco propia de sólo los comerciantes, sino de toda persona, por- 
que la letra de cambio no es ya una institución para el servicio exclusivo de 
los comerciantes y del comercio, sino un acto de crédito común. Una vez que 
la letra de cambio es un titulo de crédito común, con función general de cir- 
«ülaeión; desde el momento que su contenido es una obligación cualquiera 
de pagar 6 mandar pagar ana cantidad en determinada época y en forma es- 



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188 REVISTA DE LEGISLACIÓN 

pecial y solemne, resulta |oomo conseonencia legitima que las normas que 
deben regirla sean lad de la razón común, y que todos los que puedan obli- 
garse civilmente pueden también obligarse por letras de cambio. 

10. En las instituciones que sirven para garantir el pago de la letra de 
cambio se advierte el mismo proceso bistórico, las mismas transformaciones 
que en éste. Por eso nos creemos relevados de repetirlas. 

» m 

Las dificaltades actuales del derecho administrativo, por A. Long^ 
(Archivio giuridico, tomo 48, 1892, faflc. 6.o). 

Tan graves y excepcionales son las dificultades que rodean al derecho ad* 
ministrativo moderno, como no es posible encontrarlas en la historia ni en 
el estado presenta de ninguna ciencia jurídica. Es, sin embargo, consolador 
el hecho de que nuestra ciencia, huyendo de f&oiles optimismos, se dé cuentft 
«xacta de tales dificultades. 

Por de pronto, no hay conformidad en cuanto al sistema y al método que- 
debe emplearse; mas debemos confesar que las razones de este desacuerdo no 
80 ocultan & los estudiosos, los cuales discuten sobre porción de problemas 
referentes á la materia: sobre el fin y objeto de nuestra ciencia, sobre la ex- 
clusión ó intervención en la misma del críterío filosófico, del político, del eco- 
nómico, sobre la oportunidad de reducir & un cuerpo independiente de doctri- 
na tal ó cual parte de materia científica relacionada con el derecho adminis- 
trativo, etc. 

La literatura científica italiana ha tomado una parte directa é importan- 
te en estas cuestiones, & partir de los nombres ilustres, no contemporáneos» 
do Bomagnosi y Manna, pasando por otros tratadistas de quienes pueden es- 
tar orgollosas las Universidades italianas, y llegando basta los escritores mk» 
recientes, que se han hecho dignos y eficaces intérpretes de las novísimas y 
apremiantes exigencias de nuestra disciplina. ¿Quién, por ejemplo, aunqu» 
no haya hecho estudios especiales sobre la materia, desconoce la famosa dis* 
cusión acerca de las diferencias que pueden existir entre el derecho adminis- 
trativo y la ciencia de la administración? T clara estéi que en esta cuestión 
va envuelta toda entera la referente al objeto, sistema y método de nuestra 
ciencia, puesto que en el fondo se trata de saber la materia que debe ense- 
ñarse como derecho adnsinistratívo y la pianera cómo debe hacerse esta en- 
señanza. 

Tanto es lo que se ha dicho y escrito acerca del particular, que bien puede 
afirmarse que el problema ha sido considerado desde todos los puntos de 
V ista que es posible considerarlo y que nada nuevo puede añadirse tocante al 
mismo. 



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REVISTA DE LA PRENSA JURÍDICA EXTRANJERA 181Í 

Estas difiooltades son, no obstante, de OArácter sistemático y no peotUia- 
res del derecho administrativo, sino que más ó menos tocan á todo el dere* 
eho público y á las ciencias politice- sociales. Hay otraii diftcoltades propias 
de nuestra ciencia y referentes á la materia misma de óí«ta. Sobre ellas va- 
mos á decir algunas palabras. 

Si consideramos la presente sitaadón del conjanto de principios y de 
normas que constituyen el derecho administrativo, advertiremos la continua 
variabilidad de los mismos. En todos los Estados modernos están variando 
todos los dias las leyes orgánicas, administrativas, etc. Y siendo esto asi, no 
hay necesidad de esforzarse mnoho para poner de manifiesto las dificnltades 
que engendra para el progreso de la ciencia. Una de las fuerzas principales 
del derecho, oientifioamente hablando, es la tradición, considerada como con- 
tinuidad de estadio, como conservación de energía intelectual, que hace que 
nn mismo principio se vaya elaborando á través de los siglos. Lo cual no ex- 
cluye la intima fuerza evolutiva del derecho, por cuanto entre uno y otro 
demento no hay sino oposición formal y aparente. £1 progreso jurídico se 
verifica lentamente y por grados, conser\'ando y transformando los elemen* 
tos tradicionales. 

La variabilidad á que se alude no se refiere sólo á la cantidad, sino tam- 
bién á la calidad: no es, por ejemplo, que se cambie de mayor á menor^ ó al 
contrario, el plazo para prescribir; es que las nuevas leyes regulan relaciones 
antes no reguladas, ó alteran el modo como antes lo estaban. 

Hay muchas instituciones nuevas en el derecho administrativo que re- 
presentan un retomo á los principios antiguos, y en este caso, el estudio del 
elemento tradicional es beneficioso: tal sucede con la consideración del pa- 
trimonio del Estado como un patrimonio cualquiera sometido á las normas 
del derecho común, lo cual es un retomo al derecho romano. Pero otras ve- 
oes el espíritu tradicional es un obstáculo para la inteligencia de las nuevas 
instituciones. Asi, influidos por el concepto romano de la distinción entre el 
derecho público y el privado, no podemos decir á cuál de estas dos esferas 
eorresponden ciertas instituciones del derecho administrativo. Por ejemplo: 
la relación jurídica entre el empleado y el Estado ¿es de derecho público 6 
de derecho privado? Si lo primero, como quieren muchos escritores, ¿de qué 
manera se armonizará el principio de obediencia del subdito al soberano con 
la reciprocidad de derechos y deberes entre partes contratantes y con la li- 
bertad con que puede tomarse ó dejarse el cargo? Si lo segundo, como quie. 
ten. otros publicistas, ¿de qué manera se explican las mil particularidades que 
tal contrato tiene, v. gr., la obligación del Estado de admitir á los empleos 
á todos los ciudadanos con igual capacidad? El derecho administrativo, apre- 
miado por la necesidad, ha prescindido del oriterio tradicional y ha regulado 
la relación de que se trata con un criterio mixto de público y de privado. 

Otra aplicación del principio tradicional á que se ha hecho referencia es 



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REVISTA DE LEGISLACIÓN 

qae penetra todo el derecho administrativo, entre actos de im* 
de gestión: en los primeros, Iai admÍDÍ«tración obra como poi* 
lereoho público; en los segundos, como de derecho privado., 
a es, en mnchos casos, eicacta y mny clara, por ejemplo, enfre 
administra jnsticia y el Estado qne compra ó vende on inmuA- 
tros casos, especialmente en los de administración social, no- 
)n tanta claridad. Cuando el Estado da la instrucción, ¿ejecuta 
perio ó de gestión? Ni lo uno ni lo otro, puesto que ni manda 
como en las relaciones de derecho privado, realizar su propic- 
ias bien el interés de los asociados. 

sucede cuando se trata de lo contencioso administrativo. La 
el ciudadano, ¿es un recurso, ó una acción? La autoridad que 
k, ó no, revestida de jurisdicción? Para resolver estas cuestiones 
principios tradicionales. 

resulta que, para resolver los problemas del derecho adxninis- 
k veces acudirse al elemento tradicional; pero que otras este 
to sirve de obstáculo. 

Itad para la constitución de nuestra ciencia proviene, no sólo 
dad continua de las leyes y de las instituciones, sino de la 
cnutabUidad. Equivocadamente, se atribuye de ordinario el he- 
útación con que se hacen las leyes, á influencias electorales y 
i., sin advertir que un fenómeno tan importante debe reconocer 
[idas, y que estas mismas que como tales se consideran son 
scuencias de la causa verdadera, la cual no es otra que el es- 
' confuso de la vida social moderna, estado que se refleja, más 
a otra rama jurídica, en la que está más relacionada con los 
ales que incesantemente agitan y conmueven á los pueblos 
principios individualistas proclamados por la revolución fran- 
reformas en nombre de la libertad, mientras que el Estado 
de fuerza tradicional, precisamente por ser hijo de la revoíu- 
^umentar su autoridad; á la vez que las clases sociales, que 
y, gracias á la representación, la fuerza predominante en los 
nos, reclaman á voces la intervención y el auxilio del Estado; 
le, como todo gran remedio de la medicina, tanto puede salvar 
igún la oportunidad, dosis, etc., en qne se administre, 
traño, por tanto, que el espirítu público, y, reflejándolo, la 
en tan gran incertidumbre en cuanto á la resolución de cier> 

lea también un fenómeno muy extraño, que es á la vez otra 
d para nuestra ciencia, á saber: que una reforma que se co- 
lentido y con un propósito, á menudo se concluye en sentido- 
» enteramente opuestos. Tal sucede con los principios indivi- 



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BEVISTA DE LA PRENSA JURÍDICA EXTRANJERA 191 

¿oalista y del 9ociftli«ino de Ettado, los caales inspiran con frecTiencia una 
miama reforma, por ejemplo, la de la administración municipal. 

Por otra parte, el enlace de las instituciones administrativas con las dis- 
ou^ioncs acaloradas, con las exigencias de partido, etc., hace que las unas 
influyan sobre las otras y que no se pueda distinguir la pura norma jurídica 
de las condiciones sociales en que se aplica. Por más que se reclame la sepa- 
raoi^n del derecho de la politioa, esta separación no es posible sino en la 
teoría; asi que en todas las cuestiones hay que tener en cuenta, uo sólo la 
norma jurídica, sino las condiciones y circunstancias en que ha de aplicarse. 



Sobre los recursos de easaeión por violación de ana ley extranjera, por 
M. FéraudOiraud, Coniejero del Tribunal de Casación de Francia 
(Revue de droit intemational et de legislation comparée, tomo 24, 
1892, núm. 8). 



Del principio de la independencia reciproca de las naciones, que les da 
derecho á la posesión exclusiva ^e la soberanía y de la jurisdicción on todo 
el territorio, se ha querido sacar como consecuencia que ninguna nación est4 
obligada k consentir en su territorio la aplicación de leyes extranieras, y que 
los Jueces no tienen que atender en sus resoluciones más que k las leyes na- 
cionales. 

No me parece que puede admitirse esta doctrina como regla; y aun los 
mismos que la aceptan concluyen por introducir en ella tantas «distinciones, 
derogaciones, excepciones y restricciones, que bien puede decirse que con- 
cluyen por echarla por tierra. 

Hay, por el contrario, escritores que no admiten ñ-onteras entre los Esta- 
dos y nivelan las montañas y llenan los valles que sirven de límites entre los 
distintos territorios. Tampoco es posible admitir esta opinión, porque oada 
nación debe tener su personalidad propia, que debe defender sin perdonar 
medio, aunque sea necesario llegar hasta el sacrificio. Cada nación debe 
tener sus instituciones, sns leyes, su individualidad y hasta debe evitar que 
se eoncedan fitcümente á los extranjero.s, miembros ficticios de aquélla, los 
mismos derechos que á los nacionales. 

Pero, si es necesario reconocer la personalidad de los Estados, lo es asi- 
mismo reconocer la coexistencia de varios de .éstos, que da lugar h derechos 
y deberes reoiprocos. Podr&n vivir en paa ó en guerra, pero de cualquier ma- 
nera que sea, tienen que mantener relaciones, para regular las cuales son 
necesarias ciertas normas» 

Ahora bien: aplicar en un territorio las leyes extranjeras en conformidad 
con las leyes del pais y con autorización de los que tienen la misión de go- 



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192 . REVISTA DE LEGISLACIÓN 

bemar, ¿es atentatorio á la soberanía de lo4 Estados, ó, por el contrario, en 

reconocer y consagrar este derecho? 

Por otra parte, no hay nación alguna que, dentro de su territorio, no os- 
tablesoa diferencias entre el régimen de los nacionales y el de los extranjeros. 
Pues bien; si á los extranjero» se les coloca en mijphos casos fuera de la ley 
nacional, ¿cómo ño admitir la necesidad de leyes y reglas especiales que han 
de serles aplio&bles? 

Acerca de la obligación que un Estado t^nga de aplicar ó no la ley ex- 
tranjera k los extraxgeros discrepan los tratadistas, creyendo unos que se trata 
de* una simple condescendencia ó cortesía para con el Estado extranjero, y 
otros, que se trata de una obligación perfecta. Entre estos últimos nos coló* 
<!amos nosotros. 

n 

Pero, después de todo, ¿qué importan los diferentes sistemas que existen 
acerca de la aplicación de la ley extraiijera, si se exceptúa el de la soberanía 
absoluta y exclusiva? Poco importa que esta aplicación se funde en la corte- 
sía, en el interés, en el consentimiento presunto, en la reciprocidad, en 1a co- 
munidad de derechos, en el respeto á las nacionalidades, etc., pues lo positÍTo 
«8 que las relaciones de pueblo á pueblo se hallan sometidas á principios y 
reglas que los Estados deben respetar, aun cuando las contravenciones k es- 
tas reglas quedasen — lo cual no es exacto — sin sanción. De un modo espon- 
táneo ó de un modo obligatorio, en el hecho, la mayor parte de los Estados 
han reconocido á los extranjeros el derecho de acogerse en ciertos casos k las 
leyes de su país. 

Por otra parte, la máxima locua regit actum^ cualquiera que sea el funda* 
mentó en qué se apoye, no puede desconocerse ni eludirse: podrá discutirse 
sobre su extensión, pero no sobre su valides. Además, hay otros casos «n 
que es preciso acudir á la ley extranjera, como cuando se trata de apreciar 
las consecuencias legales del -estado civil de las partes litigantes. 

Contra esta doctrina de la necesidad que los Tribunales tienen en ma- 
-chofl casos de acudir á las leyes extranjeras y de la consiguiente obligación de 
hacerlo, se objeta que los jueces nacionales no están obligados á conocer to- 
das las leyes de todos los países del universo. Mas bueno es entenderse sobra 
la extensión de esta obligación. No se trata de que el jues conosca todas las 
legislaciones, sino tan sólo en la parte que puede serle necesaria, esto es, en 
las' cuestiones de capacidad y otra^ referentes al estatuto personal, y en lo 
tocante á la validez de los actos en cuanto á su forma. Y claro está que, 
dentro de estos límites, le es posible cumplir con tal deber. Dada la inmensa 
multitud de leyes que rigen en un Estado, los jueces no pueden conocerlas 
todos, y necesitan consultarlas en cada caso particular. ¿Por qué, pues, no 
lia de hacerse lo mismo con las leyes extranjeras? De otro lado, ¿no resael- 



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BEVI8TA DE LA PRENSA JUBÍDICA EXTRANJERA 193 

■ren los jntcM en porción de oaestiones técnicai ■irviéndoae del auxilio de U 
^ente perita en ellas? 

ni 

Sapnesto que los jaecM tienen que aplicar en ciertos casos la ley extrae 
jera, veamos aho^ las condioiones en que esta ley debe Uegar k oonocüniento 
de aqn^os. 

Parece juste que la obUgación de alegar y justificar U ley extranjera 
corresponda á aquel que pretende ampararse de sus disposiciones, como al 
demandante le incumbe fustiñoar los hechos en que apoya su demanda. Mas. 
en defecto de justificación de la ley extnugera por parte de los demandante».,' 
ino debería el juex aplicarla de oficio en los casos en que viniese á reconocer 
que su ley nacional le imponía este deber? Sobre esta cuestión están muy en 
deíaoueijio los autores, sosteniendo unos que el juea debe proceder de ofi- 
cio, sosteniendo otros lo contrarío, y creyendo otros que el jues puede pro 
ceder de ofimo, pero que no está obUgado á eUo. Nosotros nos indinamos á 
la primera opinión. 

Kn cuanto á la manera de hacer la prueba de la ley extranjera, es difícil 
determinarU a prhri y de un modo invariable. Generalmente, se concede á 
los Tribunales el derecho de Ai»r en cada caso el procedimiento que se debe 
«mplear, de apreciar si los justificantes presentados son suficientes, etc., etc. 
Mas debe advertirse que si U apUcación de las leyes nacionales es muy difí 
cil, ¡cuanto más lo será U de una ley extranjera, cuyo texto puede parecer 
•encülo y claro, y sin embargo, comparado con otras disposiciones legales, 
podrá resultar oscuro! 

Aoeroa del parücular, deben tenerse en cuenta ciertas reglas sacadas 4e 
los autores y de U jurisprudencia, asi como las convenciones celebradas en- 
tie distintos Estados para fiwsiUtar el cambio de documentos oficiales y otras 
pubUoeusiones de la misma naturaleza. 

IV 

De lo dicho se infiere que siempre que los Tribunales violen la ley ex- 
tranjera, cuando ésta deba ser respetada y apUcada, la violación debe repri- 
mirse por los miamos recursos que la violación de la ley nacional, á la cual 
so sustituye aquóUa, y por tanto, por medio del recurso de casación. La re- 
g\A contraria es precisamente la que han seguido los Tribunales de casación 
fi-anceses y extranjeros. 

Se sostiene que la violación de una ley extranje»-a no puede dar lugar á 
recurso de casación, porque éste procede contra los desaciertos de los Tribu 
nales inferiores y aquélla violación no lo es. y porque la casación está esU- 
bleoida para mantener la unidad en la interpretación de las leyes nacionales, 
extralimitándose, por tanto, en sus funciones si se extendiese á U interpre- 
tación de las leyes extranjeras. 

TOMO 82 ^jl 



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REVISTA BE LEQIBLACIÓN 

qud sostiene tanto la jorisprudenoia como la doctrína^ 
atores que se separan de ella son muy pocos. Siii em- 
aciones, y aun los mas exagerados partidarios 4^1 prin-^ 
excepciones al mismo, como sucede coa las resolnoío* 
i.ción en caso de violación de una ley extraiviera, ana- 
ta falsa aplicación no se convierta en faente de una 
f nacional» ó «tenga como consecuencia nna contraven- 



ía cierta en punto á la administración de justicia 7 que 
^ada con citas de jurisprudencia ó de doctrina, es que 
ksación no pueden proponerse nuevos medios, esto es, 
. sido propuestos ante el jues que haya conocido del 
enos que, refiriéndose al orden público, no se presenten 
^ue envuelvan á la vez cuestiones de hecho y de dere- 
nedio que se aduce, fundándose en la violación de nna 
a la apreciación de una simple cuestión de hecho, no 
lo por vess primera ante el Tribunal de casación. Pero 
era no haya sido aplicada, contraviniendo á la ley ft'an- 
rece que se trata de una pura infracción del derecho, 
* dioho Tribunal. Sin embargo, éste ha denegado refe> 
se hubiere aducido ante el juez de hecho. Por lo de- 
3 los casos, para que pueda defenderse, la apreciación 
echo, tendrá que ir acompañada de averiguaciones de 

9 hechos no hayan sido comprobados por el juez del 
odr&n hacerse valer ante el Tribunal Supremo. 

VI 

otualmente se resuelven las cuestiones á que da lugar 

> de casación por violación de leyes extranjeras está 
»r á los principios eu que debe inspirarse una buena 
ioia. ' 

fondo ha dado por comprobado un hecho, bien está 
bción — cuya misión es tan sólo ver si el derecho ha sido 
de que se trata — lo acepte como perfectamente com- 
L magistrado tenga dudas; por cuanto el juez infei'ior 
don todos los antecedentes y prueban necesarias. Pero 
proveído se haya aplicado equivocadamente una ley 

> textos legales que el Tribunal Supremo tiene delante^ 

10 disposiciones derogadas, el obligar al Tribunal d» 



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REVISTA DE LA PRENSA JURÍDICA EXTRANJERA 195 

casación á qne ten^ como Tordadero lo que «Ua misma ve qae es erróneOt 
y 4 que consagre ana ilegalidad de que se da cuenta exacta, no sólo es do- 
loroso, sino que debería ser imposible. 

Para defender lo contrario, hay que oponerse, como se ve, á los princi- 
pios de justicia, y además ht^y que recurrir á una ficción, que es la que sirve 
de base á los que defienden \a. doctrina contraria k la nuestra, k saber: que 
coando el juez del fondo del asunto aplica una ley extranjera, no hace más 
que establecer un hecho. Esto es emplear una mentira para cubrir una irre- 
gularidad. 

Nuestra tesis va teniendo, no obstante, sus partidarios y defensores: Pie- 
rantoni, Bar, Rivier y Lanrent. 

vn 

La consecuencia que de todo lo dicho puede sacarse, es que contrn las 
violaciones de las leyes extranjeras, en los casos en que los Tribunales deban 
aplicarlas, cabe el recurso de casación y que el Tribunal encargado de ello 
deberá casar todos los proveídos en que se reconozca que dichas violacioneft 
han tenido lugar. En rigor de lógica, «si resulta. 

Por mi parte, aceptaría este sistema con preferencia al sistema contra- 
rio, hoy predominante, que niega al Tribunal de casación el derecho de ins- 
peeúonar si los Tribunales nacionales aplican ó no bien las leyes extran- 

Sin embargo, dado el estado de las ideas y de la práctica que las ha san- 
cionado, no me atrevo á ir tan lejos; pero desearía que se diese un paso más, 
pues las relaciones internacionales no son ya hoy las mismas que ayer, sino 
xahm complicadas, más necesitadas de reglas fijas, etc. Al efecto, he aquí lo 
qoA yo proj;>ondria: 

Ho creo que la aplicación de una ley extranjera sea pura cuestión de he- 
cho; pero tampoco creo que la violación de una ley extranjera por un fallo 
«le los Tribunales nacionales deba considerarse como un caso de casación 
igoal al que produce la violación de la ley nacional; sino que vería en ello 
una violación de la ley propia y especial de las partes, y á titulo de tal, les 
concedería un reourso de casación, siempre que este recurso se fundase en la 
violación del vínculo especial que unía á aquéllas. 

Xste sistema tiene las siguientes ventajas: se apoya sobre una base jurí- 
disa, sn aplicación es garantía de una buena administración de justicia, per- 
mito qno se ennüenden los errores que. pueden existir en ciertas resoluoioneí) 
jradicfales, y su práctica y sus consecuencias no necesitan someterse á expo- 
rioaentaoión, porque hace ya tiempo, que se han fijado. 



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^ ""'^-"•^^^'Bfgyy^— 



196 REVISTA DE LEGISLACIÓN 

El Congreso jarídico de Fioreneia y la caestión del divorcio, por 
L, Oiiviy profesor de la Universidad de Módena (Revue de droü in- 
temational et de legislation comparée, tomo 24, 18^2, Dám. 8). 

En el mes de Septiembre último se reunió en Florencia el tercer Cong! eso 
jorídioo italiano, al cual asistieron muchos magistrados, profesores de derecho^ 
abogados j doctores. Se discutieron importantísimas cuestiones referentes 
al derecho de familia, y entre ellas, la de la investigación de la paternidad 
y la del divorcio. Vamos á, dar cuenta de esta última, añadiendo algunas con- 
sideraciones de índole científica y social. 

I 

Sabido es que el sistema de la legislación italiana en materia de divorcio 
es pura y simplemente el del Código Napoleón. Por consecuencia, el matri- 
monio toma su existencia jurídica esencial y exclusivamente de la ley del 
Estado, independientemente de todo culto ó creencia religiosa que profesen 
los cónyuges. La autoridad civil tiene jurisdiccción completa en materia de 
matrimonio, determinando las condiciones para su valides, los efectos lega- 
les del mismo, etc. De donde resulta que al Estado es á quien corresponde 
determinar los casos de disolución de un matrimonio válidamente contraído, 
y, por consiguiente, si el divorcio es uno de estos casos. 

Nada de extraño, pues, que en el Congreso jurídico de Florencia se dis- 
cutiese la cuestión del divorcio, como una innovación que debe introducirse 
en el Código civil italiano, el cual establece la indisolubilidad del vínculo 
conyugal. Los defensores del divorcio lo reclaman fundándose en argumentos 
de necesidad social, en el cambio de las costumbres y en exigencias de la 
moralidad. 

La señal de ataque contra la ley italiana la ¿ió Villa, diputado, el cual 
ya había presentado á la Cámara un proyecto de ley de divorcio. En el Con> 
greso jurídico de Florencia, el Sr. Villa, combatió la ponencia del Sr. Chl- 
róni, profesor de la Universidad de Tnrín, contrarío al divorcio, aun recono- 
ciendo el valor científico de esta ponencia. Hay casos, dgo, en que el divor* 
cío es un mal menos grave, que la separación de cuerpos. El matrimonio, 
añadió, no es un contrato, sino una institución social; y es indisoluble por 
su naturaleza, aunque hay excepciones á esta indisolubilidad, las cuales 
no derogan la regla, sino que la confirman, como la inviolabilidad de la pro- 
piedad no se niega por las excepciones que en la misma introducen las leyes 
sobre expropiaeión. Se trata, por tanto, según el orador, de introducir en el 
Código algunas disposiciones complementarias de las que rigen sobre el ma- 
trimonio, sin cambiar el fondo del sistema. 

Se opusieron á la introducción del divorcio el diputado Baocelli, el ya 
mencionado Chironi y el Sr. Filomusi G-nelfi, profesor de la Universidad de 
Boma, quienes trataron de rebatir los argumentos presentados en favor do 
aquél por el Sr. VíUa. 



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REVKTA DE LA PBEN8A JURÍDICA EXTRANJERA 197 

Paesta á yp^^ón U puoposioión do eite último, f»TormbIe al divorcio, 
fué aprobada por mayoría do votos. Aai terminó la cnottión en la leoeión 
pH-nera del Condeso. 

Dos días despnés volvió á discutirse en sesión plena, revistiendo gran 
importancia, por los oradores qae tomaron parte en ella. El profesor De 
Cillis pronunció nn magnifloo discurso, en que trató de demostrar qne, ann 
va poniendo falta en ambos cónyuges, el divorcio es nn premio qne se concede 
al adulterio. Los oradores qae hablaron en favor del divorcio se fundaron 
para sostenerlo, más que en rigurosos principios de derecho, en ciertas exi 
genoias sociales extrínsecas, apelaron á los sentimientos de piedad que deben 
experimentarse para con los esposos desgraciados y describieron ciertas es 
cenas domésticas que podrían servir de argumento á una novela. Tal sucedió 
con los discursos de los abogados Kuratori y Villa, y del profesor de la Uní 
venddad de Gónova, Cogliolo. Los discursos más importantes fueron, sin 
dada, los de C. F. Gabba, profesor de la* Universidad de Pisa, y Bonghi, di 
pntado del Parlamento, ambos en contra de la introducción del divorcio. El 
Sr. Villa pronunció un nuevo discurso lleno de vigor y de elocuencia que 
logrró conquistar la adhesión de muchos miembros del Congreso. Puesta á 
votación la proposición del Sr. Villa en favor del divorcio, fui aprobada por 
una mayoría de 26 votos, entre 186 votantes. 

n 

Hagamos ahora algunas observaciones. 

No hay duda de que el matrimonio es indisoluble por su naturalesa. Así 
lo exigen la plenitud de la unión conyugal y los fines de procreación y edu- 
cación de los hijos y mutua ayuda. Lo mismo los escritores que las legisla- 
ciones admiten esta indisolubilidad, y toda la cuestión se reduce á la posibi- 
lidad de introducir algunas exoepciones en casos particulares. Por eso en la 
proposición del Sr. VUla se advierte falta de lógica rigurosa, por cuanto el 
principio de la indisolubilidad es indiscutible, y no había necesidad de po- 
nerlo á votación en el Congreso. Lo que, á nuestro juicio, hizo el Sr. Villa faó 
emplear cierta táctica para atraerse á ciertos adversarios del divorcio de con- 
vicciones no bien fundadas, los cuales se contentaron con admitir la indiso- 
lubilidad en principio, sin advertir que, tan pronto como admitan excepcio 
nes, se colocan en realidad entre los partidarios del divorcio. 

Además, la. cuestión del divorcio debió tratarse, no sólo bajo su aspecto 
abstracto y general, sino teniendo presente todaff las condiciones sociales ó 
históricas del pueblo en que se trataba de introducir (Italia) y las consecuen 
cioM morales que en el mismo debe producir. Así que no nos parece acertada 
ni posibla lógicamente la distinción introducida en el Congreso de Florencia 
entre el aspecto social y el jurídico del problema, sino que éste debió oonsi- 
derarte «n toda su complejidad. 



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:VI8TA DE LEGISLACIÓN 

10 es bien pequeña, si no nula, por^ne una mayoría 
^ para que el legislador pneda tenerla en onenta 
la ley la innovación de que se trata. La cnestióa 
tn importancia social, porque el matrimonio ea la 
sociedad. Una ley qae rechace 6 permita el divor- 
le ejercer nn gran influjo en la marcha moral de 
il legislador no debe tener en cuenta tan sólo la 
o que también debe hacerse cargo de la de la mi- 
guna mayoría debe atender es á la de los sabios y 
íerta representación en el país, no & la de todos 
^n, porque, en este caso, la sobreexcitación de 1a« 
un gran n&mero de adeptos en favor de una re- 
la más justa. La verdad, cemo la virtud, suelen ser 

B indisoluble por naturaleza, y el divorcio debe sor 
»n, tenemos que la opinión favorable á la indisola- 
»rlrse k la que admite el divorcio. La separación de 
lentes, pero no se opone á la naturaleza del hizo 
posible la reconciliación entre los esjMsos. Por otra 
B un carácter complejo, no siendo en él único ni 
üoo, sino que tiene también un elemento ético, re- 
eblos, que es la religión, la cual da vida al acto, 
las exteriores, sino por principios y máximas para 
yugal. 

moral de la introducción del divorcio por medio de 
m país dado, segán que la religión de este país au 
orcio. Sin embargo, no podemos menos de recon€>- 
trímonio civil deja intacta la fe religiosa y que en 
y no lo impone como obligatorio, sino que lo diga 
»s, los cuales pueden no solicitarlo si se opone k son 
>arte, la contradicción entre la ley religiosa, que 
ivil, que lo permite, tiene que ser peijndicial. 

Pedbo DeBADO, 

CaMdrátloe dt Darcoho penal eo U Unlrertidad de SaUnMae* 



íneneneia, por J. Foinitgky^ Profesor en San 
ftfür die guamte Strqfrechtsícissenschaft^ to- 
\. 6686). 

lante, el objeto de la pena es el delito, <ftmo fesó- 
> extemo, y cuando el delito ha sido ejecutado por 
obrado movidas por una voluntad común, surga la 



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REVISTA DE LA PRENSA JURÍDICA EXTRANJERA 199 

codelinouenoia, determinándote el gmdo de responsAbilidad de oad* uno do 
los codelincTientes por la gravedad del delito ejecutado en común. Esta ma- 
nera de ver es inexacta, y Árente á ella hay qne poner otra teoria, qne 
considera como objeto de la pena el delincuente mismo, que ha manifestado 
en el mundo extemo el estado psíquico de su criminalidad, eiendo imposible 
que un mismo delito, revelación del estado personal de su autor, sea efeeu- 
tado por varias personas y debiéndose afirmar, por el contrario, que quot dé- 
{invuentetj fot delicia. * 

La doctrina reinante unimisma el concepto del delito y el de la infrac- 
ción del derecho, y de la unidad del resultado, que perturba ó pone en peti- 
zo el derecho, deduce la unidad del hecho criminal. La codelincuencia apa 
reoo cuando el mismo resultado criminal es producido por varias personas 
que están ligadas por la unidad del plan y de la organización, lo cual las pre- 
senta como un todo. La doctrina reinante de la codelincuencia se ha des- 
arrollado bajo el inflijo de las disposiciones penales relativas k la conspira- 
ción y á la cuadrilla, que declaran á todos los miembros de una sociedad cri- 
tninal participes en el resultado producido por la asociación. Ha infltiSdo 
también en ella la idea del libre albedrio, pues siendo imposible, en los casos 
de inducción, considerar al inducido como mero instrumento del instigador, 
se mira el resultado como obra de aquél, en la cual éste sólo toma parte, y 
de la cual debe responder sólo por esta parte. Al cómplice se le considera 
también como participe, que no ejecuta la acción, sino que la auxilia de obra 
y de palabra, pero no como sujeto culpable independiente. 

Los requisitos de la codelincuencia, son: l.\ una acción punible que haya 
sido ejecutada intenoionalmente y en común: 2.*, una unidad de intención, 
«9 dedr, la dirección de la voluntad de todos los codelincuentes al mismo re- 
sultado criminal; 8.*, una unidad de actividad extema, es decir, la dirección 
de las acciones de todos los codelincuentes á la realisación del mismo resul- 
tado crimina], si bien á veces se reemplaaa la falta de relación causal por el 
laso que liga las personas á un todo; 4.*, un acuerdo de los codelincuentes, 
que los pone en una relación más ó menos inmediata. 

Cuando estos requisitos se dan, existe una culpabilidad común de todos 
los codelincuentes, la culpa de cada uno es á la ves la culpa de todos, y no 
se distingue entre culpa propia y culpa igena. De la unidad de la culpa 
nace también la unidad de la pena; cada cual es responsable, no sólo por si, 
por su culpa, sino también por la ajena; cada cual es totalmente responsable 
por todo lo ejecutado en común, principio éste concordemente aceptado, 
mostrándose discrepancias de opinión sólo en los detalles, como sobre si la 
pena debe fijarse en la ley en una cantidad igual para todos los codelincuen- 
tes, como hace el sistema francés, ó si Ia ley debe exigir una cierta disminu- 
ción de la pena común para algunos de los que participan en el delito, como 
iiace el dstema alemán. 



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REVISTA DE LEGIfiLACIÓN 
ae el acuerdo no es preciso que se formule clara y ñin- 
}VLeáe presumirse por hechos oonclnyenies, qae den k ■ 
d la persona de contribuir k la producción del resulia- 
ende por modo >sonsiderable la esfera de la oodelin* 
k el fundamento de la misma, que es el acuerdo efecti* 
ra en las asociaciones criminales (conspiración y eua- 
, como la relación de causalidad que debe existir entre • 
ielinouentes y el hecho que constituye su acción puoi- 
f k veces imposible, de establecer, se tiene, por via de 
be para establecerla la existencia de la intención común 
tomando en cuenta en el momento de la ejecución del 
i del acuerdo, y declarando á todos los participes en 
ielito mismo, aunque no hayan asistido k su ejecución 
I á los otros á ella. En' los últimos tiempos, se ha con- 
iportaacia al elemento del acuerdo y de la intención, 
na de la codelincuencia toda la esfera del enonbrimien» 
aeral, una actividad que aparece después de consnipado • 
uito, no puede tener con él ninguna relación de causa- 

loctrina de la codelincuencia adolece de dos defectos ca- 
s una construcción escolástica y abunda en presunoio* 
L á la naturaleza de las cosas y que están en contradice 
damentales del derecho penal moderno; 2:^, es muy in- 
comprende todos los casos de actividad común de mu- 

equisito de la unidad de la intención, puesto que no 
iste una y la misma intención cuando cada cual, eik 
propia determinación voluntaria, toma parte en la actv- 
lama codelincuencia. Esta supone, por el contrario, con 
itas intenciones cuantos codelincuentes hay, pudiéndo- 
las intenciones, analogía y aun igualdad completa, pero 
rrario, habría absorción de la. voluntad de cada cómplice 
in, y. todos obrarían sin libertad. La práctica muestra 
I haber esa unidad de intención entre los codelincuentes, 
mpujado por un motivo distinto, que, aunque sea cosa 
ion, se refleja con mucha claridad en la naturalesa, la 
e ésta. Aun la misma doctrina reinante no da importan- 
a de la codelincuencia, á la grave diversidad, en la di- 
\A, que se muestra entre la intenoión directa y la eonve • 
>co á que el acuerdo haya sido anterior ó suija la ooope- 
snte, considerando los códigos como codelinouentee á loe 
súbita han ejecutado una acción punible, en unión co» 



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REVISTA DE LA PBEK8A JURÍDICA EXTRANJERA . 20t 
oiro« que m habían oonoertado de Antdmsno dMptxés de madura téfltxlóo» 
. Existe oodeUnoQeneiA entre aeoionee que no están en la misma relación 
eon el resoltado, consistiendo unas en la ejeonoión inmediata de éste por laa 
Aiersas físicas del aotor, otras en sn «¡jeoneión mediata por medio de faer^ 
sas extrañas impulsadas para ello; otras, en fin, en la ayuda prestada á tsT 
ejeoQción fisioa 6 inteleotnal, y se pregunta si es posible admitir, no sólo uni- 
dad, pero ni aun siquiera identidad de las varias intenoiones en todas entas 
personas que obran tan diferentemente en una empresa criminal. ¿Se puede 
poner al mismo nivel al que introduce un puftal en el peobo de su enemigo, 
al que compra para este fin á cualquiera, y aun al armero que vende el arma, 
aunque estemos convencidos de que tenia la intención de asesinar y el pi o- 
pósito de ayudar á su ejecución? 

Xa comunidad de la culpa entre los codelincuentes, que sostiene la doo' 
trisa reinante, aparece, por tanto, como una simple presunción, insostenible,, 
sin fun da m e nto, levantada sobre bases escolásticas. El rasonamiento sobre 
que se apoya es el siguiente: se trata de un cambio en el mundo extemo pro- 
ducido por la actividad común de varias personas; es muy difícil, y á veces 
imposible, establecer la relación de causalidad que existe entre este cambio- 
y la actividad de cada una de dicbas personas, por más que sea indudable 
que está en una relación de causalidad con la actividad coman de todas ellns; 
pues se recurre al elemento del acuerdo y se le hace llenar los vacíos evi- 
dentes que se notan en la cadena de la relación causal, presumiendo qae 
todas las personas que han deseado la ejecución del resultado, han tomatlo 
parte y la han querido tomar en todos los actos que lo han producido. Y como 
esta presunción no basta, porque el cambio en el mundo extemo no tiene por 
si valor penal, se recurre á una segunda presunción, que consiste en suponer 
que ese cambio en el mundo extemo constituye por si mismo una acción pu- 
nible. -Consecuencia natural de todo esto es que los deseos, dirigidos á la con- 
secución de ese resultado, deben considerarse como una intención criminal 
qve liga á todos en una comunidad crimbial solidaria. Los vacies en la ca- 
dena de las causas se Uenan por la unidad de la intención; la comunidad de 
la responsabilidad se funda en la comunidad de la culpa. 

Este rasonamiento adolece de dos graves defectos. En primer lugar, ea 
inexacto que un cambio ea el mundo extemo, producido por una acti- 
vidad común, piieda Identificarse con la acción punible. Para el natu i-a- 
lista, para el historiador y estadístico, el resultado de la actividad tiene, ain 
-duda, un valor grandísimo como fenómeno determinado extemo, físico y so- 
eíal; pero para el jurista, que tiene que resolver el problema de la imputa* 
ei^ respecto de cada uno de los autores, tal cambio en el mundo extemo es 
una cosa compleja, que él tíene que reducir á sus elementos juridieos. La 
muerte de un hombre se presenta, desde determinados puntos de vista, come 
«n. solo fenómeno; pero para el jurista poede constituir muchos delitos».^ 



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LEGISLACIÓN 

«ersonas en comú.n, según la intención 
k de éstas la hayan ejecutado, las ena- 
lte en asesinato, homicidio ó lesionéis, 
inifiesto en aquellos resultados ezter 
y en aquellos casos en que no es neoe 
emo para la existencia del delito, sino 
liza por el hecho mismo, como en las 
si la unidad del cambio en el mundo 
I, no engendra la unidad de la acción 
ipio de que Uv culpabilidad común de 
la ejecución común de la misma acción 
aa de las premisas sobre que se apoya 

stenible la presunción de que los vacíos 
id de cada uno de los codelincuentes 
>1 elemento del acuerdo. Las accionos 
cuando se puede esperar de ellas un 
Latamente por una fuerza ñsica, bien 
síquico sobre otros; pero para que la 
es necesario que hayamos desplegado 
u conducta en relación de causalidad, 
piones de los autores comunes debe, 
reto; pero la doctrina reinante procede 
kdo la existencia del acuerdo entre los 
ción de causalidad entre sus activida- 
lencillamente. Pero esta presunción va 
entre varias personas para producir un 
mo excluye la necesidad de exigir que 
pero no excluye el problema de la re- 
codelincuente; aun según la doctrina 
ncuentes k todos los que han tomado 
la á aquellos que se han retirado de la 
tma, debe existir en el codelincuente 
cutado; debe desempefiar un papel en 
d con el resultad^o sólo puede admitirse 
í los autores están notoriamente, entro 

la ley de causalidad, sólo pueden con- 
resultado determinado aquellos cuya 
Sn del násmo. Pues bien: la doctrina 
complicidad, la promesa, anterior á la 
icubríéndolo ú ocultando lo adquirido. 



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KEVISTA DE LA PRENSA JURÍDICA EXTRANJERA 203 

' y si oonciderftr asi como codelincuencia nnA activid*d posterior, te dee^ia 
¿el eonoepto fondamental d« 1* oaosalidad, con lo etial m h*oe TAoilante, 
maestra que su oonoepio de la eodeUnoneneia ee vmj nmr^t^ 7 que no ttene 
criterio fijo para establecer con exactitud, para limitar este concepto. L04 
conceptos de la complicidad, por su gran extensión y su flexibilidad, no ptin 
den servir de criterio para distinguir lo criminal y lo no cdminal, abriéndole 
asi la puerta para considerar como cómplices k personas que están con lo 
ejecutado en relaciones completamente diferentes, y poniendo en peligre la 
lieguridad indiyidual de personas que han tenido en el hecho una participa- 
ción muy remota é indirecta. 

Por otra parte, la doctrina de la codelincuencia no comprende, con la 
amplia extensión que hubiera podido esperarse y exigirse de las bases sobce 
que está edificada, todos los casos de actiyidad criminal común de varías per- 
sonas. Se excluyen, ante todo, los casos de producción común pon impruden- 
cia de un resultado extemo, conviniendo la mayoría de los criminalistas, en 
<iae en ellos la culpa de cada cual debe apreciarse según los principios gene- 
rales de causalidad, sin consideración k las reglas de la codelincuencia. Otro 
tanto se hace con los casos de producción de un resultado común por varías 
personas en que existe intención, pero falta el asentimiento- neoesarío, y no 
«e dan las condiciones que constituyen el elemento voluntario de la activi- 
dad, considerando también aqui la actividad de cada uno como una cantidad 
jurídica independiente, en la cual nada altera la unión física ó mecánica 
con la actividad de los demás. Finalmente, tampoco se aplican las reglas de 
la codelincuencia á los casos en que se conmina una pena para acciones que 
ni siquiera constituyen tentativa punible, y á aquellos en que se estima no- 
cesarío castigar tma cierta actividad sin consideración á los estados de coosa - 
mación ó tentativa, creando para todos estos casos reglas especiales, indepen- 
dientes de las de la codelincuencia. Esto ocurre, por ejemplo, con los emplea 
dos públicos, para los cuales los Códigos enumeran una seríe de delitos qtie 
se cometen en unión de una actividad criminal extraña, pero que se ooniti- 
deran como delicta 8ui gtnerU^ sin aplicarles las reglas generales de la oode- 
linouencia, como el incumplimiento de las obligaciones del cargo ó del deber 
de denuncia respecto de un delito, ó la participación ilegal en operaciones 
mercantiles que les están prohibidas, eto. Esto ocurre también con dertns 
profesiones, que pueden constituir un peligro para las personas ó los bienes, 
^omo las de boticarío, productor ó comerciante de sustancias explosivas ó in- 
fljunables, etc., en todas las cuales se prohiben y castigan como delitos inde- 
pendiente» los abusos más importantes, aunque se cometan en unión de per 
sonas extrañas. Esto ocurre también con la excitación pública, de palabra 6 
por escrito, á la comisión de un delito, que todos convienen en que debe ser 
objeto de sanción penal, aun cuand^ no haya producido ningún resultado; 
* hay aqui una especie de instigación, que se castiga sin tener en cuenta las 



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204 REVISTA DE LBGI6LACIÓN 

<«An<i¡AinnA8 generales de la oodelinenencia, y qae, por tanto, se considera co^ 
I» »ui generi». 

I^las de la codelinouenoia son, pues, extraordinariamente amplias - 
inadas; someten á la acción del derecho penal k un número conside- 
ombres, que no son responsables por su colpa, sino por la i^ena;. 
ontradiooión con las exigencias de una construcción científica, y no 
m por manera bastante todos los casos de actividad común de Ta- 
las en el camino del delito. 

blema de la actividad común de varías personas se resnelve por 
ho más sencillo y exacto, cuando dejamos de ver en la actividad de 
lonas una sola acción punible y tomamos un punto de partida dis- 
conforme con la naturaleza de las cosas, cual es el de que el ob- 
acción punitiva del Estado no es la acción, sino el autor mismo, ' 
en su estado psíquico de criminalidad. Sin duda, este estado psi> 
riminalidad, para ser objeto del poder punitivo, tiene que manifes- 
l mundo extemo, y esta manifestaéión constituye la acción puní- 
)8ta acción no puede separarse, ni aun en idea, del estado psiiuioo' 
pues es solamente su expresión externa, mas no una cantidad ob* 
exista separadamente de él. En cada acción no pueden traducirse 
idos personales, y cada acción forma solamente una manifestaolón 
personal de una sola persona. La acción punible no es el objeto de 
no sólo una eondición, sin duda muy frecuente, de la impoaieión 
k, y del grado de intensidad y extensión de la actividad y de la am- 
ia realixación extema, deducimos el grado de intensidad y exten- . 
itado personal de criminalidad. 

confusión del derecho penal con él civil, se explican los ensayos 
para identificar el concepto de la acción pimible con el de la vio- 
derecho, definiendo la unidad de aquélla por la unidad de ésta, y 
lola como fenómeno extemo que puede existir independientemente 
ona que la realisa. Per j ya hemos visto que en una violación del 
aede haber varioB acciones, y esta posibilidad de separar la culpa y 
n del derecho, se reconoce ya en la actualidad en los casos de ooin- 
e varias personas, que no se consideran como codelincuentes, ■¡no- 
pa de óada uno se mira como acción punible especial.' 
o el resultado objetivo aparece como término y efecto de varia* ac> 
tablécese, sin duda, entre estas acciones un laso, pero sólo extemo» 
», psíquico; un lazo, por dedrlo asi, sociológico, pex^ no jurÍdico-pe- 
inltado producido se presenta como una cosa común, y es sumaiden* 
knte para el historiador, pfbr ejemplo, establecer la parte que en sa 
a han tenido las varías personas. El criminalista, por el contrario» 
misión determinar la culpabilidad individual, y debe separar ooi^ 
> que esti sometido á,8U juicio, de todo lo que no haya sido cansa 



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REVISTA DE LA PRENSA JURÍDICA EXTRANJERA 205 

^de sn formación; debe considerar la actividad de cada persona como algo ne- 
parado é independiente, que está sometido á su apreciación, la onal se j^túa 
por los caracteres individuales de la actividad. 

El derecho penal, que proclama como nno de sus conceptos fundamenta - 
las el principio de la responsabilidad individual, habla todavia, sin embargo^ 
de la participación penal en una culpa ajena. El derecho penal, que se enva- 
nece de haber reohasado los cuasi delitos, admite los quati deHntjuenUrí», k loa 
cuales el juez aplica la ley y castiga propiamente, no por su culpa, sino p<ir 
la ajena, fundándose en una teoría artiBoial y del todo inexacta 

Admitiendo el principio de que la acción sólo tiene valor jurídico-penal 
«orno un indicio externo del estado interno de la persona, y que éHta sólo 
puede ner responsable por nn estado de esta naturaleza manifeHtado al exte- 
rior, se llega á la consecuencia de que qttot (lelinquerUet, fot delieta. No se puede 
hablar de una participación responsable en el sentido penal en la culpa ajenar. 
Ttñ, culpa de cada uno es independiente y existe por si, tanto en los casos de 
Actividad aislada, ouant4> en los de actividad común En unos como en otros» 
para juzgar penalmente la culpa, es necesario tomar como único criterio 
apropiado los principios permanentes de la relación de causalidad. No sólo 
en la ejecución aislada, sino también en la actividad común, la ausencia da 
relación causal, interna y extema, entre cada autor y el resultado, hace im- 
posible la imputación para él. 

La estadística criminal muestra que los casos de codelincuencia disminu- 
yen. Los medios cientiñcos para apreciar los matices individuales de la oul 
pabüidad, se han desarrollado considerablemente. El paso del siutema de !a 
responsabilidad por masas al de la responsabilidad individual, se muestra, 
por tanto, cada vez más, como necesidad apremiante y como más fácil de He. 
var á la práctica. Sólo con su realización estará el derecho penal á la altura 
dol moderno concepto de la justicia. Puede hacerse constar que en la ciencia 
del derecho penal se han hecho ya ensayos que llevan á dicha individuaÜEa 
-«ion y qne contienen indicios de una realización más completa de este ideal. 
Ija codelincuencia se concibió antes de un modo mucho más amplio qtno 
akora y su extensión ha ido disminuyendo poco á poco por segregación de 
varios casos de actividad común, que precedentemente se hablan incluido 
también en ella, cosa que puede comprobarse examinando una tras otra Ism 
obras de los tres corifeos de la jurisprudencia alemana, Feuerbach, Kdatlin 
y Bemer. En la misma dirección marchan las ideas de una de las autorida- 
des de la ciencia penal contemporánea en Alemania, el profesor Liszt, el 
cual considera como codelincuencia sólo dos formas de la actividad: la induo- 
eión y la complicidad, estimando á todas las demás como sustantivas ó inde- 
pendientes entre si. 

jRRÓMiMO Vida, 
Catelrálico de la Universidad de <J ranada.. 



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REVISTA DE LEGISLACIÓN 

los orígenes y de la evolufión de la familia y de la 
. Extracto de un libro de M. Kooalevsky.—Vn vol. in 8.o; 
o, 1890. -Artículo de R, Daveste en el Journal des Sa- 



muerto recientemente, M. Loren, ha legado á la villa de Stoo- 
urna considerable, para fandar nn Instituto donde los sabios de 
Bes sean invitados á dar conferencias sobre las ciencias sociale**^ 
leron inaugurados en 1888. Un francés, M. Beauchef, profesor de 
e Derecho de Nanoy, ha dado una serie de lecciones sobre el 
Aáo en la sociedad. M. Kovalevsky, antiguo profesor en la Uni- 
iíoscou, cuyos trabi^os sobre la Historia del Derecho y la Etno- 
Lamado mucho la atención desde hace largo tiempo, ha expuesto 
es el estado actual de la ciencia sobre los prígenes de la fami- 
ropiedad. Es ya una curiosidad semejante curso dado en Stookol^ 
ruso, en lengua francesa. A este interés se. une otro más serio y 
>, debido á la importancia del objeto y & la competencia del autor. 
ky conoce todas las lenguas de Europa. Ha recorsido todos los 
isitado y explorado por dos veces todos los lugares del Caucase,, 
uentran todavia tantos restos de instituciones primitivas. Ha es- 
ido el mundo slavo, tan poco y tan mal conocido en Occidente, 
seguir con toda confianza en el examen de las difíciles cuestio- 
%, y habia, por tanto, fundamento para que el Consejo de la fün- 
i haya llamado k sabio tan distinguido. 

ilia y la propiedad se derivan de la naturaleza humana y son 1» 
>da civilización, no se sigue de aqui que hayan tenido siempre la 
k. Varían según lok lugares, y cambian con el tiempo. Ya lo ob- 
antiguos; pero las observaciones que podían hacer no eran ni 
apletas, ni bastante seguras, para permitirles referirlas á una ley 
esenvolvimiento de estas instituciones. 

situación es mucho mejor para emprender tal estudio. La his- 
li versos países del mundo comienza k ser conocida; los monu- 
mtiguo derecho han sido publicados; la etnografía ha heolro 
>gresos. Relacionando y comparando todos estos datos, se ha Ue- 
ver lo que hasta ahora sólo podía suponerse, y es, que muchas 
nbres, extrañas, inexplicables para los contemporáneos de esas 
debían ser los restos, los vestigios de un pasado, mucho tiempa 
Mo y olvidado. Regueros de luz han esclarecido lo que parecía 
obscuridad impenetrable, y las cuestiones han sido planteadas, 
ecir que hayan quedado resueltas, ni que puedan serlo definí ti» 
>ro acaso no es un gran progreso comprender la naturaleza y con- 
problema? 
sido durante mucho tiempo que la familia estaba constituida ei^ 



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wwfn 



REVISTA DE LA PBEN8A JURÍDICA EXTRANJERA 20T 

»a orige&, bigo la forma patriarcal. Lo« trabajos recientes de Bacbofen y 
Hao- Leñan han conmovido bastante esta opinión. El primero, ha reunido un. 
e^ran námero de testimonios de aatoree anti(pios, de los que resulta qne la 
familia y el parentesco se referian primitivamente k la madre. El segundo» 
ha demostrado qne esto ocorria todavía entre los indígenas de América del 
Norte. Los etnógrafos han acumulado hechos del mismo género. Los misione 
ros ingleses en Australiai han señalado en las tribus salvajes de ese gran con- 
tinente, una especie de matrimonio por grupos, con prohibición de unión ettro 
las personas de un mismo grupo. Esto es lo que se llama la exogamia. 

&1 matriarcado y la exogamia se encuentran en todos los pueblos salva- 
jes de todas las partee del mundo. Existen todavía trazas de ella entre loa 
pueblos que han llegado ya á cierto grado de civilización, por ejemplo: entra 
los Tcherkesses y los Pshavos, sobre todo entre los Ingouchs y los Cheusou- 
res de la Georgia. Este conjunto de hechos permite suponer qué el patriaroAdo 
no es el tipo primitivo de la familia y que el parentesco por parte de la ma- 
dre ha sido el solo tipo reconocido en la primera edad de la humanidad. Esta 
conclusión no es todavía aceptada generalmente. 

Smnner Maíne, cuyo nombre es por si solo una gran autoridad, ha rehusada 
siempre admitirlo, y es necesario reconocer que las costumbres de los pueblos 
salvajes no proporcionan sobre este punto una prueba sin réplica. Lo que es 
necesario demostrar es que en las naciones civilisadas la forma patriarcal ha 
anoedido á una forma anterior, en la cual la madre era el centro. 

Las investigaciones recientes de historiadores y de jurisconsultos han 
proporcionado numerosos elementos para la solución afirmativa de esta cues- 
tión. Vestigios de un matriarcado primitivo se han vislumbrado en los arar 
bes y aun en los hebreos. Se han encontrado entre los celtas y entre los 
germanos. £1 autor los seíiala entre los antiguos slavos. Existen traías da 
los mismo entre las antiguas poblaciones de la India, entre los griegos y 
entre los romanos. Con todos estos datos, Kovalevsky no rechaza el admi- 
tir que el parentesco por la madre ha sido la ley primitiva, y que la fami- 
lia patriarcal no se ha constituido sino en una época relativamente re- 
ciente. Esta transformación ha sido un hecho capital en la historia de la 
civilización. ¿Cómo se ha producido? ¿Cómo ha podido hacerse? Esto es lo 
imposible de explicar. La tribu primitiva se vio obligada á dispersarse para 
vivir. La vida nómada ó pastoral no admite las grandes agrupaciones. El 
aislamiento favorece la formación de hogares permanentes. La mujer es en- 
' ionoes protegida, no por sus hermanos, sino por su marido. El parentesco 
ae establece entonces por el padre, por linea paterna, reconociendo al padre 
como centro. Es al padre á quien pertenece el i>oder sobre la mujer y sobro 
loe hijos. Al mismo tiempo aparece la idea religiosa, que santifica el matri- 
monio, poniéndole bajó la protección de la Divinidad. La primera forma do 
unión ha sido el rapto. Era la guerra entre dos tribus. Para obtener la paz^ 



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REVISTA DE. LEGISLACIÓN 
cosario que el raptor hioiera aoeptar una indemnísación & los pA<ire<< 
obada. De aquí la compra, qae se encuentra en el fondo de todas las 
as leyes. Llega, en fln, la ceremonia religiosa, cnyo rito es casi idén» 
i todas las naciones indo europeas. Los novios dan jnnto» la vuelta al- 
r del hogar doméstico, y gustan en común una torta de harina y de 
Ssto 08 la confarreatio. El malrimonio asi celebrado, viono á ser un con - 
[ue obliga de por vida. Es el coánortium omnin 9itae^ de que hablan lo<« 
msaltps romanos. 

, evolución de la propiedad responde k la de la familia. Aqui todavía 
\a menos de buscar cuál es el fundamento racional del derecho de pro- 
[, que de mostrar cómo las cosas han pasado en los diferentes estados 
sivilizaoión. En un principio, los hombres no tienen otros recursos para 
itarse que la caza y la pesca, y éstas no pueden menos de hacerse on 
I. El producto se «^vidq entre todos los que han concurrido á la produo- 
De aqui una especie de comunidad primitiva. A medida que el esfuerzo 
haciendo individual, la propiedad individual aparece como su conKo- 
ia; pero sin ^deparar jamás los limites de las necesidades del individuo, 
to demás queda común. 

k*apropiación empieza ó tiene lugar, primero, sobre las provisiones, Iss 
, los adornos ó atavíos; después, sobre las mujeres, los esclavos, lod 
kles domésticos. La habitación y la tierra son los últimos objetos que 
utrado en la propiedad privada. Y es necesario hacer presente que esta 
idad pertenece m&s bien k la familia que al individuo. Con la apari- 
e la agricultura y la apropiación de la tierra comienza la familia pa- 
»1. 

1 este punto, todavia la autoridad del Derecho romano ha conducido 
nlares menosprecios. Se ha creído largo tiempo que el poder absoluto 
árido sobre su mujer, del padre sobre sus hijos, era el tipo primitivo, 
bo un error, demostrado por las investigaciones recientes, y hoy ya re- 
ido. El tipu primitivo ha sido el de una famUia que pudiéramos llamar 
a, es decir, una comunidad numerosa de individuos, viviendo bajo el 
'} techo y comiendo del mismo pain et pot^ y & la misma mesa, como se 
n muchos de los antiguos consuetudinarios, y sometidos k la autoridad 
anciano, asistida ó aconsejada por el consejo de familia, es decir, por 
lus interesados. 

ito tipo se encuentra en todos los pueblos Indo -europeos, entre los ger- 
s y los celtas, y sobre todo, entre los slavos, no sólo en el Sur, como 
hace poco se creía, sino entre los rusos. Esta organización ha existido 
India y en la Boma de los primeros tiempos. Con ella han nacido el 
de los muertos y del hogar doméstico, es decir, la primera manifesta- 
exterior del sentimiento religioso. De ese culto, que se transmite do 
. en varón á los herederos de sangre, derivan las instituciones que tienen 



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Gpogle 



REVISTA DE LA PRENSA JURÍDICA EXTRANJERA 209 

^or olijeio el tmégVLtmi 1& perpetuidad de U familUt la obligación para Iom 
padres de easar sos h^jee, el oastigo rigaroso del adulterio de la mnjer, y la 
adoptión y el levirato, en fin. Bt^o ese régimen la comunidad patriarcal era 
la sola propietaria del suelo. Siendo la explotación común, los frutos se re- 
f>artian eatn todos los que concurrían k su producción. Siendo la famUin 
«perpetua, no había sucesión propiamente hablando. Las divisiones estaban 
prohibidas. SI padre de familia no era más que un administrador. Tan lejoü 
estaba de ser el dueño absoluto de la persona y bienes de su mujer, que la 
biAtoria nos demuestra que en todas partes, y aun en Roma, su poder fué, al 
menos en su origen, un podar de protección y de gestión. Asociada al culto 
doméstico, la esposa era la compañera y la igual de su marido. 

Que la poligamia haya sido la regla hasta el momento en que la fkmilia 
patriarcal se funda, es sobre lo que no se permite dudar. Era un medio de pro- 
curarse trabigadores y asegurar allansas; pero los más antiguos códigos, re- 
dactados bajo la influencia de ideas religiosas, son favorables á la monoga- 
mia. La primera mojer, particularmente encargada de participar del culto de 
los muertos y de conservar el hogar doméstico, viene á ser la jefe de la casa, 
y sus hgos sólo son los legítimos. Las otras mujeres descienden al rango de 
concubinas, y sus hgos no ^ozan sino de unA media libertad. 

El poder é potestad paterna es la consecuencia del poder ó potestad ma- 
rital. Habiendo llegado á ser amo de la mnjer por compra ó por captura, el 
hombre tiene un derecho absoluto sobre todos los hijos que nacen de esa 
mujer, sea él ó no su padre. Pero todavía aquí los códigos han atemperado 
lo que la costumbre primitiva tenia de odiosa y de excesiva, y la comunidad 
de la familia ha proporcionado al legislador el medio de intervenir en inte- 
rés del 14jo. Aun en Boma, donde el padre de familia tenía, en teoría , derecho 
de vida y muerte, ese derecho no podía ser ejercido sin el concurso ó aproba* 
ción de un consejo, compuesto de los más próximos parientes. La misma li- 
mitación fué impuesta á la potestad marital* 

Xia familia patriarcal ha sido un progreso en comparación con los regí- 
menes anteriores, pero no se la puede considerar como una forma definitiva. 
Apenas se ha constituido, cuando ya se la ve tomar gérmenes de disolución. 
I«a necesidad de la independencia personal se hace sentir á todos los miem- 
bros de la comunidad. La vida en común bsjo la autoridad de un jefe no 
tiene sino inconvenientes y llega á ser insoportable. Esto es lo que pasa hoy 
dia en Rusia» donde las divisiones son de más en más frecuentes. Cada uno 
-quiere ser para sí y formar casa aparte. Estas transformaciones no se produ- 
cen de un solo golpe. Los miembros de la comunidad comiensan por guardar 
los provechos que hacen personalmente. Son los peculios. La dote de la 
mnjer viene á ser su peculio propio. SI derecho de exigir la división ó partí- 
•«iÓB de la comunidad, aun viviendo el padre, es el ultime término de esta 
■«Tolociión, apareciendo al mismo tiempo la fijación de la mayoría legal, sin 
TOMO 82 14 



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DE LEGISLACIÓN 

i la comanid*d. Otra conseenenoia de la 
b1 orden de las saoesiones. Hasta aqui la 
) no había snoesión, á decir verdad. Para 
rechos de cada coparticipe. Nada hay más 
y bajo qué inílaenoias esa determinación 
)'ma, que Kovalevski prefiere no abordarlcr. 
rimogenitara como ventila acordada al 
^n eu razón del culto doméstico qne k su 
. servicio militar. Otra ventaja es la del 
el último en la familia, y de ordinario 
into á las h^jas, han sido excluidas en un 
asón de qne siendo los bienes de la oomn- 
le separar nna porción para aportarla k 
o, llamadas en defecto de hijos y Inego 

Lagar á la que podríamos llamar indivi* 
ibremente consentido entre los esposos, 
ííprocos. Kl patrimonio de la mnjer es re- 
I es más que el administrador y dendor 
cúdad asegura á la mujer una parte en los 
i completarse por la atribución k la viuda, 
ido. La introducción del divorcio, en fin, 
)n de completa igualdad. La repudiación 
ido. La auto:idad paterna se divide entre 
oder de protección y correooión, que se 
La conservación de los bienes persona- 
oras medidas. Así se desenvuelve k nuet- 
ien superior á los que le han precedido. 
m la familia no ha modificado solamente 
también toda una revolución en las condi- 
le ha llegado ya, especialmente en Bunia. 
rsky tienen un interés muy particular. 
, que la constitución actual de la prepie- 
g^enes mismos de la nación, y distiifguia 
e de los del Mediodía. De las investiga- 
reconocer que el régimen actual no se 
9, y que en Busia, como en todas partes, 
9gla primitiva. 

I miembros de la familia se hace sobre 
»nio recibe una parte en las tierras de 
r las tierras de pastos quedaron en oo- 
;odos los copartícipes. Los lotes se oon- 



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REVISTA DE LA PRENSA JURÍDICA EXTTANJERA 211 

TÍrtieron en alienable», y los extraños pudieroa asi entrar en la comunidad. 
C^rta eonservaba so^re los bienes divididos un derecho eminente. Los lo- 
tes qne cesaban de ser cultivados, retomaban k ella, y las tierras incultas 
eran abandonadas & los que quisieron roturarlas. Pero esta fuente no era in- 
agotable. 

SU día en que riño á ser insuficiente para asegurar la igualdad de las po* 
seskmes, la mayoría de los habitantes exigió una nueva división, y la obtuvo 
Ga«í en todo. Asi se establecieron, pero en una época relativamente reciente, 
las divisiones periódicas, que se ven todavía en Rusia, en la India inglesa, 
eo Java, y que han existido otras veces en una gran parte de Europa. 

La comunidad agrícola, sociedad de hombres libres, copropietarios del 
territorio comunal, con aprovechamiento ó goce dividido de las tierras de 
cnitívo é indiviso de los bienes comunales; tal es la forma que afecta la pro- 
piedad en una cierta época de la civilización. Se ha pretendido que esto era 
nna creación del feudalismo. Lo contrario está hoy dia fuera de duda. SI ré- 
gimen señorial, la institución do la serviduxflbre, ha ejercido, sin duda, una 
i;^ran influencia en la condición de las poblaciones rurales, pero el común 
rural libre es el hecho primitivo. 

Queda por demostrar cómo la comunidad rural, tal cual acabamos de 
daeoribir, se ha disuelto á su ves para dar lugar al régimen de la propiedad 
individnal. "tenia aquella sin duda grandes ventajas. Fundada sobre el senti- 
miento de la asociación y de la solidaridad, aseguraba á todos los miembros 
el medio de vivir, y prevenía el pauperismo manteniendo la igualdad; pero 
al mismo tiempo era obstáotilo k todo progreso, k toda innovación en el sis- 
tema de cultivo. Conducían necesariamente al empobrecimiento general, la 
extensión de tierra k dividir invariable, y la población siempre en aumento. 
Encadenada, en fin, la libertad del hombre, privándole de la disposición de 
mi capital é impidiéndole dedicarse á la industria ó al comercio. Asi la histo- 
ria de loe comunes agrícolas revela una tendencia constante del individuo á 
aalir de la asociación, á excluir primero á los recién llegados y después á 
sustraerse de la obligación de renovar la división. En Rusia, donde el sis- 
tema se practicaba desde hace algunos siglos, el legislador en 1861 no ha 
tendido sino á suprimir la obligación y á autorizar á los paisanos para salir 
de la comunidad, creando un movimiento que ya no se detiene. Por todas 
partes los comunes renuncian á las divisiones periódicas. No se conoce más 
que la propiedad individual y definitiva; cada uno quiere ser dueño de su 



El feudalismo no ha ^ereido sobre este movimiento sine una infiueneia 
secundaria. Nacido de la necesidad de protección y de asistencia que experi- 
mentan en todas partes los pequeños y los débiles, agrupó dssde un princi- 
pio los pequeños propietarios alrededor de una mansión señorial, y la reco- 
mendación ha transformado los propietarios en simples terratenientes ó te- 



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212 REVISTA DE LEGISLACIÓN 

nedorod. Por otra parte, los jefea de nación se vieron obligados k asegurarse 
ana faena militar y á remanerar los servicios por concesiones de tierras. La 
propiedad y la soberania se confanden. Pero si la comanidad agrícola pierde 
asi sa aatonomia, descendiendo hasta la servidambre, las relaciones de los 
miembros entre si quedan tal cual eran. Es la bargaesia la qx^e ha hecho la 
sustitución de la propiedad comunal. Enriquecidos por el comercio y la in- 
' dustri*, los burgueses han adquirido tierras y formado grandes dominios. 
Los métodos de caltivo se han transformado y las antiguas instituciones han 
desaparecido. Nosotros asistimos hoy al triunfo completo de la propiedad in- 
dividual. ¿Este sistema debe transformarse á su vei? ¿En qué medida deberá 
el Estado intervenir para contener los excesos del individualismo y asegurar 
á todos los medios de vivir sin atentar á la libertad de cada uno? Este en el 
secreto del porvenir. 

Nos hemos esforzado en reproducir tan fielmente como ha sido posible 
los rasgos principales del cuadro esbosado por Kovalevsky. No nos detendré 
mos á disoutir una á una todas^lae ideas del autor. Nos parece (habla B. Da- 
veste) que la ciencia de la Historia del Derecho no está todavía bastante ade- 
lantada para fundar una teoría definitiva. Apenas si comensamos ahora k 
conocer los monumentos del antiguo derecho de los pueblos civilisados, y en 
cnanto á las costumbres no escritas, las observaciones hechas no son nad;^ 
en comparación con las que queda por hacer. Por otra parte, se ha dado ex 
eesiva importancia á lo que ocurre en los pueblos salvajes. Hay hoy dia una 
escuela, que cree encontrar en los indígenas de la América, del África central 
y de la Australia el tipo de la humanidad primitiva y considera su misera- 
ble condición como una etapa necesaria de la evolución social. Esto no es 
cierto, sino en ana medida limitada, y ningún estudio exige más prudencia y 
discernimiento. Además de que no se puede fiar de los cuadros traaados por 
observadores frecuentemente poco versados en las oienciAS jurídicas, no es 
cierto que las prácticas de los pueblos salvajes no tiendan en machos casos 
á la degradación y al embrutecimiento. Sin negar la ley de la evolación, es 
dedr, del progreso, es permitido dudar que haya sido continno el movimiento, 
sin interrupción ni retroceso. Los materiales recogidos por la etnograña no 
deben ser empleados sino después de sometidos á una severa crítica. Hay que 
guardarse sobre todo de deducir conclusiones absolutas. Ocurre en el origen 
de las sociedades, lo que en el origen del lenguaje. Se pueden entrever cier- 
tas cosas, poner ciertos jalones; pero es necesario resolverse á ignorar lo que 
no se sabrá jamás. 

¿Quiere esto decir que es necesario abstenerse y renunciar á investiga- 
eiones que han producido ya importantes resultados? Seguramente que no. 
Pero ^9 necesario proceder qpn método, estudiar el derecho de cada pueblo 
preferentemente de los que han venido á un alto grado de civilización y que 
han jugado importante papel en la historia, interrogar á las leyes escritas. 



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REVISTA DE LA PRENSA JURÍDICA EXTRANJERA 213 

recoger 1a« costumbres, reconctmir en tanto enante sea posible el deaenvol* 
vimiento histórico de cada legislación particular. T esto aún no basta. Des- 
pués de haber observado y clasificado los hechos particulares, es necesario 
compararlos entre si para elevarse k las ideas generales, y la comparación 
reobra k su vez sobre la observación, arrojando una lus inesperada sobre los 
hechos que, tomados en si mismos, y aisladamente, quedarían obscuros é in- 
«xplicados. No se puede prescindir de teorías y de puntos de vista generales, 
aunque parezcan prematuros. Prestan inmensos servicios, dirigiendo las in- 
vestigaciones y ensanchando la puerta de nuestra observación, previsto siem- 
pre que tienen un oarjbcter provisional y que se limitan k deducir lo que se 
desprende de los hechos, sin pretender sujetarlos k leyes a .pt-iori, que no 
son en la mayor parte de los casos sino hipótesis. 

Kovalevsky no ha querído hacer otra cosa y merece plácemes. Es buen 
jnríseonsulto y conoce bien la complejidad de las cuestiones que trata para 
creer que puedan ser resueltas por simples fórmulas. Si hace concesiones, 
quiz& excesivas, k los sistemas modernos y especialmente k la escuela ingle i<a 
de Spenoer;^o es de los que piensan que la ciencia del derecho será próxi- 
ntiamente reemplazada por la Sociología. Pero al mismo tiempo ha sentido 
la necesidad de extender su horizonte y de renunciar á la doctrina tradicio- 
nal. Huestra msjor que nadie todo el provecho que la ciencia puede sacar de 
los descubrimientos modernos. Los jurísoonsultos romanos han sido cierta- 
oaente grandes espiritus. Tuvieron el sentido jurídico, el análisis sagaz y pe- 
netrante. Son, sin duda, maestros incomparables; pero el desenvolvimiento 
histórico de su propio derecho se ha escapado frecuentemente á sus observa- 
ciones. Hasta cierto punto, nosotros lo podemos conocer mejor que ellos, 
porque tenemos numerosos términos de comparación. La inmensa autoridad 
de que han gozado hasta nuestros días, ha venido k ser, en ciertos aspectos, 
«n obstáculo al progreso. Se ha necesitado mucho tiempo para ver las cosas 
que ellos no vieran. Al fin se ha decidido abrir los ojos. El Derecho romano 
no es ya mirado como un tipo ideal. Es un aooi.tecimiento que tiene su lu- 
gar en la historia; un lugar muy grande, seguramente, pero no exclusivo. 
Se comienza á saber de dónde ha venido y de qué elementos se ha formado. 
Eran estos puntos de vista, hasta hace poco tiempo, objeto de discusión. 
Hoy dia son generalmente aceptados y transforman la enseñanza. 

Tradución de 

JüAN SlNCHKZ DS LbÓN 



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NOTICIAS BIBLIOGRÁFICAS 



Elementos de Dereeho penal, por Enrique Pesuña, Profesor de la Uni- 
versidad de Ñapóles. Traducción del italiano por Hilarión Gonzá- 
lez del Castillo, Licenciado en Derecho con un prólogo y notas al 
final de cada uno de los capítulos, por D. Félix de Arambuní y Za- 
loaga, Catedrático de Derecho penal y Rector de la Universidad de 
Oviedo. Primera parte. Un volumen, xv-582 páginas; Madrid, 1892. 



I Un libro de Pessina con notas de Arambnml Ntmoa pudo hallar aplica- 
ción máifl exacta la frase, tan manoseada por nuestros psendo-clásioos, de: miel 
sobre hojuelas. En efecto, tr&tase del primero de los criminalistas que en Ita- 
lia viven en la actualidad, y del primero ó de uno de los primeros criminalis- 
tas españoles de nuestros días, y claro está que la obra del uno, completada 
y afiadida por el otro, ha de reunir excelenciat extraordinarias. 

Que, muerto el insigne Carrara, sea Pessina el primero de los criminalis- 
tas que tiene Italia, nadie podrá negarlo ni discutirlo, pues ni en la escuela 
clásica ni en la positivista hay quien pueda alegar mejores títulos que '61 para 
ocupar ese puesto. Su dilatada enseftanza en la cátedra de la Universidad na- 
politana, sus numerosas y valiosas obras, los puestos mismos que ha ocupado 
en el G-obiemo de su pais, le rodean de la aureola de prestigio y autoridad 
suficientes para que, amigos y adversarios, convengan en reconocerle una pri- 
macía que sólo pudo disputarle en vida el ilustre criminalista de Pisa. Del 
Sr. Aramburu he dicho que es también el primero, ó uno de los primeros orí- 
minalistas españoles, y presumo que nadie pondrá en duda mi afirmación, te- 
niendo en cuenta que, muerta Doña Concepción Arenal, por tantos concep- 
tos insigne, retirados de este género de estudios los Sres. Romero Girón y 
Silvela, y siguiendo sendas muy distintas el Sr. Salillas, no hay entre nosotros 



* De todas las obras jurídicas que se nos remitan dos ejemplares, hare- 
mos un juicio critico en esta Sección de la Bkvista. De las que versen sobre 
otras materias, pondremos un anuncio en la cubierta de las entregas. 



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N0TICU8 BIBLIOGRÁFICAS 215 

filien paeda ponerse al nivel del distinguido Catedrático de Oviedo en la cien 
«ia de los delltos y las penas. 

Con este juicio de los autores, se comprende f&cihnente el juicio que ha 
bró formado de la obra que en común han producido. El libro de Pessina gosa 
de fama y renombre universales merecidisimos, y ciertamente no necesita de 
mi encomio para que se la tenga por una de las mejores obras de la litera- 
tura criminalista de nuestro siglo. La profundidad de los conceptos, lo com- 
pleto del estudio de cada una de las materias, que no se examina sólo desde 
el punto de vista filosófico y positivo, sino que también se presenta en svS. 
evolución histórica, la riqueza de la doctrina y de la bibliografía que se com- 
prende en cada capitulo, al mismo tiempo que la concisión y brevedad pon 
que todo está expuesto, son méritos que avaloran el trabajo del ex Ministro 
de Jostieia italiano* y que le han valido repetidas ediciones y una gran difu- 
sión en el país y en el extranjero. Publicada esta obra antes de la promul- 
gación del Código penal ahora vigente en Italia, exponía la doctrina de 
que regia á la sazón en aquel Estado; pero 6l traductor español ha puesto 
runedio á este inconveniente, sustituyendo en el texto la doctrina de an- 
tiguo cuerpo legal por la del nuevo, valiéndose para ello de otra obra es- 
crita por el mismo Pessina acerca del Código novísimo. 

Todavía así, el trabajo resultaba incompleto para publicarlo en Espafia, 
pues nada se deda en él del derecho español, y de llenar este vacío se ha en- 
cargado el Sr. Aramburu, por medio de notas puestas al final de cada oapi- 
talo ó párrafo, notas que son resúmenes muy sustanciosos y condensad os de 
doctrina y de nuestro derecho positivo, que no desmerecen del trabajo del pro- 
fesor napolitano, y que, diluidos é impresos separadamente, formarían á poca 
costa un precioso libro de. derecho penal español. En estas notas no se limita 
el Sr. Aramburu á exponer y resumir las disposiciones de nuestro Código, 
sino que no pocas veces completa y critica la doctrina expuesta por el autor 
y apunta la que estima por más aceptable, examinando y discutiendo de paso 
las teorías de la nueva escuela positiva, que no pudieron ser exam ina das y 
discutidas por Pessina en su libro á causa de la fecha de su publicación. 

Dicho se está con lo que precede, que la obra de que tratamos seria aco- 
gida con aplauso en cualquier pueblo, por rica y abundante que fuese su bi- 
bliografía en materia penal; pero con mucho mayor motivo merece alabanza 
aa pnbllcación en nuestra patria, donde viene á llenar una inmensa laguna 
da nuestra literatura juridica. En Espalia, en efecto, no tenemos ningún libro 
de carácter científico y doctrinal que satisfaga las necesidades de la ense- 
fianxa penal dentro de las Universidades, ni del estudio general de la ciencia 
eriminalógica fuera de ellas, pues, de los pocos que aquí han visto la luz, 
linos están anticuados, como las Lecciones de Pacheco, otros agotados, como 
el de Silvela, y otros dejan que desear. Esperamos, por esto, que la obra de 
Pessina y Aramburu obtendrá entre nuestros profesores, estudiantes y abo- 



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DE LEGIfiLAaÓN 

e los editores persistirán en an meritori» 
Sn de tiii trabajo tan importante y que por 
ir al progreso de la onltnra joridioo penal 



• 
^ • 



pena', por el Dr. José A, González y 
)Ileto de ISO páginas. 

José Novo y García. — Habana, 1891; 



n ocasión do las oposiciones anunciadas 
o penal de la UniTersiSad de la Habana, 
Mepto reglamentario, de nn cierto número 
tí asignatura, y de nn rasonamiento en el 
oión. No tienen, por tanto, otro caráct-er 
constmcoión y ordenación sistemática de 
icia del Derecho penal; y como no es éste 
disensión de esa Índole, habré de conere» 
os trabajos dé los Sres. Gonzalos Lannsa 
)rvaciones tendría qne hacer á los planes 

3r. D. Lnis Sil vela, tiene no pocos puntos 
porto general, con el seguido por este dis- 
brs, y en la parte ewpectttl^ qne trata de la 
lo general, al Código, k mi juicio con ma- 
la ciencia misma, qne no puede quedar 
cégesis ó comentario del derecho positiro. 
slara expresamente, milita en la extrema 
sta, sigue en su programa otras direccio- 
, que trata de las doctrinas generales sobre 
en la sección segunda se adapta también al 
nar por guia las obras de los positivistas, 
minologia ó de sociología criminal, como és- 
GonzéJez Lanuza echa mano más bien de 
i de derecho penal, que, á su juicio, es cosa 
y de la ciencia penitenciaria, por más qne 
elementos integrantes de la sociología cri- 

el Sr. Novo y García cuanto el del sefior 
lesear por lo que respecta al rigor lógico 
listríbución de las materias, y si bien es- 



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1I0TICIA8 BIBLIOGRÁFICAS 217 

thao más aceptables las lineas generalee del primero en so parte general^ no 
p«aedo ocultar qne el •eg:Qndo revela mayor conocimiento del estado actnal 
de la ciencia del derecho punitivo, mayor pmríto por examinar y disoatir 
loe problemas en el momento presente planteados en esta disciplina joridioa, 
y más dominio de toda la materia, condiciones que k mi ver lo hacen más 
recomendable para la enselUasa. 

Asi debió apreciarlo también el Tribunal llamado á juagar los ejercicios 
de oposición, puesto que oonñrió la cátedra de Derecho penal de la Univer- 
sidad de la Habana al Sr. Oonsáles Lanusa, sin reparar en su profesión de 
fft radicalmente positivista, con lo cual dio un laudable ejemplo de impar- 
cialidad dentifloa, que, por lo visto, los positivistas italianos echan mucho 
de menos en su patria. 

e 
* e 

L» eisefiaim d^ la Historia, por Rafael AUamira^ Secretario del Ma- 
seo Pedagógico y Profesor de la loatitoción libre de Eoseftanza.— 
Madrid, 1891; an vol. de 278 paga. 

Este importante libro, que forma parte de las publicaciones del Museo 
ptdagógú» de Inttntecióti primaria y que ha sido acogido con extraordinario 
aplauso por la prensa, y especialmente por la que se dedica á los problemas 
de ensefianza en el extranjera, no cae en realidad dentro del cuadro de ma- 
terias á que se refieren las noticia» hibliognijicai de esta RBVI8TA, y si le oon- 
nagramos algunas lineas, lo hacemos por el gran valor del libro mismo y por 
tratarse en sus últimas páginas de la ensefianxa de la Historia del Derecho, 
que es asunto que ya nos toca más de cerca. 

Pertenece el 8r. Altamira á un pequeño grupo de hombres que, con la 
mayor vocación, con el más decidido estusiasmo, con un perfecto conoci- 
miento de los problemas pedagógicos en el extraz^ero, han consagrado su 
aetívidad y su vida á remover el estado actual de nuestra ensefiansa en to- 
doa sus grados, no contentándose con exponer en libros y conferencias lo 
qaa deberla hacerse para sacamos del atraso y de la rutina en que nos en- 
centramos, sino predicando con el ejemplo y enseftando como hoy se enseña 
en loe pueblos que marchan á la cabesa de la civilisaoión. La ítutitucióH libre 
de E n e eñ anxa y el Mueeo pedagógico de Ifutrucción primaria^ son los dos centros 
principales en que ese pequeño grupo de maestros se ha congregado y de 
que parten las poderosas iniciativas que han de transformar en nueiftra pa- 
tria el actual estado de cosas en materias de educación y enseñanaa, y á 
•soe dos centroe se honra el Sr. Altamira de pertenecer, según rexa la por- 
tada de su libro que dejo copiada. 

Fácil es, después de esto, formarse idea de la Índole del libro de que tra- 
tamos, de las doctrinas en que se inspira, de los fines á que tiende, y de la 
seriedad y dominio del asunto con que está pensado y escrito. La historia* 



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REVISTA DE LEGISLACIÓN 
ación más ó menos pintoresoa y entretenida de cruentas bata* 
^rminables o/onologías de reyes y príncipes, sino como exposi- 
la de la humanidad ó de un pueblo determinado en todos sus 
1 la compenetración y entrecruzamiento de estos mismos aspee - 
sria enseñada^ no en pomposos discursos cuajados de fig^urás re- 
itavios oratorios, sino por medio del estudio y de la investiga- 
sobre las fuentes, tanto directas cuanto indirectas, puede de- 
los dos pensamientos capitales que dominan en el libro del se- 
, muy rico, por lo demás, en datos y pormenores de todo género, 
lu en ideas y observaciones, que seria imposible resumir aquL 
imas tendencias quiere el Sr. Altamira llevar á la enseñanaa de 
3l Derecho en nuestras Universidades, por la creación de una oá- 
latoria, en que los alumnos que quisieran se iniciasen en el estu- 
» las fuentes y en las investigaciones históricas personales, sin 
[ue á toda la enseñanza del Derecho se le diere un carácter y 
}o, llamado & corregir los prejuicios de los juristas sobre el 
mipotencia de las leyes escritas y del derecho positivo vigente; 
mdo nada de esto se crea factible por ahora, el Sr. Altamira en- 
que desde luego podria y debería hacerse es ensanchar el cuadro 
& del Derecho, para que, en ves de ser un mero estudio de las 
9 y de los jurisconsultos célebres de cada época, como es al pre- 
itras cátedras, sea una exposición de la vida entera del Derecho 
manifestaciones y en relación con toda la vida individual y 

Jkbónimo Vida, 
Catedrático de la Universidad de Granada. 



idica de las diferentes especies de censos.— Memoria pre- 
1 accésit por la Real Academia de Ciencias morales y po- 
crita por D. Arturo Cbr6c/¿a.— Madrid, 1892. 

kbierto al público certamen por la Academia de Ciencias mora- 
s, era, á la verdad, de reconocido interés. Porque la justiñcación 
lis en la historia del Derecho y su utilidad en las legislaciones 
[ como las vicisitudes históricas del censo consignativo, ofreeen 
udio, que la Academia propuso acertadamente á la considera - 
irisconsultos que aspiraban al lauro prometido por la docta Cor- 
ra el Sr. Corbella satisfecho las exigencias del tema, demuéstralo 
i modo la preciada recompensa obtenida en tan honrosa lid. 
te, el estudio histórico-oritico que tenemos á la vista revela em 
»rte de la riqueza en las fuentes de conocimiento, un método re- 



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NOTICIAS filBLIOGBÁflCAB 219 

•omendabla en 1* expoaicióii de U doctrina. Bl eonoepto de 1* propiedad ante 
la historia en loe pueblos anticrnos y modernos sirve al Sr« Corbella de ñinda- 
mento adecuado para disonnir sobre la enfltensis, tan admirablemente defi- 
Bída en Soma por aquella sabia Constitución del Emperador Zenón y para 
defender con gran copia de rasones la utilidad del censo enñtéutioo. 

Porque negar que la enflteusis sirvió de poderoso auxiliar al desarsollo 
de la propiedad territorial, templando los tristes resultados de la servidumbre 
y poniendo k salvo los peijuioios del colonato, es desconocer la historia de la 
▼ida civil de casi todos los pueblos de las pasadas edades. Y pretender, como 
se intentó en la discusión del Código napoleónico, desterrarla de las leyes 
modernas, invocando odiosos recuerdos de sefiorios feudales, equivale k des- 
truir instituciones tradicionales, en ves de restaurarlas, purgándolas de im- 
perfecciones que la evolución de las costumbres logró poner de relieve. 

La enfiteusis, dice discretamente el ilustrado autor de la Memoria lau* 
rea da por la Academia, debe sostenerse en nuestros códigos; pero "despoján- 
dola de sus caracteres de perpetua é irredimible. Y, realmente, ese es el ver- 
dadero punto de vista de la cuestión. La perpetuidad se opone al concepto 
^ue informa & toda ley positiva, y lo de gravámenes irredimibles, pugna de 
manara clara con el carácter de desamortisable, reconocido hoy á la propie- 
dad inmueble. Has como el enflteuta no puede ser un mero arrendatario , ni 
tampoco simple comprador á renta, lo prudencial del término, siempre lar- 
go, para la redención del gravamen, es lo que deberá resolver la cuestión, y 
asi lo entiende con acierto el autor de la Memoria. 

No son menos discretas las observaciones que el Sr. Corbella consigna 
respecto al préstamo á interés, como motivo de la introducción del cenno 
oofuógnativo y su significación en el derecho canónico; é igualmente son dig- 
nas de encomio las consideraciones acerca del censo reservativo admitido en 
•1 Código civil de Espafia, y que tan escaso es de precedentes históricos en el 
Derecho. 

CMig« de Camercie espafiol. Jnrisprndeneia y leyes extranjeras en aa- 
teria de eambio, por D. Federico Barrachma j D. Carlos Antonio 
Talavera.^LAhro de 391 páginas; Alicante, 1802. 

La Biblioteca Mercantil de Alicante acaba de publicar un interesante U • 
bro, que recomendamos á la consideración, no sólo de aquellos que se dedican 
al cjeroieio honroso del comercio, sino á la de los Tribunales y Letrados lla- 
mados á solucionar los arduos problemas del Derecho mercantil. 

No ee el estudio de los Sres. Barraohina y Talavera una paráfrasis más ó 
menos ingeniosa del texto de nuestra ley de Comercio; labor muy frecuente 
«n muchos de los comentaristas de las leyes positivas que con tal trabaja 



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REVI8TA DE LEGISLACIÓN 
ven al lector las múltiples cuestiones qne la práctica presenta 
»c tatúente el precepto árido y escneta del legislador; antes al 
a que tenemos á la vista, esencialmente de aplicación, ayu- 
il á quien se sirva consultarla, Indicándole el camino de lie- 
a resolución de las dificultades surgidas, 
comerciantes; qué sean actos de comercio, y maneras de 
indirectamente la cualidad de comerciante; capacidad juri* 
; bienes afectos á la profesión mercantil; distinciones entre 
1 comerciante: he aqui multitud de cuestiones resueltas acer- 
n importante obra, lo cual acontece también con todas las 
Btro mercantil y contratos de comercio. 

b1 libro aparece de innegable mérito es cuando los autores, 
ontrato de cambio, alma del comercio y fundamento del ci-é- 
i materia en la altura de los principios, relacionando el texto 
>tros de los principales países de Europa y con la doctrina 
estro Tribunal de Casación. 

nuevo libro, felizmente publicado por la^ Biblioteca Mercan* 
iiabrá de merecer, á la verdad, el aprecio de cuantos se inte- 
Itivo progreso de nuestras instituciones mercantiles, regidas 
o por leyes realmente adecuadas á la altísima significación 
los pueblos cultos. 



I la Academia de Jaríspradeneia y Legislación de Barce- 
gldo ¿ las Cortes sobre la urgencia de una profunda re- 
procedimiento cítíI.— Folleto de 88 páginas; Barcelo- 



jurisconsulto D. Vicente Amat y Furió, cuyos estudios sobre 
b1 Jurado son bien conocidos entre los hombres del foro, de- 
onente por la Academia Barcelonesa para la redacción de la 
pigraie dejamos anotado, ha hecho un notabilísimo trabego, 
^mos en recomendar á la ilustrada atención de nuestros lee- 
procedimiento civil no está á la altTira de lo que la ciencia 
sistema escrito adolece de esenciales defectos, y que los ao- 
omplicados en su desenvolvimiento y tardíos en su termina- 
do en el ánimo y parecen servir, más que á los intereses de 
del litigante de mala fe, es cosa tan sabida, que, ciertamen- 
fc cómo ante la gravedad del mal sentido no sobreviene el 
remedio, 
i de Jurisprudencia de Barcelona seftalft con discreción y 



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NOTICIAS BIBLIOGRÁFICAS 221 

oportiinidAd indiscatibles los más calmlnantes defectos do la vigente ley ri- 
tfumA, talM como la lentitud de los reoarsos de apelación, la ineficacia del 
cargo de Proourador, las corruptelas en la concesión de la pobreza y la ne- 
oetidad, «n fin, de regularisar de modo expeditivo la recusación, la respon- 
sabilidad de los Tribunales, los términos judiciales y la redacción de los fallos 
y pronunoiamientos sobre costas. Un estilo correcto y que por su fluidez ale • 
ja todo cansancio en el ánimo del lector, completan la obra meritísima de la 
Aeademia, onya Memoria honra sobre manera al Ponente de la Comisión, 
Sr. Amat y Furió, á quien, asi como & la Academia, sinceramente felicitamos 
por tu notable trabajo. 



^■iTenidad de la Habana.— Sesión de claasora de 30 de Abrii de 1H92. 
— Memoria y discarso leídos, respectivamente, por el Secretario de la 
Academia de Derecho D. José Novo, y Decano, D. José María Cés- 
pttiet; 1892. 

Hamos recibido y leído con agrado, tanto la Memoria en la cual el secre- 
tarla de la Facultad de Derecho— creada en la Universidad de la Habana 
por Real Decreto de 10 de Agosto de 1886 — dá cuenta de las tareas realiza; 
das durante el último año escolar por los alumnos^ cuyos trabajos honran á 
maestros y discípulos; como el discurso del dignísimo Decano, que tan alto 
h* sabido colocar el nombre de la Academia, merced á su incesante anhelo 
por el progreso de los conocimientos jurídicos, estimulando, al efecto, las vi- 
gorosas iniciativas de la juventud brillante, llamada muy pronto, si perseve- 
ra en su plausible aplicación, & ser una realidad gloriosa en el desenvimiento 
^nte el foro de la Habana de los arduos problemas de la oienoia del De- 
recho. 

P. GokzJLlez del AlBA, 

Uagiimdo d« la Audi«n«ta territorial «lo Granada. 



La DerelUione íb diritto romano, por £. Ricci; un vol., Rome, 1892. 

. Ea esta ana monografía acerca de un punto jurídico que, según advierto 
«I autor, <no se trata comunmente de un modo especial». «Todos los escrito- 
res antiguos y modernos que yo conozco, añade, han creído cumplir na de- 
ber oon dar la simple definición, referirse k poquísimas leyes del Digetto, y 
alodxr en nota k la disputa entre Savinianos y Proouleyanos.» Como el Señor 
Bloei advierte. La derelinione fu derelitta. 

Para reunir en un volumen la doctrina más corriente en Boma y entre 
lo9 romanistas acerca de la derelictiot escribe el Sr. Bicci la monografía de 
^tia damos noticia. Bn ella trata las diferentes cuestiones, tanto relativas k 



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EVISTA DE LEGISLACIÓN 

ti lengnige y á 1m fuentes, caanto las qne en la vida 
frecen, como otras tantas diñcultades de la inifti- 
ítalo muy interesante á. la disputa de Savinianos y 
bndo, por fin, la dettlictio con la tradición y la octi- 



¡odigo de Comercio, per el Avv, Corvado Biondi; 
Capoles, 1892; un folleto. 

idi, no abarca una completa reforma del Códigfo de 
idiendo & exigencias del momento formuladas por 
y Justicia, contr&ese el folleto k examinar la impor- 
bra9 Gibro 3.^ del Oódigo de Comercio italiano), y 
conformidad con el cuestionario propuesto para la 
ejoras y perfeccionamientos posibles. 

Adolfo Posada, 
Catedrático de la Universidad de Oviedo. 



La ridiuione delle ore di lavoro e i snoí effetti 
ratelli Bocea, editor!, 1891; 131 paga., 1,50 pe- 

uoaen, pero abundante de doctrina y seriamente ra- 
ooión de las horas de trabajo y de sus efectos ecc* 

capítulos. En el primero expone los antecederOet á% 
, los fundamento» fisiológicos y psicológicos del ti a. 
o, las consecuencia» prácticas qne en algunos países 
iza) ha producido la reducción de la jomada de 
los efecto» que probablemente produciria esta re- 

evar de apasionamientos de escuela ó de sistema» 
&ta y discretamente, apoyándose en hechos y datoa 
>r eso, dice muy acertadamente, qne no se pned^ 
vo acerca del problema mientras no tengamos más 
is tocante al mismo; pues este fenómeno, como to- 
sente complicado y puede obedecer á multitud d« 
podemos equivocamos atribuyendo á la redueoión 
que puede ser efecto de otros factores sociales, 
sia, no da gran importancia, para la m^ora de la 
n de la jornada de trabajo; pero confiesa que es 
(pág. 1S6). Ifás que la reducción, podría convenirle 



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K0TICIA6 BIBU0QBÁFICA6 223 

a] obrero el atuueñto de retribución (pág. ia9>. En todo caso, la reducción 
debe ser un producto natural de la evolnción económica, y no el ñ^to de 
medidas legislativas y, por oonsigoiente, arbitrarias, pnes cno pudiendo éstas 
reflejar ni apreciar la infinita variedad de casos, la redacción podría influir 
de un modo peijudicial sobre la condición de la clase obrera» (pig. 190). 

Pedbo Doeado, 

Catedrático de derecho penal 

en la Universidad de Salamanca. 



Tntté it Drdit nAturel tbeoríqoe et appliqué, par Tancrede Bothc, Pro- 
íeseeor aaz Facaltéa catholiqnca de Lilie. Tome aecond. Da ma- 
nage; Paría, librairie Víctor Lecoffre, 90, roe Bonaparte. 90. 1898. 

Bl distinguido Profesor de las Facultades católicas de Lila (Francia) 
M. Tanoréde Bothe, ha publicado el segundo tomo de su Tratado de Dencho 
Mttmralf teórico y aplieado. Dedícalo entera y exclusivamente al matrimonio, 
constituyendo asi una completa monografía acerca de este punto, al par que 
una continuaeión de su notable obra de Derecho natural. 

La importancia de esta publicación se comprenderá, desde luego, con la 
simple indicación de los epígrafes de sus diversas secciones. Son éstas en nu> 
mero de nueve, y llevan los siguientes títulos- Del matrimonio, desde el punto 
de vista de la sola naturalesa ó de la rasón pura; del matrimonio, según e) 
derecho divino positivo de los primeros tiempos; del matrimonio, según las 
leyes de Jesucristo; de las facultades del Soberano en materia de matrimo- 
nio, abstracción hecha del orden cristiano; examen de la legislación matrimo- 
nial francesa, desde el punto de vista del orden no cristiano; de las faculta- 
des de la Iglesia en materia de matrimonie; de la incompetencia de los so- 
beranos en materia de matrimonio en el orden cristiano; ojeada á la legisla* 
eióm matrimonial canónica; examen de la legislación matrimonial francesa, 
desde el punto de vista cristiano; del celibato; de la teoría de Malthus. 

Campean en esta obra la abundancia de doctrina, y, sobre todo, el espi- 
rita analítico de su autor, que, con objeto de rebatirlas, se hace cargo de 
Mfm^A^ . i^nm dc las objecioues y dificultades que se presentan acerca de cada 
pu&to. Todo ello la hace sumamente útil, como obra de consulta y amplia- 
eión de estudios, para aquellos que conocen ya los principios fundamentales 
de- esta institución. 

If . Tanoréde Bothe ha prestado un buen servicio á la ciencia con la pu- 
blióaoión de este segundo tomo de su obra, cuya adquis ioión recomendamos 
A todos los que se dedican á estos estudios. 

B. Bodbíoubz db Obpeda. 
Catedrático de la Universidad de Yalencia, 



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JNCIOS EDITORl ALES 



ÍRIO de DOCÜIEMOS NOTARIALES 

ARKEGLilDO AL CÓIIGO CIVIL 

POB 

J. EUaENIORUrzaOMEZ 

lo, Jefe superior honorario de Administración, 
)iroctor de la Gaceta Jurídico ünivcrtalf etc. 



I con sujeción al Código civil las fórmulas de lo<? 
Formulario Notarial Continuo, que, por vir- 
as disposiciones, debían sufrir alguna enmienda, 
esta acreditadísima obra, con el Apéndice al Gó- 
incluyen las mismas variaciones, la colección 
importante de su género.— Su precio es: del 
vista El Progreso de la Notaría, tomo 1.^, que se 
, 15 pesetas; — del tomo 2.^, 9 pesetas (puede 
.^ sin el 2.^, y éste sin el 1.®);— y del Apéndice, 



lA mm LA LEGISLAM Y LA m%\K 

(POB EL MISMO AUTOR) 



a, que es un tratado completo de la Facultad, se 
isposiciones legales relativas á su* organización , 
:cicio, documentos que el Notario autoriza, su 
nulidad y falsedad, protocolos, archivos, etc.; se 
incipios fundamentales en la materia, y se pro- 
faltas y perjuicios que continuamente se origi- 
práctica.— Bl precio del tomo 1.^ es 4 pesetas ; 
50. 

3n la librería de D. Fernando Fé, Carrera de 
ntiQi, 2. — Madrid. 



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PSOCEDINIENTOS Mk U REFORMA DE LAS CONSTITUCIONES 
eo los Estados modernos 



1. Consecuencia de la afirmación expresa del carácter jurí- 
dico del Estado nacional moderno, según el cual su vida se en- 
cuentra sometida á normas fundamentales de derecho, lo 
mismo que toda institución humana, es la necesidad en que la 
ciencia y la legislación positivas se han visto de resolver el 
problema de la reforma de las leyes constitucionales. 

Naturalmente, siendo las Constituciones de los Estados con- 
sidaiadas en su amplio sentido expresión temporal de una 
forma de derecho (el derecho político), su transformación, 
como la de todo derecho positivo, es obra de la acción lenta, 
inconsciente acaso, de la costumbre. Refléjase, en efecto, en la 
Constitución política el influjo del medio social con todos sus 
cambios internos, profundos, que no se pueden apreciar sino 
muy á la larga, y sólo en vista de los resultados. Aparente- 
mente, no ocurre nada; las leyes siguen teniendo vigor; las de- 
claraciones expresas que se hacen á cada instante conformán- 
dose con las leyes escritas, reflejan lo mismo que estas dispo- 
Bícionee; pero la realidad es ya otra muchas veces. El equili- 
Imo de las fuerzas políticas á que la legislación positiva vi- 
gente respondiera, se ha roto quizá, y la marcha efectiva de 
loe negocios públicos es bien diferente de la que la legislación 
implica. 

TOMO 83 15 



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REVISTA DE LEGISLACIÓN 

3, sin embargo de la gran importancia que la oostum- 
3 como medio de reformar las Constituciones pollti- 
ie lo que aquí queremos hablar ahora. Es asunto éste 
Bí sólo requiere capítulo aparte. Mi propósito se con- 
tudiar la cuestión de la reforma del derecho constitu- 
)r medio de la ley, es decir, por procedimientos solem- 
rirtud de declaraciones expresas, como obra reflexiva 
io oficial. 

en^ la cuestión á que aludo dos aspectos: el uno ge- 
osófico, sugerido, después de todo, por el otro, que tiene 
ier esencialmente circunstancial, político, histórico, 
lestión relativa á la reforma constitucional por medios 
, fijos, determinados, implica esta otra: las leyes cons- 
les (políticas), ¿son de naturaleza jurídica distinta de 
ordinarias? Esta cuestión, que es al cabo la funda- 
la provoca esta otra, nacida en el derecho positivo: las 
istitucionales, ¿deben ser elaboradas y reformadas to- 
cialmente por los mismos procedimientos que las de- 
B ordinarias, ó exigen procedimientos extraordinarios, 
s? 

i bien; he ahí por qué decía que el aspecto fundamen- 
roblema lo sugiere el aspecto circunstancial ó político, 
ro ¿por 'qué consideramos este último aspecto como 
ncial ó político? Porque independiente de que hay en 
un interés científico general; en cuan{o exige la de- 
ion de los límites propios d^ derecho político, la solu- 
)s mismos problemas que cualquier otra rama del de- 
urando entre ellos este de la reforma, como problema 
lOgía jurídica especial, la importancia actual de la 
decuada de reformar las Constituciones y los términos 
asunto se ofrece á la consideración crítica, son cir* 



ongo, Délla cansuehidine como fonts del diriuo publico: Ardtivio dé 
o, afio 2.*, fa«e. 6 y 6. 



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REFORMA DE LAS CONSTITUCIONEH 227 

constandales y debidos á las condiciones históricas bajo que 
en la mayoría de los Estados contemporáneos se planteó el ré- 
gimen constitucional. 

En efecto, salvo en Inglaterra, donde por lo mismo la cues- 
tión de la reforma legal constitucional no es cuestión, en 
todos los Estados contemporáneos, como es sabido, la instau- 
ración del régimen constitucional es, como dice Boutmy (1), 
obra de un ado imperativo y consecuencia, por lo común, de una 
situación violenta, revolucionaria, cuando no sirve para dar 
forma á un Estado nuevo, respecto del cual se piden garantías. 
No se ha llegado en los Estados contemporáneos á la institu- 
ción representativa, al estado de derecho, en virtud de un 
proceso histórico de transformaciones paulatinas, sino más bien 
á causa de un movimiento de destrucción de los poderes abso- 
lutos, por lo que significaron en casi todas partes las Constitu- 
ciones un sistema de limitaciones al poder gubernamental, una 
r^la para la vida del Estado en el juego ordinario y normal 
de los poderes públicos. 

Los Estados absolutistas^ naturalmente, legislaban: el dere- 
cho privado, en todas sus ramas, era, en parte, obra de ellos, 
y en ellos, y luego en los Estados constitucionales, los mismos 
Estados, con sus procedimientos legislativos, fueron y son ga- 
rantía suficiente, hasta donde cabe, del derecho á que nos re- 
ferimos. Pero desde el momento en que el Estado oficial, ol 
Gobierno, es sometido á leyes, á derecho expresamente decla- 
rado, como estas leyes y este derecho quien al fin ha de 
aplicarlos es en gran parte el Estado oficial mismo, de ahí 
que se exigiesen» respecto de él, garantías de carácter ex- 
traordinario, procedimientos solemnes, en una palabra, algo 
que para el resto del derecho no se consideró preciso por las 
razones dichas. 

Por otra parte, la atención particidar, anormal y propia de 



fl) Ekudtt dt droü contiitutionnei. 



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LEGISLACIÓN 

.a organización política ee re* 
y el que por motiv^os diferentes 
institucionales en Francia, Es- 
do, y Alemania y los Estados 
)r otro, haya sido siempre obra 
ta á veces, consecuencia de un 
tribuyen también á dar al de- 
echo escrito, notas singularísi- 
eoría relativa á su reforma, que 
nirse como sigue (1). 
Ao en el momento de su elabo- 
3de tener dos objetos, ó como 
lativo, que establece las normas 
del Estado, es de un doble ca- 
lamental, las relaciones funda- 
;ado en todas sus partes, las re- 
derecho fundamental, las rela- 
iva en el poder del Estado, en 
os, ó sobre la base de estas re- 
de las mismas, da las normas 
rsos fines más ó menos genera- 
legislativo es constituyente, en 
lente dicho.» 

ado, como legislador, tiene, en 
or libertad que respecto del de- 
do quiere establecer la institu- 
jlaciones jurídicas, obra en cosa 
por el contrario, crea leyes de 
la suyo, sino laa relaciones en- 



3a de G. Joña, Le JR^orme deUe Uggi 

K IV, !.♦ 
*r Introdao. 



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REFORMA DE LAfí C0N8TITUCI0NE8 221} 

tre particulares, las cuales ni son obra suya, ni le están suje- 
tas por entero». 

Fuera de muchos detalles y del mayor alcance de las decla- 
raciones de Ahrens, lo que aquí importa recoger es la distin- 
ción radical que se establece entre el derecho relativo al Es- 
tado (la Constitución, en suma) y el derecho relativo á los de- 
más fines de la vida; distinción de donde nace la diferencia 
entre el origen del derecho constitucional, el cual es obra del 
poder conistüuyenie, obra directa del soberano, y el del derecho 
no constitucional, el cual es obra de los poderes constituidos^ y 
entre el procedimiento para reformar el primero y el procedi- 
miento para reformar el segundo; todo lo cual, al fin, supone 
ima concepción del Estado oficial, como si fuera obra reflexiva 
y querida expresamente de una voluntad soberana, distinta 
de la que solemnemente se manifiesta en todos los momentos 
de su vida. 

5. No me propongo ahora criticar esta teoría jurídica cons- 
titucional; pero sí he de señalar la tendencia contraría, según 
la cual el derecho constitucional ó derecho del Estado no tiene 
nada que le distinga especialmente do cualquier otra rama del 
derecho, por lo que siendo todo el derecho obra del Estado, den- 
tro de su esfera, ni por el origen, ni por el procedimiento, es 
preciso diferenciar dicho derecho constitucional de los demás. 
El origen de él, como de todos, está en el soberano, de quien 
emana siempre la declaración imperativa jurídica; el procedi- 
miento debe ser el que mejor responda al ideal de una mani- 
festación fiel de las necesidades y aspiraciones públicas. 

Lo cual no obsta para que se comprenda, teniendo presente 
lo anteriormente dicho, que se ideen teorías aplicables (y apli- 
cadas) al derecho positivo para reformar por procedimientos 
especiales la Ck)nstitución política, que á veces hasta se llega 
¿ declarar irreformable. 



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BLACIÓN 



iones positivas, nos encon- 
> legislativo para la refor- 
sden formarse tres grupos 
1 los Estados, que exigen 
unión de constituyentes ^ ó 
3do de formación política, 
tro á aquel que se reputa 
ie la soberanía. En el se- 
, si bien acuden á una for- 
dar á las Asambleas legis- 
der de constituyentes, eni- 
especiales. En el tercero, 
18 leyes disposición alguna 

itar á los Estados Unidos 
1, Suiza, etc. 

ricana de 1789, son cuatro 
rma constitucional: 1.^, se 
Bidad de convocar Conven - 
El elección de la Asamblea 
a el proyecto; 4.*, que ha 
este proceso de reforma es 
stitucito pueden ser pro- 
cámaras legislativas), por 
miembros de cada una de 
don convocada al efecto en 
3 partes de las Asambleas 
ropuestas no tienen vigor 
las tres cuartas partes de 
las tres cuartas partes de 



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REFORMA DB LAB CONSTITUCIONES 231 

las GónvencioneB reunidas por los Estados mismos, según que 
el Congreso hubiere establecido uno ú otro procedimiento de 
ratificación. Ningún Estado puede, sin su consentimiento, ser 
privado de la igualdad de sufragio en el Senado. La firma del 
Presidente de la República no hace falta para la aprobación de 
las reformas constitucionales. 

Según la Constitución belga, el Poder legislativo tiene de- 
recho de declarar la necesidad de revisar las disposiciones cons- 
titucionales (art. 131). Hecha esta declaración, las Cámaras 
quedan desde luego disueltas, y se convocan nuevas Cámaras. 
Estas, de acuerdo con el Rey, establecen los puntos sometidos 
á revisión, y en éste caso, las Cámaras no podrán decidir si no 
Be hallan presentes dos tercios al menos de los miembros de 
cada una, y la reforma no será adoptada si no reúne al menos 
dos tercios de los votos. 

Análogo, aunque no idéntico, es el procedimiento regulado 
por la Constitución de Holanda. 

S^n la Constitución suiza (1874), la Constitución federal 
puede ser reformada en todo tiempo (art. 118). Cuando una 
sección de la Asamblea federal decreta la revisión constitucio- 
nal, y la otra no accede, ó bien cuando cincuenta mil ciudada- 
nos suizos con derecho de sufragio piden la revisión « la cues- 
tión de 8i la Constitución debe ser reformada se somete en am- 
bos casos á la votación, por si y por no, del pueblo suizo. Si 
en uno ó en otro la mayoría de los ciudadanos votantes se pro- 
nuncia por la afirmativa, los dos Consejos deberán ser renovados 
liara proceder á la revisión (art. 120). La Constitución federal 
ref(^mada entra en vigor cuando sea aceptada por la mayoria 
de los ciudadanos suizoa votantes y por la de los Estados ó can- 
tones. Para computar esta mayoría de los cantones, el voto de 
medio cantón se cuenta como medio voto. El resultado de la 
votación popular de cada cantón se considera como el voto del 
mismo (art. 121). 

3. En el segundo grupo, podemos citar á Francia, y hasta 
cierto punto, á Alemania. 



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TA DE L'EQIflLAGIÓN 

tucionales francesas de 1875 (art. 8.^)^ 
recho de acordar en deliberaciones y 
ladas éstas por mayoría absoluta de 
te, ya á petición del Presidente de la 
reforma de las leyes constitucionales, 
bal decisión, se reúnen en Versalles en 
)roceder á la discusión. Las decisiones 
:cial ó general de las leyes constitucio- 
por la mayoría absoluta de los miem- 
asamblea nacional, 
íederal alemana, las reformas de la 
íntica forma que las leyes ordinarias^ 
hozadas todas las reformas que tengan 
3unde$rath (Consejo federal) 14 votos. 
3 constitucionales que establezcan de- 
r de algún Estado frente al conjunto 
3er modificadas sin el consentimiento 

sxponer los Estados constitucionales' 
s se prestan á consideraciones especia- 
ma indicación respecto de estos dos 

istituciones á que nos referimos, que 
te es que la Constitución (término éste 
I inseguro) se origine de un acto impe* 
rano, ó que tal se reputa, por ser el ór- 
, soberanía política. En todas se refleja 
stitucional moderno, y el concepto del 
ie garantías formales, jurídicas, frente 
alizando el contenido del texto se pue- 
r diversas entre las que actualmente- 
KJedimiento extraordinario de reforma 
e punto de vista, cabe distinguir los- 
[a. Bélgica, Holanda) de los federales 
«Unidos Norte- Americanos). En los 



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REFORMA DE LAfi CONSTITUCIONES 2S8 

primeros, el procedimiento extraordÍBarío de reforma, atenua- 
do por temor á loe escesos del mismo en Francia, se propone 
recabar para la nación misma la última palabra de la sobera- 
nía y eritar los cambios bruscos. En los segundos, especialmen- 
te Suiza y los Estados Unidos, la reforma constitucional implica 
un respeto al pacto federal (1). La Constitución federal, origen 
natural de los poderes federales, no puede ser modificada sino 
por quien la ba dictado; hay, pues, necesidad de acudir á la 
fuente para no atentar á las soberanías particulares preexis- 
tentes. Nótese sino en Suiza y Norte de América la directa par- 
ticipación del pueblo y de los Estados en la reforma de la Cons- 
titución; sobre todo, nótese esto en la última República ci- 
tada. 

5. En el tercer grupo de las tres que hemos distinguido po- 
demos colocar Inglaterra, Austria-Hungría, Italia, España. Para 
nuestro propósito nos basta fijamos en Inglaterra y en España. 
La Constitución inglesa, que no ha sido hecha, como es 
sabido, en un momento dado, que no se origina de un acto 
imperativo, no contiene en sus bases disposiciones legales, 
ni en los precedentes, procedimiento especial para su reforma. 
Ciertamente, muchas de sus fuentes, muchos de sus monumen* 
toB capitales, son obra ejecutada en momentos extraordina* 
rice. La Magna Caria, el Bul de derechos y el Acta de estableci- 
miento^ son el producto legislativo de grandes agitaciones y 
de profundos trastornos. Pero esto no importa; Inglaterra des- 
ccmoce la distinción formal de los periodos constituyentes y 
ordinarios, de los Parlamentos extraordinarios y normales. 
Las reformas políticas más radicales, tales como las leyes elec- 
torales de 1832, 1867 y 1889, así como las reformas que ahora 
realice con el bilí relativo á Irlanda (Honie rull), fueron y son 
obras de los Parlamentos, reunidos sin solemnidades ni 
requisitos particulares. 



(1) V. Bryc«, Ám«rican Commommilüi; Bontxny, obra oitAd*; Sunmer Maíii«» 
Oobirrwo popular. 



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ÍM revista db legislación 

Y no es que Inglaterra tenga una Constitución interna con 
instituciones irreformables; no es que se conceptúe que la so- 
beranía resida en el Parlamento con el Monarca: nada de eso; 
en Inglaterra toda la Constitución se reforma constantemente 
de un modo paulatino, y cuando es preciso por medio de la 
ley. La condición necesaria para toda reforma, por radical que 
sea, está en que la opinión pública la demande y al fín la 
exija. 

Nuestra Constitución de 1876 no tiene tampoco disposicio- 
nes especiales para su reforma. Ella misma es obra de unas 
Cortes ordinarias, con la sanción del Rey. 

Pero ¿quiere esto decir que obedezca nuestra Constitución 
á los mismos principios que la inglesa, esto es, á la idea 
racionalísima de la igualdad fundamental de todas las ramas 
■del derecho? En modo alguno. Por de pronto, no podemos 
hablar de la Constitución española como de la inglesa, cuando 
consideramos ésta como un producto de la lenta elaboración 
histórica. Nuestro régimen constitucional tiene el mismo 
origen revolucionario que el francés. Nuestras Constituciones, 
qne fueron varias, radicalmente opuestas, y siempre manifes- 
tación y resultado de actos imperativos, unas veces tuvieron 
procedimientos de reforma especiales (la del 69, por ejemplo), 
como obra la constitución de la soberanía nacional, y otras ve- 
ces no contuvieron procedimiento alguno de reforma; la cons- 
titución era obra hecha en colaboración por el Rey y por las 
Cortes (la del 45 y la vigente). 

La no existencia en la Constitución de 1876 de un procedi- 
miento de reforma constitucional, responde á su índole doctri- 
naria, según la cual, la Constitución fundamental (interna) es 
irrefcHrmable. Esta Constitución interna ó fundamental se halla 
compuesta por estos dos elementos ó fuerzas: la Monarquía, in- 
discutible, irreformable, y la Representación popular. Lo refor- 
mable es la Constitución externa, la escrita, el documento 
votado por las Cortes y sancionado por la Corona en 1876, y 
que esas Cortes y esa Corona, depositarías por igual del Poder 



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REFOBMA DE LAS CONSTITUCIONES 285 

legislativo, son las Uamadaa en todo caso á variar por los trá- 
mites porque pasa toda ley ordinaria. 

Por supuesto, esta teoría política, á que sin duda responde 
nuestra Constitución actual, no impide que la acción de las 
costumbres y las modificacines sociales influyan en las insti- 
tuciones y cambien su espíritu, y aun preparen condiciones 
para reformas más ó menos radicales de la ley fundamental. 

6. Muchas consideraciones cabría hacer todavía analizando 
el texto de la Constitución escrita acerca del valor y significado 
de la reforma constitucipnai; pero esto me llevarla muy lejos 
y exigiría un espacio mayor del que dispongo en el presente 
articulo. 

Mareo, ÍSm, 

Adolfo Posada, 

Profesor de Derecho politioo en ta CJniversldftd 
de Oviedo. 



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BRERA Y LAS LEYES • 



PlTÜLO 111 

N OBRERA EN INGLATERA 

(cartas de privilegio de Enrique I y Enii- 
do m. — Disposiciones legislatiyas de EnH- 
Estatnto de Isabel (1562). — Estatuto de Ja- 
de política en el siglo actnal (derogación 
Lteríor). — Estatuto y actas de Jorge IH. — 
'amosa acta de 1860). — El acta 41 de Victo - 
Lsposiciones relativas á la protección de la 
krios. — ídem al trabajo de los niños y de las 
ón de los primeros. — Reglamentación de la 
esponsabilidad de los patronos en los dafiog 
de Carlos II y el acta 48 y 44 de Victoria)» 
I los operarios (la legislación en tiempo de 
as actas de 1824 y 1825. las actas 88, 84, 85, 88 
e y la conciliación industrial (el acta 20 de 
(1825); la de Victoria (1867); la Arbüration aft^ 



[onde más ee ha legislado en mate- 
) explicar conocido el carácter y las 
Bular europea, que debido segura- 
ma y á escaseces de la tierra, ha te- 
lir al trabajo lo que le negaban loa 
aera de sus fronteras naturales tie- 

81 y la 88 de este tomo 



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LA CUESTIÓN OBRERA Y LAS LEYES 237 

tras en donde nutrir á su prolífica raza. Añádese á esto la cir- 
constancia de que mientras, durante largos siglos, otros pue- 
blos, europeo?, Alemania, Francia, Italia, España, por ejem- 
plo, fueron presa de una yerdadera anarquía, que no otro nom- 
bre merece aquel trasiego de tribus in vaseras y aquel quitar 
y poner hombres en el trono, y aquel unificar reinos que du- 
raba en tanto que el último tercio ó la postrera compañía del 
ejército del rey ó del príncipe transponía la frontera, Inglate- 
rra normalizaba su situación política, asentaba la dominación 
de una estirpe monárquica que vigorizaba el Estado, y se com- 
¡H'enderá que en épocas en que muchas naciones europeas 
no habían podido constituir un gobierno estable que se atre- 
viera á encamar en leyes obligatorias las costumbres, los ubob 
y los estatutos de gremios y corporaciones, ya los reyes sajo- 
nes y normandos hubieran legislado profusamente en materias 
industriales. 

Se proclama y ensalza con demasiada frecuencia el indivi- 
dualismo del pueblo inglés, oponiéndole por ejemplo á lo que 
se ha dado en llamar estatolatria de los franceses y aun de los 
alemanes, y por cierto que si únicamente se hubiera de juzgar 
por la riqueza de legislación, de la mayor ó menor interven- 
ción del Estado en la esfera que se denomina privada, más 
razonable sería la conclusión contraria. Lo que, en nuestro en- 
tender, hay aquí, es que en Inglaterra existe una gran inicia- 
tiva de los particulares, que forzosamente, ha de traducirse en 
pluralidad de normas legislativas que respondan á una vida 
tan llena, mientras que en la mayor parte de los pueblos del 
continente europeo esperan del Estado el impulso, el exci- 
tante que á la masa suele faltar. 

Las corporaciones de artes y oficios son antiquísimas en la 
Gran Bretaña. Sumner Maine (1) pretende que las Craft Ghilds, 
que se remontan á los primeros tiempos de la Edad Media, 
tuvieron su origen en las tribus primitivas y en la comunidad 

(1) Lecture9 on té carly kUtory of iruHhttiont, VIH. 



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238 BBVIBTA DB LBGI8LACIÓN 

de loB bienes que practicaron, como común era el lazo del (>a- 
rentesco que unía á bub miembros. Aquellas asociaciones para 
fines industriales y mercantiles aparecen con marcado carác- 
ter en el siglo xn. Los tejedores de Londres fueron los prime- 
ros que se constituyeron en asociación ; siguiéronles de cerca 
los de Nottinghan, York, Huntinghon, Lincoln y Winchester^ 
(jue recibieron cartas de privilegio de Enrique I y Enrique II, 
en cambio de las cuales se comprometieron á pagar un tributo 
anual á la Corona, que en muchas ocasiones les auxilió en la 
lucha sostenida con los burgueses de las ciudades, que no yeian 
con buenos ojos que se sustrajesen los artesanos á su autori- 
dad. Este apoyo no fué nunca gratuito; está probado que los 
reyes normandos eran meros cmdottieri^ que así servían á las 
corporaciones ó á los burgueses, según mejor pagaban unos ú 
otros sus servicios militares. Por último, en los siglos xm 
y XIV se declara la victoria por las ghildas, llegando á ser 
tan consideradas, que el mismo Rey Eduardo III se inscribió 
como miembro en una de ellas; ejemplo que imitaron después 
algunos de sus sucesores y no pocos nobles del s Reino. Estas 
asociaciones no tuvieron un carácter cerrado en sus comien- 
zos; el que prometía aceptar las cargas y someterse á los esta- 
tutos, era admitido como compañero; más tarde se registran 
corporaciones exclusivas que limitaban el númerode sus miem- 
bros y prohibían á los artesanos no incorporados el ejercicio 
de sus oficios. 

Proponíanse las ghildas de estos tiempos, dos fines principa- 
les: la buena confección de los productos y el bienestar moral 
y material de sus adherentes. A ello dedicaban los fondos so- 
ciales, compuestos de las cuotas de entrada, las multas y las co-. 
tizaciones de los asociados, eventuales primero, y sólo exigidas 
cuando se experimentaba la necesidad, como enfermedad, in- 
digencia de los miembros, y regulares más adelante. 

Por supuesto que no llegaban al grado de compañeros y no 
formaban desde luego parte de la asociación, los que no hubie- 
ren hecho un aprendizaje más largo que en las demás nacio- 



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LA CUESTIÓN OBRERA Y LAfi LEYES 289 

nes europeas en donde existían corporaciones; como que du- 
raba siete años. 

Los estatutos de estas ghildas eran tan minuciosos y tan 
reetrictivos como los de las corporaciones alemanas y austría- 
cas que hemos detallado, llegando en alguno de ellos á lo que 
fué bastante raro en aquellas dos naciones, á fijarse el precio 
de la mano de obra por los Wardem ó maestros jurados; prece- 
dente que siguieron al pie de la letra ciertos reyes britanoSy 
como lo comprueba la Ordenanza de Eduardo III, dada á raíz 
de la famosa peste negra, en la que prescribe «que todo indi- 
viduo valido, hombre ó mujer, de menos de sesenta años, que 
no fuera comerciante, artesano, rentero ó cultivador, estuvie- 
ren en la obligación de trabajar la tierra si á ello fuera reque- 
rido, prohibiéndole expresamente exigir un salario superior al 
antiguo, y llegando hasta castigar con multa al propietario 
•|ue benévolamente se le ofreciera. Eduardo III no se detuvo 
aquí, dos años después tasaba las retribuciones de los labrado- 
res, de los carreteros y de otros artesanos, al mismo tiempo 
que obligaba á los zapateros, á los sastres, á los herradores y á 
loe silleros á someterse, en la práctica de sus oficios, á condi- 
dones determinadas, castigando con severas penas á loe con- 
traventores. Ricardo II encargó á los jueces de paz que señala- 
sen la tarifa á que debieran arreglarse los ^alarios de muchos 
obreros, y de tal modo exageró la misión intervencionista del 
Estado, que prohibió á todo artesano ó criado abandonar el 
Htmdredf en donde moraban, sin un permiso que contuviera el 
nombre del lugar de su nuevo destino, y la época del retorno, 
decidiendo además que. todo niño dedicado al trabajo del 
campo hasta los doce años, permaneceria durante su vida en- 
tera iníeudado á la agricultura. 

Poco conocida la historia de los primeros tiempos del mo- 
vimiento corporativo en Inglaterra, no podemos descender á 
majorea detalles; sin embargo de los estudios hechos (1) acerca 

(1) Br«ntano, Las gkilda» de artetanot en la época pretenUt Leipsig, 1872. — 



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DE LEGISLACIÓN 

itre las asociaciones de obreros in- 
lania, Austria y Francia, existen 
son el no hallarse tan extendidas 
3, el que no gozaban funciones le- 
dad alguna por lo que respecta á 
ia, que era regulada por el Estado 
y el no disfrutar de privilegios tan 
Bes nombrados. 

itinúa afirmándose la acción regla- 
a industria, si no mediante leyes 
B particulares para cada rama del 
1. La tendencia que se descubre en 
principalmente hasta concluir el 
L consumidor contra los fraudes y 

asegurando la buena calidad y el 
i. 

ron los pesos y medidas, se deter- 
le debia encontrarse el producto 
so de la marca de fábrica, se tasa- 
Br más fácil la inspección y más 
ie los artesanos, el Estado fomentó 
ios, aun cuando con un sentido li- 
ban facultados para decidir acerca 

reunir el que solicitaba el ingreso 
[inariamente justificar que había 
sndizaje. La inspección acerca del 
is dictadas se encomendó á los jue- 
3S locales. 

corporaciones fueron investidas de 
I lo relativo á la bondad del pro- 
les los abusos, que hubo necesidad 

*c{al de Inglaterra, Leipzig, ISSk — HowaU, 
>ndre8, 1878. — Schdnberg, Manual de Boomo - 



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LA CUESTIÓN OBRERA Y LAS LEYES 241 

•de privarles de ella, y únicamente algunas la conservaron por 
vía de privilegio. 

Desde la segunda mitad del siglo xv regístranse prescripcio- 
nes legales encaminadas á asegurar suficientes medios de sub- 
sistencia á los artesanos cuyos intereses se veían comprometi- 
dos por la competencia de los obreros extranjeros establecidos 
en el país, no sujetos á cargas de las corporaciones y tributos 
del Estado que agobiaban á los nacionales. 

Bajo los primeros Tudores, Enrique VII (1485-1509) y Enri- 
que Vin (1509-1547), la tutela del trabajo nacional, el intento 
de reservar el mercado interior á la producción nacional y de 
promover el desarrollo de las industrias de exportación, fué el 
principio dominante en la política industrial y comercial de In- 
glaterra. La nación que en el siglo xix había de ser el más fuerte 
baluarte del libre cambio, dejóse influir en el xvi por los pre- 
juicios que fueron natural consecuencia del monopolio del co- 
mercio 4e las Indias orientales en Italia, y el de las occidenta- 
les en España, y aspirando á vender sin comprar, según las 
doctrina de los Scaruffi, Serra, Adam de la Parra y Barbón de 
Castañeda, informó en el siglo xvi su política industrial en la 
protección de las artes nacionales y su comercio en el más puro 
mercaniilismOy que tomó carne y vida en numerosos privilegios, 
de carácter monopolístico, concedidos á empresarios y corpora- 
ciones, á ciudades y condados. Dictáronse á este efecto infini- 
dad de leyes, muchas de ellas contradictorias, imponiéndose 
por tal causa la necesidad de introducir un elemento de orden 
€n tal cúmulo de disposiciones. 

A esta obra intentó darle cima la célebre reina Isabel (1858 
1603), en cuyo tiempo se realizaron grandes trabajos de unifica- 
ción, entre los cuales merece mención especialísima el Estatuto 
que lleva su nombre, llamado también Ada sobre el aprendizaje 
(1562), que formalmente ha estado en vigor hasta pasado el año 
de 1814. 

De él extractaremos las prescripciones más importantes. 
Ninguna persona podía ejercer un arte que requiriese cierta 

TOMO 83 11 



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'^w-lJJJ^ ' 



REVISTA DE LEGISLACIÓN 

lilidad técnica, ni ser empleada como oficial ni compañero^ 
es de verificar un aprendizaje de siete años á lo menos. Toda 
ísano, vecino de una ciudad ó residente en una localidad 
derechos corporativos, ó habitante en un lugar de merca- 
, estaba facultado para tener aprendices durante el tiempo 
io, y á excepción de los hijos del maestro, no podían in- 
>ar como aprendices los mayores de veintiún años, ni aque- 
cuyos padres carecieran de toda clase de bienes. 
En ciertas industrias debía existir proporción entre el nú- 
o de aprendices y el de oficiales en interés de éstos, esta- 
íiéndose que el que quisiera tener tres de aquéllos, habría 
)cupar, por lo menos, uno de los últimos. Nadie podría to- 
• á su servicio un operario por menos de un año, y ambas 
tes estaban autorizadas para rescindir el contrato, avisán- 
3 con tres meses de anticipación. 

La jornada de trabajo se fijaba en doce horas durante el es- 
y desde el despuntar el ^ba hasta la noche en invierno, 
el intervalo de dos horas y media para comida y descanso 
a primera de dichas estaciones, y de dos en la segunda. La 
, del salario había de ser establecida por los jueces de paz y 
magistrados de la ciudad en las sesiones de Pascua de cada 
; estas mismas autoridades eran competentes para enten- 
en las controversias entre patrones y aprendices, y para 
cer la tutela de derechos de éstos. 

lun cuando, según la interpretación más seguida, se apli- 
i la ley únicamente en las ciudades y localidades que tenían 
írecho de establecer corporaciones y para las industrias exis. 
es en 1562, época de su publicación, de hecho se extendió 
Jos los pueblos y á todos los ramos de la actividad econó- 
si productiva. 

f a reinando Isabel, el Parlamento consideró abusiva la 
lesión de monopolios y privilegios por parte de la Corona, 
sta el Alto Cuerpo dictó algunas medidas, dirigidas á impe- 
a continuación de tal exceso de atribuciones del Jefe del 
do; pero como, á pesar de todo, continuaba dominando el 



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LA CUKBTIÓN OBBERA Y LAS LEYES 243 

aboso, en el reinado de Jacobo I, el Parlamento votó el Esta- 
tuto 21 (1629) (1), en el cual se declaraban nulas las concesio- 
nes hechas, ó que pudieran hacerse en lo porvenir, de autoriza- 
dones, cartas, letras, patentes de monopolio para la venta, fa- 
bricación ó uso de productos del trabajo, reservándose la apro- 
badón de las sucesivas á aquel Alto Cuerpo. 

En Inglaterra venia ya de muy atrás una contradicción en- 
tre el que podemos llamar régimen nacional y el internacional 
de las artes del trabajo, ó sea entre la industria del país y el 
oomerdo de los productos en ella con el extranjero, puesto que 
mientras que desde el siglo xvi se afirma la política mercanti- 
lista ó de protecdón á todo trance en las relaciones del comer- 
cio de nadón á nación, se delinea lo que después había de de- 
nominarse sistema del laUsezfaire en la organización legal de 
la industria de producción. Esto se acentúa con vigor en los 
siglos XVI y xvn; entonces las medidas prohibitivas, las dispo- 
sidones que eran directa consecuencia de la famosa teoría de 
la Balanza de Comercio, menudeaban; entretanto, en el régi- 
men interno de las profesiones económicas, prevalecía la polí- 
tica liberal. Es verdad que son escasísimas, por no decir nu- 
las, las derogaciones de las leyes anteriores, cosa perfecta- 
mente explicable en un pueblo tan respetuoso exteriormente 
de la tradidón; pero en cambio, el desuso en que cayeron sus 
dispodciones las redujo á la más absoluta impotencia, y, por 
de pronto, en la lucha encarnizada de los gremios con la indus- 
tria libre, de la grande con la pequeña fabricación, de los sos- 
tenedores de lo antiguo, con todos sus privilegios y limitacio- 
nes, con los propagandistas de lo nuevo^ con su espíritu de li- 
bertad y de igualdad, el Estado supo mantenerse estrictamente 
neutral; de donde resulta ese ex1;raordinario crecimiento de las 
industrias libres y ese casi aniquilamiento de las corpora- 
dones. 

(i) KleinAchord, La UgulatUn de la Oran Bretaiía, pág. 68. 



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r7^ 



244 REVISTA DE LEGISLACIÓN 

En los comienzos del siglo actual aparece Inglaterra como 
el portaestandarte de la libertad económica. El movimiento li- 
beral que en el Estado hemos visto iniciado y gradualmente 
desenvuelto en las centurias anteriores, robustecido por la opi- 
nión pública, que, como es sabido, goza de toda su legítima 
influencia en el país británico, no se detuvo ya ante ningún 
género de' preocupaciones, y no se contenta con que el no uso 
prive de eñcacia á leyes que pugnan con las creencias y loa 
hábitos de la época moderna, sino que pronuncia francamente 
su abolición. Así vemos desaparecer las antiguas disposicio- 
nes legales de carácter restrictivo, y así cae el Acta sobre el 
aprendizaje de 1562, francamente derogada por un Estatuto del 
tiempo de Jorge III (1814), como son abolidos formalmente los 
privilegios de las Corporaciones por la ley municipal de 1835, 
en cuyo art. 14 se establece «por cuanto en ciertas ciudades y lo- 
calidades incorporadas se ha introducido por costumbre ó pres- 
cripto por especiales estatutos, que ninguna persona que no 
estuviera en posesión de las libertades cívicas ó no fuera miem- 
bro de una Corporación ó de una ghilda, no pudiera tener 
tienda abierta ó ejercer una profesión: todos estos privilegios 
exclusivos serán desde ahora suprimidos.» 

Sin embargo, no se crea por esto, como suele acontecer muj 
de ordinario, que en Inglaterra el Estado es antirreglamenta- 
rista, no. Precisamente la práctica de la verdadera libertad 
exige del lado de la institución política garantías eficaces para 
los derechos de todos los ciudadanos. Inspirado, pues, en una 
política liberal, el Estado ha dictado múltiples disposiciones, 
encaminadas á proteger la libre realización de la vida de los 
individuos y de las asociaciones, y, por tanto, el ejercicio de 
las profesiones económicas sin perjuicio para nadie; cosa que 
resulta necesariamente de la práctica de la verdadera libertad. 
Por eso el Estado ha proveído por medio de leyes á la regla- 
mentación de los privilegios industriales y de los derechos de 
autor, á proteger al público contra los establecimientos moles- 
tos é insalubres, contra los fraudes, los abusos y otros daños y 



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LA CUESTIÓN OBRERA Y LAS LEYES 245 

menoscabos, á asegurar un buen ejercicio de la industria, y, 
sobre todo, á establecer un sistema tutelar del operario. 

• Daremos rápida cuenta de las primeras, reservando un ma- 
yor espacio para las que i^caen de lleno sobre nuestro asunto. 
Gneist (1) resume dichas prescripciones en la forma siguien- 
te: Para evitar y perseguir los fraudes se han dictado las Ac- 
tas 6.* y 7.* de Guillermo IV, c. 37, que prescriben que los pa- 
naderos no podrán, bajo la pena de multa de cinco á diez li- 
bras esterlinas y la publicación del nombre del contraventor, 
vender pan sino al peso, excepto el llamado de lujo ó de fan- 
tai^; que habrán de tener á la vista del público las pesas y las 
balanzas; que el pan que no sea de grano deberá estar mar- 
cado con una M; que no podrá elaborarse este artículo después 
de la una y media de la tarde, ni venderlo en domingo. Se en- 
carga á los jueces de paz que visiten personalmente de tiempo 
en tiempo las panaderías, para asegurarse del cumplimiento 
de estas disposiciones. Asimismo, según el Acta 36 de Jor- 
ge lil, c. 85, los molineros han de tener á disposición de sus 
clientes balanzas con pesas contrastadas; exponer al público 
la tarifa de precios, y si se les requiere á ello, pesar el cereal y 
la harina que con él se ha obtenido, debiendo ser objeto de 
frecuentes visitas por parte de los funcionarios expresados. 
También son pertinentes al caso las Actas 42, de Jorge 1X1,0. 38, 
y las 38 y 39 de Victoria, c. 62 (Adulieration offood and drug- 
sact)^ que señalan la penalidad en que incurren los que falsi- 
fícan ó adulteran géneros alimenticios, bebidas, medicinas do 
uso interno y externo y otras análogas. 

Para asegurar al público contra abusos y otros daños, cier- 
tas profesiones están sujetas á rigurosas prescripciones, á ins- 
pecciones facultativas y algunas no pueden ejercerse sin pre- 
via autorización (la farmacia, la matanza de animales comes- 

(1) La Crmstitucián comunal ingUta. — La Auto. — Administración. — Derecha 
udminMtrativo. — V. Además Stephens. — N%ievo9 comentarioa á la* Icyet de Jn- 
fUtUrrm; 188S. 



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REVISTA DE LEGISLACIÓN 

pieza de chimeneae, las fábricaa de pólvora y otros 

s 3 y 4, 27 y 28 de Victoria, c. 85, por ejemplo, 
eceptos sobre la construcción de chimeneas; pro- 
como aprendices á muchachos menores de dieci- 
mplear en trabajos peligrosos á los que ho hayan 
ñnticinco, y determinan que estás industrias ne- 
asión de la policía. 

mmerosas prescripciones enderezadas á introducir 
y normalidad necesarios en el ejercicio dé algunas 
'. gr., en la fabricación de ladrillos y tejas, de bo- 
jhillos, y en la industria lanera, 
instalación de establecimientos peligrosos, mo- 
lubres, es preciso previa autorización, 
len al respeto de determinadas prácticas religio- 
bablecido que, salvo escasisimas excepciones, no se 
ibajo alguno en los días festivos; por cierto que si 
no es muy escrupulosa en esto, en cambio son ra- 
ontravenciones. 



* * 



onstituye verdaderamente para Inglaterra un tí- 
>r; lo que le recomienda á la admiración por una 
[>tra á la gratitud de cuantos sienten con el obrero, 
da suerte, piensan con él que es preciso y urgente 
) la situación angustiosa en que suelen á menudo 
despiadadas pretensiones del capitalismo y quie- 
oner todos los medios que sean conducentes á con- 
3ueda gozar con la amplitud necesaria de las ale- 
i y placeres honrados, es su célebre legislación so- 
3as (Faciory acts), Desde.que el siglo xix comienza 
e inicia en esta nación, la más civilizada, la más 
industrial de Europa, una campaña legislativa en 
Qoralidad, de la educación, de la higiene, del buen 



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LA CUESTIÓN OBREBA Y LAB LEYES 247 

^iyir del operario, que responde á un marcado movimiento de 
la opinión en este sentido. 

Cómo en ningún otro pais del mundo, egrtaba Inglaterra en 
condiciones de realizar esta gran obra legislativa. La experien- 
cia industrial de algunos siglos, la práctica del selfgovernmenij 
la política x>fitemal de sus Gobiernos, la brillante pléyade de 
teóricos economistas que difundieron por todas partes las doc- 
trinas de la ciencia, el desarrollo de la educación popular, 
y más que todo el espíritu práctico que la ha distinguido y la 
distingue, fruto de un conocimiento exacto de lo que significan 
en las nuevas leyes de la tradición y del progreso, colocaban 
á la nación insular en excepcionales circunstancias para rea- 
lizar una empresa que exige tantos bríos y que ha de producir 
tan transcendentales consecuencias. 

La lucha para formar la opinión acerca de la necesidad de 
las reformas que la legislación de fábricas entrañaba, fué, no 
obstante, formidable. Brentano, el eminente economista ale- 
mán, la describe de mano maestra en su libro la GuesHón obre- 
ra (i). «De un lado, dice, estaban los operarios teniendo á 
su frente algunos fabricantes radicales y algunos iorys filan- 
trópicos: del otro la gran mayoría de los industriales, de los 
liberales doctrinarios, y sobre todo, de los partidarios de la 
escuela llamada de Manchester. De parte de los obreros se ad- 
vierte en esta lucha un heroísmo y un espíritu de sacrificio 
admirable, que la salvaje desesperación de algunos de ellos 
hizo resaltar: los fabricantes, por el contrario, empleaban cuan- 
tos recursos tenían á su disposición, que eran tantos como sus 
riquezas, para desnaturalizar la verdad ér imponer silenció á 
las exigencias más imperiosas de la humanidad, y al mismo 
tiempo la escuela de Manchester invocaba los argumentos de 
Adam Smith contra la intervención del Estado, y en somlwías 
profecías hacía entrever un porvenir económico amenazador 
para Inglaterra, en el caso de que las leyes sobre las fábri- 

(í) Brentano, La qucMtion ouviére, tr. de L. Ganbert; Paria, 1865. 



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REVISTA DE LEGISLACIÓN 

as. Los fabricantes defendían palmo á palmo 
íontra las reclamaciones de los obreros, y ea 
s, los obreros hubieron también de luchar con 
ger á sus mujeres y á sus hijos contra la des- 
cidad de los patronos. Pero la resistencia obs- 
>ricantes exigiendo qu« en cada clase de fabri- 
. la prueba de que la legislación era necesaria, 
sncer á la opinión de la situación espantosa en 
3 se encontraban, y para demostrar el absurdo 
) la escuela de Manchester. » 
5 que desde 1802 no se ha cesado de promiü- 
! reglamentando las horas de trabajo, las ta- 
res y de los niños, la higiene y salubridad de 
tableciendo y reforzando la inspección guber- 
r porque las leyes tuvieran plena aplicación, 
aeros treinta años de este siglo, las prescrip- 
tra muerta casi por defecto de la inspección: 
cales encargados de designar las personas q\nt 
irlas, descuidaban de intento ó por pura ne- 
mplimiento de su deber, y la ley estaba do 

ívertió esta facultad al Gobierno, y entonces, 
uficiencia del personal, se logró algún resulta- 
ú celo que ponían tales funcionarios en el ejer- 
iones, todavía los fabricantes encontraban me- 
ley, sobre todo en cuanto á las horas de tra- . 
, y hubo precisión de que se produjera un for- 
ento en las elecciones de 1839, para que pocos 
1844, se dictara la segunda gran ley de las 
reforzó considerablemente el poder de los ins- 
guió impedir el fraude de los falsos relevos, 
L duración de la tarea obrera encomendada á 
jóvenes comenzara á contarse desde el mo- 
el principio de su trabajo, y determinando que 
I las industrias reglamentadas, de doce horas». 



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LA CUESTIÓN OBRERA Y LAS LEYES 249 

En 1850 86 promulga el Acta que se ha llamado, no sin ra- 
zón^ 1^ Orcm Carta de la legislación industrial de Inglaterra. 
En ella, que fué consecuencia del bilí de Sir George Gre}, 
se fija la duración de la jornada, para los jóvenes y las mujeres 
ea la industria textil, en diez horas y media: en cuanto al tra- 
bajo de los niños continuaba en vigor la de 1844. Es muy im- 
portante observar que al establecer este número de horas para 
las categorías de obreros protegidos, virtualmente venía á de- 
terminarse la misma para los adultos; porque siendo las opera- 
ciones industriales estrechamente conexas, es imposible en la 
práctica hacer que trabajen en el taller un grupo de obreros 
cuando los otros están ya en libertad. 

Desde 1850 á 1864 la reglamentación no se aplica más que 
á la industria textil. Cierto es que en 1845 se había dictado 
una ley bobre el trabajo de las imprentas, y en 1860 se votaron 
Actas acerca de las condiciones de las labores en el lavado y la 
tintorería; pero como se autorizaba el trabajo en horas suple- 
mentarias, no cabe duda de que aquellas disposiciones queda- 
ron sin efecto. 

En 1864, á consecuencia de un dictamen de la Comisión 
parlamentaria del trabajo de los niños, se hizo extensiva la le- 
gislación vigente á otras industrias, por ejemplo, á las manu- 
facturas de porcelana, de cartuchos, de cápsulíw, etc., y tres 
años más tarde se amplió la lista. El año de 1867 es próvido 
en la materia, pues que en un día se publicaron dos nuevas le- 
yes, la Extensión aci y la Workshop act. 



De intento destinamos un artículo especial á la exposición 
de lo que no dudamos en calificar de ley orgánica del trabaja 
en Inglaterra: aludimos al Acta 41 de Victoria, fecha 27 de Mayo 
de 1878, en la que fueron comprendidas y coordinadas, ó, como 
dicen los ingleses, Consolidated , todbs las actas precedentes pro- 



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^50 REVISTA DB LEGISLACIÓN 

mulgadas durante los setenta y seis años del siglo actual que 
precedieron al en que se publicó la ley á que aludimos. 

Disposiciones concernieníes á la protección de la vida y de la 
salud de Iob operarios, — Las fábricas y los talleres deberán estar 
siempre convenientemente limpios y ventilados (art. 3.^). 
Siempre que un inspector hiciera constar una omisión punible 
ó que diera lugar á una medida coercitiva con arreglo á las 
leyes de sanidad pública, en cuanto se refiera á cuidado de ca- 
nales subterráneos, letrinas, depósitos de inmundicias, servi- 
cios de aguas, informará de ello á la autoridad de la localidad, 
que dictará las órdenes convenientes para asegurar la observan- 
cia de la ley (art. 4.*^). Los montantes bajo los cuales haya pre- 
cisión de pasar ó de trabajar, los volantes y transmisiones de 
las máquinas, y en general las diferentes partes de las mismas, 
estarán provistas de las defensas necesarias; los engranes se 
aislarán de los sitios por donde circulen los obreros por los 
medios más adecuados. Los órganos de transmisión serán colo- 
cados de modo que aquéllos no estén más expuestos que lo es- 
tarían si se los proveyera de una cubrición á propósito (art. 5.®). 
Cuando el inspector observe que en una fábrica de motor me- 
<5ánico, uno de sus órganos, al cual no sean de aplicar las dirj- 
posiciones anteriores, constituya por falta de la conveniente 
defensa, un peligro para los operarios, requerirá por escrito al 
patrono para que le ponga en estado de inocuidad. Este podrá 
solicitar que se remita la cuestión á arbitros. Si éstos deciden 
que no es necesario ó posible aislar el mecanismo, el requeri- 
miento quedará sin efecto y correrán á cargo de la adminis- 
tración todos los gastos: si el patrono no aceptli el arbitraje ó 
no nombra juez de su parte, ó si los arbitros deciden que es 
posible y necesario poner á la máquina en el estado propuesto 
por el inspector, entonces el patrono habrá de atemperarse á la 
resolución del inspector, ó conformarse con la sentencia arbi- 
tral, aun cuando sea modificativa de la decisión de aquél (ar- 
tículo 5.^). En el caso de que el inspector advierta que un es- 
tablecimiento industrial (fábrica ó taller), en el cual trabajan 



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LA CVJSSnÓS OBRERA Y LAS LEYE8 251 

niños menores de catorce año8 ó adolescentes (de catorce á 
dieciocho), existen aparatos que puedan poner en peligro so 
vida, requerirá al patrono para que tome las precauciones 
oportunas (art. 7.^). Se prohibe que los niños limpien en las 
fábricas de motor mecánico, las piezas del mecanismo cuando 
ertté en movimiento. Los adolescentes y las mujeres (casadas ó 
no) no podrán ser destinadas á limpiar los órganos de trans- 
misión ú otras piezas análogas mientras estén en función las 
máquinas: tampoco trabajarán en el espacio comprendido en- 
tre las partes movibles de las máquinas automáticas que se en- 
cuentren en movimiento. Si una persona es muerta ó herida por 
culpa de un patrón que no hubiere procurado el aislamiento 
de loe mecanismos peligrosos, se impondrá á éste una multa 
hasta de cien libras esterlinas, aplicables en todo ó en parte á 
indemnizar á la persona lesionada ó á la familia del difunto, 
ó á otro cualquier fin determinado por el Secretario de Estado 
(art. 82.) 

Disposiciones relativas al trabajo de los niños y de las mujeres. 
— ^£n las industrias textiles habrá de someterse su trabajo á las 
reglas siguientes: durante la semana, excepto el sábado, la 
jomada comenzará á las seis ó á las siete de la mañana, según 
las estaciones, y terminará á las seis ó á las siete de la tarde: 
el sábado, si el trabajo empieza á las cinco de la mañana y se 
les da á los obreros una hora de descanso, la tarea en las fá- 
bricas cesará á la una del día, y fuera de ellas á la una y 
media; cuando el descanso sea menor de una hora en las fá- 
bricas, concluirá el trabajo á las doce, y en los demás talleres 
Á las doce y media; si comienza á las siete de la mañana el 
trabajo en las fábricas, terminará á la una y media, y fuera de 
ellas á las dos de la tarde. El descanso se contará dentro de 
las horas de trabajo, y será el sábado de media hora por lo 
menos, y los demás días de dos horas, una de ellas precisa- 
mente antes de las tres de la tarde. Los muchachos y las mu- 
jeres tendrán media hora de descanso cada cuatro y media de 
i;area (art. IV). Los niños no podrán ser empleados más que 



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REVISTA DE LEGISLAaÓN 

da en cada día ó una entera cada dos. Esta media 
enzai'á, salvo el sábado, por la mañana á la ínisma 
de los muchachos, para concluir al mediodía ó 
á la una, y por la tarde empezará á estas horas y 
la misma que la de aquéllos. El sábado será igual 
otros. No se obligará á los niños á trabajar por la 
3r la tarde dos semanas consecutivas, ni dos sába- 
, ni el sábado cuando durante la semana hubieran 
la labor durante cinco horas y media seguidas. Los 
abajen el día entero, no podrán hacerlo dos conse- 
os mismos días en dos semanas seguidas. En nin- 
les obligará á trabajar, sin descanso, más largo 
los muchachos (art. 12). En otras fábricas que no 
filados, la jornada de trabajo de los jóvenes y de 
y en los talleres, la de los primeros, estará com- 
itre las seis ó las siete de la mañana é iguales 
tarde, y el sábado desde dichas horas á las dos. 
5 de descanso durante el día serán de hora y media ^ 
en la forma antedicha. Después de cinco horas de 
media de descanso (art. 13). Los niños no traba- 
ae medio día; pero cuando se conceden en el esta- 
dos horas de reposo en el día, entonces podrán 
•nada entera en días alternos. Respecto al comienzo 
3 labores, rigen las disposiciones de que hemos 
ion más arriba, lo mismo que en cuanto á la alter- 
as y de semanas (art. 14). 

alleres en que trabajen mujeres, niños y mucha- 

ición y las condiciones de la tarea serán para las 

lales que para los últimos. En aquellos en donde 

is solas, la jornada podrá comenzar á las seis de la 

)ncluir á las nueve de la noche, exceptuando el 

terminará á las cuatro. Dentro de este tiempo 

uatro horas y media de libertad y el sábado de dos 

podrán emplearse niños y muchachos en un ta- 

aviso del patrono al inspector (art. 15). El Secre- 



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LA CUESTIÓN OBRERA Y LAS LEYES 263 

tario de Estado, previa justificación, autorizará, en las indus- 
trias de motor hidráulico, por orden especial, que el trahajo 
de aquéllos comience á las seis de la mañana y concluya á las 
siete de la tarde, cuando sufra interrupciones por sequía ó 
inundación; pero no podrá reducirse el tiempo de descanso. 
La autorización no se extenderá á más de noventa y beis 
días al año, en caso de interrupción por sequía, ni á más 
de cuarenta y ocho en el de inundación, ni en ningún caso á 
más días que los perdidos durante los doce últimos meses 
(art. 57). 

No regirán las prescripciones anteriores en los estableci- 
mientos industriales instalados en locales que sirvan al propio 
tiempo de habitación y en donde trabajen solamente los 
miembros de una misma familia y no se empleen motores 
mecánicos. En éstos la jomada de los jóvenes puede comenzar 
á las seis de la mañana y concluir á las nueve de la noche, y el 
sábado á las cuatro y media. Los jóvenes habrán de disfmtar 
durante el día de un descanso de cuatro horas y media, y el 
sábado de dos y media. Los niños trabajarán desde las seis do 
la mañana hasta medio día, ó desde esta hora á las ocho do la 
noche, y el sábado hasta las cuatro de la tarde, guardándose las 
mismas prevenciones que en las fábricas respecto á la alterna- 
tiva de los trabajos y descansos (art. 16). 

Salvo una excepción formal, deben ser las horas de comida 
iguales para los niños, los muchachos y las mujeres empleados 
en un establecimiento industrial. Ninguno de ellos podrá en 
estas horas dedicarse al trabajo en la fábrica ni permanecer 
•en ella (art. 17). 

Los patronos están obligados á fijaren los sitios más públicos 
de su establecimiento las prevenciones de la ley respecto á la 
duración de la jomada y á las horas de comer, así como el ré- 
gimen que entre los dos mencionados elijan para el trabajo de 
los niños. Una vez adoptada una regla, no se podrá variar sin 
previo aviso por escrito del inspector y anuencia á los opera- 
rios, ni será modificada más de una vez dentro de un periodo 



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[8TA DE LEGISLACIÓN 

ctor está autorizado para conceder ex- 
esta prescripción (art. 19). 
los establecimientos industriales niños 
art. 19). 

mismo éstos que los muchachos y las 
i los domingos (art. 21). Los jóvenes 
ios y los niños no podrán trabajar en 
te días, ó de trece, en el caso de que el 
istancia mayor de tres millas, si el pa- 
íertificado en el cual conste que tienen 
para dedicarse á las operaciones á que 
lados (art., 27). Cuando el inspector crea. 
m menor de dieciséis años no se halla 
) para trabajar diariamente durante el 
rica ó taller, puede ordenar al patrono 
rea de uno á siete días, debiendo éste 
3n tanto que el médico no certifique 
arecer contrario al del inspector (ar- 

%8 á la instrucción de los niños empleados 
>adres de éstos, los tutores y los que en 
«jgo la guarda legal de los menores, 
ricularse y asistir á una escuela oficial- 
ognised efficient School) , entendiéndose 
)úblicas elementales, calificadas en las 
sobre educación elemental; las de los 
inficientes por el Locál-govemment hoard; 
idas por el Education deparimeni^ y las 
ispectores consideren como completas 
i]l niño que trabaje medio día asistirá 
á la escuela; el que trabaje uno entera 
)s que medien entre los de tarea en la 
nenzarán á las ocho de la mañana y 

1 la tarde, con los intervalos convenien- 
08 á concurrir á la escuela en los días 6 



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LA CUESTIÓN OBRERA Y LAS LEYES 255 

medios dias de yacación que les den los patronos. El niño que 
hubiera faltado á la clase obligatoria, será dispensado en la 
eenaana siguiente de tantos dias de trabajo cuantos fueron los 
que dejó de asistir á la escuela (art. 23). El patrono que em- 
plee niños en una fabricación se proveerá de un certificado 
semanal del director de la escuela, en donde conste que asis- 
ten á la escuela en los dias de obligación. Estos certificados 
serán exhibidos siempre que el inspector lo requiera (art. 24). 
El maestro de la escuela adonde asistan niños empleados en 
unja fábrica, podrá reclamar del patrono el pago de su honora- 
rio semanal por cada alumno, que no excederá de tres peni- 
ques, ó de la duodécima parte de su salario, y en este caso 
el patrono lo descontará del que entregue al niño obrero (ar- 
tículo 25). 

Disposiciones reglametUarias del Cuerpo de inspectores de la in- 
dustria nombrados y dirigidos por el Secretario de Estado. — La eje- 
cución de lo consignado en el acta que extractamos está con- 
fiada á dichos funcionarios. No pueden pertenecer al Cuerpo 
los patronos ó empleados ó los que tengan un interés directo ó 
indirecto en una fábrica, taller, industria ó comercio, ó en el 
privilegio de invención que se trate de inspeccionar. Dichos 
funcionarios serán dispensados de todo servicio parroquial ó 
municipal. Deben redactar anualmente informes de sus tareas, 
que serán sometidos á las dos Cámaras (art. 67). 

Los inspectores están autorizados para entrar de día y de 
noche en todos los locales de las fábricas y de los talleres en 
donde tengan motivos para suponer que se trabaja, y de día en 
cuantos sitios crean que deban considerarse como fábricas ó ta- 
lleres; para hacerse acompañar de un constable cuando presu- 
men que han de encontrar oposición; para requerir la exhibición 
de registros, certificados y otros documentos proscriptos por la 
ley, examinarlos y sacar copia; para verificar cuantos actos de 
investigación fueran conducentes á averiguar si la ley se cum- 
ple; para entrar en las escuelas á donde asisten los niños que 
trabajen en las fábricas; para examinar, solos ó en presencia 



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DE LEGISLACIÓN 

3 se encuentre en una fábrica, taller 
tivos para suponer que sean emplea- 
ue contesten á sus preguntas, y cer- 
, verdad de las indagaciones practi- 
3uanto consideren conveniente á fin 
) la ley. Los patronos y sus agentes 
¡gados á suministrar á los inspecto- 
en de ellos para llevar á completo 
echo de oponer dificultades al ejer- 
is al cargo de inspector, será casti- 
multa (art. 68). No obstante las an- 
aspectores no podrán entrar, sin per- 
iles que sirvan al mismo tiempo d© 
dtación, á no llevar autorización és- 
ado, ú orden de un juez de paz, ex- 
ffidavit ó de declaración producida y 
1 apareciere que hay motivos para 
la ley industrial, el juez podrá ante- 
ar en dichos locales hasta por térmi- 
inspectores, de acuerdo con las ins- 
I Estado, nombrarán los médicos ne- 
1 de los preceptos de la ley (ar- 

/O industrial se fijarán á la entrada 
nados por el inspector carteles fácil - 
1 contener: las disposiciones de la 
io del inspector del establecimiento 
íspecto al médico comisionado para 
j que ha de servir para señalar las 
nso. Las contravenciones á este pre- 
Lulta hasta de 40 chelines (art. 73). 
ica deberá, dentro del mes en que 
o y bajo la pena de cinco libras es- 
al inspector de la denominación y 
•ección de las cartas que hayan de 



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LA CUESTIÓN OBRERA Y LAB LEYES 257 

remitírsele^ naturaleza del trabajo, especie y fuerza del motor 
mecánico y faz6n social del establecimiento (art. 75). 

Loe patronos de los establecimientos en donde trabajen ni- 
ños, muchachos ó mujeres, incurrirán, por contravenciones á 
la ley, en multa de tres libras esterlinas, ó cinco si las infrac- 
ciones fueran cometidas de noche; se rebajarán á una y dos 
respectivamente cuando se trate de talleres domésticos. Serán 
castigados con multa hasta de 20 chelines los padres de los ni- 
ños ó de los jóvenes empleados en un establecimiento indus- 
trial, en donde no se observen las prevenciones lógales, salvo 
que probaren que no han tenido parte en las contravenciones, 
y los que no manden á sus hijos á la escuela^ conforme á la 
ley (art. 78). 

En el país en donde más ha preocupado la cuestión de la 
protección legal del obrero no había de quedar irreglamentado 
algo que afecta de un modo directo á su salud y vida; nos re- 
ferimos á la responsabilidad de los patronos por lo que toca 
á los daños que sufran los operarios que emplean. 
• una ley de Óarlos II, mera reproducción de antiguas cos- 
tumbres feudales, declaraba responsable al empresario de 
cuantos perjuicios pudieran ocasionarse á las personas que es- 
tuviesen á BU servicio, aun cuando no fuera á su presencia, ó el 
sirviente no hubiera sufrido el daño en el cumplimiento de sus 
funciones, ó aun cuando le ocurriera desobedeciendo las órdenes 
recibidas. A esta exageración de la ley respondieron, andando 
el tiempo, exageraciones en sentido contrario de la jurispruden- 
cia de los tribunales y hubo necesidad de que tantas injusticias 
y contradicciones cesaran, para lolcual se dictó el Acta 43 y 44 
de Victoria, c. 42, que lleva por título: An act o extend and regú- 
late the hahility of employers io made compensaiion for personal in- 
juries suffered hy toorkmen in iheir Service^ promulgada en 7 de 
Septiembre de Í880, cuyas principales disposiciones son las sí- 
tomo 82 17 



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358 REVISTA DE LEGISLACIÓN 

guientes: al operario que ha sufrido daño ó en caso de muerte, 
sus causahabientes tienen derecho á indemnización, si ha sido 
consecuencia de defecto en el modo de trabajar ó en el material 
empleado, de negligencia en la direcci¿n de las labores por parte 
de los contramaestres ó jefes, de hechos de cualquiera persona 
empleada al servicio del patrono y á cuyas órdenes se encon- 
trara el operario en el momento del accidente, siempre que 
fuera resultado del mandato de aquéllos, de hechos de una 
persona empleada por el patrono que hubiera obrado en con- 
formidad con el reglamento de la fábrica ó en ejecución de ór- 
denes dadas á alguno en quien el patrono delegara su autori- 
dad, de negligencia de una persona encargada de las señales ó 
de la conducción de convoyes ó máquinas en los ferrocarriles 
(art. 1.^). No se debe indemnización: si los defectos ^n el modo 
de trabajar ó en el material empleado no pudieran ser descu- 
biertos y reparados por el patrono ó sus agentes; si los regla- 
mentos que fueron causa del daño hubieran sido aproba- 
dos por el Secretario principal do Estado, el Ministro de Co- 
mercio ú otro Centro oficial en cumplimiento de actas del Par- 
lamento; si el operario herido, conociéndolo que motivóel daño, 
no lo hubiera advertido al patrono ó á su representante, á no 
ser que supiera que ya tenían noticias de ello (art. 2.^). L« 
indemnización no podrá exceder del importe del salario trie- 
nal de un obrero . de la igual profesión que trabajase en el 
mismo distrito (art. 3.°) (1). 



(1) Bu inmediata relación con esta legislación sobre responsabilidad están 
los dos bilis Plimsolls, que boy tienen fuerza de ley desde 1880; uno por el 
que se exige & todo armador de buque la necesidad de señalar con una linea 
muy perceptible el punto basta donde ban de llegar las aguas en el casco, 
& ñn de evitar que la excesiva cafga pueda poner en peligro la vida de los 
tripulantes, y el otro que probibe la carga & granel de los cereales en los 
barcos, previniendo que se le estive en sacos ó cajas con el fin de evitar 
los mucbos naufragios que ocurre & consecuencia del desequilibrio que pro- 
duce la incUnación repentina de la carga h un costado ó á otro por la vio- 
lencia de los golpes de mai*. 



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LA CUESTIÓN OBREBA Y LAS LEYES 259 

Un aspecto interesantísimo de la legislación obrera en In- 
glaterra es el relativo al derecho de coalición de los operarios. 
Sabido es en este país, en donde la iniciativa del ciudadano 
raya muy alto, se ha llegado á practicar en grado supremo la 
asociación para conseguir fácilmente la realización de los dife- 
rentes fines humanos. No es maravilla, pues, que ya desde muy 
antiguo, convencido el obrero inglés de que la unión hace la 
fuerza, haya empleado el procedimiento asociativo para procu- 
rarse las mayores ventajas en la vida de privaciones que desde 
antiguo venía sufriendo. 

De esta necesidad de rebajar las horas de trabajo, de elevar 
la cuota del salario, surgieron en primer término las famosas 
Trades Unions, de historia tan conocida, que no es preciso mo- 
lestar al ilustrado lector con la reproducción de lo por él de so- 
bra sabido, quizá olvidado. 

Nosotros, en cumplimiento de nuestros propósitos, hemos de 
ocupamos meramente de cómo la ley inglesa, primero refracta- 
ria á cuanto significara asociación de obreros para influir en 
las condiciones del contrato de trabajo, llegó después á reco- 
nocerles este derecho elemental que tiene todo propietario en 
determinar por su parte el precio de lo que enajena ó alquiUi. 

Una legislación que remontaba á Eduardo III, y que fué 
confirmada por numerosos estatutos de la época de los Jorges, 
prohibía terminantemente las coaliciones de obreros para la 
defensa de sus intereses, infligiendo terribles penas á los con- 
traventores. Esta bárbara legislación fué seguramente causa de 
los sangrientos conflictos que ocurrieron entre fabricantes y 
obreros desde 1805 á 1824. Reconocido así por el Parlamento, 
dictó las Actas de 1824 y 1825, aboliendo la que había produ- 
cido tan honda perturbación; pero sin embargo de que consi- 
deraban legales las asociaciones denominadas Trades TJnionSy 
no les reconoce la personalidad civil, y sus bienes quedaban sin 
I»x>tección alguna. Se abrió un largo período de trabajo en favor 
de dicho reconocimiento, que no duró menos de cincuenta 
años. Una ley subsiguiente estableció que se permitiera ins- 



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REVISTA DB LEGISLACIÓN 

en el registro especial en la misma forma que la 
Soneiies, con la única reserva de que sus estatutos no 
ran nada de ilegal, y abroquelados con la opinión de 
3S jurisconsultos) como sir A. Cockburn, más adelan- 
Tustice, y del barón Rolfe, que había sido Lw^d Chance- 
oí nombre de lord Cranworth, los unionistas no po- 
iginarse que el hecho de declararse en huelga pudiera 
aprendido en aquella reserva. Una sentencia del Banco 
na vino á sacarles de su lamentable error, al declarar 
8 de Conspiracy (delitos de obstrucción déh comercio) 
)S de la huelga de los sastres. 

iiés de diversas peripecias se promulgó en 30 de Junio 
el Acta 33 y 36 de Victoria, c. 31 (to amend the lato 
o Trades'Unions), que declara completamente legales 
iedades y las define: «toda combinación temporal ó 
nte realizada para ]:egular las relaciones entre opera- 
tronos, ó entre operarios y operarios, ó entre patronos 
ios, ó para imponer convenciones que restrinjan el 
de cualquiera industria, que sin la presente Acta se- 
isideradas ilegales, como que oponen obstáculo á la 
de aquélla». Dispone que no puede ser perseguida en 
nguna persona por pertenecer á una Trade* Union, aun 
e propusiera obstruir una industria (art. 1.°); que no 
su carácter, serían válidos los contratos civiles cele- 
Qtre sus miembros (art. 3.*^). Sin embargo, no podrá 
tnada en juicio la ejecución d.e cláusulas estatutarias 
entes: 1) á la obligación contraída por los socios de 
no vender sus bienes^ de aceptar ó de rechazar ciertos 
ó ciertos géneros de trabajo: 2) al pago de multas: 3) 
posiciones adoptadas por ías Uniones de aplicar sus 
^a sea en ventaja de los socios, ya en socorro de los 
; que, sin ser socios, obren en conformidad con sus re- 
soluciones: 4) al pago de multas acordadas judicial- 
') á las medidas adoptadas por Uniones análogas: 6) á 
iones tomadas para la ejecución de las disposiciones 



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LA CUESTIÓN OBBEBA Y LÁ6 LEYES 261 

precedentes. Ninguna de estas cláusnlas será, no obstante, con- 
siderada como ilegal (art. 4.^). Las Uniones registradas están 
autorizadas para comprar ó tomar en arriendo tierras que no 
excedan 4^ un acre; pueden vender, permutar, hipotecar y 
transigir. Loe que contratan con los administradores (truaiees) de 
tales asociaciones, no están obligados á pedirles que justifiquen 
BUS poderes y los recibos que dichos funcionarios expidan 
tendrán efectos liberatorios (art. 8.^). Los trastees son respon- 
sables de las sumas que hayan recibido por cuenta de la Union, 
pero no de las faltas que se adviertan en sus cajas sociales (ar- 
ticulo 11). Se imponen penas á los miembros ó á los extraños 
que retengan indebidamente ó distraigan fondos á ellas perte- 
necientes (art. 13). 

Al lado de estas disposiciones, que son verdaderamente 
protectoras del derecho del obrero, conviene anotar las que co- 
rrigen los abusos en que pueden incurrir al practicarlos. Se 
contienen en dos actas, la 34 y 35 de Victoria, c. 32 (lo amena 
tke criminal law relaiing to moUncey threaisband moleaiations) ^ dic- 
tada en 29 de Junio de 1871, y la de' 13 de Agosto de 1875 
(Acta 38 y 39 de Victoria, c. 86): Fot- amending the law relating 
io (he conspiracy and oftheproteciion ofproperty andfur olkerpur- 
poses. Por la primera, se castiga con la pena de prisión, hasta 
de tres meses, á los ctllpables: a) de violencia contra las perso- 
nas ó la propiedad: b) de amenaza ó intimidación perseguible 
ante el juez de paz: c) de intimidación á las personas en las 
siguiente formas: 1) coacciSn para obligar á un*p%trono á des- 
pedir á un operario ó empleado, ó para obligar á éstos á aban- 
donar á su patrono, dejando el trabajo sin concluir: 2) cerca de 
los patronos ú operarios para impedir la oferta ó aceptación 
del trabajo, ó para obligar á un patrono ó á un obrero á entrar 
ó á salir de una Union: 3) ó para que pague una multa im- 
puesta por ella: 4j ó para obligar al patrono á modificar los 
procedimientos que siga en su industria ó cambiar de perso- 
nal. Cbnsidéranse como molestias: seguir á una persona: ocul- 
tar los instrumentos, vestidos ú otros objetos para impedir el 



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262 REVISTA DE LEGISLACIÓN 

USO de ellos al propietario: vigilar las cercanías del lugar donde 
trabajen los operarios ó seguir á alguno, solo ó acompañado, de 
un modo persistente. 

La segunda de las actas mencionadas interpreta y. aclara la 
anterior, y para ello establece: que cualquiera acuerdo ó con- 
cierto entre dos ó más personas para iniciar ó sostener una 
cuestión relativa al trabajo entre patronos y operarios; no po- 
drá ser perseguida en juicio como coalición (conspiracy), 
sino cuando el mismo acto, cometido por una sola persona, 
sea punible (art. 3.®). El empleado ú obrero de un municipio; 
empresa ó sociedad privada que trabaje en las operaciones ne- 
cesarias para el suministro de agua ó gas de una ciudad entera 
ó de un barrio, que rompa voluntariamente su contrato con la 
empresa, sabiendo, ó abrigando motivo racional, de que ha de 
tener por consecuencia probable su acto la carencia de aque- 
llos indispensables artículos, será castigado con prisión que ha 
de durar tres meses (art. 4.®). Incurrirá en igual pena el que en 
las mismas circunstancias ponga en grave peligro la vida hu- 
mana ó la propiedad (art. 5.^). Con idéntica pena será casti- 
gado todo el que injustamente (wrongfully), y sin razón, para 
obligar á alguien á hacer lo que tiene derecho de omitir ó á 
omitir lo que tiene derecho á hacer, emplea violencia ó ame- 
naza contra él, sus hijos ó sus bienes, signe con persistencia á 
alguno, oculta sus utensilios ó vestidos, se los destruye ó le 
impide servirse de ellos, espía ó asedia la casa ó las cercanías 
en donde vi jen, trabajan, ejercitan sus industrias ó se encuen- 
tren por casualidad otras personas, ó finalmente, si los siguen 
en la vía pública en forma tumultuosa. 



En el pais de Mundella y de Kettle, que fueron, como si 
dijéramos, los apóstoles de la conciliación y del arbitraje para 
prevenir las luchas de los capitalistas con los obreros, hasta 
el punto de haber dado el nombre á dos sistemas distintos, 



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LA CUESTIÓN OBRERA Y LAS LEYES 263 

pero que conducen al mismo importantirimo fin, no era posi- 
ble que hubiera dejado do legislarse, para dar suficiente ga- 
rantía jurídica á usos establecidos que produjeron excelentes 
resultados en los frecuentes conflictos que, como en nación ge- 
noinamente industrial, estallaban entre patronos y operarios. 

En Inglaterra se distingue en la práctica la conciliación 
fconciliationj del arbitraje (arhitration) , El primer procedi- 
miento consiste en nombrar representantes de los patronos y 
de los obreros para que resuelvan de común acuerdo la cues- 
tión, sometiendo después la decisión á la aprobación de los 
unos y los otros: de este modo corresponde á cada una de las 
dos partes el juicio definitivo de la controversia. En ql arbi- 
traje, los patronos y los obreros eligen, por partes iguales, un 
consejo de arbitros (presidido por el tercero umpire), que de- 
cide inapelablemente el litigio, sin que su sentencia sea some- 
tida á la ulterior sentencia de los interesados. 

Desde muy atrás viene la legislación inglesa intentando 
regular la materia del arbitraje. La primera ley acerca de ella 
parece ser el Acta 20 de Jorge II, c. 19 (1747), que conce- 
día á los jueces de paz una jurisdicción sumaria en las cuestio- 
nes que se suscitaran entre patronos y operarios con motivo 
de contratos de trabajo de más de un año de duración. Jorge II, 
en BU Acta SI, c. 11 (1758), extendió las disposiciones de la 
anterior á los obreros agrícolas. Después de algunas otras din- 
posiciones del siglo pasado, nos encontramos con el ^cta 48 
de Jorge III, c» 151 (1803), que autorizaba á los jueces de paz 
para nombrar arbitros que entendieran en las controversia» 
que surgieran en la industria textil y sus afines. Jorge IV, 
Acta 5.*, c. 96 (1825), reglamenta el arbitraje con carácter ge- 
neral. Esta ley, que se refiere á todas las industrias, se debe á 
las recomendaciones al Comité de la Cámara de los Comunes, 
que en 1824 dirigió las informaciones sobre la industria. Según • 
dicha Acta, los jueces de paz designaban los arbitros, escogién- 
dolos por partes iguales en las clases de patronos y obreros; 
j)ero para fijar el salario era preciso el consentimiento expreso 



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I8LACIÓN 

jtro tiempo, la Reina Vic- 
[1867), que se llama de lord 
tro del Interior tiene facul- 
3 empresarios y de los obre- 
electivo, compuesto de dos 
[te que no pertenezca á la 
pone de patronos y obreros 
lemente, á tenor del Acta 
rias, y no se admiten ante 
3S sin el consentimiento de 
lejo tiene competencia para 
deres á casos importantes 
)erarios* 

n Ad (35 y 36 de Victoria, 
oficial del sistema de Kettle 
s de conciliación. A tenor 
•breros pueden convenir en 
írsonas ó de un consejo, las 

condiciones del trabajo 6 
Bvisto. Los arbitros tienen 

y aplicar las multas pacta- 
icia en el término de vein- 
» el Acta establece que el pa- 
[ar impreso del contrato, y 
oras, tiene derecho á acep* 
aso, es obligatorio para las 
nancee el obrero al servicio 

. BüYLLA Y Alegre, 

n la UniTonidad de ÜTÍedo. 



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DERECHO MERCANTIL 



CONSULTA 

Lo6 séniores delegados de la mayoría de loe accionistas der 
la Compañía de )oe Ferrocarriles de Puerto Rico, constitoidos 
en Junta general, se han servido consultar á los Letrados que 
suscriben sobre varios puntos relativos á sus derechos y á la 
situación jurídica en que actualmente se encuentran, expo- 
niendo al efecto los siguientes antecedentes, que resultan de 
los periódicos oficiales, de actas notariales y de otros datos 
que nos han facilitado, y de que se hace referencia á conti- 
nnación. 

Antecedentes. 

£1 Consejo de Administración de la Compañía de los Ferro- 
carriles de Puerto Rico, había convocado á Junta general de 
accionistas de la misma para el día 27 de Diciembre de 1892, 
fijando como objeto de la convocatoria y de la orden 3el día 
el examen y discusión de los asuntos siguientes: 

1.^ De una proposición emanada de un grupo de obligacio- 
nistas. 

2.^ De la imposición de un dividendo pasivo, ó llama- 
miento de fondos sobre las acciones de la Compañía. 

8.^ De una proposición de arbitraje acerca de las cuestiones 
.pendientes con la cSociété d'Entreprises et de Constructions 
des Colonice espagnoles»; y . 

4.^ Sobre las medidas que deben adoptarse para llevar á 
cabo la ejecución de los acuerdos. 



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^66 REVISTA DE LEGISLACIÓN 

Un grupo importante de accionistas, representando intere- 
ses franceses de gran cuantía, depositó un número considera- 
ble de acciones para asistir á la Junta, y el Consejo de Admi- 
nistración tuvo noticia de que dicho grupo aprovecharía esta 
ocasión para exponer sus agravios contra la Dirección de la 
Sociedad, así como las deplorables consecuencias que de ello 
podrían seguirse, y reclamar en la Administración de la Com- 
pañía una representación proporcionada á sus intereses. 

Por la lista de las acciones depositadas pudieron compren- 
der los miembros del Consejo que se consideraban aludidos, ó 
contra quienes se dirigían las reclamaciones, que iban á hallar 
en la Junta general contra sí una mayoría resuelta é invenci- 
ble. Es de notar que la mayor parte de esos Consejeros Admi- 
nistradores no tienen más intereses en la Compañía que el exi- 
guo número de acciones que constituye su fianza. 

Convencidos de que no podían luchar contra esa mayoría, 
buscaron el medio de sofocar su voz, y el Sr. D. Ivo Bosch, 
uno de los individuos del Consejo de Administración, propuso 
en éste el aplazamiento indefinido de la Junta general, y el 
decretar desde luego el dividendo pasivo que era objeto de la 
convocatoria. 

Ambas medidas parecieron arbitrarias é ilegales á ofcros 
Consejeros que, según parece, alegaron que desde el momento 
en qu^el Consejo había convocado la Junta general, ésta no 
podía ser aplazada más que por su propio acuerdo, y que 
habiéndose incluido por el Cpnsejo la impoiición del divi- 
dendo pasivo en la orden del día, no podía sustraerse á la de- 
liberación y acuerdo de la Junta general la decisión de dicho 
punto. Y como insistiese el expresado Sr. Bosch en su propó- 
sito y especial manera de apreciar la cuestión, los Excelentísi- 
mos Sres. D. Alejandro Pidal y D. Joaquín María López Puig- 
cerver. Presidente el uno y Vocal el otro del Consejo de Admi- . 
nistración, hicieron en el acto dimisión de sus cargos por no 
asociarse á aquel acuerdo, siguiendo después su ejemplo loa 
Sres. Duque de Sexto, Lastres y Guardia. 



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DERECHO MERCANTIL 267 

Estas significativas dimisiones no fueron bastantes á im- 
l)edir que los otros miembros del Consejo, al cual fueron agre- 
gados con pretexto de reemplazar vacantes, y sin que se eepa 
8i consignaron su ñanza, los Sres. Zimmerman y Adleirstein, 
se detuvieran en la senda emprendida, y en sesión do 24 de 
Diciembre, casi en la víspera del día fijado para la reunión de 
la Junta general, votaron el aplazamiento indefinido de ésta y 
la imposición de un dividendo pasivo de 50 pesetas por acción, 
en la forma propuesta por D. Ivo Bosch, publicando estos 
acuerdos en la Gaceta oficial del siguiente día 25. 

Es de advertir que este grave acuerdo no se comunicó, 
como dispone el art. 31 de los Estatutos, al Comité de París, 
al cual debía haberse remitido, según aquel precepto social, 
dentro de los tres días siguientes, una copia íntegra del acta 
de la sesión, lo cual motivó la protesta que uno de los miem- 
bros de aquel Comité dirigió al Consejo de Administración en 
telegrama de 26. 

En el mismo día, un accionista, obrando en su nombre y á 
la vez como mandatario de otros muchos, se presentó, acompa- 
ñado del notario D. Francisco Moragas, en las oficinas de la 
Sociedad para formular una protesta con ra el aplazamiento 
de 1a Junta general, y fueron ambos tratados con tal faíta de 
cortesía, que ni aun se permitió al Notario extender allí el 
acta según de la misma resulta. Igual suerte cupo á dicho No- 
tario cuando se presentó con otros dos accionistas á acreditar 
«1 propósito de éstos de entregar varias cartas dirigidas al Pre- 
sidente del Consejo, por las que otros accionistas autorizaban 
á aquéllos para representarlos en la Junta general; y cuando 
dichos accionistas quisieron también depositar acciones en el 
Banco general de Madrid, designado para recibirlas hasta el 
dia 26, no les fueron admitidas, contestándoseles que D. Ivo 
Bosch había prohibido recibirlas, todo lo cual se hizo constar 
en el acta que se levantó. 

Llegado el dí§ 27, señalado en la convocatoria del Consejo 
para la reunión de la Junta general, presentáronse acompaña- 



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REVISTA DE LEGISLACIÓN 

[ mismo Notario varios accionistas que representaban exl^ 
L8.099 acciones de las 32.000 de que consta la Sociedad, 
lomicilio social, Carrera de San Jerónimo, núm. 29, á la^ 
hora qué fijaba el anuncio, con el propósito de asistir á. 
DQblea. Hallaron la puerta cerrada, y habiendo llamado 
[festado el objeto que allí les llevaba y que se les permi- 
asar á las oficinas para celebrar la Junta, negáronse los 
)g, únicos empleados de la Compañía que allí se eñcon- 
, á franquear la entrada, á pesar de las protestas y recia- 
les de los socios, á quienes de este modo se prohibía la 
a en su propia cata. 

hicieron constar así los accionistas, regresando al estu- 
[ Notario, donde á propuesta del representante de la So- 
francesa € Crédito Mobiliario», constituyéronse en Junta 
1, considerando que allí estaba reunida la mayoría de los 
istas convocados conforme á los Estatutos, y que no pu- 
> éstos prever las circunstancias extraordinarias en que 
aban por los actos de violencia de que habían sido ob* 
falta de reglas que observar, era lo más urgente aten- 
a defensa de los intereses de la Sociedad. Verificado el 
Lto de las acciones y la comprobación de la personalidad 
concurrentes, quedó constituida la Junta general, apla- 
para la sesión del día siguiente el examen y acuerdo 
de las cuestiones sometidas por el Consejo á la orden 
i, 

Bron, en efecto, discutidas en la sesión del día 28 dichas 
)nes, y especialmente la relativa al llamamiento de fon- 
mposición de un dividendo pasivo, declarando que pro- 
iplazar por el momento toda decisión sobre ese punta 
lue fueran dilucidadas y resueltas las cuestiones á que 
ar la actual situación de la Sociedad y se logre reconsti- 
negocio sobre sólidas bases, tomando en cuenta los in- 
de los obligacionistas y de los demás acreedores. Fué, 
lto, anulado por la Junta, en virtud ¿e las facultades- 
Qas que la incumben, el acuerdo adoptado por el Con-^ 



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DERECHO MERCANTIL 269 

«ejo de Administración en 24 de Diciembre, publicado en la 
Gaceta del 25, respecto al dividendo de cincuenta pesetas por 
acción. 

Las razones en que para ello se fundó la Junta fueron con- 
signadas en el acta refrendada por el Notario, ante el cual se 
celebró la reunión. 

Después de acordar sobre los puntos que de antemano esta- 
ban fijados como objeto de la convocatoria, la Junta general, 
tomando en consideración los hechos que quedan expuestofí y 
que en su opinión revisten el carácter de abusos y violencias, 
resolvió retirar su confianza á los miembros del Consejo de 
Administración culpables de aquellos, actos, cuyos nombres 
constan en el acta, y declaró la revocación de loe cargos que 
desempeñaban, adoptando otros acuerdos, que no son objeto 
úe esta consulta. 

Con estos antecedentes se pregunta: 

1.** ¿Son válidos y obligatorios para los accionistas los 
acuerdos adoptados por el Consejo de Administración en la se- 
sión de 24 de Diciembre y que fueron publicados en la Gaceta 
del siguiente día? 

2.^ ¿Qué calificación legal merece el acto de prohibir á los 
accfonistas la entrada en el domicilio social para celebrar la 
Junta general convocada, y qué procedimiento deben adoptar 
para obtener el respeto á sus derechos? 

3.^ ¿Es legítima la constitución de la Junta general que ce- 
lebró sus sesiones en los días 2T y 28 de Diciembre, y obligato- 
rios, por tanto, los acuerdos que resolvieron los cuatro puntos 
comprendidos en la convocatoria? 

■ 4.^ ¿Han incurrido en responsabilidad de orden civil ó pe- 
nal los accionistas que la constituyieron, acudiendo á la con- 
vocatoria del Consejo de Administración? 



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VISTA DE LEGISLACIÓN 



Diotamen (D. 



npañia de Ferrocarriles de Puerto RicO' 
íptos del nuevo Código de Comercio, que 

de Enero de 1886, según repulía de la 
da ante el notario D. José García Lastra 
3, é inscrita en el Registro Mercantil en 
ís y año, y formados, en su virtud, los 

había de regirse, á esos preceptos, si- 
3, y á las reglas fijadas en los Estatutos, 
ner término para contestar á la consulta 
cernos los señores delegados de la Junta 
, sin perjuicio de tener en cuenta además 
3s de derecho que regulan las relaciones 
il mandatario. 

ujeción á este criterio legal los hechos 
ende, y cuyo alcance en el orden jurídica 
1 y vida orgánica de una sociedad mer- 
aocerse, aparecen con notoria evidencia 

dichos Estatutos cometidas por los indi- 
Administración, que no hicieron, coma 

cargos, cuyas transgresiones explican la 

general de los acuerdos y medidas que 
rial de la sesión celebrada en 28 de Di- 



>ra instancia del diBtrito del Hospital de esta corte, 
icdonistas consultantes en este asunto, accedió en 
último á la posesión pedida por los mismos como 
kral, declarando haber lugar al interdicto de reco- 
ción al presente diotamen, denegando las preten- 
inistración censurado y removido por la Junta ge-- 
30sta8 y á la indemnización de daños y perjuicio» 
wjo. — (N, d€ la R.) 



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DERECHO MERCANTH. 271- 

Para apreciar el carácter de esos acuerdos, adoptados en cir- 
cunstancias verdaderamente extraordinarias, y que ni los Es- 
tatutos ni los accionistas podían prever, y bu legitimidad con- 
forme á la ley constitutiva de la Sociedad, importa fijar la aten- 
ción y determinar en toda su extensión cuáles han sido las in- 
fracciones que se han cometido por los que aun se consideran 
administradores de la Compañía, que han llevado con tales ac- 
tos la perturbación y la desconfianza á la Sociedad que les dio 
Biis poderes, y que forzosamente ha tenido que buscar reunedio 
á ellos en justa defensa de sus derechos y de sus intereses, que 
vela comprometidos. 

Dedúcense de la anterior exposición de hechos como actos 
más culminantes del Consejo de Administración, entre los que 
motivaron los acuerdos de la Junta general: 1.^, el aplaza- 
miento indefinido de la Junta general convocada para el 27 de 
Diciembre, habiendo dejado sin efecto la convocatoria para 
impedir la reunión de aquélla; 2.*^, la imposición á los accio- 
nistas de un dividendo pasivo, que era precisamente uno de los 
asuntos para cuya resolución se había convocado la Junta, so- 
giin el anuncio oficial publicado en la Gaceta de 11 de Diciem- 
bre; 3.*^, el haber dejado de comunicar esos acuerdos al Co- 
mité de París contra lo dispuesto por el art. 31 de los Esta- 
tutos. 

Inspirados éstos en los principios fundamentales que el Có- 
digo de Comercio establece sobre la administración de las 
Compañías anónimas en sus artículos 155 y 156, y en las reglas 
del derecho común sobre el mandato, declaran en su art. 35 la 
soberanía de la Junta" general legalmente constituida, y que 
ésta ejerce todos los derechos de la Sociedad y representa á to- 
dos los accionistas; consignando el 17 que la administración do 
ésta será desempeñada por un Consejo compuesto de quince in- 
dividuos á lo más, y de siete á lo menos, nombrados por la Junta 
general de accionistas. 

Al establecer y enumerar en su art. 27 las atribuciones de 
ese Consejo de Administración, no comprende entre ellas la fa- 



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REVISTA DE LEGISLACIÓN 

ender, ni dejar sin efecto la convocatoria de la 
que ha de celebrarse en las épocas señaladas en 
il tratar en el tít. 4.^ de las Juntas generales, 
ni remotamente trata de él, considerándole sin 
B de acaecer, como así lo han creído los accionis- 
i la mayoría en la ocasión presente, 
en realidad, la Junta general, siquiera sea en 
nza á tener existencia desde que se hace la con- 
omo el primer periodo de su evoli^ción, que con- 
celebración, con la adopción de acuerdos y la 
itas. 

Ds accionistas cumplir ciertos trámites, confor- 
ilos 27 y 38, desde que la convocatoria se pu- 
riódicos oficiales de Madrid y París; han de de- 
dstir á ella, en el plazo y sitio determinados, 
ie acciones, pudiendo después delegar su repre- 
tro accionista que tenga derecho de asistencia. 
1 actos preparatorios de la Junta general, y que 
[o que puede llamarse su principio, que nace de 
, hasta su ultimación, cuando la Sociedad ejerce 
litud su derecho soberano, ya en unión del Con- 
istración, ya contra el mismo. 
3te, por consiguiente, sin grave atentado contra 
ciales, suspender para otro plazo, y menos in- 
ni dejar sin efecto.la convocatoria que hizo en 
Sólo, si los Estatutos le concediesen esa facul- 
serlo, y ya queda dicho que nada se consigna 

tido existen varias declaraciones del Tribunal 
í otras las de 2 de Abril y 13 de Noviembre de 
derar que, siendo los Gerentes y Administrado- 
pañías anónimas mandatarios de la Sociedad, 
Brean til y la especial de la Compañía, contenida 
>s, deben limitarse en sus atribuciones estricta-, 
está escrito en ellos, sin extenderse á nada más. 



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DERECHO mí:bcantil 273 

Y no 86 objete que el que puede convocar para una re- 
unión, puede suspenderla ó renunciar á la convocatoria hecha, 
conforme al principio ejus est tollere ciijus est condere, porque 
sobre no ser aplicable al presente caso, ni propio de la índole 
del mandato, sería además perturbador y atentatorio al ejerci- 
cio de los derechos sociales; porque vendría á imposibilitar la 
reunión de la Junta general y el derecho de suprema inspec- 
ción y decisión que á ésta compete. 

En efecto; si el Consejo de Administración tuviese tal fa- 
cultad, sería siempre dueño de hacer cuanto le acomodase. Le 
bastaría convocar á una Junta general y suspenderla ó apla- 
zarla á su antojo, si la lista de los depósitos de acciones para 
la asistencia de la Asamblea le revelaba, como aquí á ocurrido, 
una mayoría contraria; y repitiendo el juego, fatigar á los ac- 
cionistas, obligándoles á traer y llevar sus títulos de uno á otro 
punto buscando nuevas representaciones, hasta que el cansan- 
cio ó el acaso procurase al Consejo que así se atreviese á obrar, 
una mayoría favorable á sus propósitos. 

Esto sería absurdo, contrario por completo á los principios 
jurídicos en que descansa el contrato de Sociedad, y no puede 
sostenerse en serio. 

La solución debe buscarse y se halla en los derechos de la 
Junta general. Si el Consejo de Administración es autoridad, 
la Junta general lo es también, y superior en la jerarquía so- 
cial, puesto que la compete, conforme al art. 41 de los Estatu- 
tos, el nombramiento de los individuos del Consejo y la reso- 
lución de las cuestiones que éste proponga en la convocatoria, 
y su derecho de reunión para deliberar comienza, según queda 
indicado, en la época de la misma. En nuestro juicio, y con 
arreglo á los Estatutos, una vez hecha aquélla no puede ser 
retirada, aplazada ni dejada sin efecto. Sólo la misma Jmita 
general, que representa á todos los accionistas y constituye la 
Sociedad en la totalidad de sus derechos, es la que puede de- 
cretar el aplazamiento ó la suspensión de la discusión para la 
cual había sido llamada. 

TOMO 82 18 



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274 REVISTA DE LEGISLACIÓN 

Sin duda para casos como éste, que no están previstos en- 
los Estatutos y que no pueden, por tanto, resolverse como aquí 
se ha hecho con notorio abuso por el Consejo do Administra- 
ción, prescindiendo de que esté ó no completo, se consignó en 
el núm. 5.^ del art. 41 de los Estatutos, entre las facultades 
de la Junta general, la de conceder al Consejo de Administra- 
ción autorizaciones especiales para casos que no resulten previs- 
tos en los mismos. 

Estas facultades, asi como todas las que incumben á la 
Junta general y hasta la existencia de la Compañía misma, 
vendrían á ser ilusorias y á depender sólo de la voluntad del 
Consejo de Administración, de un modo autoritario y despó- 
tico, con menosprecio de toda noción de derecho, si se admi- 
tiese que el Consejo, después de convocar á la Sociedad para 
decidir sobre este ó aquel punto, puede dejar sin efecto esa 
convocatoria cuando ya están depositadas las acciones para 
asistir á la Junta y resolver por sí aquellos puntos que con ca- 
rácter solemne y oficial se habían sometido ya á la Sociedad^ 

En orden al segundo acuerdo, relativo á la imposición del 
dividendo pasivo de 50 pesetas por acción, basta fijarse en el 
párrafo segundo del art. 41 de los Estatutos, para comprender 
que el Consejo se excedió en sus atribuciones, resolviendo por 
sí ese punto, cuando le había sometido á la Junta general. 

Según dicho artículo, corresponde á ésta resolver sobre las 
proposiciones del Consejo de. Administración, y una de ellas 
era la comprendida en el segundo extremo de la convocatoria 
para tratar de ese mismo dividendo. Desde el instante en que 
el Consejo incluyó ese punto en la orden del día para la Asam- 
blea que convocaba, y pidió acerca del mismo el examen y vota 
de la Junta general conforme á los Estatutos, se desprendió dé- 
la facultad de resolverle por sí, y no pudo válidamente reti- 
rarle ó sustraerle del conocimiento de la Asamblea. 

Cuando á pesar de las facultades que sobre el pago y exac- 
ción de los dividendos pasivos concede al Consejo el art. 12 de 
los Estatutos, había éste incluido ese asunto en la convocato- 



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DERECHO MERCANTIL 275 

fia, prueba es de que la Sociedad estaba en un momento de 
crisis y que sus administradores necesitaban la deliberación y 
Toto de la Asamblea para resolver ese punto. No pudieron, 
pues, impedir, como lo han hecho con ese acuerdo, que la 
Junta adoptase la resolución que estimara conveniente á los 
ilitereses de la Compañía. 

Y en esta opinión coincidieron sin duda con los que suscri- 
ben y con los accionistas que han protestado contra el acuerdo, 
los dignos individuos del Consejo, entre ellos el Presidente, 
que, antes de hacerse solidarios del mismo, hicieron renuncia 
de sus cargos. 

Aunque no es el mismo caso, el art. 168 del Código de Co- 
mercio demuestra la importancia que concede la ley á los ex- 
tremos contenidos en. la convocatoria para las Juntas generales 
délas Compañías anónimas, y nuestra afirmación de que deigde 
esa convocatoria nace y debe ser respetado el derecho de los 
Bocios á discutir y resolver en su Asamblea esos mismos pun- 
tos, sin que los administradores, simples mandatarios suyos ^ 
puedan anular la convocatoria, y mucho menos resolver por si 
éb iraio los asuntos á que aquélla hacía referencia. 

Todavía parece más patente y clara la infracción por el 
Consejo en el caso de que se trata, del art. 31 de los referidos 
Estatutos. Dispone éste en su primer párrafo que los acuerdos 
del Consejo de Administración se comunicarán al Comité de 
Pads, cuya denominación lleva, conforme el 29, la sección del 
mismo Consejo de Administración que reside en aquella capi- 
tal, remitiéndole al efecto dentro de los tres días siguientes 
una copia integra del acta de la sesión, sin perjuicio de comu- 
nicar los acuerdos por medios más rápidos cuando así se estime 
conveniente. La mayoría absoluta de los votos emitidos, añade 
el articulo, asi en el Consejo de Administración como en el 
Comité de París, constituye y forma el, acuerdo del mismo 
Consejo. 

Es consecuencia este precepto de la división en dos seccio- 
nes del Consejo de Administración, la de Madrid y Comité de 



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REVISTA DE LEGISLACIÓN 

nde á la necesidad de que las medidas que se 
icierten y consulten con ambas en justo respeto 
>s intereses de accionistas franceses que existen 
ía. 

de Administración en que ya no figuraban los 
luos de que antes se ha hecho mérito, y que se 
s por otros dos, cuya fianza y condiciones no se 
de cumplir dicho importante precepto, y como 
i el asunto, publicáronse en la Gaceta del día 25 
que los Consejeros restantes tomaron el 24, omi- 
lestro juicio basta para que éste adolezca de un 
ie nulidad, aunque no existiesen los acuerdos 
la Junta general. 

le si conforme á la ley social han de computarse, 
a mayoría absoluta, los votos emitidos en el Co- 
y el mencionado acuerdo no fué comunicado á 
elemento necesario para la validez del mismo 
nfraccióñ de los Estatutos no puede estar más 

datos en la exposición de hechos, ni podrán to- 
ta hasta que sean conocidas las actas de las sesio- 
jo de Administración en que dichos acuerdos 
los, para apreciar si además de esos vicios de nu- 
lan indicados, concurren otros por razón de la 
is causas, como seria la de no haber concurrido 
Consejeros, y el no haberse consignado, por los 
posteriormente, la fianza que exigía el desem- 
irgos. Ni consta tampoco, porque el Consejo de 
1 no lo hizo saber ni al Comité [de París ni á la 
do y por cuántos votos fué nombrado el Sr. Don 
Bidente de aquél, como viene llamándose en los 
cados en la Gaceta, 

imiento de los derechos de los accionistas fué so- 
resulta de las actas notariales de que se hace 
•s antecedentes, de actos materiales, que signi- 



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DERECHO MERCANTIL 277 

fican un verdadero despojo, y la privaciÓD á la Junta general 
de la posesión del domicilio social, y de los libros, papeles y 
documentos de la pertenencia de la Sociedad. Tal carácter re- 
visten los que fueron consignados por ante notario en las actas 
de los días 26 y 27 de Diciembre. 

Ante este ataque, ante el menosprecio con que los accionis- 
tas se veían tratados por el Consejo, y habiendo llegado el día 
27, para el cual había éste convocado la Junta general, cuya 
BDspensión consideraban con razón los accionistas como impro- 
cedente y nula, y viéndose en circunstancias por todo extremo 
extraordinarias y fuera de todo lo previsto, resolvieron consti- 
tuirse en Junta general y celebrar las sesiones, cuyas actas te- 
nemos á la vista, para deliberar sobre los puntos que compren- 
día la convocatoria, y, además, sobre la conducta de los Admi- 
nistradores que habían quedado formando el Consejo, y que 
llegaron, en su ofuscación, hasta prohibirles la entrada en su 
(propia casa. 

Ahora bien; ni en los actos preparatorios para la celebración 
de esa Asamblea, realizados por los accionistas, ni en la consti- 
tución de la misma Junta general, ni en los acuerdos que ésta 
adoptó sobre los cuatro extremos comprendidos en la convoca- 
toria ú orden del día fijada por el Consejo y publicada en la 
Oaceia de 11 de Diciembre, á cuyos acuerdos se limita la con- 
sulta, hallamos nada contrario á la ley ni á los Estatutos de la 
Compañía, y que no sea válido y legítimo. 

En las actas notariales de protesta contra la indebida sus- 
pensión de la Junta general, contra la no admisión de depósi- 
tos y cartas de representación y demás diligencias preparato- 
rias de aquella Junta, no hay otra cosa que el ejercicio orde- 
nado y correcto, por parte de los accionistas, de un derecho le- 
gítimo. 

Respecto á la constitución de la Junta general, ¿qué exigen 
los Estatutos para la Constitución de estas Asambleas? 

Que estén convocadas por el Consejo de Administración; 
que se haga la convocatoria por anuncios en los periódicos 



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278 REVISTA DE LEGISLACIÓN 

oficiales de Madrid y de París con quince días de anticipa- 
ción; que se depositen las acciones en los sitios de antema- 
no designados; que se haga el cómputo de las mismas para 
que pueda considerarse legalmente constituido, y que los 
acuerdos se tomen por mayoría de votos en los términos seña- 
lados por los artículos 36, 37, 38 y demás concordantes del 
título 4.^ 

Pues todos estos requisitos concurren por completo en la 
Junta general celebrada en los días 27 y 28 de Diciembre, apa- 
reciendo en ella una mayoría considerable, íormada, como ya 
se ha indicado, por la representación de 18.099 acciones de las 
32.00Ü que forman la Sociedad, con más 500 acciones repre- 
sentadas por el Sr. Porlitz, y que no pudo depositar para que 
figurasen en la Junta, porque el Banco general de Madrid, en 
virtud de orden de D. Ivo Bosch, rechazó su depósito el día an- 
terior al en que debía celebrarse la Junta general, según resulta 
del acta notarial correspondiente. 

Entendemos, pues, que la constitución de la Junta general 
es perfectamente legítima, sin que para ello obste el haberse 
reunido fuera del domicilio social porque le fué negada la en- 
trada en él, y que los acuerdos adoptados sobre los cuatro ex- 
tremos que comprendía la convocatoria del Consejo están, sin 
duda alguna, dentro de las atribuciones privativas de la Junta 
general. 

Infiérese de lo expuesto, y del carácter de legitimidad j 
validez que, en nuestra opinión, revisten la Junta general y 
sus cuatro acuerdos mencionados, que no han incurrido los se- 
ñores accionistas que la constituyen en responsabilidad alguna 
civil ni criminal. Podrán dichos acuerdos ser más ó menos 
acertados en el fondo y discutirse su mayor ó menor conve- 
niencia para los intereses de la Compañía en su actual situa- 
ción; pero no puede desconocerse su legitimidad y eficacia, ni 
creemos que pueda prosperar cualquier reclamación que contra 
ella pudiera incoarse. 

En orden al procedimiento que deben seguir los accionistas 



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DERECHO MERCANTIL 279 

para obtener la reparación inpaediata del despojo con ellos co- 
metido, y á que se reüeren los antecedentes, entienden los que 
Fuscriben que no es otro que la incoación de un interdicto de 
recobrar la posesión, definido y consignado en los arts. 1651 á 
1662 de la ley de Enjuiciamiento civil. 

Claro es que las cuestiones que impliquen declaraciones de 
derecho, y que se han suscitado entre los administradores y la 
Junta general, no pueden ventilarse ni resolverse dentro de 
nuestras leyes procesales más que en un juicio ordinario ó de- 
clarativo, siempre funesto para los intereses de una Compañía 
industrial, por los trámites dilatados y solemnes que consigo 
lleva, apurando acaso las dos instancias y el recurso de caFa- 
-ción. 

Pero aunque en su día hayan de remitirse esos conflictos de 
derecho á tan largo debate y á un lejano fallo, existe hoy un 
hecho perturbador del estado posesorio y de la situacióji jurí- 
dica respectiva de los socios y de los administradores, que 
exige una reparación inmediata. 

Los accionistas han sido desposeídos de bu domicilio social 
y de la tenencia en que se hallaban de sus oficinas, papeles y 
libros. Ha llegado el caso, aunque parezca inverosímil, de que 
loe mismos criados ó porteros de las oficinas que la Sociedad 
tiene establecidas y costea como de su pertenencia en esta ca- 
pital, negaran la entrada y cerrasen la puerta de las mismas á 
los accionistas que iban á constituir la Junta general, obligán- 
doles á celebrarla en otra parte. 

Para esa reparación inmediata y de urgencia suma, para la 
restitución y amparo del estado posesorio contra el despojo 
consumado de orden del que se titula Presidente del Consejo 
d« Administración, no hay otro medio legal que uno de esos 
juicios sumarísimos que tienen por objeto decidir interina- 
mente sobre el hecho de la posesión y reintegrar ó amparar al 
que de ella fué despojado. 

Demuestra además la procedencia de ese interdicto de re- 
cobrar el texto explícito del art. 446 del Código civil, según el 



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18TA DE LEGISLACIÓN 

me derecho á ser amparado en su pose- 
bado en ella, deberá ser amparado ó res- 
ion por los medios que las leyes de pro- 
dos que suscriben opinan: 
38 adoptados en 24 de Dieiembre por los 
on en el Consejo de Administración y 
on nombrados por ellos, suspendiendo 
ita general convocada en debida forma, 
lendo pasivo á las acciones, sin comuni- 
3nes al CJomité de París, son contrarios 
> les concedían tales facultades, y á las 
indato, pudiendo exigírseles desde luego 
esponsabilidad é indemnización de per- 
art. 156 del Código de Comercio y á loa 
común sobre las obligaciones del man- 

prohibir la entrada en las oficinas y do- 
iedad á los accionistas para celebrar la 
da, y levantar las actas que creyesen 
lio de sus derechos, constituye un ver- 
pojo de los mismos y de las facultades 
competían, que exige reparación inme- 
juicio posesorio, ó sea interdicto de re- 

ción de la Junta general que celebró sus 
y 28 de Diciembre, aunque en lugar 
cilio, por la razón de fuerza mayor antes 
ente legítima, con arreglo á los Estatu- 
lados en ella sobre los cuatro puntos de 
zo el Consejo de Administración, son vá- 
I las atribuciones que dichos Estatutos 
)neral. 

que siendo legítima dicha Junta y tani- 
ridos en las anteriores conclusiones^ nOi^ 



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DBBECHO MERCANTIL 281 

han incurrido los accionistas ni sus delegados en responsabili- 
dad de orden civil ni criminal. 

Tal 66 nuestro dictamen, que firmamos en Madrid á cuatro 
de Enero de mil ochocientos noventa y tres. 

LdO. MaNITEL PEDBEGAL T OAftBDO. 

Ldo. Gabbiel Rodbigüez. 

Ldo. Jos¿ Canalejas y Méndez.. 
Ldo. Enbiqub Ucblat. 



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LOGÍA CRIMINAL 



laciones eon la delineaeneia. 



;itud el distinguido juriscon- 
1 la introdución á su notable, 
De la Justice Pénale, que «el 
lento una evolución fácil de 
redecirse que nuestro tiempo 
rtantes de su historia, siendo 
en á la vez á discusión y se 
reformas, los principios, las 
el mencionado derecho.» ¿De 
e nuestra época?, se pregunta 
aanifestar que ve en él un eco 
bario sumariamente, añade: 
18, constituyendo las del pro- 
ndividuos impropios para la 
e ésta hacia adelante se halla 
n la presencia de esos mons- 
ato que sus-anomalías rara vez 
conducen al crimen. En otros 
ibargo de lo cual, la civiliza- 
la, producía bastantes menos, 
mos de arena en sólido meca- 
ación, y el peligro que anun- 
su novedad... Este hecho, del 



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ESTUDIOS DE SOCIOLOGÍA CRIMINAL 283 

mismo modo que el incuestionable aumento de la criminalidad, 
y dentro de la criminalidad, de la reincidencia, no podía me- 
nos de orientar las ideas en una nueva dirección. Nuestro siglo 
ha visto nacer la sociología y la demografía, y como era natu- 
ral, la ciencia penal sufrió el golpe de rechazo, encontrando 
aquí su aplicación otra ley natural, cual es la de que toda ac- 
ción depende de la naturaleza del agente que la produce: ella 
lo indica y expresa. Así, la acción experimentada por el Dere- 
cho penal refleja únicamente los hechos que la provocan, sin- 
tiéndose inclinado de nuevo á considerar como locos, enfermos 
ó monstruos, á los enemigos de la sociedad. De aquí esa ten- 
dencia á transformarse por completo, en vista de esta situación , 
como si fuese general y exclusiva. La nueva escuela de antro- 
pología es la que expresa esta tendencia y la presión ejercida 
«obre el espíritu público.» 

Aun cuando no estamos del todo conformes con las ideas 
del distinguido escritor, hemos creído conveniente dar comien- 
zo á este ligero trabajo, transcribiendo los párrafos anteriores, 
no sólo porque pertenecen á uno de los jurisconsultos moder- 
nos de más justificado renombre, no sólo porque sintetizan los 
principios de la Damada escuela intermedia ó ecléctica sobre la 
crisis del Derecho penal,, sino porque determinan la razón del 
nacimiento de la antropológica ^ que por la notoria importancia ' 
de sus apóstoles, César Lombroso, E. Ferri y G. Garofalo, es 
generalmente conocida con el nombre de escuela positivista ita- 
liana, sin embargo de que Francia, Inglaterra, Alemania y aun 
España, cuentan con notables cultivadores y propagandistas 
de sus ideas. 

Con efecto; los estudios antropológicos, que tan importante 
desarrollo han tenido en estos últimos años, y que han ejercido 
y ejercen notorio y transcendental influjo sobre distintas cien- 
cias, han conmovido especialmente, cual no podía menos de su- 
ceder, los cimientos del antiguo derecho criminal, y con ello» 
las bases en que se apoyan las legislaciones de casi todos los 
pueblos, haciendo ver palmariamente la necesidad de sustituir 



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VIBTA DE LEGISLACIÓN 

educHvOy apriorístico, el inductivo fundado 
pmmentación; de sustituir al estudio del 
abstracta, el del delincuente tal cual es; 
¿a ahora descuidado conocimiento de los 
í la delincuencia; de buscar los .medios 
uados para evitarla ó disminuirla cuando 
ar en lo posible la pena para adaptarla 
3r más eficaz que lo es actualmente su 
presiva. 

lal positiva, dice Ferdinando Puglia(l),. 
3 en su realidad, en lo físico y lo moral, 
raleza concreta, en las causas que lo pro- 
y llega á las consecuencias de que el de- 
ires más ó menos claros, se distingue de 
sica y moralmente; que el delito es un fe- 
jeto á leyes perennes como las que regú- 
leos; que los extremos necesarios de ios 
lucidos de un estudio positivo de las ac- 
)8as, bajo el criterio de la tutela social; 
>s de represión deben ser proporcionales 
lelincuente, y que es preciso remover las 
m los límites de lo posible, á fin de con- 
1.» Para realizar estos propósitos estudia 
izando al efecto los trabajos de antropó- 
I factores del delito, divididos por Ferri 
:os y sociales j cuya clasificación es gene- 
Ios caracteres de los delincuentes. 
)n se han ocupado de estos últimos los 
jombroso (3), que han hecho objeto de 
iciosas investigaciones, el peso, la esta- 



9 del dtrttto reprenvo, 

enti, 

-Lenioni di medicifM légale. — II delttío poliHoo.'--Pa- 



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ESTUDIOS DE SOCIOLOGÍA CRIMINAL 285 

tura, las medidas del cráneo, sus deformidades, la fisonomía, 
el pulso, la temperatura, la movilidad exagerada, la sensibi- 
bilidad, la afectividad, las pasiones, las tendencias, la reinci- 
dencia, el tatuaje, la inteligencia, la educación é instrucción, 
el caló, argot, jerga ó lenguaje de l¿t Ger manía, 'et., etc., de 
los malhechores, comparados, en especial por Marro, con per- 
sonas normales, es decir, con personas no penadas ni acusadas 
por delitos; estudiando también los meteoros, las razas, la civi- 
lización, la herencia, el sexo, la edad y las profesiones, siendo 
tantas las obras que tratan de estos factores, tantos los datos 
obtenidos, que el más conciso resumen de las unas y de los 
otros precisaría de muchas páginas y nos alejaría demasiado de 
nnestro propósito, que no es otro que exponer varias ideas y 
hacer ligeras consideraciones respecto de algunos de ellos, 
principalmente de los llamados factores sociales, y tratar, den- 
tro del reducido terreno de nuestra escasa competencia, de in- 
teresantes problemas referentes á la criminalidad, y de cues- 
tiones que han motivado notables y provechosas polémicas, 
por lo cual, estimándolas como preliminares necesarios, he- 
mos creído deber hacer las indicaciones anteriores. 

En este primer artículo vamos á ocuparnos, aun cuando 
muy someramente, del argot, cálóy jerga ó lenguaje especial da 
la Germania, de los malhechores, vagabundos y truhanes de 
nuestra patria; estudio que entendemos no se halla despro- 
visto de utilidad, estimándolo casi necesario para el más com- 
pleto y exacto conocimiento de la criminalidad, y la adopción 
de las disposiciones más adecuadas para combatirla, ya que 
como enfermedad social deba someterse á un completo régi- 
men curativo, no limitado á la imposición de la pena. Pero 
antee de todo debemos hacer constar que se halla muy lejos 
de nuestro ánimo que tenga otro alcance que el de ligero en- 
fayo, puesto que ni nuestras facultades, ni nuestros conoci- 
mientos, llegan á más. Algunos de los datos que utilizamos 
son resultado de observaciones propias; otros, el mayor nú- 
mero, provienen de personas competentísimas por razón da 



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k DE LEGISLACIÓN 

ie todo crédito, y de algunos pre- 
1 sistema de aglomeración, todavía 
todos los presidios y cárceles, sin 
el modelo, mantuvo en contacto in- 
)r hábito, ó de oficio, que son los más 
lenguaje, del que encontramos ras- 
aeblo, y muestras y citas curiosisi- 
tas, perfectos cuadros de costumbres, 
^s y composiciones poéticas, hasta 
3; lenguaje también usado por los 
jvan vida demasiado alegre y azaro- 
hurtado de Mendoza en su Lazarillo 
los ricos la gustasen, dejariaii por 
propensa á toda clase de emociones, 
amos, pues sabido es que á mas de 
roduce, suele llevar con suma facili- 
del que puede decirse vestíbulo. 

II 

• 
¡e que, según el Diccionario de la len- 
presidiarios, ha debido tener origen, 
ia, en la necesidad sentida, no tan 
antos más ó menos directamente si- 
ie comunicarse entre si, dificultando 
>tros, de ocultar sus proyectos y no 
un descuido de la conversación ó en 
isputa. Pero, ¿qué es el caló? Es, á 
ue igualmente sirve para la defensa 
L utilidad disminuye conforme se di- 
i hasta cierto punto, como dice Vic- 
iación é idioma; el robo bajo dos es- 
i lengua de la chusma, del presidio, 
más abominable de la sociedad; es 
. No es más que un disfraz con quo^ 



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E8TÜDI0S DE SOCIOLOGÍA CRIMINAL 287 

ee Cubre la lengua cuando va á hacer algo malo. Se reviste de 
palabras con máscara, y de metáforas con harapoB.» A pesar 
de la opinión autorizadísima del eminente escritor que acaba- 
mos de citar, no conceptuamos al argot ó caló, como peculiar, 
exclusivo, de criminales y gentes de mal vivir, puesto que to- 
dos los oficios y profesiones, casi todas las colectividades, sin 
exceptuar los tribunales y curiales, sin exceptuar los alumnos 
de los colegios, tienen su caló especial, su jerga propia, por ra- 
zones demasiado conocidas, pero sin aproximarse mucho al de 
que estamos ocupándonos. Entre ellos se advierten, y realmen- 
te existen grandes diferencias, las cuales patentizan que, ni 
por su origen, ni por sus condiciones, ni por sus circunstan- 
cias, ni por sus tendencias, tienen nada de común. 

El caló que llamaremos de las profesiones y oficios, ho li- 
mita ó circunscribe á determinadas particularidades íntima- 
mente relacionadas con el oficio, profesión ó colectividad; el de 
los malhechores, de los criminales, constituye verdadero idio- 
ma que se extiende, perfecciona y modifica; que tiene su sin- 
taxis y prosodia propias, y que sirve perfectamente al objeto 
que motivó su creación. Retrata, fotografía al criminal, descu- 
bre sus anomalías, indica sus caracteres, hace ver la influencia 
de la degeneración, manifiesta de un modo palmario su mali- 
cia, inconstancia, vanidad, previsión, falta de sentido moral, 
y hasta cierto punto, ingenio. «Hay que notar en él, añade el 
eminente novelista y poeta, la creación directa de palabras, 
constitutiva del misterio de las lenguas. Pintar con palabras 
que tienen figura, aunque no se sepa cómo ni por qué, es el 
fondo primitivo de toda lengua humana. Abunda el caló en pa- 
labras de este género, palabras inmediatas, hechas de una 
pieza, sin etimología, repugnantes algunas veces, que tienen 
singular fuerza de expresión. En segundo lugar, viene la imi- 
tación, porque lo más propio de una lengua que quiere decirlo 
todo y ocultarlo todo, es la abundancia de figuras. Tenemos la 
modificación; vive de la lengua y la usa á su capricho; la em- 
plea al acaso, y se limita muchas veces, cuando tiene necesi- 



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REVISTA DE LEGIflLACIÓM 

uralizarla sumaria y gravemente. A veces con las 
les, asi transformadas y complicadas con palabras 
compone locuciones pintorescas.» Tales son, con 
racteres generales. 

del crimen, que tiene sus fronteras y su campo 
u el que habitamos, como las hay entre la razón 
virtud y el vicio, comienza á ser conocido. En él 
ial, singularísimo: ideas, sentimientos, costum- 
)f aptitudes, instintos, pasiones. Para luchar con 
nás numerosas huestes, y defenderse la sociedad 
les y constantes ataques, fin principal, ya que no 
derecho represivo, es necesario é imprescindible, 
locer las condiciones, la manera de ser de la de- 
esto no se consigue sino penetrando, por decirlo 
erior, y estudiándola en su conjunto, en los ele- 
i constituyen, en sus matices, en sus peculiarida- 
) su jerga de las menos importantes; razón por la 
ociólogos y jurisconsultos la han hecho objeto de 
indicando desde luego la grande utilidad que su 
idio puede reportar. 

)s caracteres particulares del hombre reincidente 
ce M. Cesar Lombroso en las obras citadas, como 
re en los grandes centros, es el uso de un lenguaje 
cual, mientras las asonanzas generales^ el tipo 
sintáxico del idioma se conserva intacto, está 
completo el lexical.» Coincidiendo en parte con 
ideas, dijimos en uno de nuestros trabajos (1), 
al caló catalán, «que éste tiene algunas locucio- 
lel general, sonidos y voces importados, algo del 
n, y no poco que descubre su origen castellano; 
1 esencia, en la estructura, en la combinación de 
as imágenes que representan los objetos, en casi 
^ena:... con este singular lenguaje, añadíamos. 

Laudad en Barcelona. 



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ESTUDIOS DE SOCIOLOGÍA CRIMINAL 289 

:acoDtece en mucha parte lo que con los idiomas primitivos; 
está matizado de imágenes, de metáforas, de figuras poéticas; 
es \m todo que se forma por agregación, y en su perfecciona- 
miento se dibujan los distintos elementos que han contribuido 
á formarlo.» Casi lo mismo puede decirse del que denominare- 
mos caló castellano. Aun cuando, conforme hemos indicado, 
en su prosodia y en su sintaxis tiene algo de característico, en 
lo general sigue á nuestro idioma. Entre sus palabras encon- 
tramos bastantes de las usuales, pero á muchas de ellas da sen- 
tido distinto, como, por ejemplo: alpargatas, que en el caló ca- 
talán son barcas ó ligeras, y en el castellano andarinas; aviear 
para un robo, que en este es dar el santo; año de presidio, que 
^ breva, y en aquél castaña; colchón, que es manso; y cara, fila. 
En otras -palabras hay cambio de letras: como boca, que es 
-coba; forastero, /oro^; plato, tlapo. En algunas se omiten si- 
labas, en especial las finales, como camarero, que es cámara; 
escaparate, escapara. En otras se agregan letras y aun sílabas, 
como cuerda, curdincha en el catalán; cuadro, cuadrinche; cor- 
bata, corbaiincha; carretón, carrinche. Por último, muchas son 
objeto de transformaciones metafóricas, ó se emplean en sen- 
tido figurado, cual tendremos ocasión de observar. 

Del mismo modo que á poco que se fije la atención en el 
ixUó catalán, se advierte, se siente el idioma del industrioso 
país, asi en el castellano se transpira nuestra lengua, siendo 
una de las jergas que menos influencias extranjeras han su- 
irido, debiéndose acaso esto á las muy escasas relaciones que 
han mediado entre nuestros malhechores y los de otros pue- 
blos. También debe notarse que conserva muy pocas voces de 
las <iue le componían en los siglos anteriores. La mayor difu- 
sión en España del caló truhanesco, cuya conexión con el de los 
malhechores ofrece tanta intimidad que se confunden, moti- 
vando el que se les haya considerado cual si fueran uno solo, 
á parte de no muchos y no esenciales vocablos carcelarios, pre- 
sidíales ó peculiares de determinados delitos, es debida, según 
iiemoB podido apreciar, al roce continuado entre las distintas 
TOMO 82 10 



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REVISTA DB LEGISLACIÓN 

, y muy principalmente á ciertas costumbres y 
mucha razón censuradas, y por fortuna ya en 
iro que, sobre todo en la juventud, continúan in- 
ciosamente. Las plazas de toros, los cafés y tea- 
en especial aquellos donde se cultiva el gé- 
lan sido, y siguen siendo, vehículos de transmi- 
pesar de las lecciones que diariamente suminis- 
erecido fijar la atención de las Autoridades gu- 
;eptuando al Sr. Moret, que, persuadido de la 
lal, dictó desde el Ministerio de la Gobernación 
tada Real orden, que tal vez por esta causa ha 
1 olvido. En tales sitios, y en otros que por ahora 
os, acostumbran á reunirse los verdaderos tru- 
iienen por único oficio el apoderamiento de lo 
>s que encenagados en los vicios, buscan para 
dtes el trato con la escoria de las sociedades. Las 
bras que de su nauseabundo lenguaje emplean, 
neas de sus labios y tienen lugar preferente en 
iececitas, demasiado naturalistas, que se repre- 
canciones que cantan; y de ellas, principalmen- 
) de toros, hacen uso hasta las personas que por 
arácter debieran rechazarlas. De aquí que el 
también por los criminales que viajan más ó 
riamente, por los afiliados en efímeras asocia- 
Blacionan para la más amplia y segura perpe- 
^os, haya llegado hasta los últimos rincones; y 
n que, al propagarse, vaya perdiendo su impor- 
tninuya su lamentable utilidad, 
le, cual el simbólico y convencional de algunas 
)tas, estaba destinado á no ser conocido sino por 
bien se hace del dominio público pierde su ca- 
bulera significación, y concluirá por ser lo que 
I ritos y signos masónicos. Pero aún transcurrirá 
> antes de que desaparezca por ser inútil. Por 
or lo mucho que contribuye á caracterizar la 



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EeruDioe de sociología criminal 291 

eriminalidad, es objeto del preferente estudio de distinguidos 
c^aítores. cSu conocimiento, dijimos en otra ocasión, puede 
eervir para precaver los delitos, descubrir ciertas inteligencias 
punibles y revelar malignos propósitos. Basta su análisis para 
conocer todas las clases de criminales natos, instintivos y por há- 
bUo, y gentes de mal vivir, sus nsoé y costumbres, la variedad 
dfe negocios á que se dedican, sus aficiones y sus repugnancias, 
las coDMurcas que han ejercido influencia, y hasta la brillante 
imaginación de sus cultivadores.» 



III 



Interesante seria la historia del caló español, determinán- 
dc^la marcha que ha seguido y sus repetidas modificaciones; 
pero como tan curioso trabajo excedería los límites de estos 
mal perjeñados apuntes, nos circunscribiremos á consignar al* 
pmos datos, no muchos, que aun cuando seguramente conoci- 
dos por la generalidad de nuestros ilustrados lectores, no son 
inoportunos ni demasiado molestos. 

Cervantes, Quevedo, Hurtado de Mendoza, Juan de Zava- 
leta. Hateo Alemán, los autores de varios romances que el 
erudito 8r. Duran comprendió en su notabilísima colección, los 
distinguidos escritores que colaboraron en la inmortal obra 
Los Españoles pintados por sí mismos, y en general cuantos cul- 
tivaron el género picaresco, no únicamente retratan en sus per- 
sonajes loe tipos máfl comunes y característicos de las respecti- 
vas épocas, tipos que realmente existieron, no tan sólo trazan 
con mano maestra, con sin igual gracejo, los cuadros de las 
costumbres populares, sino que para dar mayor colorido á sus 
cuadros hacen uso del caló ó de la jerga que se hablaba. A 
ellos se debe^ por lo tanto, el conocimiento, si bien imperfecto, 
que tenemos de la criminalidad en los siglos anteriores al núes* 
tro; criminalidad de la que también dan alguna idea, pero 
may incompleta, varias disposiciones legales: á ellos en su 



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1 



REVISTA DE LEGISLACIÓN 

Bcuencia, habrá que acudir si se quiere conocer la España 
uestros abuelos. Por eso los criminalistas de las nuevas 
3las revisan con celo plausible las obras literarias de los 
ntos pueblos, seguros de encontrar en ellas lo que no en- 
n las obras de Derecho, lo que no puede existir en los Có- 

9. 

tinconete y Cortadillo es la novela de Cervantes, en la que, 
te del Quijote, nos ha dejado la pintura más perfecta de la 
anería de su época. De ella entresacamos los siguientes 
afos, tomados al acaso, pues en realidad debiera y merecía 
arse desde el principio hasta el fin. «Díganme, señores ga- 
3, ¿voacedes son de mala entraday ó no? No entendemos 
azón, señor galán, respondió Rincón. ¿Que no entrevan^ 
res murdost respondió el otro. No somos de Teba ni de 
3ia, dijo Cortado; si otra cosa quiere, dígala; si no, vayase 
Dios. ¿No lo entienden? dijo el mozo, pues yo se lo daré á 
nder y á beber con una cuchara de plata: quiero decir, se- 
B, ¿si son vuesas mercedes ladrones?... Sepan voacedes que 
ero es ladrón de bestias, ansia es el tormento, roznos los 
6 , píimer desconcierto es las primeras vueltas de cordel 
da el verdugo... ¿Están puestas laB postas? Sí, dijo el guía, 
Ganchuelo era su nombre; tres centinelas quedan avizo- 
o, y no hay que temer que nos cojan de sobresalto... Yo, 
andió Rinconete, sé un poquito de floreo de villano; en- 
Jeserae el retén; tengo buena vista para el humillo; juego 
de las sotas, de las cuatro y de las ocho; no se me va por 
lies el raspadillo, herrugueta y el colmillo.,. Estando en esto 
i un muchacho corriendo y desalentado, y dijo: «El al- 
il de los vagamundos viene encaminado á esta casa; pero 
'ae consigo gurulladaí^... 

las, ¿á qué continuar copiando? Bástanos decir que en las 
3 de Cervantes encontramos, entre otras muchas, las pa- 
ís murcio (ladrón), ansia (tormento), rozno (asno), trena 
el)» guras (galeras), avizorar (vigilar), meter dos y ^acar 
(hurtar), flores (trampas del juego), gorja (garganta), sei- 



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ESTUDIOS DE SOCIOLOGÍA CRIMINAL 298 

de la casa llana (prostituta), mojar el canal maestrí) (beber), 
hainel (granuja que servía á los ladrones), avispones (ciertos 
cómplices y espías), garbear (adquirir por malos medios), mo- 
zas del partido (mujeres públicas). 

Quevedo dice en la hora de todos: «Hay rufianes de coren- 
da, que por otro nombre llamamos pajotes..,; unos son soplo- 
nes de la justicia y andan con ella para amparar y tener siem- 
pre guardada su flor. Los estafadores y superintendentes de 
toda, flor, tienen particular noticia unos de otros, y por oficio 
inquirir y saber los hurtos que se hacen cada noche; quienes 
los hicieron y á quiénes robaron, etc. Estos gariteros son gene- 
ralmente hombres de mucha experiencia en el juego, mediante 
lo cual se retiran al ver que otros pierden: avisan inmediata- 
mente con cautela y maña á lou fulleros ó ciertos^ con quienes 
tienen particular correspondencia para que prevengan garrotes 
6 pongan en sazón la flor que usan... Hay en cada cuadrilla tres 
interlocutores: el primero es el cierto ó fullero^ el cual anda 
siempre prevenido con naipes, hechos unos por la harnguilla, 
otros por la ballestilla, otros por monroj, y otros por todas par- 
tes. Úsales muchas veces /modfo^, rayados y pintados... En el 
Buscón, dice, «entendíalo yo entonces regularmente (el juego 
del parar), porque tenía más flores que un Mayo, y barajas he- 
chas lindase, y añade más adelante, «porque á más do ser ju- 
gador era ciertot. Dar muerto llaman quitar el dinero, y con 
propiedad; rébeza la treta contra el amigo; blanco al sano de 
malicia y bueno de voluntad.» 

En el día de flesta por la mañana y por la tarde, consigna 
Juan de Zabaleta, entre otros particulares, los siguientes: «la 
palabra tahúr dice jugador de naipes continuo y desenfrenado... 
Entra en una casa de conversación (hoy casino ó garito), y halla 
hombres que sólo madrugan á hablar: dícele uno de ellos que 
HÍ quiere entretenerse jugando á las tablas..., ajústanse fácil- 
mente, piden naipes, y empiezan á jugar á las pintas. Da al- 
gunos baratos (cuya significación es igual á la actual, y los co- 
braban los mirones ó entretenidos), no todos de buena gana... A 



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:?í=a^ 



294 



REVISTA DE LE6I6LACIÓM 



las oasaB de juego van los hombres con tres ñnes: unos á jugar^ 
otros á entretenerse, y otros á que les den barato. A los últimos 
llaman mirones... Uno de los bien intencionados dice en ver- 
dad que hay muQ^ios capüanes...: en las casas de juego llaman 
á los nuevos blancos, porque entran candidos. De los que han 
cursado algún tiempo, dicen que son negros como la pez.» 

Mateo Alemán, en el Giizmán de Alfarache, novela de las 
más notables en el género picaresco y digna de todo encomio 
por su estilo, profundas sentencias, agudezas sin cuento, es- 
cenas típicas de la época y reflexiones atinadas, no lo es me- 
nos por las costumbres que refiere, por sus acabadas descrip- 
ciones y por los retratos que hace de vagos, mendigos, muje- 
res de vida airaba, truhanes, malhechores de toda especie, 
carceleros, procuradores, ministriles, jueces y demás adláteres 
de la curia, que por cierto no es la que sale mejor librada de 
sus manos, comprendiendo entre los malhechores, asi á loa 
que comenzaban su carrera, como á los que la concluían en las 
galeras ó en la horca. Ck)n Rinconete y Cortadillo^ El Buscón, 
El Lazarillo de Tormes, La Garduña de Sevilla, El Oil Blas y 
otras, forma perfecto cuadro de la delincuencia, pudiendo ser- 
vir á los modernos antropólogos para determinar los caracteres 
de los delincuentes de otras épocas. Muchas páginas habría- 
mos de dedicarle si transcribir y comentar pensáramos cuanto 
en el Chizmán se encuentra más ó menos relacionado con nues- 
tro asunto. Más en la imposibilidad de hacerlo, é impulsados 
por el deseo de ofrecer alguna muestra de tan apreciable obru, 
copiaremos uno de los párrafos que nos ha parecido de loe más 
apropiados. Sayavedra, compañero de Guzmán, al que co- 
menzó robando para concluir siendo su fiel y experto consorte, 
dice á éste, refiriéndole su vida y hazañas: canduve por todo 
el Reyno de Ñapóles gastando de lo que no tenía, hecho un 
gentil picaro, de donde di en acompañarme con otros como yo, 
y de uno en otro escalón salí muy gentil oficial de la carda, 
Hiceme camarada de los maestros, ligúeme á ellos por cubrir- 
me con su sombra en las adversidades, así les anduve sabor- 



k 



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E8TUDI0B DE 8OCIOL0OÍA CRIMINAL 295 

diiiado, porque mi pobreza siempre fué tanta, que nunca tuve 
caudal con que vestirme, para poner tienda de por mí, no por 
falta de habilidad, que mejor Hjera que la mía no la tiene todo 
el oficio; pudiérales leer á todos ellos cuatro cursos de latroci- 
nio y dos de pasante, porque me di tal maña en los estudios 
cuando lo aprendí, que salí sacre. Ninguno entendió como yo 
la dcaUria: fui muy gentil caleta, buzo, cuatrero, maleador y 
marcador, pala, pollo, escolia, estafa y zorro; ninguno de mi 
tamaño ni mayor que yo seis años, en mi presencia dejó de 
reconocerse baj amanero y bahar.:^ 

Como para nuestro objeto estimamos ser suficientes las 
citas anteriores, nada diremos de las interesantes novelas, al- 
gunas de ellas poco conocidas, pero todas de bastante mérito, 
tituladas, Vida de Perico del Campo, por Ramón Ruiz (1792); 
Belación de la vida del escudero Marcos de Obregón, por Vicente 
Espinel (1618); la Pícara Justina, por Francisco López de Ubeda 
{1605); la Ingeniosa Elena, hija de Celestina, por Alonso Jeró- 
nimo de Salas (1612); Falacias y engaños de la Corte, por Luis 
Ignacio Quirol (1744); el Donado hablador y Vida y aventuras 
' de Alonso, por Jerónimo de Alcalá (1624); El día y noche de 
Madrid, por Francisco Santos (1664); Desordenada codicia de 
los bienes ágenos, por Tiffeno; La casa de juego, por Francisco 
Navarrete (1644); Las aventuras del Bachiller Trapaza, por 
Solarzano (1637), y Los vicios de las malas mujeres, por Alfonso 
Martínez de Toledo (1529). Sin embargo, séannos permitidas 
.algonae citas de varios romances comprendidos en su obra por 
D. Agustín Duran. 

En uno de ellos, atribuido á Miguel López, se dice: cHabló 
el jaque en este estilo, — bien sabéis que aquesta casa^^s de 
todo bravo sitio, — de todo sastre aposento, — y de todo motín 
abrigo; — y ha menester esta gente — mascar un poco de pió (be- 
ber vino) — y así podréis tratar luego — de rascaros el bolsillo; 
— y echando mano á la. cerra (bolsa de dinero) — sacó del un 
papelillo,-~que para todo habrá brío — como no se llegue á 
juás — que no ir á escribir con el pino (remar en galera). 



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REVISTA DE LEGISLACIÓN 

Jamarra: «Quen Lavapiés á las nueve— sucedió • 
a:— resistieron á la güira (ronda); — hubo heridas^ 
-por cuya causa se parten — por miedo de las gu- 
...—Saludáronse en efecto,— se brindan y luego- 
una casa de gula (figón)— encontraron con Sil- 
5 también de la carda (los que roban ropa)», 
anee anónimo se lee: «Pícanse de garlo (de ha- 
les entrego — por vida de cario. — La cara amo- 
sífollosa (bolsa), — y al desgranadero — la mano al 
si son guillotes (torpes) — no sentirán nada...— 
í (diestros) — que tienen ya callos; — no en valde 
de rabeo (el hombre que pertenecía á las mance- 
inenguado (desorejado), — mizor de la cerra (zurdo) 
tafado (chapin)». 

, son dignos de mención los dos romances de 
i de Perala á Lampuja, y contestación de éste., 
, Lampuja — que ha dado en chismes el diablo, 
nes y marcas (rufianes, rameras) — nunca ha ha- 
).-— Dejásteme en Talavera— á la soiñbra de un 
)re gafo de los potros (haber sufrido el tormento) 
ie los asnos (azotes). — En las ferias de Torrijos — 
»nun mulato — corchete, fondos zurdo (ladrón á: 
cortado la mano derecha). — Iba delante el bra- 
ro) — ^y detrás el varapalo (alguacil de vara)... — 
>ermeja — se cansó de garandar (vaguear)... — Por 
iafío (monedero falso) — escribí de Madrid, Juan 
jé luminaria — del camino de Alcalá». 
) las copiadas, encontramos, entre otras muchas 
ta (mancebía), sorna (noche), ahogado en zaragüelles 
orea), hijo de tintero (escribano), hechos ó hechizos 
rados), humillo^ raspadillo^ sola^ colmillo^ esp^o de 
impas del juego), dar revesa (ganar un fullero á 
r la flor (descubrir la trampa). 
Eimos la, jerga actual con la de los siglos anterio- 
lal entendemos ser suficiente lo expuesto, ad- 



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ESTUDIOS DE SOCIOLOGÍA CRIMINAL 297 

TÍertense á primera vista las radicales transformaciones que 
ha alindo; variaciones, consecuencia á su vez del importante 
eambio experimentado por la sociedad, principalmente en las 
costumbres, y el haber variado también la organización de los 
Tribunales, las funciones ó atribuciones de las autoridades y 
sus subalternos, los procedimientos y amanerados ritos judi- 
dalfó, las penas, los establecimientos destinados á su cumpli- 
miento, la manera de ser de la curia, los agentes encargados 
de la seguridad pública, etc., etc., por más que estas modifica- 
ciones no hayan sido tan profundas como fuera de desear. Con 
efecto; no pocas palabras y aun frases desaparecieron al mis 
mo tiempo que las del idioma castellano que representaban; 
otras por haber sido abolidas las penas á que se referían, como 
los azotes, mutilación, galeras, exposición á la vergüenza pú- 
blica, argolla, trabajos en las minas, marca, horca, tormen- 
to, etc.; no pocas porque se referían á cargos ó empleos que 
han desaparecido, ó á objetos caídos en desuso; bastantes han 
cambiado de significación, como tahúr, florero; no pocas por 
haberlas sustituido otras, cuales los nombres de los delitos, los 
procedimientos de éstos, las herramientas, las clases de juegos, 
las trampas, los trajes, etc. 

Todo ello demuestra que la criminalidad se compenetra 
intimamente c(»i la sociedad; que aun cuando en perenne lu- 
cha con ella, se identifica con su vida; que está sometida á las 
mismas influencias; que marcha á su lado; y demuestra igual- 
mente que el criminal, si bien generalmente no iguala en inte- 
ligencia al hombre normal, acaso por el influjo del ambiente 
«1 que vive sumido, tal vez por lo difícil de su lucha por la 
«istencia, no carece de aptitudes especiales; que cumple la 
ley de la evolución, y que sabe utilizar, y utiliza, todo cuanto le 
proporciona algún provecho. 

Si encontramos las pruebas en el organismo de sus asocia- 
ciones, en su vida, en sus costumbres, en los procedimientos 
que adopta para cometer los delitos, en los medios á que acude 
para burlar la ley, más claras, más evidentes las suministra 



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REVISTA DE LEGISLACIÓN 

;uaje: nunca mejor puede decirse que el lenguaje es el 
e. 

transformación ha sido radical: en él podría estudiarse 
cha de la delincuencia paralela á la de la civilización; 
3S cambios físicos y psíquicos del llamado sujeto del de- 
1 él los esfuerzos de los poderes públicos para defender 
udadanos. Puede decirse que el revolucionario y fecundo 
IX, lo ha sido hasta en lo sombrío: con él^ desaparecida 
a antigua, ha comenzado el moderno caló. 

continuará.) 

Manuel Gil Maestre. 



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CONSIDERACIONES SOBRE EL DERECHO EGIPCIO 



El origen de Egipto, como acontece con la mayor parte de 
las antiguas civilizaciones orientales, se pierde en las nebulo- 
sidades de la fábula j en las exageraciones de mitológicas le- 
yendas. 

Hasta hace pocos años, ayer puede decirse, las únicas fuen- 
tes de conocimiento que existían para el estudio de esta inte- 
resante, y bajo muchos conceptos, singular civilización, se re- 
ducían á las obras de los clásicos griegos, Herodoto (1) y Dio- 
doro de Sicilia (2), y de Manethon, sacerdote egipcio, y de Jo- 
sefo, el célebre historiador de los judíos, siendo las noticias 
que tales escritores proporcionaban asaz incompletas y contra- 
dictorias. 

Mas desde principios de este siglo van surgiendo una plé- 
yade de hombres insignes, Champollion (3), de Rouge (4), Am- 
pare (5), Lenormant (6), Masperó (7), y antes Mariette, y otros 
muchos egiptólogos franceses, alemanes é ingleses, que merced 
á sus profundas investigaciones, especialmente las del primero, 
que logró descifrar y leer los jeroglíficos egipcios^ ha podido 

<1) Lib. 2.« 

(2) Lib. !.• 

(8) L'Egipte MUS les Pharaons. 

(A) Beoherofaes. 

(5) Voyage en Egypte. 

(0) Histoire ancienne de TOriont, 1885, tomo 3.* 

O) Histoire anoienne des peaplee de rOrieat, ISTft. 



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REVISTA DE LEGISLACIÓN 

casi del todo el edificio de la historia y cultura 
gipto, y proporoionar así al mundo contemporá- 
culo de una civilización cuasi perfecta en épocas 
en épocas en que el actual continente europeo 
) en la barbarie y en la igní^rnncia, y dar á cono- 
;ea todavía imperfectamente, el cuadro de su ori- 
LÓn. 

los egipcios del centro de África ó del interior 
lin el testimonio casi unánime de los escritores 
tenecían á una raza africana, que, establecida 
n la Etiopía, sobre el Nilo medio, fué gradual- 
diendo hacia el mar, siguiendo la corriente del 
asegura que los etiopes colonizaron las comarcas 
uciendo, como prueba de su afirmación, la analo- 
'erno, escritura, organización de la clase sacerdo- 

estas analogías, que tan concluyentes parecían 
, han perdido todo su valor ante el testimonio 
3ntos jeroglíficos. Hoy se sabe, sin género alguno 
lejos de haber colonizado Etiopía á Egipto, fué 
onizó á aquélla, durante la duodécima dinastía, y 
ategrante durante siglos del territorio egipcio. En 
mder la civilización, remontó el curso del Nilo. 
iblia, por otra parte, atribuye á los egipcios pro- 
tica. Misraim, hijo de Cam, hermano de Koush, 

de Canaan, se fijó con sus hijos en las orillas 

os, según recientes investigaciones hechas por 
, Renán, de Rouge y Lepsius, pertenecieron á las 
llamar razas proto-semíticas. Procedentes como 
tro de Asia, pasaron al África por el istmo de 
trando establecida á orillas del Nilo otra raza, 
e negra, la rechazaron al interior, y se posesio- 
)to. 

lesarios inmensos pormenores para dar á conocer 
>8 monumentos nos indican acerca de las costum- 



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CONSIDERACIONES 80BBE EL DERECHO EGIPCIO 301 

bres de loe egipcios. Este pueblo era á la vez agricultor, indus- 
trial y guerrero. El fértil suelo del valle del Nilo hizo que fuese 
numerosa la población que se dedicó á la agricultura; y si las 
máquinas talmente dichas faltaron siempre á los egipcios; si 
la febricación de los objetos de uso diario de la vida la obtu- 
vieron por procedimientos sencillos, los objetos de lujo, á la 
vez elegantes y costosos, se elaboraron muy pronto en aquel 
país, y de ello es buena prueba la multitud de objetos egipcios 
que se contienen en los Museos de Europa; y finísimas telas, 
preciosafi manufacturas de metales ricos, porcelanas, cristales, 
esmalta y mosaicos, habían logrado allí alto grado de perfec- 
ción, exportándose á lejanas tierras; teniendo lugar el comer- 
cio por medio de la permuta y por los metales en lingotes, toda 
vez que desconocían esa mercancía intermediaria á que se ha 
dado el nombre de moneda. 

El carácter de los egipcios era comunicativo y de suaves 
costumbres, cual convenía á un pueblo tan obediente, profun- 
damente religioso y tempranamente civilizado. Tenían gran 
r^eto á los ancianos, á los que se guardaban las mayores con- 
rideraciones. 

Interesantísima es también la escritura de este pueblo, á la 
que los griegos dieron el nombre de jeroglíficos, que quiere de- 
cir escrituras sagradas. Ni los griegos, ni los romanos, durante 
BUS respectivas dominaciones, se cuidaron gran cosa de apren- 
der á leer los escritos de los egipcios, y durante muchos siglos 
han sido im verdadero arcano, uu misterio, hasta que, gracias 
¿ la penetrante perseverancia de Champollión, que realizó 
uno de los más grandes descubrimientos del presente siglo en 
el campo de las ciencias históricas, pudieron fijai?be sobre sóli- 
das bases los principios de la lectura de los jeroglíficos; pe- 
nosa senda que más tarde han recorrido con gloria Lenormant, 
Ampere, de Rouge, Mariette y (3habas, en Francia; Lepsins y 
Braysch en Alemania, y Birch* entre otros, en Inglaterra. No 
eran loe jeroglíficos ima escritura misteriosa y reservada úni- 
camente á la clase sacerdotal^ sino vulgar y común, como lo 



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REVISTA DB LEGISLACIÓN 

I las inscripciones descifradas en toda clase de objV 
i (n los de uso doméstico. Tampoco los jerogliñcos son 
t símbolos, como se pretendió en algún tiempo; hay, ed 
caracteres simbólicos, como hay también caracteres re- 
tivoSf por consistir en el objeto mismo que aparece en 
Bro la mayoría de los que se hallan en todo jeroglifica 
íHcos, es decir, sílabas ó letras que pertenecen á un al^ 
aunque algún tanto complicado, 
más de esta escritura, tenían los egipcios otra cursiva» 
1 inexactamente los griegos llamaron hierática. Sus ca- 
son una abreviación más ó menos alterada de los je- 
>s. En ella se escribieron los registros de cuentas y los 
)s de la décimaoctava y décimanovena dinastías. Y por 
en el siglo vn anterior á Jesucristo, se principió á ufear 
ritura todavía más abreviada, que los griegos llamaron 

bre y rica debió ser la literatura egipcia cuando los 
clásicos hablan con tanta frecuencia de sus produccio- 

el Ramesseum de Kamak se ha encontrado la sala de 
Dteca puesta bajo la protección de Thosh, dios de las 
1 y de las artes, y de la diosa Saf, señora de las letras, 
iadamente no han llegado hasta nosotros sino pequeños 
8 todas aquellas riquezas literarias, en las cuales busca* 
krucción los más grandes escritores de la antigua Gre- 
o con lo que hasta el presente se ha encontrado y se ha 

manuscritos existentes en los Museos de Turín y en el 
$0, basta para formar ide^ de la variedad de materias 
tenían los libros egipcios. Aquel pueblo había llevado 
leíante sus investigaciones en astronomía, geometría, 
la, que era toda ella empírica, filosofía, de cuya ciencia 
srvan restos de una obra, consistentes en fragmentos 

Chabás analizó en la Bevue Árcheologique, trabajo que 
le escrito durante algufio de los primiBros reinados de 
^cima dinastía, y contiene los de dos filósofos, uno de 
es vivía en la época de la tercera dinastía, y otro en 



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CONSIDERACIONES SOBRE EL DERECHO EGIPCIO 805 

la de la quinta, más de tres mil años antes de Jesucristo; razón 
por la que se ha llamado el libro más antiguo del mundo. No 
revela esta obra gran profundidad en su concepción. En ella se 
descuidan las ideas especulativas para hablar de hechos posi- 
tivos; la teoría cede á la práctica; se observa al hombre, con sus 
pasiones, sus hábitos, sus tendencias y sus desfallecimientos^ 
no x>ara formar con su estudio un sistema filosófico, sino con el 
fin de reformar lo que su naturaleza tiene de imperfecta en sí 
misma y de enseñar al alma el camino de una gloriosa éter* 
njdad 

En un pais tan profundamente religioso, como luego obser- 
varemos, están en primer término las obras que á la religión 
ee refieren. Tal es, por ejemplo, la que los egiptólogos han 
denominado BihuU funerario^ pero cuyo verdadero título es Li- 
bro de la inan\/e$tación á la luz. Cuéntase en este famoso libro 
toda la serie de peregrinaciones que el alma, ya separada deí 
cuerpo, está obligada á cumplir en las diversas regiones del 
ciclo infernal, y hállanse también en su texto himnos, oracio- 
nes, fórmulas para todas las ceremonias relativas á los fuñera* 
les y al culto de los muertos. Forma su fondo la doctrina de la 
inmcHrtalidad del alma, pero al mismo tiempo sin que se halle 
una concepción clara de su personalidad. 

Lugar muy distinguido debió ocupar en la literatura egip- 
egipcia la historia, aun cuando se reducen á poco los monu- 
mentos históricos de Egipto que hoy se conocen. Entre ellos no 
carece de importancia el fragmento de una crónica de la expul- 
aiÓQ de los Pastores, con el advenimiento del segundo Impe- 
rio, suceso que tuvo lugar unos 1800 años antes de Jesucristo; 
y la tiene verdadera un papiro conservado en el Museo de Tu- 
rin, y un fragmento de mapa geográfico del tiempo de Seti I, 
1500 años antes de la era cristiana, que comprende la región 
de las minas de oro de la Nubia. Otros papiros, y en particular 
loe del Museo Británico, contienen colecciones de cartas de es- 
cribas célebres, conservadas como modelos de estilo, y en algu- 
nos párrafos contienen datos de interés para la histc^ria. 



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304 BEVI8TA DE LEGISLACIÓN 

Parece que no ha de prestarse mucho la grave y solemnt 
literatura de Egipto á la creación de obras de pura imaginación, 
como las novelas, y sin embargo, también tiene algunas, y ha 
traducido el egiptólogo Mr. de Bougé la más importante de to- 
das las que han llegado hasta nosotros, titulada Historia de dos 
hermanos. 

También se conservan, finalmente, en el Museo de Berlín 
un ejemplar de un tratado de medicina, y en el Británico un 
papiro conteniendo teoremas de geometría. Sobresalían los 
egipcios en la astronomía, acerca de cuya ciencia profesaban 
doctrinas verdaderamente curiosas, y algunas de ellas bastan- 
te exactas. 

El genio de los egipcios se refleja exactamente en el ca- 
rácter general de su arquitectura. Un pueblo que creía firme- 
mente en la inmortalidad del alma, y por tanto en la existen- 
cia de una vida futura; un pueblo que ha conservado sus mo- 
mias más de 4.000 años, había de desenvolver en su arquitec- 
tura las dimensiones que aseguran la solidez del edificio y el 
presagio de su eterna duración. La inmensa anchura de las 
bases es el rasgo peculiar de sus monumentos; muros, pilares» 
columnas, todo, en efecto, en la construcción egipcia, se carac- 
teriza por su espesor é inmensas proporciones. Y como para 
añadir algo á la evidencia de su inmoble solidez, la anchura 
de sus bases es aumentada todavía por una inclinación en ta- 
lud, que da á toda la arquitectura una tendencia piramidal. Así 
es que todos los monumentos egipcios, aun aquellos más cé- 
lebres por sus asombrosas alturas, son, sin embargo, todavía 
más notables por la inmensidad de su anchura, que parece ha- 
cerlos imperecederos y eternos. 

El estilo egipcio es monumental por el laconismo del mo- 
delo, por la austeridad de las líneas y por su parecido con lag 
líneas horizontales y verticales de la arquitectura. Es impo- 
nente, porque es una pura emanación del espíritu; es colosal 
hasta en las más pequeñas figuras, porque es sobrenatural y so- 
brehumano. 



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CONSIDERACIONES SOBRE EL DERECHO EGIPCIO 306 

La pintura conocióse también en este país, por más que los 
egipcios la empleasen únicamente de una manera decorativa. 
Las viñetas del BUual funerario se hallan dibujadas con una 
libertad, una seguridad de mano y im atrevimiento extremos, 
algunas veces con una pureza en los rasgos, que recuerda las 
decoraciones de los vasos griegos. 

Réstanos para terminar nuestro estudio en lo referente al 
arte egipcio, dar una idea, siquiera sea muy breve (como lo pide 
la índole de este trabajo), de los monumentos del antiguo 
Egipto. Los más imponentes por su masa y por su antigüedad 
son, sin contradicción, las grandes pirámides de Gizeh. Se com- 
pone una de ellas de más de 200 hiladas de bloques enormes; 
intacta tenía 152 metros de altura; su base medía 235 .metros 
de anchura, y en fin, las piedras de que se compone forman 
una masa de 25 millones de metros cúbicos. Para aliviar del 
peso inmenso que debía sostener la cámara .destinada al sar- 
cófago real, existen debajo cinco cámaras. La orientación de 
este gigantesco monumento es perfecta: sus cuatro caras cor- 
responden exactamente á log cuatro puntos cardinales. La es- 
finge colosal que se ve al pie de las grandes pirámides y que 
forma como su apéndice , tiene 90 pies do largo y cerca de 74 
de alto; su cabeza tiene 26 pies. 

También son monumentos notabilísimos el famoso labe- 
rinto construido, según Manethon, por un rey de la duodéci- 
ma dinastía; las grutas funerarias, remontándose las más an- 
tiguas á la undécima, y siendo las más notables la de Ram- 
ees IIE, Seti I y Ramsés V; los palacios, citándose con admira- 
ción un edificio, que recuerda á Ramsés II y su familia, por lo 
que Champollion le llamó Ramesseum, el palacio de Amenho- 
tep III y otros muchos, cuyas majestuosas ruinas todavía con- 
templa en Tebas el viajero; los templos, entre los que es el pri- 
mero el Karnak, el Serapeum y otros muchos, que dan idea á 
las modernas generaciones de las creencias de aquel pueblo, 
reflejadas en sus imponentes y severas construcciones. 

Todo ha cambiado muchas veces, después que esos monu- 

TOMO 82 20 



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806 KEVISTA DE LEGISLACIÓN 

mentos se levantaron; costumbres, ciencias, leyes, artes, go-^ 
bierno, religión, y más fuertes que la ignorancia, que la guerra,, 
que la naturaleza, se alzan triunfantes en medió do la destruc- 
ción de los combates y del transcurso de las edades. 

Treinta siglos han pasado ante esas pirámides, y todavía 
la curiosidad del hombre busca el objeto que se propusieron 
BUS autores. Quién, como Tácito, ve sólo en ellas una emulación 
de fausto y de opulencia; otyos, como Plinio, creen que sólo el 
orgullo fué el móvil de sus autores; algunos ven en ellas los 
graneros públicos mandados construir por orden de José, hijo 
de Jacob. Diderot encuentra que las pirámides fueron monu- 
mentos conservadores de ciencias, artes, de todos los conoci- 
mientos. 

Hemos examinado, aunque brevemente, la mayor parte de 
las esferas de la 'actividad del espíritu humano. Resta tan 
solo estudiar, aunque sea á grandes rasgos, uno de Ips fines 
sustantivos, al par que formales, de la vida de un pueblo, la 
religión, para terminar esta primera parte. 

En Egigto había, en realidad, dos religiones: la una para el 
uso del pueblo, que no era otra cosa que una forma exterior de 
la doctrina esotérica, y presentaba un monstruoso conjunto de 
las más groseras supersticiones; y la otra, conocida solamente 
de los que habían profundizado la ciencia religiosa, contenía 
algunos dogmas más elevados y formaba una especie de teolo- 
gía sabia, en el fondo de la cual se encuentra la grande idea 
de la unidad de Dios. Herodoto nos enseña, en efecto, que los 
egipcios do Tebas reconocían un Dios único, que no habla 
tenido principio y no debía tener fin. Esta aserción del padre 
de la historia se confirma por la lectura de los textos sagrados 
del antiguo Egipto, en los que se dice de este Dios: «que es el 
solo generador en el cielo y en la tierra, y que él no ha sido 
engendrado... Que es el solo Dios viv^o en verdad, el que so 
engendra á sí mismo, el que existe desde el principio... que 
todo lo ha hecho y él no ha sido hecho por nadie.» 

Esta idea sublime, reflejo de una revelación primitiva, ha 



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CONBIDEBACIONES SOBRE EL DERECHO EGIPCIO 307 

presidido tal vez á la congtrucción de los más curiosos tem- 
plos de Egipto. Asi al menos podrían explicarse esos grandes 
edificios religiosos de las edades primitivas, sin imágenes es- 
culpidas, sin ídolos, como Mr. Mariette ha descubierto cerca 
de^as pirámides. Desgraciadamente, la idea de un Dios único 
se confundió poco á poco con las manifestaciones de su pode- 
río; sus atributos y sus cualidades fueron personificados en una 
porción de agentes secundarios, distribuidos en una jerarquía, 
concurriendo á la organización general del mundo y á la con- 
secFación de los seres. Así se formó este politeísmo que, en la 
Tariedad y extravagancia de sus símbolos, acabó por compren- 
der la naturaleza entera. 

El espíritu del pueblo egipcio estaba tan preocupado con la 
creencia en una existencia ultratecrena, que creía vislumbrarla 
en mil fenómenos naturales^ sobre todo en el diario curso del 
sol. Le parecía ver reproducirse en la marcha de ese astro las 
transformaciones reservadas al alma humana. El sol, ó como 
decían los egipcios, Ra, pasa alternativamente de la mansión 
de las tinieblas ó de la muerte, á la de la luz ó de la vida. La 
concepción teológica de los egipcios no se limitaba á conside- 
rar al sol como una sola divinidad, sino que lo dividía en otras 
muchas; en su existencia nocturna es Aioum, cuando brilla en 
el meridiano Ea^ cuando nace es Khéper. Estas fueron las tres 
formas de la divinidad solar. 

El antropomorfismo, es decir, la concepción de los dioses 
en figura humana, también era conocido y practicado por los 
egipcios, hasta el punto, como se verá al examinar los atribu- 
tos y prerrogativas de la soberanía, que los mismos Faraones 
eran adorados en vida. 

Otra de las divinidades más importantes de la teogonia 
egipcia era Osiris, el sol del hemisferio inferior ó sol infernal, 
emblema de la otra vida; se le asignaban como asesores las 
doce horas de la noche, representadas en otros tantos dioses, á 
la cabeza de los cuales se colocaba Horus, El mal fué personifi- 
cado también por otra divinidad, Set, llamado otras veces BaaL 



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■^íT^^' 



308 REVISTA DE LEQWLACIÓN 

En el Xitual funerario , anteriormente indicado, existen 
viñetas en que se hallan representadas las diferentes escenas 
de la existencia invisible del alma luego que se separa del 
cuerpo; asi como también en las tumbas y en los féretros d« 
las momias abundan pinturas semejantes. ^ 

En el culto exterior ó público, las divinidades, indefinida- 
mente multiplicadas, se agrupaban siempre por triadas ó gru- 
pos de tres, que aparecían á los ojos del pueblo como la ima- 
gen de la generación divina, con los rasgos de una familia 
constituida como la de los hombres, y compuesta de un padre, 
una madre y un hijo. Cada triada era adorada en el santuario 
de una de las ciudades capitales de las provincias. No habla 
dos que adorasen la misma triada. 

La suprema era la de Tebas, compuesta de Ammon-Ra, el 
dios más grande del culto oficial de Egipto, á partir de la duo- 
décima dinastía, de Mant, la madre divina por excelencia, y 
de ChonSy hijo de Ammon y transformación de éste, puesto que 
en estos grupos divinos el hijo se identifica con su padre. 
Ammon es la forma más elevada y espiritualista que el sacer- 
docio egipcio presentó á la adoración. Es el dios invisible é 
insondable, el resorte que crea, conserva y gobierna al mundo. 

El dios padre en la triada de Memphis era FhatJi, personi- 
ficación de la energía creadora; su esposa era Pascht^ conside- 
rada como vengadora de los crímenes; el Sol era su hijo, en el 
santuario de la vieja capital de las primitivas dinastías. Pero 
de todas estas triadas la que fué objeto de un culto universal en 
todas las regiones de Egipto era la de 0¿tm, Isis y Horus (1). 

El simbolismo era la esencia de la nación egipcia y de su 
religión» El abuso de esta tendencia prudujo la más grosera y 



(1) Entre sus divinidades principales figora también Hermet, oompafien» 
de Osiris, que representaba el desenvolvimiento de la inteligencia divina y 
humana; se le atribTiian todas las invenciones oientiñoas é industríales, 1* 
escritura, la astronomía, la medicina, etc., y según la tradición había ense- 
fiado, las leyes sociales y el culto de las cosas sagradas. 



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C0NSIDERACI0NE8 SOBRE EL DERECHO EQIPaO 309 

moDstraosa aberración del culto exterior y popular de la tierra 
de Misraim. Para simbolizar los atributos, cualidades y natu- 
raleza de las diversas divinidades, los sacerdotes recurrieron á 
ceres del reino animal. El toro, la vaca, el gato, el cocodrilo, 
el hipopótamo, el escarabajo, el ibis, eran los emblemas de 
diversos personajes divinos. De aquí la existencia de animales 
sagrados, cuya muerte se castigaba con severas penas, como 
veremos al estudiar el derecho penal de este pueblo; cuyos 
animales se alimentaban según sus gustos en el templo del 
dios al que estaban consagrados, y después de muertos se 
embalsamaban. Los más venerados de estos animales eran: el 
toro Mnévis, encamación de Oeiris, adorado en Heliópolis, y 
cuyo culto se cree fué establecido por un rey de la segunda 
dinastía; el macho cabrío de Méndes, encarnación del dios 
Khun^ en el que se personificaba la fuerza productora; y final- 
mente, el buey Apis^ encamación de Phath, que tenía el prin- 
cipal culto en la religión de Memfis. 

Tal era la religión del pueblo egipcio, que breve y concisa- 
mente hemos estudiado; una mezcla de algunas verdades su- 
blimes, vestigios de la revelación primitiva, mezcladas con 
concepciones metafísicas y cosmogónicas frecuentemente des- 
ordenadas y siempre grandiosas. 

Hechas estas indicaciones sobre la civilización en general 
del pueblo egipcio, pasaremos á hacer el examen de su de- 
recho. 

(CmUwumráJ 

Francisco Gómez del Cákpillo. 



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HEREDAMIENTOS 



ismo que otras ciencias, tiene, á no dudarlo, 
eos admitidos por todos los hombres, sean 
rcunstancias del lugar y tiempo en que se 
en; y así, no es de extrañar que sujetados 
crisol de la más exigente crítica jurídica, 
tes y luminosos, cuanto más profundo es el 
líos recae. La regla moral y jurídica de que * 
3l autor de sus días protección y amparo — 
o porque en ella se observe lo antes mani- 
laridad que en otras más generales y abs- 
os citar; sino porque tiene una relación 
i epígrafe que encabeza esta* líneas— es, 
3re una máxima inconcusa, que en vano 
, así el persa como el hotentote, el austra- 
^e, escudándose en su diversidad de condi- 
religiosas é históricas, pues independien- 
3stos caracteres, que cambian por completo 
sentir, han de aceptar, quieras que no,. 
s principios de justicia que el Sumo Hace- 
ngulares sobre las que descansa la humani- 
conciencia para que les sirvan de norte en 
su verdadero y adecuado fin. 
ible que los axiomas aludidos se imponen 
|ue no esté perturbada, no es menos exacto 
» trata el hombre de convertirlos en reglas 



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HEREDAMIENTOS 311 

-de derecho positivo para el bien general de la sociedad y en par- 
ticular de la familia, ya que por sí mismos no alcanzan á de- 
terminar los derechos y deberes que en el seno de una y de otra 
nacen, en este caso, no es menos exacto también, repetimos, 
que las más de las veces á la luz deslumbradora de dichos prin- 
cipios sucede la duda y la confusión, no siendo maravilla ob- 
eervar las más encontradas opiniones entre los que se afanan 
para esclarecer tan útiles y transcendentales cuestiones: tal es 
la falibilidad humana. 

El ilustre Domat, en la docta obra Las leyes civiles en su or- 
den natural^ establece entre ellas una división fundamental, 
formando al efecto dos gnipos: leyes que el sabio autor califica 
de inmutables, y leyes que designa con el adjetivo de arbitrarias^ 
no en el sentido de que choquen con los más rudimentarios 
principios que dictan la justicia y la equidad, sino teniendo tan 
sólo en cuenta la diversidad que entre ellas se observa, atendi- 
das las peculiares condiciones en que se encuentra el pueblo en 
que las mismas deben regir. 

Cuando de estas últimas se trata — y creemos que los here- 
damientos deben comprenderse evidentemente entre ellas — 
todo el mérito consiste en determinar primero la necesidad ó 
la razón filosófica de su existencia; y una vez orillado este pri- 
mer punto, ver si el derecho positivo que las contiene— importa 
poco que revista la forma de ley ó de costumbre, siempre que 
ésta sea elevada á la categoría de la primera — corre parejas, no 
fiólo con los principios cardinales y absolutos del derecho, pues 
esta conformidad en algunos casos es insuficiente y aparece 
contradictoria por imponerse los preceptos de la justicia dis- 
tributiva á los más generales y abstractos de la conmutativa; 
Bino también con la esencia íntima de los intereses y necesi- 
dades que regula, teniendo siempre en cuenta el bienestar de 
todos los miembros de la familia, y como consecuenci^de éste 
el de la sociedad en general. 

Comprendemos que es abstruso y arduo el problema; que lo 
•encaman contrapuestos intereses y diversas opiniones; que do 



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REVISTA DE LEGIfiLACIÓM 

te luchan en esta materia— hablamos del heredamien- 
3y ó costumbre que lo autoriza con el amor paterno y 
eptos de la justicia; que juegan también en él impor- 
to papel las afecciones más sagradas é intimas de la fa- 
ue no tienen escaso valor, así para cada hogar en con- 
>mo para el bien común, las múltiples cuestiones eco- 
I que el heredamiento entraña; y que, como consecuen- 
jtas últimas, según sea el sentido en que se resuelvan, 
1 las costumbres, aspiraciones y moralidad de los pue- 

aedio de tantas dudas, no es dable admitir ó rechazar 
as á primeras el heredamiento, sobre todo por ser el 
mo de aquellos problemas que ofrecen á primera vista 

deslumbradores, cual piedra falsa á la luz de esplen- 
dí; lo cual ha hecho que cegados sus panegiristas por 
le los fines, más brillante que sólido, á que según ellos 
ú heredamiento, le han sublimado, considerándole 
régimen familiar que mejor engrana con las costum- 
ida doméstica del pueblo catalán; sin embargo, todas 
anzas provienen, en nuestro concepto, de no haber pro- 
lo con la detención debida y libres de todo prejuicio 
ía intima de la institución que nos ocupa, de tal modo 
ellas no resisten el más ligero embate de una crítica 

razonada. 

lués de lo anteriormente consignado, preguntamos: ¿Es 
I racional, es útil el heredamiento? ¿Sufriría algún que- 
a vida íntima de la familia catalana, si por un mo- 
B eliminase de nuestras leyes esta institución? ¿Los par- 
de la misma, al ensalzarla, han comprendido adecúa- 
e todos los efectos que de ella dimanan, y el genuino 

é interioridades de nuestro hogar? ¿Han reparado asi- 
aue el buen sentido de los jefes de la familia que me 
lia destruido de raíz, y destruye siempre con sus pres- 
les, los sorprendentes resultados que en su sentir surgen. 
3damiento? 



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HEREDAMIENTOS 315 

Duélenos, Bobremanera, no estar de acuerdo en la resolución 
de estas cuestiones con la mayor parte de tratadistas de nues- 
tro derecho; y decimos con la mayor parte, porque no todos, 
especialmente los más conspicuos, entre los cuales 'podemos 
citará los ilustres Fontanella, Cáncer }' Antonio Oliva, son 
partidarios del heredamiento. 

Se nos tachará, tal vez, al conocer nuestro criterio respecto 
á éste, de detractores del derecho catalán, y de poco afectos á 
las tradiciones y costumbres de ésta por más de un concepto 
privilegiada tierra; nada, sin embargo, más opuesto á nuestros 
Fentimientos. Catalán por nacimiento, catalán por carácter y 
catalán por nuestros ideales, hemos sentido siempre franco 
amor por todas las glorias de esta región; y más que los ruido- 
sos hechos de armas, de los cuales puede ciertamente enorgu- 
llecerse Cataluña, nos han atraído con verdadero entusiasmo y 
fruición las nobles tendencias y elevadas aspiraciones de nuch^- 
tros abuelos. 

Esto no empece, sin embargo, para criticar lo que sea digno 
de censura, á pesar de haberse observado por mucho tiempo en 
Cataluña, como con el heredamiento sucede; que servilismo y 
no amor á las instituciones catalanas significarla aprobar por 
sistema todo cuanto éstas consignan; además de que, ante la 
verdad, ridículo es mostrar afecciones, ya que ella á todo se 
impone, debiéndose repetir &a este caso una vez más el cono- 
cídx) aforismo: Arnicus Plato, sed magis árnica veritaa. 

Con lo expuesto, fácil es haber comprendido que no trata- 
tamos del heredamiento bajo el aspecto positivo, ó mejor di- 
cho, de los derechos y obligaciones que el mismo crea; ilustra- 
dos tratadistas tenemos que dilucidan con sumo tacto estos 
imxx)rtantes puntos. Nuestra investigación se dirige á determi- 
nar la necesidad ó razón filosófica de su existencia, su confor- 
midad ó discordancia con la justicia y la utilidad que presta 
en nuestra comarca. 

Al tratar de la antigüedad del heredamiento, no deja de 
ser un dato muy elocuente contra el mismo el hecho de que 



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REVIBTA DB LEGISLACIÓN 

que tan á maravilla resuelve — en opinión de 
-las más nimias cuestiones de familia, no tenga 
icienzudo y casuístico Derecho romano. 
, no obstante, para afianzar sa entronque con 
le en la Novela 19 del Emperador León, sc^u- 
de naturaleza muy análoga á la del hereda- 
se tiene en cuenta el distinto espíritu que in- 
.0 de Oriente del que privó en el que podemos 
derecho romano de Occidente, y que la Novela 
ha estado vigente en Cataluña, á ojos vistas 
ce de todo valor semejante consideración, ale- 
ra sancionar con la antigüedad la institución 
3. Ésta es, pues, exclusivamente catalana; na- 
Qte en el siglo xii, más que de la costumbre, de 
y fué reconocida su validez á mediados del xiv, 
ititución única, tít. 2.^, libro 5.^, volumen 1.^ 
aña, dada en las Oortes de Perpiñán del año 
diga que nada significa no conocerse en Roma 
3, porque dado el carácter del Pueblo Rey y 
inización política y civil, nunca se hizo sentir 
>)nte8taremos á esta objeción — que en más de 
3S visto consignada— que quien se precie de co- 
oente la vida familiar de los romanos, ha de 
esotros que las mismas causas ó necesidades — 
Iguna — que originaron durante la Edad Media 
heredamientos, existieron con mayor apremio 
is acaso que entrado el paier familias en edad 
ndo algún predio — nos fijamos en agricultores, 
cho por varios tratadistas que el heredamiento 
je de esta clase, y no cuando se aplica á la ar- 
itil, con lo cual limitan más de lo que quisie- 
y aplicación — creéis acaso que el paUr familias 
lunstancias no necesitaba del auxilio y apoyo 
s hijos, fuese ó no el primogénito, para llevar 
la empresa en que se ocupaba? ¿Creéis acaso 



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HEREDAMIENTOS 315 

^ue no preocupaban al mismo anciano la conservación, au- 
mento y esplendor de su patrimonio? ¿Creéis acaso que no hu- 
biera deseado también dicho jefe, dado el carácter patriarcal 
4e la &milia que nos ocupa, que sus individuos, sangre de bu 
misma sangre, vivieran bajo el mismo techo^ siendo siempre 
la casa paterna el asilo de la orfandad y de la desgracia? 

Bien sé que estos nobles fines no son prendas exclusivas do^ 
tos catalanes; sino que acompañarán al hombre doquier que 
se halle, ya que el afán de progreso y la mejora de condición 
del mismo y de los suyos son ingénitos á su naturaleza; ¿cómo 
i?e explica, pues,* que existiendo en Roma, lo mismo que en 
todos los demás pueblos, las causas ocasionales del hereda- 
miento, sin embargo, no surge, no se crea semejante institu- 
ción? Fácil es la respuesta: el heredamiento, si ha de estar 
conforme con su esencia, y ha de producir los frutos que sue- 
ñan sus defensores, ha de ser absoluto é irrevocable, de tal 
suerte, que cualquiera modalidad ó limitación que le acom- 
pañe, lo desnaturaliza por completo, como veremos más ex- 
tensamente muy luego; pues bien, ¿qué significa un hereda- 
miento absoluto é irrevocable en el seno de una familia? ¿No 
Téis la desorganización de la misma? ¿No veis el entroniza- 
miento de una nueva autoridad que no se necesita, en primer 
término, ó á lo menos que no es cuerdo que haga ó pueda ha- 
cer cumplir por derecho propio sus mandatos, y en segundo, 
qne por la ley misma es antitética y destructora de la del pa- 
dre, único jefe indiscutible en todo tiempo de la familia? ¿No 
veis que éste en la mayoría de casos, y aun en todos, si el he- 
redamiento ha de ser algo, pierde su ascendiente y autoridad 
deshaciéndose de los bienes, ya que, por desgracia, en nuestros 
malhadados tiempos el poder moral queda poco menos que re- 
ducido á cero^cuando le faltan los bienes, que son su escudo y 
garantía? ¿No veis que á la égida amorosa del padre se susti- 
tuye el interés exclusivo y egoísta, las más de las veces, del 
liernoano? 

Besulta, por lo tanto, que si en la legislación romana no 



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316 REVISTA DB LEGIfiLACIÓN 

existe el heredamiento, debe atribuirse al buen sentido prác- 
tico de aquel gran Pueblo, que jamás consintió, por exigirlo 
asi el régimen natural de la familia, y otras causas que mani- 
festaremos en el decurso de este trabajo, que se levantara 
frente á frente de la autoridad paterna otra que, ni por £ub 
miras, ni por su origen, puede desempeñar el sagrado ministe- 
rio que á ésta corresponde. La misma consideración es la que, 
en nuestro concepto, ha impedido que el heredamiento s« 
adoptase en las legislaciones modernas. 

Mas dejando aparte estas consideraciones históricas, exa- 
minemos concienzuda y detenidamente la institución, para ver 
con claridad lo que en su fondo contiene. 

Fontanella, en la erudita obra De PacHs nuptiaWms, cláu- 
sula 4.*, glosa 6.^, núm. 3.^, al tratar de explicar la esencia- 
del heredamiento, consigna: Dicitur autetn hcerediiamenium^ 
licei revera coniractus sit inter vivos ^ propterea quod censeatur- 
paier donando filio in contractu mairimonii prcevenire diem su- 
premi judicii et illim dispositionem; lo cual significa: Aunque se 
llama heredamiento, es, sin embargo, un verdadero contrato 
entre vivos, por medio del cual se ha de juzgar, haciendo el 
padre donación al hijo que contrae matrimonio la voluntad 
de aquél en el día de su muerte. 

El heredamiento es, pues, una donación entre vivos que se 
hace al hijo en capítulos matrimoniales, teniendo en conside- 
ración el donador el día de la muerte; de lo cual se desprende 
su irrevocabilidad en cuanto participa de la naturaleza del- 
contrato, asimilándose á las disposiciones de última voluntad, 
respecto á que todo lo que en él se estatuye, dice relación al 
momento de la muerte del padre. 

Suponemos que nuestros lectores conocen la división que 
los tratadistas hacen de los heredamientos en puros y condi- 
cionales, y la de éstos — sin que sea decir que puedan existir 
otros — en preventivos y prelativos; que saben también perfec- 
tamente el concepto jurídico que separa unos de otros, y que 
no ignoran asimismo que los puros casi siempre se otorgan ea. 



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HEBEDAMIENT08 317 

favor del hijo que ee caea, y los condicionales en el de los 
hijos que se esperan tener del matrimonio, por cuya contem- 
plación se otorgan las cartas dótales; no significando esto, por 
otra parte, que no pueda otorgarse, y se otorga algunas veces, 
heredamiento puro en favor de estos hijos. Partiendo de esta 
base, omitiremos, pues, la definición de cada uno de los here- 
damientos de los cuales acabamos de hacer mérito, y pasare- 
mos sin más rodeos á la critica de la institución. 

Si el heredamiento, aun en el caso de'existir un solo hijo 
cuando se otorga, y en el de nacer también nada más que un 
hijo en los preventivos y prelativos, es un contrasentido, seme- 
jante improcedencia sube de punto cuando en la familia hay 
varios hijos que conmutativamente tienen opción á gozar de 
los mismos derechos y prerrogativas que el heredado. 

La institución de que hablamos claudica por su base, lucha 
con la sana razón y desatiende los más vulgares rudimentos de 
previsión, cualidad en la que debe inspirarse todo buen legis- 
lador de una familia. Nadie negará que el premio y la recom- 
pensa deben otorgarse solamente á quien por su moralidad, por 
su amor al trabajo, por sus hábitos de economía, por el respeto 
á sus confamiliares y demás prendas de este jaez, se hace 
acreedor á ellos; pues bien, el heredamiento barrena por com- 
pleto este sano y fundamental principio. Así es, en efecto, por- 
que ¿qué significa heredar pura, preventiVk ó prelativamente 
al hijo no nacido todavía? ¿No es exponerse á entregar la he- 
rencia, y con ella la autoridad moral y legal que los bienes 
representan, á una persona que, en vez de ser el consuelo de los 
ancianos padres, desatienda, escudado con la posición que el 
heredamiento le da, los solícitos cuidados á que éstos son 
acreedores, ya por los años, ya por los desvelos que pagaron 
para criar al hijo, que tal vez amargará los últimos días de 
BU vida? ¿No es exponerse á lucha perenne entre el heredado^ 
sus tíos y demás deudos, individuos que por efecto de la insti- 
tución que impugno están reunidos las más de las veces en la 
cas&payral, según sus partidarios, si en vez de albergar aquél 



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REVISTA DE LEGISLAaÓN 

y elevados sentimientos de familia, le guían tan sólo el 
i y el egoísmo, cuando no la perversidad? ¿No es expo- 
en fin, á ver menguar cada día el patrimonio familiar, 
ido á costa de tantos sudores y afanes, cuando la labo- 
d, previsión y economía que el hijo debiera reunir, y en 
í el padre cifraba sus esperanzas, se truecan por la hol- 
jr despilfarro? 

ase, sin embargo, que este peligro é inconveniente no 
i en el heredamiento puro hecho en favor del hijo que 
B matrimonio, porque en este caso el padre ha tenido 
) más que suficiente para apreciar las cualidades del 
lo. jPoco conocen el corazón humano quienes así se ex- 
I La virtud y la abnegación son verdaderas excepciones^ 
sgracia, en este mundo; y la experiencia demuestra en 
s casos que distinto es el proceder de una persona del 
ites observaba, cuando ha alcanzado con carácter irrevo- 
na fortuna que pertenecía al donador; además de que 
es de todos, que por medio del matrimonio en con- 
ición del cual ol heredamiento se otorga, entra en la fa- 
m individuo extraño á la misma, que no siempre guarda 
)adres políticos el respeto y consideración debidos, ya 
3 vínculos naturales con dificultad pueden equipararse á 
ñdos de un contrato; y si en los altercados entre el nuevo 
ito y los padres del heredado ^ no guarda éste energía 6 
icia — según los casos — á toda prueba, lo cual supone una 
sa y virilidad nada comunes, porque es notorio que los 
iel matrimonio son mucho más absorbentes y estrechos 
s filiales, ¿qué valor tienen entonces las buenas prendas 
\o que decidieron al incauto padre á heredarle? 
redar el hijo antes de. nacer, y por ende, antes de apre- 
3 cualidades personales que le hacen digno de esta dis- 
1, ó aun partiendo de la existencia de dichos méritos, 
) por las mil y una contingencias de familia pueden des- 
er, es tan absurdo como dar por resuelto un problema 
Qcógnita no está todavía despejada, y tan candido é im* 



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HEREDAMIENTOS »^1&- 

prudente como erigir una estatua á un hombre en vida, má- 
xime cuando existen en la familia otros vastagos que por sa 
noble conducta debieran y pudieran ocupar con creces el lugar 
que al favorecido se ha asignado, si alguna vez fuese lícito he- 
redar á un hijo. 

Consigna, sin embargo, el distinguido jurisconsulto Sr. Du- 
ran y Bas, en la Memoria que escribió en el año 1883, para 
cohonestar la conservación del heredamiento, del cual se de- 
clara partidario, que «la ley se limita á permitir los contratos 
en que los heredamientos se establecen; nada impone, á nada 
obliga.» Basta fijar la atención en la idea que estas palabras 
contienen, para ver que el argumento que de ellas so quiere 
sacar nada dice en pro de la institución que criticamos. No 
todo lo que las leyes permiten es justo y conveniente; y cuan- 
do se demuestra que con la libertad que éstas otorgan, pueden 
sobrevenir graves conflictos á la entidad que regulan, debe el 
legislador prohibir por completo semejante libertad, aunque 
la reputen buena, por no estar á la altura adecuada para juz- 
gar acertadamente, la mayoría de las personas que pueden usar 
de la laxitud de la ley. 

Partiendo el mencionado autor del supuesto de ser el here- 
damiento una donación universal con causa, y admitiéndose 
ésta en favor de extraños en todas las legislaciones, no sólo en 
la antigüedad, sino que es muy probable continuara en las 
modernas, dice: «lo que es lícito á favor de extraños, bien ' 
puede serlo á favor de los hijos.» Dejando aparte que seme- 
jante donación casi nunca se otorga en detrimento de los hijos, 
tampoco salva este apoyo, en nuestro concepto, la institución. 
Los pactos que se estipulan en las capitulaciones matrimonia- 
les, y con ellos los heredamientos, por el carácter de estabili- 
dad que deben revestir los intereses de la nueva familia que se 
crea, son esencialmente irrevocables; y así como la donación 
iiniversal puede rescindirse por ingratitud del donatario, con 
lo cual se restablece el equilibrio que los fueros de la justicia 
reclaman, no sucede otro tanto con el heredamiento, pues á pe- 



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REVISTA DE LEGISLACIÓN 

iiella grave falta el peligro principal que se con- 
redamiento, el padre que lo ha otorgado, mal que 
B sostener en todo tiempo la efectividad de lo 

la risueña esperanza, contingente sin embargo, 
1 del predilecto, le otorga heredamiento, ó lo que 
le traspasa el conjunto de derechos y acciones 
len en la palabra herencia; de lo que resulta que 
guro en su situación es el hijo, mientras que 
mtes absoluto de sus bienes, legislador autónomo 

que acaba de coronar el edificio de abnegación 
ionándole todo lo que posee, se le entrega poco 
icadenado, si éste no sabe ó no quiere agradecer 
ue el acto espontáneo del padre significa, 
to y cariño problemático del donatario, afeccio- 
L existir siempre independientemente de los bie- 
3, entrega el padre, sin que pueda volver sobre 
otalidad de su patrimonio! 
irrevocabilidad del heredamiento, siendo lo con- 
fie, si no se le quiere destruir, no es dable com- 
determinar la inñuencia que puede ejercer en el 
dadoy con los efectos de la donación universal. 
ú entusiasmo que sienten algunos autores por la 
le comentamos, han comprendido, sin embargo, 
Inerables que presenta; y, para defenderlos ó dis- 
m dicho: «Cierto es que por medio del hereda- 
Ire puede favorecer al hijo ingrato y hasta mal- 
nento del digno y hacendoso, con lo cual comete 
ia; pero le es dable perfectamente evitarla con ei 
ción que la misma ley ó la propia naturaleza del 
> le conceden». 

lé valor tiene este modo de razonar. 
2to al hijo que contrae matrimonio, es obvió que 
lión de la persona del heredado se impone, mejor 
idamiento se otorga á favor del hijo que se casa; 



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HEREDAMIENTOS 821 

luego la elección para las consecuencias venideras, que son las 
que tal vez harían cambiar al padre de resolución, se hace de 
todo punto imposible. Esta consideración demuestra clara- 
mente por si sola que la aplicación y eficacia del salvador de- 
recho de elección, según algunos, queda, cuando menos, redu- 
cida á la mitad de casos. No responde, pues, esta facultad para 
evifar ^os conflictos que pueden derivarse de una elección 
errada é impremeditada, máxime si se tiene en cuenta que 
estos heredamientos son casi siempre puros. 

Pero examinemos si tiene mayor alcance el derecho que 
nos ocupa en los preventivos y prelativos. Nadie negará que la 
mayor ventaja que los encomiadores de los heredamientos en- 
cuentran en ellos, y que les decide casi exclusivamente á de- 
clararse partidarios de esta institución, es el amor é interés 
que el hijo predilecto siente por el patrimonio de la familia, 
avivados aquéllos' por la halagüeña esperanza de ser un día 
dueño absoluto del mismo, lo cual hace que el hijo que se 
halla en este caso, permaneciendo al lado del ya anciano pa- 
dre, que le sirve siempre de experimentado guía y observador 
sesudo en todos los trabajos y negocios en que la familia se 
ocupa, aumenta su actividad, multiplica sus fuerzas, trabaja 
con ardor, ahorra y previene todas las adversidades que podrían 
destruirla herencia familiar, alcanzada á costa de tantos sa- 
crificios y afanes. ¿Puede alcanzarse este tan bello como qui- 
mérico ideal en los heredamientos preventivos y prelativos, 
cuando los padres otorgantes se reservan el derecho de elec- 
ción entre los hijos? ¿Á qué queda reducido el derecho del hijo 
respecto á la fortuna paterna, si aquéllos usan de semejante 
prerrogativa? En la eventualidad de heredarse al hijo, ¿os pa- 
rece que éste observará, sin falta, el proceder que de érespe- 
ran los partidarios de la institución? 

Ife de lamentar que algunos escritores encanecidos en la 
ciencia del Derecho, que en determinadas cuestiones dan rele- 
• vantes pruebas de profundidad y de exquisito tacto, caigan en 
otras, sin darse cuenta, en graves renuncios. 

TOMO 82 71 



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0m^^ 



S22 REVISTA DE LEOIflLAaÓN 

Condicionales por esencia los heredamientos preventivos y 
prelativos, ya que la efectividad del derecho del donatario en 
los primeros, depende del hecho de no otorgar el padre testa- 
mento ni otra especie de última voluntad, y en los segundos, 
de la existencia de prole de ulterior matrimonio; y aun en 
este caso, queda libre de disponer de sus bienes, con tal que 
no herede, fuera del caso ó casos permitidos por esta éfepecie de 
heredamientos á los hijos del segundo enlace, en detrimento 
de los del primero; condicionales por esencia, repetimos, aque- 
llos heredamientos, ¿qué derechos conceden al hijo para que, 
reputándose dueño futuro del haber familiar, sienta el deseo 
de conservarlo y aumentarlo, poniendo á contribución todas 
las facultaded y fuerzas de que dispone? Absolutamente nin- 
gimo. ¿Qué gai'antía tiene, dada la volubilidad de los hom- 
bres, de que los desvelos y fatigas que emplee en el gobierno 
de la familia del padre, vendrá día en que él solo gozará loB 
frutos de su vida atareada y laboriosa? Tampoco la hay. Pues 
bien, si á todo esto añadís el derecho de elección, que aumenta 
notablemente la inseguridad del hijo, y que se indica como 
medio adecuado para evitar los perniciosos efectos del here- 
damiento, decidme: ¿han comprendido con claridad los auto- 
res que presentan tal recurso el alcance y eficacia del mismo? 
¿No han visto que heredamiento y derecho de elección para 
los resultados que esperan del primero, se repelen y destru- 
yen mutuamente? |Á qué conduce la pasión 1 |Búscanse apo- 
yos para una institución que se desquicia, y con ellos se la 
acaba de derrumbar! 

Puede asegurarse, sin temor de equivocación, que los defen- 
sores del heredamiento han visto el problema tan sólo bajo uno 
de sufl aspectos, el menos importante por cierto; pero sin em- 
bargo el más fascinador, si no se consultan los hechos que la 
experiencia suministra y se da rienda suelta á la imaginación. 
La conservación y esplendor del patrimonio familiar, el fo- 
mento y riqueza de la casapayral: he aquí su sueño dorado, el 
alpha y oméga de todos sus argumentos en pro de la institución. 



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HEREDAMIENTOS 323 

Desvanecidos con este fin puramente económico, lo con- 
vierten muy á su sabor, por la influencia que creen hallar en el 
arraigo de la casa, sobre la conducta de los confamiliares, en 
fautor casi exclusivo del bienestar y armonía del hogar, pin- 
tando cuadros de moralidad acrisolada, que no tienen otro de- 
fecto que el de no estar conformes con la realidad. Insiguiendo 
el régimen del heredamiento, ven al padre amado y respetado 
en los últimos días de su vida; á la madre, como justa recom- 
pensa de sus desvelos, venerada cual segunda Providencia; á los 
hijos sumisos y obedientes á la voz del padre, esforzándose á 
cual mejor para aliviarle los múltiples sufrimientos de su ya 
aoliacosa edad; á la nuera solícita y ganosa de captarse el ca- 
riño y consideración de sus padres políticos, prodigándoles to- 
dos los consuelos y atenciones que su estado requiere; á los nie- 
tos, ¡oh, los nietosl al lado siempre del abuelo, haciéndole ex- 
perimentar, segunda vez, las dulzuras de la paternidad; á los 
tios, si no so casan, formando parte de la familia, con tanto 
interés ó mayor, si cabe, que el primogénito para aumentar el 
lustre y buen nombre de la casa, quedando en ella, cuando fa- 
llecen, sus ahorros, sus dotes ó sus legítimas, que casi nunca 
detraen, aumento nada despreciable del acervo común; y si al- 
guno de los hijos, os dirán también, no siente vocación para la 
vida agreste do su hogar ó acaricia la idea de lucro y especu- 
lación, emprende con notable aprovechamiento una carrera, ó 
ee lanza allende los mares, lejos, muy lejos de su tierra, á atre- 
vidas empresas, y en uno y otro caso, al cabo de algunos años, 
regresa á su país natal colmado de honores y riquezas, que igua- 
lan cuando menos á las del hermano que ha quedado en casa 
para perpetuar el nombre y rango de la familia... j Cuánta bon- 
dad y ternura para algunos! ¡Cuánta ilusión y candidez! excla- 
mamos nosotros. 

Tosca es nuestra pluma, pero si nos propusiéramos describir 
lo que pasa en el seno de la familia cuya ley es el heredamiento, 
excepción hecha de alguno que otro caso aislado, debido, no 
á la eficacia de esta ley, sino á causas muy distintas, pondría- 



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WJBTA DE LEGISLACIÓN 

ístros lectores escenas que, ni pot asomo, 
adas, y qué de seguro convencerían, no so- 
)s, como sucede con éstas, sino particular- 
)cen á fondo nuestra íntima vida de fa- 
el hijo heredado se reputa las más de las 
de los bienes; que el padre, despojado de 
éstos le conferían, es poco menos que des- 
con el epíteto de roncero y considerado 
gravosa "á la familia; que sus maduros con- 
daderas chocheces; que los nietos, por el 
er del primogénito, no son simpáticos al 
con glacial indiferencia, si no desprecio, 
; que los segundones, que tienen asignada 
patrimonio, ante la seguridad de que tra- 
lado del hermano, éste se aprovechará de 
m formando familia aparte, ejemplo que 
vía siguen los tíos; y si alguna vez los pri- 
harto sentimiento de los padres su hogar, 
notas regiones, de donde sabe Dios si re- 
Bus días á distancia enorme de la tierra 
Q amparo de nadie y tal vez en la mayor 
3 lo hagan por afán desmedido de tesoros, 
lado en la casa paterna el abrigo y cariño 
ella, en sentir de los partidarios del he- 

intura que de los efectos de los hereda- 
os autores es real en alguna familia, debe 
íaciade éste, sino al alto grado de mora- 
viduos caracteriza; equivocan, pues, la 
sultado; y es bien seguro que si se sujo- 
un régimen mucho más vicioso todavía 
la tranquilidad y armonía domésticas no 
ibargo. La injusticia y la imprevisión— 
e el heredamiento lleva ó puede llevar 
futos— jamás producirán el orden; es 16- 



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HEREDAMIENTOB 825 

gico afirmar, por lo mismo, que no reuniendo los que se cobi- 
jan bajo el mismo techo el desinterés suficiente para hacerse 
superiores á las ambiciones y rivalidades que surgen del here- 
damiento, más que la paz, se alcanza con él la desorganiza- 
ción completa del hogar. Si el padre no olvidara que se debe á 
eos hijos; si éstos comprendieran que jamás so honrarán tanto 
á si mismos como venerando á sus padres; si el hermano obser- 
▼ase siempre los sagrados deberes que la naturaleza y la reli- 
gión le imponen para'^con su hermano; si los demás deudos 
reflexionaran que todos ellos provienen del mismo tronco, al 
cual unió el afecto reciproco, y que era su deeeo verlo perpe- 
tuado en su descendencia; en una palabra, si el amor y tan sólo 
el amor fuese el acicate que moviera á todos los miembros de 
la familia — ^y no se crea que soñamos un estado de perfección 
absoluto; sino que nos contentamos con lo que al hombre se 
puede exigir sin salir de su condición — entonces el hereda- 
miento estaría en su lugar. Dejo á la consideración de mis lec- 
tores, dado el mal llamado positivismo de nuestros días, á qué 
grado llegan el sacrificio y abnegación familiares; y de ello sa- 
carán la consecuencia' de si es posible admitir como ley del 
hogar un institución que entroniza el egoísmo y la envidiai 
cuando aquéllas no están muy aferradas. 

Los preconizadores del heredamiento parten de una base 
falsa; suponen en la familia un refinamiento de moralidad 
que no existe; y de aquí resulta que la institución que tanto 
ensalzan, ha de dar necesariamente en la práctica resultados 
contraproducentes. Examinen á fondo el sübstractum del here- 
damiento y los hechos que todos los días nos muestra la vida 
real, y cambiarán, sin duda, de opinión. 

Hay más todavía: eí respeto y consideración filial no deben 
tener otra causa ni origen que la paternidad y las virtudes del 
que nos dio el ser; al padre debe honrársele sólo y exclusiva- 
mente porque es padre; y mal andan los tratadistas de derecho 
civil que quieren granjearse el cariño de los hijos, por el inte- 
rés que á éstos tiene, con los atractivos de un cuantioso patri- 



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REVISTA DE LEGISLACIÓN 

1 heredamiento sucede. |Se sustituye la pie- 
[ficio por deleznable arena: los bienesl |E1 
trueca por la hipocresíal 
una prueba irrecusable de que el hereda- 
itución mala y de que no conviene á Cata- 
arla. 

le los heredamientos de que venimos ocu- 
an en capitulacioneg* matrimoniales; y por 
le de esta clase hayan pasado por vuestros 
o en ellas una serie de reservas^ que llaman 
atención. 

le la reserva para testar, pues aun cuando 
sideraron necesaria en las donaciones uni- 
altamente inmoral que una persona en el 

tuviera de qué disponer, efecto que puede 

1 el heredamiento puro y absoluto, y por 
Igo en favor de nuestras ideas; sin embargo, 

valor casi puramente histórico y por ello 

remos de la facultad que se reservan los pa- 
a dotar á las hijas y colocar á los hijos con 
bienes del patrimonio; limitación poco me- 
que es doctrina admitida la de que el here- 
> perjudicar la legítima de los hijos; pero si 
itención de un modo particular sobre la re- 
sobre la de poder vender el padre, en caso 
!ual parte del patrimonio, y sobre la tie dis- 
mismo, sin consentimiento ni intervención del 
alidad de sus bienes. 

nes demuestran patentemente la grave des- 
dre tiene respecto al futuro comportamiento 
:>n la salvaguardia de que usará el día en que 
rsele; garantía á que los jefes de familia ca- 
jue ampararse, aleccionados por los lamen- 



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HEREDAMIENTOS 327 

tablea efectos que el heredamiento ha producido on determina- 
das familias. Se reservan el usufructo, para que en ningún caso 
tengan que pedir alimentos que por derecho propio les corres- 
ponden, acto que, más que petición, sería humillación degra- 
-dante para el padre; se reservan vender en caso de necesidad» 
porque bien les consta que, en la mayoría de casos, el donatario 
Be haría el sordo á su lacería, prefiriendo la conservación del 
patrimonio heredado al socorro del padre; y, en fin, ge reservan 
-casi siempre — el que no lo hace peor para él — la facultad de 
disponer libremente de lo donado, con el fin de evitar que el 
que constantemente debiera estar sumiso á sus órdenes, no 
venga día en que se les sobreponga, reduciendo su autoridad 
de amo y señor poco menos que á la condición de criado. 

Se objetará, sin embargo, si los heredamientos tienen estos 
peligros, fácil es prevenirlos y evitarlos: otórguense todos con 
aquellas reservas. 'Quien así hable, de seguro no habrá compren- 
dido el alcance de éstas, y especialmente de la última. ¿Qué es 
un heredamiento, consignada la libertad de poder disponer el 
donador de los bienes? ¿Es más que una esperanza que en todo 
momento puede frustrarse, con fundamento ó sin él, según sea 
la voluntad del padre? ¿Qué amor á los intereses familiares 
puede inspirar al heredado un derecho incierto? ¿Qué le impor- 
tarán el fomento y conservación del patrimonio ó casa payraly 
ñi sabe que sobre su heredamiento pesa una cortapisa de tal 
naturaleza? ¿Puede reputarse heredado el gravado con esta re- 
serva? ¿No es verdad que el heredamiento, por virtud de la 
misma, queda absolutamente anulado en su esencia y efectos? 
¿Qué hacen, pues, los padres de familia catalanes precavidos y 
prudentes cuando otorgan un heredamiento? jDestruirloI 

Esto es lo que enseña la experiencia á los que, ya por sis- 
tenaa de aprobar todo el contenido de nuestro Derecho civil, ya 
guiados por el aspecto deslumbrador del heredamiento, se han 
declarado partidarios del mismo. Amarga lección, por cierto, 
dada precisítmente por personas profanas en la materia; pero 
que viven dentro de aquella institución y que á toda hora y á 



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Z'2S REVISTA DE LEGISLACIÓN 

todo momento experimentan sus resultados y aquilatan su 
* valor. 

Dicho proceder basta, en nuestro concepto, para juzgar de 
una institución; y no dudamos que los tratadistas que nueva- 
mente analicen, con severo criterio y libre el espíritu de todo 
prejuicio, los fundamentos que tuvieron en cuenta para aceptar 
el heredamiento, verán que los mismos flaquean, que no resis- 
ten á la serena razón, y exclamarán con nosotros: el hereda- 
miento puro, en principio, es ó puede ser injusto, en sus resul- 
tados, el fautor de la discordia familiar; el condicional, preven- 
tivo ó prelativo, nada significa en cuanto á los efectos que se 
esperan del heredamiento; no es útil ni conveniente á Cata- 
luña, ni á ninguna nación ó comarca, esta institución; en Ca- 
taluña casi no existe de hecho el heredamiento, pues cuando se 
otorga, se destruye con las reservas que se le añaden; nuestra 
regióh nada perdería con la supresión del heredamiento, porque 
tiene la herencia testamentaria con amplia libertad para el pa- 
dre, la cual reúne todas las ventajas del heredamiento, si es que 
éste tiene alguna, y ninguno de sus muchos inconvenientes. 

Podríamos combatir la institución que nos ha ocupado baja 
el aspecto económico; pero daríamos una extensión desmetu-, 
rada al presente trabajo, razón por la que es probable que en^ 
otro artículo tratemos de tan importante tema. 

J. Admetlla y Balsells. 



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BIENES RESERVABLES * 



IV 

CUÁNDO NACE Y CUAnDO CESA LA OBLIGACIÓN DE RESEBVAB 
(Artioalo» 908, 980, 970 y 971 del Código civil.) 

La obligación de reservar comprende dos casos distintos, 
^^ún que la motive un segundo matrimonio, ó el reconoci- 
miento de un hijo natural. 

En el primer caso, los bienes toman la cualidad de reserva- 
bles desde que se adquieren; en el segundo, desde el nacimiento 
de ese hijo natural, siempre que en ambos casos existan hijos 
ó descendientes del primer- matrimonio, y bienes de la clase 
de loe reservables, cuando esos hechos se producen. 

Pasan á ser reservados los bienes cuando el viudo ó viuda 
contrae segundas nupcias, ó cuando, en estado de viudez, re- 
conoce un hijo como natural, ó se le declara judicialmente tal 
hijo. 

Para mí, por consiguiente, el reconocimiento del hijo na- 
tural, no su nacimiento, equivale al segundo matrimonio, y en 
este caso (el del art. 980), la obligación de reservar sólo surte 
efecto desde el nacimietito de ese hijo, no desde la adquisición 
por titulo lucrativo de los bienes que tienen tal carácter. 

Un atento estudio del art. 980 del Código civil, en relación 
con loe anteriores que se ocupan de las reservas, ha llevado á 

* Véate la p¿g. 615 del tomo 81 y 126 de este tomo. 



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EVTSTA DE LEGISLACIÓN 

ncimiento. Además, las palabras y el es- 
jpugnan esta interpretación, 
así: «La obligación de reservar impuesta 
[culos, será aplicable al viudo ó viuda que, 
segundo nuxirimonio, tenga, en estado de 
ral reconocido, ó declarado judicialmente 

1 surtirá efecto desde el día del nacimiento 

apone de dos párrafos. El primero extiende 
jrvar al viudo ó viuda que reconozca un 
declare tal judicialmente. El segundo ex- 
lurte efecto esa obligación. 
1 articulo es bien desdichada. Las frases 
ral reconocido» y «surtirá efecto», se pres- 
•retaciones, y dan lugar á fundadas dudas. 
L dice que parecen inconciliables sus dos 
nente, esa es la primera impresión que su 

le el artículo exige en el primer párrafo el 
voluntario, sea impuesto judicialmente, y 
ia, y no la del nacimiento, es la que, según 
ido matrimonio; obsérvese también que en 
rae al nacimiento los efectos de la obliga- 
ue todo el secreto de la solución está en 
efecto». ¿Podían seguirse las reglas gene- 
[ue sí. Sin embargo, la ley quiso limitar en 
j y que no produjesen efectos desde la ad- 
íes como cuando media segundo matrim^o- 
el nacimiento del hijo natural; por eso sin 
párrafo segundo, que hubiera sido igual- 
ismo en el caso de que hubiesen de apli- 
rales que en el de deber entenderse que el 
i á las segundas nupcias. Si lo primero, el 
is. Si lo segundo, se habría dicho en el 



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BIENES RESEBVABLEg 331 

primer párrafo que existía también la obligación de reservar 
por el nacimiento de un hijo natural tenido en estado de viu- 
d^, siempre que ese hijo fuese reconocido ó declarado judi- 
cialmente tal. Si el hijo natural no se reconoce, no es legal - 
mente tal hijo con relación á su padre, y mal puede, su sim- 
ple nacimiento producir la obligación de la reserva. 

Claro es que si el reconocimiento se hace al nacer el hijo» 
86 confunden los dos tiempos, y no puedo haber cuestión al- 
guna. Pero, si, como puede ocurrir, el reconocimiento ó la de- 
claración judicial es posterior, la duda es muy fundada. En 
este caso, ¿son ó no subsistentes las enajenaciones hechas por 
el viudo ó viuda en ese tiempo intermedio? El art. 980 sólo 
dice que la obligación de reservar surtirá efecto desde el día 
del nacimiento del hijo. ¿Cómo ha de entenderse la frase sur- 
tirá e/ecio? Esta es la cuestión. 

Lo primero que ocurre preguntar es esto: ¿Cuándo surte 
efecto la obligación de reservar en el caso de mediar segundo 
matrimonio? Podría contestarse que al realizarse las segundas 
nupcias, que es el momento en que la ley declara ya insubsis- 
tentes las enajenaciones de inmuebles, se forma inventario, se 
anotan las fincas, etc. Pero esta contestación no sería exacta, 
porque entonces nunca surtía efecto la obligación de reservar 
•en cuanto á los bienes muebles, y además, serían absoluta- 
mente válidas las enajenaciones de inmuebles hechas por el 
TÍudo ó viuda antes de contraer segundo matrimonio, siendo 
así que, si bien la ley respeta los derechos del adquirente, im- 
pone al enajenante determinada responsabilidad. 

Luego antes de contraer segundas nupcias ya produce efec- 
tos la obligación de reservar; luego, aunque esas segunda» 
nupcias sean el hecho determinante que convierte á los bienes 
en reservados, mediante él, los efectos de la obligación se re- 
trotraen, y empiezan á aplicarse desde la adquisición de los 
bienes; luego la obligación de reservar surte efectos, por regla 
general, desde que los bienes se adquieren, ya procedan del 
cónyuge premuerto ó de los hijos por título lucrativo. 



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REVISTA DS LEGISLACIÓN 

mismo modo la reserva motivada por el reconocí^ 
Q hijo natural, surte sus efectos desde el nací- 
se bijo, es decir, nace cuando nace el hijo, pero no 
la hasta que, voluntaria ó judicialmente, sea re- 
. cónyuge sobreviente que no contraiga segundo 
teniendo hijos del primero y bienes de la clase 
es, puede enajenarlos sin limitación ni obligación 
a tanto que en estado de viude^ tenga un hijo na- 
que éste nace, sus facultades se limitan, y por 
)ce ese hijo, ó judicialmente se le declara hijo na- 
lajenaciones de muebles ó inmuebles que haya 
i el tiempo que pueda mediar desde el día del na- 
del reconocimiento ó declaración, se sostienen; 
D ó viuda tiene que asegurar el importe de su va- 
ñón en favor de los hijos del primer matrimonio^ 
que expresa el art. 978 del Código civil, 
reconocido el hijo ó declarado judicialmente na- 
cunstancias cambian; ya hay un hecho público,. 
3omo las segundas nupcias, que puede ser por to- 
S y por eso no subsisten desde entonces las enaje- 
inmuebles, si á la muerte del padre natural que- 
3 con derecho á los bienes reservables. 
ndolo así, se desvanece la injusticia qu^ parecía 
M. 980, y desaparecen sus dudas. ¿Cómo, si no, se 
le pudieran resolverse las enajenaciones hechas an- . 
iocimiento? ¿En virtud de qué principio de justi- 
iesposeer al adquirente de bienes inmuebles por 
aadie pudo conocer, por el ignorado nacimiento de 
iral y un reconocimiento que nadie podía preveer? 
pretación que este artículo presentaba á primera 
motivó las dudas del Congreso de Registradores 
el Sr. López Mazón tenía razón al decir: «De to- 
3sulta que si la obligación de reservar surge el día 
ito, no es posible pedir que se cumpla sino desde 
conocimiento. 






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BIENES RESERVABLE8 

CJuandü la obligación de reservar no se produce, no nace, 
no se puede decir que cesa; por eso si no quedaron hijos del 
primer matrimonio, ó no hay bienes de la clase de reservables, 
no se puede decir que cesa la obligación. Pero si á la muerte 
del bínubo y del viudo ó viuda que tuvo en estado de viudex 
un hijo natural de los expresados, no quedan ya hijos ni des- 
cendientes del primer matrimonio, no quedan personas que 
puedan hacer valer ese derecho, entonces sí cesa la obligación 
por no haberse cumplido la condición legal. (Art. 971 del Có- 
digo civil.) 

También cesa, si esos hijos ó descendientes, siendo mayo 
res de edad, renimcian expresamente el derecho que les da la 
ley. (Art. 970.) Digo hijos ó descendientes, aunque el Código 
sólo habla de hijos, porque así parece lo natural, ya que uno» 
y otros tienen el derecho, y porque ha do interpretarse esta 
materia en sentido restrictivo para la reserva. 

Nada mág natural que el que tiene un derecho pueda re- 
nunciarlo; pero este modo de determinar las reservas no es ya 
tan sencillo y de iácil aplicación como el primero. ¿Cuándo 
debe hacerse la renuncia? ¿Podrá hacerse desde que está pen- 
diente la condición resolutoria hasta que se cumpla ó no se 
<;umpla? ¿Y si al renunciar los hijos quedan nietos, hijos de 
esos hijos, y son en su día los que tienen derecho á los bienes 
por muerte del renunciante? Aunque la ley nada dice sobre 
«sto, sin duda para que ningún artículo dejase de ofrecer al- 
guna dificultad en su aplicación, es de suponer que la renun- 
cia sólo podrá ser admisible, — para el efecto de extinguir la 
obligación de reservar, — cuando se hace al cumplirse la condi- 
ción y perfeccionarse el derecho. Muerto el bínubo y que- 
dando hijos ó descendientes, los bienes reservables deben pa- 
sar á ellos; entonces, que es cuando adquieren en definitiva el 
derecho, es también cuando pueden renunciarlo. Antes sólo 
existe una esperanza. 

Parece que esta interpretación ofrece alguna, dificultad. El 
art. 970 dice: tCesará la obligación de reservar», y por la re- 



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334 REVISTA DE LEGISLACIÓN 

iiuncia hecha cuando ya se ha cumplido la condición, ésa obli- 
gación no ha cesado nunca, porque el binubo la ha tenido^ 
hasta su muerte, y una vez muerto, claro que ya no tiene obli- 
gación de reservar. Además, para esa fecha el Código no tenía^ 
necesidad de decir que los adquirentes podían renunciar, por- 
que eso ya se sabía. ¿Se referirá á una renuncia anterior hecha^ 
en el tiempo intermedio desde que el viudo ó viuda contra©- 
eegundas nupcias hasta su fallecimiento? 

Creo que no. Es verdad que dan lugar á duda las palabras^ 
del Código. El art. 970 dice que cesa la obligación de reservar, 
y el 971 que cesa la reserva; pero uno y otro tratan de los mo- 
dos de extinguirse las reservas, y el art. 970 concede el dere- 
cho de renunciar á los hijos mayores de edad que tengan deí'echo^ 
á los bienes. Algo vago es esto: ¿derecho definitivo ó eventual? 
Sin embargo, parece indicar que hasta que ese derecho sea de- 
finitivo, hasta que se sepa á quién corresponde, la renuncia ea 
prematura; sería parecida á la de la fábula de la zorra y las 
uvas. 

A pesar de creer ésta la opinión más acertada, no me satis- 
face por completo, porque tal vez por algo diga el Código en. 
un caso que cesa la obligación de reservar, y en otro que cesa 
la reserva; porque pudiera ser intencional el dar ese derecho á 
los hijos y no á los descendientes, aunque parece rara esta dis- 
tinción, y porque no hay inconveniente en admitir que los hi- 
jos que tengan el derecho eventual al verificarse las segundas 
nupcias, lo renuncien, ya su renuncia lleve implícita la de sus 
respectivos descendientes, ya recaiga en éstos por virtud d© 
ella el derecho y puedan á su vez renunciarlo. . 

De todos modos, la renuncia de uno no perjudica á los de- 
más, y producirá el efecto de dejar libre la parte que al renun- 
ciante pueda corresponder, si alguna llega á corresponderle. 
Esto también se presta á dudas y dificulta lo relativo á la hi- 
poteca para asegurar los bienes reservables. Si todos renuncian^ 
bien; pero si sólo renuncian algunos, ¿cesa en parte la reserva, 
ó continúa íntegra á favor de los que no renunciaron? Falta 



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BIENES REflERVABLES 335 

hace, por coQsigoiente, que se aclare por la jurisprudencia esta 
cuestión. 

El mismo art. 970 añade que también cesa la obligación de 
reservar cuando se trate de bienes dados ó dejados por los hijos 
á su padre ó madre, sabiendo que estaban segunda vez ca- 
sados. 

Pero esto no es propiamente que cese la obligación de re- 
servar, sino que no nace. ¿Ocurrirá lo mismo con lo de la re- 
nuncia? ¿Será que no nace esa obligación cuando los hijos ma- 
yores de edad renuncien desde un principio? No por eso dejan 
de existir las dificultades expuestas. 

Debemos alabar el párrafo segundo del art. 970, que limita 
algo las reservas, huyendo el legislador de conceder á los des- 
cendientes más protección que la que los mismos interesados 
quisieron prestarles, y por esto, si alguno de los hijos, cons- 
tándole el segundo matrimonio de su padre ó madre, quiso de- 
jarles ó cederles gratuitamente parte de sus bienes, con pre- 
ferencia á sos hermanes ó sobrinos, es justo que la ley no im- 
imponga entonces la obligación de reservar esos bienes. Sin 
embargo, esto no puede referirse á lo que el padre ó madre ad- 
quiera de sus hijos por herencia intestada ó por vía de legí- 
tima, porque entonces no son los hijos los que dan ó dejan los 
bienes, sino que es la ley quien les impone la obligación de 
dejarlos, y, por tanto, no puede presumirse una voluntad que 
no puede existir. 

También cesa la reserva cuando al fallecimiento del bí- 
nubo queda sólo un hijo ó varios desheredados justamente y 
sin descendientes. Así se desprende de la última parte del ar- 
tículo 973. 

V 

MEDIOS DE ASEGURAR Á LOS HIJOS LOS BIENES RESERVARLES 

El Código se ocupa de esta materia en los artículos 977 
y 978; pero por su evidente enlace con la ley Hipotecaria, es 



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836 IIEVISTA DB LEQISLAOlólf 

necesario estudiar también, aunque sólo sea ligeramente, laa 
disposiciones de esta ley. 

El art. 977 dice así: «El viudo ó viuda, al repetir matrimo- 
nio, hará inventariar todos los bienes sujetos á reserva, anotar 
en el Registro de la propiedad la calidad de reservables de los 
inmuebles, con arreglo á lo dispuesto en la ley Hipotecaria, y 
tasar los muebles.» 

«Art. 978. Estará además obligado el viudo ó viuda, al re- 
petir matrimonio, á asegurar con hipoteca: 

>1.^ La restitución de los bienes muebles no enajenados, en 
el estado que tuviesen al tiempo de su muerte, si fuesen para- 
fernales ó procedieren de dote inestimada, ó de su valor, si pro- 
cediesen de dote estimada. 

»2.® El abono de los deterioros ocasionados ó que se oca- 
sionen por su culpa ó negligencia. 

t3.^ La devolución del precio que hubiese recibido por los 
bienes muebles enajenados, ó la entrega del valor que tenían 
al tiempo de la enajenación, si ésta se hubiese hecho por tí- 
tulo gratuito. 

>4.^ El valor de los bienes inmuebles válidamente enaje- 
nados.» 

La ley Hipotecaria establece, como ley adjetiva en esta ma- 
teria, la forma y requisitos de la constitución de hipoteca. 
Aunque ee haya variado la legislación sobre bienes reserva- 
bles, esto importa poco. Sean cuales sean esos bienes, ha de 
asegurarse á los hijos y descendientes su derecho, bajo las ba- 
ses que el Código marca, y con arreglo á lo dispuesto en la ley 
Hipotecaria, según expresa el art. 977. Pero esas bases pueden 
contradecir en algo las disposiciones de la ley Hipotecaria y 
su reglamento, y en este caso son preferentes las reglas del 
Código, como posteriores. 

Antes, sin embargo, de examinar la forma, estudiemos las 
bases, que por cierto olvidan el caso de que los bienes se ad- 
quieran de los hijos después de contraerse el segundo matri- 
monio. 



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BIENES BESERVABLE8 837 

Blart. 977 exige: 1.*^, un inventario especial de los bienes 
que puedan existir y tengan la cualidad de reservables; 2.^, 
tasación de los muebles; y 3.^, anotar en el Registro, respecto 
á los inmuebles, la circunstancia de quedar reservados en fa- 
vor de lofl hijos y descendientes del primer matrimonio. 

Aunque no es lo mismo en el lenguaje de la ley Hipoteca- 
ria, anotación que nota, ni, por tanto, anotar y extender nota 
marginal^ creo desde luego que el art. 977, lo que exige res- 
pecto á los inmuebles, es que conste su naturaleza y la obliga- 
dÓD á que están afectos por medio de nota. La anotación cona- 
titoiría una novedad innecesaria, y no se ajustaría bien á loa 
moldes del art. 42 y siguientes de la ley Hipotecaria; y ade- 
más, habiendo de hacerse con arreglo á lo dispuesto en esta 
ley, como exige el art. 977, y marcándose allí hasta la forma 
en que ha de extenderse la nota marginal, es evidente que en 
este sentido emplea el Código la palabra anotar. 

Hasta aquí no hay contradicción, porque á pesar de que en 
la legislación anterior no subsistíanlas enajenaciones verifi 
cadas por el viudo antes de su segundo matrimonio, la ley Hi- 
potecaria tampoco exigía ése inventario ni esa nota marginal 
hasta después de celebradas las segundas nupcias, ó hasta que 
los bienes se adquiriesen, si esto ocurría después. 

El ait. 978, que quizás con menos palabras hubiera resul- 
tado más claro, establece los bienes que, como reservables, han 
de asegurarse con hipoteca. 

Su número primero da que pensar; sus distingos tienden 
por lo menos á complicar un asunto que debiera ser sencillo. 
Se refiere al viudo y á la viuda, y á los bienes muebles no 
enajenados que fuesen dótales ó parafernales. El art. 977 or- 
dena la tasación de todos los muebles reservables. Parece, 
pues, que el número 1.^ del 978 hubiera estado más claro di- 
eiendo simplemente: «La restitución de los bienes muebles no 
enajenados aún, ó de su valor si se enajenaren después.» Es 
claro que respecto á los primeros se restituirían en el estado 
que tuviesen á la muerte del bínubo. La ingerencia en esto 

TOMO 82 S2 



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338 REVISTA DE LEGISLACIÓN 

de los bienes dótales y parafernales se presta por lo menos á 
confusión. 

Si es la mujer la que queda viuda, los bienes dótales ines- 
timados, los parafernales y la estimación ó valor de los dótales 
estimados, se le habrán adjudicado en concepto de aportaciones 
matrimoniales á la muerte de su esposo. Como todos esos bie- 
nes eran ya anteriormente suyos, claro es que no los recibiría 
por título lucrativo, ni de su primer marido ni de sus hijos, y 
que no pueden ser, por lo tanto, reservables. Luego respecto á 
la viuda no parece aplicable el núm. 1.^ del art. 978. 

Pero es lo más grave que respecto al viudo tampoco se ve 
clara esa a^fticacióri. La dote se compone de los bienes y dere- 
chos aportados por la mujer como tal dote al contraer matrimo- 
nio, y de lo adquirido durante él por donación, herencia ó le- 
gado con el carácter dotal. (Art. 1386.) La dote es estimada ó 
inestimada: en el primer caso, los bienes se tasan ó estiman 
para que el marido adquiera su dominio; pero quedando obli- 
gado á restituir su importe; en el segundo, se estimen ó no se 
estimen, el dominio es de la mujer. (Art. 1346.) La dote ha 
de restituirse por el marido ó sus herederos á la mujer ó á los 
suyos, entre otros casos, al disolverse el matrimonio (artícu- 
los 1365 y 1366), y ha de restituirse sobrevengan ó no después 
segundas nupcias. Parafernales son los bienes aportados por la 
mujer al matrimonio, sin incluirlos en la dote, y los que ad- 
quiera después de constituida ésta, sin agi'egarlos á ella. (Ar- 
tículo 1381.) El dominio de los bienes parafernales es siempre 
de la mujer como en la dote inestimada, y esos bienes han de 
restituirse por las mismas reglas. 

De estos antecedentes resultan tres cosas: 1.®, que los bienes 
dótales y parafernales no son bienes adquiridos por el marida 
en virtud de testamento, herencia intestada, donación ú otro 
título alguno lucrativo, como exige el art. 968 para ser los bie- 
nes reservables, porque, por regla general, son de la mujer ó de 
sus herederos, y en el único caso en que el marido adquiere el 
dominio, lo adquiere á manera de venta, respondiendo de su 



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BIENES RE8EBVABLE8 . 339 

precio ó estimación, nunca, por tanto, por título lucrativo; 
2.**, que esos bienes ó su valor han de restituirse sin considera- 
ción al segundo matrimonio, como que el motivo de la restitu- 
ción es que los administra el que no es dueño de ellos, y ter- 
minada la sociedad de gananciales termina su objeto; y 3.^, que 
6ur restitución está ya asegurada con hipoteca en otros artículos 
del Código. 

Se dirá que no se trata de eso, sino del caso en que la mujer, 
en virtud de herencia ó donación por causa de muerte, deje á 
80 marido parte de sus bienes parafernales ó dótales inestima- 
dos, ó el marido, por los mismos títulos, deje á su mujer bienes 
dótales estimados. Pero ni aun así queda la cuestión resuelta: 
primero, porque los dótales estimados, en cuanto se compran, 
digámoslo así, por el marido, pierden ya esa consideración, y 
son- bienes propios del marido, que sólo resppnde de su precio, 
por lo que impropiamente puede aplicarse al viudo el núm. 1.^ 
del art. 978; segundo, porque los bienes reservables^ aun proce- 
dentes de la mujer, no siempre provienen de la dote ó parafer- 
nales, sino que pueden ser parte de los gananciales del cónyuge 
premuerto ú otra clase de donaciones ; y tercero, porque no es 
lo natural que en el acto de última voluntad se exprese que los 
bienes donados ó dejados hayan de ser de los dótales ó parafer- 
nales, y aunque por la adjudicación resulten luego adquiridas 
fincas ó bienes dótales ó parafernales, es lo cierto que desde que 
el propietario de esos bienes dispone de ellos por vía de legado 
ú otro título lucrativo, ya dejan de tener aquellos nombres y 
aquella cualidad, y no viene á cuento resucitar lo perdido para 
obligar á restituir los mismos bienes ó su valor, según que los 
bienes originariamente fuesen dótales inestimados ó estimados. 
Pasemos por alto esta dificultad , y tendremos que ha de 
asegurarse con hipoteca: 1.^, el valor de los muebles ó inmue- 
bles enajenados antes de las segundas nupcias ; 2.^, la resti- 
tación de los muebles subsistentes, ó de su precio ó valor ai 
se enajenan después; y 3.^, el abono de los deterioros ocasio- 
nados ó que se causen por culpa del reservante. 



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840 REVISTA DB LEGISLACIÓN 

De la comparación de este artículo con el anterior, ó sea 
con el 977, parece resultar en éste una deficiencia que de algún 
modo ha de suplirse, ya que el 978 guarda perfecta consonan- 
cia con los 975 y 976. El viudo ó viuda ha de asegurar con hi- 
poteca el valor de los bienes muebles ó inmuebles enajenados 
antes de las segundas nupcias; sin embargo, según el art. 977, 
al contraer segundo matrimonio, sólo tiene obligación de in- 
ventariar los bienes sujetos á reserva, tasar los muebles y 
anotar á favor de los hijos los inmuebles en el Registro de la 
propiedad. Parece deducirse lógicamente que esa tasación, ese 
inventario y esa anotación^ deben referirse á los bienes que 
existan en poder del viudo ó viuda cuando segunda vez ae 
casa; y como en esa fecha puede ya haber enajenado otros bie- 
nes también reservables, y ha de asegurar con hipoteca su va- 
lor ó precio^ de aquí que, ó debe interpretarse con más exten- 
sión ese articulo, ó hay que confesar que existe un vacío que 
conviene llenar. Para mí, el art. 977 no se refiere á todos los 
bienes que tienen, según la ley, la calidad de reservables, há- 
llense ó no en poder del bínubo, porque aunque donde la ley 
no distingue no debe distinguirse, es lo cierto que ese artículo, 
si bien habla de los bienes sujetos á reserva, dice que deben 
anotarse los inmuebles y tasarse los muebles, y es imposible 
que exigiese estos requisitos, sobre todo el primero, respecto á 
los bienes ya enajenados, cuya enajenación afirman los ante- 
riores artículos que queda subsistente. Y si se refiere sólo á los 
que existen en poder del bínubo, para que éste asegure con hi- 
poteca el valor ó el precio de los enajenados, es necesario que 
de algún modo t;onste cuales sean éstos. 

El art. 977 debió, por consiguiente, decir, poco más ó me- 
nos, lo siguiente: cEl viudo ó viuda al repetir matrimonio, for- 
mará un inventario de todos los bienes sujetos á reserva, hará 
constar en el Registro de la propiedad, con arreglo á lo dis- 
puesto en la ley Hipotecaria, la calidad de reservables de los 
inmuebles que existan aún en su poéter; dispondrá la tasación 
de los muebles que se hallen en igual caso, y expresará los in- 



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BIEKE8 RESERVABLES 341 

mueblee ó muebles enajenados, detallando su valor si la trans- 
misión se verificó por título lucrativo, ó su precio si tuvo lugar 
la enajenación por título oneroso. Aunque la ley no lo diga 
afí claramente, así debe sobreentenderse, pues es claro que el 
viudo ó viuda tiene también esa obligación, puesto que ha de 
responder de ese valor ó precio. 

Sin embargo, justo es confesar que respecto á los bienes re- 
servables enajenados antes de las segundas nupcias^ quedan 
algo abandonados los intereses de los hijos. Me parece justo 
que las enajenaciones subsistan; pero podía exigirse al padre ó 
madre alguna justificación sobre estos extremos para que la 
hipoteca que ordena el art. 978 con el fin de asegurar el valor 
ó precio de esos bienes, fuese una verdad y no se eludiera fá- 
cilmente. Claro es que los interesados podrán en cada caso in- 
vestigar y comprobar cuáles fueron los bienes enajenados y su 
estimación; pero si antes se ocultaron y no existe garantía hi- 
potecaria, serán perjudicados en sus intereses, cosa de todos 
modos diñcil de evitar. 

Ahora bien; si los hijos son mayores de edad y el padre ó 
madre quisieren cumplir sus deberes, la hipoteca que exige el 
art. 978 puede ser voluntaria. En otro caso, la hipoteca es le- 
gal, y hay que ajustarse á lo que preceptúan los arts. 194 al 199 
de la ley Hipotecaria y sus concordantes del Reglamento. 

No es mi ánimo comentar estos artículos. Los Sres. Galin- 
do y Escosura, en la primera edición de sus Coméntanos, 
única que conozco, estudiaron esta materia detenidamente y 
con gran acierto. Yo no podría decir nada nuevo ni mejor, ni 
entra en mi objeto al hacer este estudio profundizar lo que 
BÓlo afecta á la forma de constituirse é inscribirse la hipoteca 
legal por bienes reservables. 

En resumen: según la ley Hipotecaria, dentro de los no- 
venta días siguientes á la celebración del segundo ó posterior 
matrimonio, ó á la adquisición de los bienes, si éstos proceden 
de los hijos y se adquirieron después, deben el padre ó madre 
presentar al Juzgado el inventario y tasación pericial de los 



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342 REVISTA DE LEGISLACIÓN 

bienes que han de asegurarse en favor de los hijos, y una 
relación de los inmuebles de su propiedad que ofrezca en hi- 
poteca, justificando el derecho que sobre ellos les corresponde, 
y la libertad ó gravámenes á que estén afectos. 

Estimando el Juez que el inventario y relación son exactos, 
y que la hipoteca ofrecida es suficiente, se extiende un acta 
en la que se declaran los inmuebles reservables y la hipoteca 
que se constituye. Si ésta no pareciese suficiente, se ampliará, 
á ser posible, sobre otros bienes del hipotecante, y si el padre 
ó madre careciesen de inmuebles que hipotecar, se instruirá el 
expediente con el sólo objeto de hacer constar la reserva y su 
cuantía, imponiendo á aquéllos la obligación de hipotecar los 
primeros inmuebles que adquieran. 

Extendida y aprobada el acta de constitución de hipoteca, 
se entregarán al padre ó madre, y sí ellos se niegan á recibir- 
las, se remitirán de oficio al Registro dos copias debidamente 
autorizadas, para que se proceda á su inscripción, quedando 
nna archivada y devolviéndose la otra con su* correspondiente 
nota. En el Registro se hace constar al margen de las respecti- 
vas inscripciones de dominio, por medio de nota, la cualidad 
reservable de los inmuebles, y se inscribe la hipoteca consti- 
tuida en su caso. 

La ley añade en el número 2.^ del art. 194, que la hipoteca 
86 constituya sobre los inmuebles reservables y sobre los de 1« 
propiedad absoluta del padre ó madre que se ofrezcan en ga- 
rantía, por el valor de aquellos inmuebles y por el de los de- 
más bienes sujetos á reserva. Esta intrincada disposición era 
la principal dificultad que ofrecía la interpretación del art. 194; 
pero del art. 199 de la misma ley y de los Í39 y 141 del Re- 
glamento, se deducía que, respecto á los inmuebles, bastaba la 
nota marginal justificativa de su calidad de reservables, y que 
no era por tanto necesaria la absurda hipoteca que sobre esos 
mismos inmuebles parecía exigirse, ya fuese para responder 
do su propio valor, ya para garantir el valor de los otros bienes 
Hujetos á reserva. 



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BIENES BE8ERVABLE8 343 

De todos modos, como hoy, según el Código, el viudo ó 
^iuda sólo están obligados á anotar en el Registro la calidad de - 
reservables de los inmuebles, y no se asegura nunca con hipo- 
teca el valor de esos inmuebles, la cuestión ha perdido toda su 
importancia, y como aclaración ó como innovación hay que 
aceptar la doctrina del Código, que siempre fué la más acepta- 
ble y la más verosímil. 

En las conclusiones que debían ser discutidas, y en su caso 
aprobadas en el Congreso de Registradores de Santiago, figu- 
raba una referente á esta cuestión, por creerse sin duda que 
el Código civil introducía una innovación peligrosa y perju- 
dicial para los hijos. 

Hé aquí el texto de esa conclusión: «El art. 975 del Código 
declara subsistentes las enajenaciones de inmuebles hechas por 
el viudo ó viuda después de contraer segundo matrimonio, si 
é su muerte no quedan hijos ó descendientes. {Iste precepto 
garantizaría los derechos de las personas protegidas, si pudiera 
cumplirse lo que dispone el núm. 2.^ de] art. 194 de la ley 
Hipotecaria. Dos condiciones exige: 1.^, que se haga constar 
en las inscripciones de dominio su cualidad de reservables; 
2.^, que sobre los mismos se constituya hipoteca por su valor 
y por el de los demás bienes sujetos á reserva. Pero ésta regla 
fué implícitamente derogada por el art. 977 del Código, que or- 
dena solamente la anotación indicadora de su cualidad de re- 
servables, limitando la hipoteca del articulo siguiente 978, 
para garantizar el valor de los inmuebles que han sido válida- 
mente enajenados con anterioridad á la celebración del matri- 
monio. Los bienes reservables enajenados van sujetos á una 
eondición resolutoria: la existencia de hijos ó descendientes al 
tiempo del fallecimiento del enajenante. Esta condición reso- 
lutoria no perjudica á terceros adquirentes. Así terminante - 
.mente lo ordena el art. 975, «sin perjuicio de lo dispuesto en 
la ley Hipotecaria». Los hijos, por tanto, serán de fraudados, si 
^ padjre ó el primer comprador resultan insolventes.» 

A ésta cuestión contestó el que suscribe que, en su opinión , 



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REVISTA DE LEQIBLACIÓM 

Jódigó civil, en unión con el 975, que respeta ío» 
ley Hipotecaria, aseguran los bienes reserva- 
aun sin la hipoteca de los inmuebles, porque 
las enajenaciones, y adquiriendo los tercero» 
;ión resolutoria inscrüa, rije el art. 37, párrafa 
iley Hipotecaria; que tratándose de inmuebles, 
;e rescindiría, y si el padre fuese insolvente, el 
la el tercero, si bien sabia que á eso estaba 

Mazón, aunque recurriendo al art. 33 de la ley 
incidió en el fondo con mi opinión, puesto que 
ición entiendo que es bastante, pues á la verdad 
lo que la hipoteca que por el valor de los mis- 
se exigía, es innecesaria por redundante.» 
►n que he copiado, ó parte de un error, ó deja 
verdadero motivo de la duda, y del perjuicio 
►ga á los hijos y descendientes. Los bienes re- 
ebles que se enajenan, dicen, «van sujetos á 
resolutoria». Esto es cierto si la enajenación se- 
e contraído segundo matrimonio. Esta condi- 
,, añade, no perjudica á terceros adquireutes. 
jrminantemente lo ordena el art. 975 al expre- 
cio de lo dispuesto en la ley Hipotecaria.» 
iforme. Las palabras con que termina el art. 975 
lantemente ni de ningún modo, que la condi- 
i no perjudica á terceros adquirentes. Lo dis- 
y Hipotecaria, es, según queda expresado, lo 

los artículos 36-37 y otros, y según ellos, si 
ad reservable de los bienes en el Registro^ clara 
3ión resolutoria perjudica á tercero. Por consi- 
os no serán defraudados, aunque el padre ó el 
lor resulten insolventes. La hipoteca dudosa 
gir el núm. 2.^ del art. 194 de la ley Hipoteca- 
bo innecesaria, porque, ó subsistían las ñncas ó 
ables, ó no. En el primer caso, seguro tenían los 



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BIEKE8 RE8EBVABLE8 34& 

hijoB BU derecho, con hipoteca y sin hipoteca; en el Begondo, 
al dejar de existir la finca dejaba de existir la hipoteca, por lo 
qae ésta no mejoraba la condición de los hijos, que seria en 
todo caso igual á la de cualquier otro acreedor. 

Quizás la conclusión se refiera al caso de que no conste en 
las inscripciones de dominio por nota marginal, la calidad re- 
servable de los bienes; pero entonces tampoco constarla la hi- 
poteca; ¿cómo se explicaría la presentación de la copia dupli- 
cada del acta en el Registro, y su cumplimiento sólo en una 
parte de lo que la ley ordena? Aún entonces eran necesarias 
muchas circunstancias para que los hijos fuesen perjudicados, 
o(«no queda dicho en otro lugar. Aceptando en el padre como 
alternativa una ú otra obligación, el anotar ó constituir hipo- 
teca por los inmuebles reservables, lo mismo podía dejar de 
cumplir la una que la otra, resultando de 'todos modos que el 
art. 977 del Código no ha perjudicado ni dejado en el des- 
amparo los derechos de los descendientes, al menos en cuanto 
¿ los inmuebles enajenados después de constraído segundo ma- 
trimonio. 

Considerando la personalidad de los hijos, independiente de 
la de su padre ó madre obligados ó reservar, ó presuponiendo 
en los hijos que han de reclamar la resolución de las enajena- 
ciones, una renuncia de su respectiva herencia, las declaracio- 
nes del Código y las conclusiones que preceden, no pueden ser 
más firmes y ciertas. Pero si consideramos á los hijos ó descen- 
dientes como los continuadores legales de la personalidad de 
su ascendiente, hay que reconocer que indirectamente se les 
causa ó puede causar el perjuicio que indica la conclusión, 
porque en las enajenaciones por titulo oneroso, como el bínuba 
ya ha muerto cuando puede pedirse la rescisión, tendrán loa 
hijos como herederos que devolver al tercero el precio ó equi- 
Talente que se entregó por lo que reclaman; y en este caso, á 
pesar de la nota marginal, resultará que los bienes son suyos^ 
pero habrán tenido que volverlos á permutar ó comprar. Si el 
titulo fué lucrativo^ ó siendo oneroso existia en poder del padre 



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7 i *.Ji-' J!^4- 



346 REVISTA DE LE0ISLACIÓN 

Ó madre el equivalente, ó hay otros herederos sin derecho á 
reserva que parece deben ser en su caso los que respondan de la 
devolución, los hijos y descendientes que gocen el beneficio de 
la reserva no perderán nada. Pero si el padre se desprendió de 
ese equivalente porque nadie se lo impedia, y no existen otros 
herederos, perderán otro tanto de lo que pueden recibir. El pe- 
ligro, como se ve, es remoto; pero para prevenirlo todo no cabe 
duda que la hipoteca de los inmuebles reservables evitaría 
hasta ese perjuicio, por lo que en principio debía considerarse 
preferible á la anotación que el Código mantiene. 

Cuando el padre ó la madre voluntariamente' no se presten 
á la constitución de hipoteca, si los hijos son mayores de edad, 
sólo elló^ pueden exigirla. Si son menores, tienen obligación de 
reclamar la formación del expediente sus tutures ó curadores 
si los hubiere, y en su defecto, cualquier pariente ó albacea del 
cónyuge premuerto. Hoy parece que esa obligación debe recaer 
sobre el defensor judicial del menor, si lo hubiere, y sobre las 
otras personas indicadas; pues existiendo padre ó madre, no 
existirán, por regla general, tutor, protutor ni consejo de fa- 
milia. 

Estas disposiciones y las de los artículos 116 al 119 del Re- 
glamento para la ejecución de la ley Hipotecaria, y 50 de la 
instrucción sobre la manera de redactar los instrumentos pú- 
blicos sujetos á Registro, son las que tratan de que sean una 
verdad los medios que la ley establece para asegurar á los hi- 
jos y descendientes su derecho á los bienes reservables ¡Lás- 
tima, sin embargo, que todas estas disposiciones se consideren 
como de lujo^ y dejen casi siempre de cumplirse! Los Notarios 
y Registradores pueden por sí solos, en los pocos casos en que 
ee pide su intervención, hacer que conste la cualidad reser- 
vable de determinados bienes. Pero, jcuántos inmuebles reser- 
vables se enajenan en perjuicio de los hijos, sin que los mis- 
mos interesados sepan loque dan, ni lo que adquieren! 

Terminado este punto, no encuentro contradicción en esta 
materia entre el Código y la ley Hipotecaria. Ésta acepta los 



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BIENES RESEBVABLB8 347 

bienes reservables que se le impongan, sean los que sean , y 
explica la forma de asegurar con hipoteca lo que esté determi- 
minado de antemano que ha de asegurarse. Aquél en cambio, 
quiere que lo que 'establece sobre enajenaciones de inmuebles, 
sea sin perjuicio de lo dispuesto en la ley Hipotecaria, y que 
loe bienes se anoten y la hipoteca se constituya é inscriba con 
arreglo á lo que en la misma se preceptúa. El único punto con- 
tradictorio era el de quedar los inmuebles reservablee hipote- 
cados por su* propio valor, y ésto también contradecía á la 
misma ley Hipotecaria, y era difícil de entender, aunque no 
tan absurdo cómo suponen los Sres. Galindo y Escosura, po'rque 
esa hipoteca era posible con arreglo al art. 109. 

Oreo, pues, que tal como está la ley Hipotecaria, se adapta 
bien á la doctrina del Código civil, sin que esto quiera decir 
que no se la deba tocar. Debe eliminarse lo que hoy sobra en 
el núm. 2.^ del art. 194; no está demás revisar la redacciSn de 
todos los artículos que se ocupan de esta hipoteca legal, porque 
en verdad algunos parece que se escribieron pensando en asun- 
tos completamente distintos, y sin conciencia de lo que se ha- 
da. Hay además, entre la ley y su reglamento, preceptos que 
difieren poco ó mucho, y otros que deben ser variados y pues- 
tos en armonía con otras disposiciones, que si no so ore bienes 
reservables, han innovado nuestro derecho civil en otras mate- 
rias: la hipoteca por el padrastro y las obligaciones de los tu- 
tores y curadores, se encuentran en este caso. Por último, bajo 
las bases del Código, podría expresamente exigirse al padre ó 
madre, cuanto se creyese necesario, para que quedase debida- 
mente asegurado ep favor de los hijos y descendientes, el pre- 
cio ó valor de los muebles é inmuebles reservables, enajenados 
válidamente antes de contraer segundo matrimonio. 

(ConitnuaráJ 

José Morell, 

Begistrador de 1» propiedad. 



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lAMIENTO CRIMINAL 



18 á la resolaeién de los jurados j pre^ntaa 
4)8tar.— Doctrina del Tribanal Supremo. 

. éxito en el juicio por jurados depende», 
a forma en que se redacten las pregan* 
der el veredicto. Es ésta una labor su- 
me si con anterioridad y mediante un 
nucioso de la causa, no se acopian por 
riales precisos para poder — con las mo- 
3ba en el acto del juicio imponga, y coa 
•oduzcan en sus calificaciones definiti- 
ez terminado el resumen, sin que entre 
lichas preguntas haya solución de con* 
fijarlas con la tranquilidad y la fría re* 
bajo tan difícil. Dichas preguntas, sin 
en forzosamente que resultar defectao- 
casiones deficientes en el fondo, cuando 
3sión, respirando una atmósfera viciada» 
quebrantado el espíritu por la acumu- 
} tantas ideas como es preciso acopiar 
en la forma difícil, casi imposible, que 
m sin la base de un trabajo preliminar 
»n de un veredicto bastante á contener 
odos los hechos constitutivos y circuns- 
ir base forzada á la Sección de derecha 
9 resulten de la prueba practicada. 



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INJÜICIAMIEMTO CBDONAL 849 

La Bentencia es un BÜogismo con dos premisas y una conse- 
cuencia: la primera premisa de loe juicios por jurados nos la dá 
-el veredicto: la segunda la tenemos en el Código, y la conse- 
cuencia lógicamente la deducimos de ambas: por consiguiente, 
si redactar el veredicto, deben tenerse presentes todos los pun- 
tos de hecho que habrán de constituir la resultancia, caso de 
6er la Sección de derecho la que hiciese declaración de hechos 
probados; lo cual no puede menos de ser así, ya que, conforme 
á lo que ordena el art. 97 de la ley, el veredicto transcrito en 
la sentencia viene á sustituir á la narración y calificación de 
dichos hechos probados. 

Es por consecuencia necesario que, aparte del orden que es- 
tablecen los artículos 72 y siguientes de la ley del Jurado, al 
▼«edicto se lleven todos los particulares que resulten de la 
pmeba y sirvan de apoyo á las respectivas calificaciones; y nó- 
tese bien que, si en alguna de éstas se formulase una circuns- 
tancia cualquiera, ya sea constitutiva, ya circunstancial, ba- 
4uula en hechos que no han sido objeto de la prueba, sobre ello 
no debe de ningún modo hacerse pregunta alguna porque £i)te 
Ja materia sobre que ésta habrá de versar. Al Jurado no se le 
puede preguntar sobre hechos aducidos caprichosamente por la 
4lefensa ó por el Fiscal, si sobre ellos no se practicó prueba, ya 
<|ue sus contestaciones, afirmativas ó negativas, tienen forzosa- 
-mente que fundarse en la justificación que al juicio se hayan 
llevado; y no habiépdose aportado ninguna sobre hechos fabri- 
cados á su antojo por cualquiera de las partes, no es posible 
<iue con relación á ellos se formule pregunta, cuya contestación 
CB imposible, ya que el Tribunal de hecho ha de hacer sus de- 
claraciones teniendo en cuenta las pruebas que se le dieren, 
conforme á lo establecido en el art. 68. 

Y no se trata aquí de establecer teorías que den lugar á con- 
troversia: se trata de la interpretación recta de la ley, que está 
bastante clara, para que no haya necesidad de acudir á las re- 
glas de la hermenéutica ó teoría de la explicación, ni á los 
principios de la crítica racional: á aquéllas y á éstos única- 



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BTA DE LEGISLACIÓN 

uando la ley esté obscura, cuando ofrez- 
irado, en el artículo que examinamos, 
imente ofrece dificultad alguna, y por 
> entenderla tal como pstá escrita, sin 
as, porque éstas expresan perfectamente 
ior y la razón ó motivo de la ley. 
Bdentes, que creemos de esencia para 
ulos que comprende el cap. 10, tit. 2.^* 
Gaos desde luego á ocuparnos del art. 71, 
de se refiere únicamente al deber que 
ormular las preguntas á que los jurados 
n arreglo á las conclusiones defínitivaB 
defensa; precepto general con la excep- 
rt. 75 de la citada ley. Pero no nos cree- 
dar á este'propósito, que se falta termi- 
art. 70, cuando se omite la pregunta 
Lclusiones de las partes, que es legal y 
3 de 20 de Octubre de 1889 y 6 de Marzo 
añadiremos nosotros, no ocurra el caso 
sí como que cuando se aleguen circuns- 
luantes ó agravantes, deben ser éstas ob- 
'etas, para que el Jurado resuelva si ha- 
ldas (Sent. 27 de Febrero de 1891). 
lece, que cuando las conclusiones de la 
Qsa sean contradictorias, de tal suerte 
nta en sentido afirmativo, no puede me- 
ta otra en sentido negativo, ó viceversa, 
regunta, cuyo precepto no j)uede ofrecer 
acusado lo es de haber ejecutado un he- 
íto, y la defensa niega que lo haya rea- 
ai contestar afirmativa ó negativamente 
3 haga con relación á ese hecho, queda 
'a que es una sola la tesis que ee pro- 
B, si el acusado ejecutó ó nó aquel he- » 
)1 mismo. No ha ofrecido, que sepamos^ 



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ENJUICIAMIENTO CRDCINAL 351 

duda alguna este articulo, y por eso el Tribunal Supremo no 
ha sentado doctrina referente al mismo. 

No sucede lo propio en cuanto al art. 72, que contiene le 
regla general á que han de siyetarse el Presidente, y en su caso 
la Sección de derecho, para formular las preguntas. <E1 hecho 
principal, dice el artículo, debe ser siempre objeto de la primera 
preguntan, enlpleando la fórmula que establece el apartado pri- 
mero del art 76; tpero respecto de él, como respecto de los demás, 
sobre que hayan versado las pruebas del juicio^ podrán hacerse 
tantas preguntas cuantas sean necesarias, para que en las contestacio- 
nes de los jurados haya unidad de concepto, y para que no se acu- 
mulen en una misma pregunta términos que puedan ser contestados 
afa-maiivamente unos y negativamente otrosí. 

Esta parte del artículo viene á darnos la razón respecto á lo 
que hemos dicho al principio: el hecho principal, cuando sea 
necesario, se dividirá en tantas preguntas cuantas sean preci- 
sas para que en ellas se comprendan todos los accidentes de 
tiempo, lugar y modo que han concurrido en su ejecución y 
que se refieran á las circunstancias constitutivas del delito, ya 
que estando conformes los jurados en la concurrencia de alguna 
de aquéllas, pueden no estarlo en todas, y englobadas en una 
sola pregunta se daría lugar á que ocurriese lo que el mismo ar- 
tículo nos dice, esto es, que la contestación á esa sola pregun- 
ta envolviese términos contradictorios y por consiguiente no 
habría medios hábiles para absolverla debidamente; por lo cual 
el Tribunal Supremo, declara ajustándose á la ley, como siem- 
pre, que se falta á la unidad de concepto cuando en una mis- 
ma pregunta se contienen términos que pueden ser contestados 
afirmativamente unos, y de un modo negativo los otros (Sen- 
tencia de 20 de Mayo de 1890). 

Las preguntas^ como expresa la Sentencia de 20 de Diciem- 
bre de 1889, no deben ser generales y vagas, sino concretas y 
atinentes al hecho descrito en las conclusiones; y por eso dice 
en otra Sentencia de 15 de Noviembre de 1889, que son defec- 
tuosas aquellas preguntas en las cuales no hay unidad de con- 



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S52 REVISTA DE LEGISLAaÓN 

cepto, ó las qae acumulan en una misma términos que puedan 
ser contestados afirmativamente unos y negativamente otros, 
procediendo el recurso de casación cuando cualquiera de las 
partes reclama contra ellas y lo prepara con la oportuna pro- 
testa. 

Las preguntas han de referirse a los hechos ocurridos y que 
han sido objeto de las conclusiones definitivas del Fiscal y de 
la defensa; por eso el Tribunal Supremo, en sentencia de 18 
de Octubre* de 1890, al resolver ^n un recurso interpuesto por 
la negativa del Tribunal a quo á hacer después de la pregunta 
de si, caso de no producir una herida la muerte, hubiera curado 
dentro de los treinta días, cuyo extremo había sido objeto de 
la prueba, la de si hubieran dichas lesiones curado antes de 
los noventa, pero después de los treinta días, declara que no 
fion pertinentes las preguntas que entrañan concepto ú opi- 
nión de sucesos futuros ó contingentes superiores á los cálculos 
racionales de probabilidad, por cuya razón no son procedentes 
ni tienen verdadera importancia para el resultado del juicio. 

Como establece el mismo art. 72 en su apartado 2.^, los 
hechos contenidos en las preguntas, ya sean relativos á elemen- 
tos morales, ya á los materiales, serán los referentes á la exis- 
tencia de estos mismos elementos del delito imputado, á la 
participación de los acusados, al grado á que llegó el delito, y 
á las circunstancias que hubiesen concurrido. 

Con sobrada claridad lo indica el artículo, cuyo comple- 
mento se encuentra en el último apartado del 76, que manda 
omitir toda denominación jurídica al formular las preguntas; 
éstas han de versar sobre hechos y sólo sobre hechos, teniendo 
eiempre muy presente que, según la doctrina sentada por el Tri- 
bunal Supremo en numerosas sentencias, las circunstancias mo- 
dificativas de la responsabilidad criminal, cualesquiera que 
sean su naturaleza y eficacia, no pueden derivarse de meras pre- 
sunciones, siquiera sean racionales y verosímiles, sino de he- 
chos concretos, de existencia indudable en la conciencia del 
juzgador, que natural y necesariamente producen dichas cir* 



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ENJUICIAMIENTO CRIMINAL 853 

cunstanciafl. Así pues, conforme á lo diepuestowen este apar- 
tado del artículo que examinamos, en concordancia, como he- 
mos dicho, con el último del 76, han de hacerse preguntas, 
fuera de la cuestión de culpabilidad ó inculpabilidad, sobre la 
cual declaran los jurados con libertad de conciencia, sobre la 
participación de los acusados como autores, cómplices ó encu- 
bridores. Difícil es hacer dicha pregunta, como dice la ley, por 
separado de la que tiende á declarar la culpabilidad ó la in- 
culpabilidad, porque en esta primera, con relación á cada uno 
de los acusados, va envuelta irremisiblemente también la de- 
claración de la parte que en la obra del crimen ha toncado 
cada uno. Se pregunta, por ejemplo: «¿F. de T., es culpable 
de haber causado á N. una herida que le produjo la muerte?»; 
y contestada esta pregimta afirmativamente, claro es que, sin 
otras que vengan á elevar el grado del delito cometido, quiere 
decir para la S.ección de derecho, que F. de T. es autor, con- 
forme al núm. 1.*^ del art. 13 del Código penal, de un delito 
de homicidio, y no cabe que se haga otra pregunta dirigida á 
repetir la misma declaración, es decir, que en la primera se 
contiene la calificación del hecho y la responsabilidad de au- 
tor que alcanza al agente. Si se pregunta: «¿F. de T., obligó á 
N. por medio de la fuerza, poniéndole un puñal al pecho, á co- 
locar en el vaso que contenía los medicamentos que se admi- 
nistraban á Z. una dosis de estrignina que produjo á éste la 
muerte?; al responder afirmativamente, claro es que F. de T. 
es autor de un delito de asesinato, con arreglo al art. 13, nú- 
mero 2.^, y así sucesivamente respecto á la participación que 
alcanza á cada acusado, ya como cómplice, ya como encubri- 
dor; pues al declararle el Jurado culpable de tales hechos, se-, 
ñala también la responsabilidad que debe asignársele en su 
comisión, sin que quepa otra pregunta sobre este último. 

Respecto al grado á que ha llegado el delito, tampoco por 
punto general, cuando éste lia sido consumado, hay que hacei 
más preguntas que la primera en la mayor parte de las ocasio- 
nes; pero en otras, sobre todo en los delitos contra la propie- 
TOMO 82 28 



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1^ 



354 REVISTA DE LEGISLACIÓN 

dad, y cuando la consumación se niega por las defensas, es 
necesaria que se hagan todas las. precisas para que pueda 
con facilidad deducirse de sus contestaciones si efectivamente 
el delito no llegó más que al grado de frustración ó al de tenta- 
tiva; siempre, por supuesto, que haya materia para hacer la 
pregunta, esto es, que existan hechos que hayan sido objeto 
dé la prueba y que permitan formularlas, porque en otro caso, 
como hemos dicho, no cabe proponer la tesis al Jurado. 

Con relación á las circunstancias, hay que tener presente 
lo que hemos dicho anteriormente: estas preguntas son de las 
' que en mayor número y más frecuentemente hay que dirigir á 
los jurados, porque el abuso que por punto general se hace de 
ollas, obliga al Presidente á redactar veredictos en los cuales 
tienen que figurar todas esas circunstancias, por medio de las 
cuales se busca la atenuación de la pena; pero debe tenerse en 
cuenta que si no hay hechos en que fundarlas, no pueden ni 
deben hacerse, porque no hay términos hábiles para ello: de- 
biendo siempre el Presidente, según la definición expresa del 
art. 76, último apartado, cuidar de omitir toda denominación 
jurídica. 

Toda circunstancia, sea de la índole y naturaleza que 
quiera, tiene que nacer de un hecho: sobre ese hecho ha de 
recaer la pregunta, siendo de la competencia del Tribunal de 
derecho apreciar si la contestación afirmativa del Jurado da 
origen á las circunstancias alegadas. Así, por ejemplo, si se 
psegunta al Jurado buscando la atenuante do estímulos pode- 
rosos que naturalmente produjeron arrebato y obcecación eu el 
acusado, si éste acometió á N., esposo de la mujer con quien 
•sostenía relaciones ilícitas, al entrar dicho N. en su casa y 
abofetear á su mujer, que estaba con las ropas descompues- 
tas sentada al lado del acusado, aun cuando en el veredicto so 
consigne una respuesta afirmativa á tal pregunta, no puede ni 
debe el Tribunal de derecho apreciar este hecho como genera- 
dor de la circunstancia 7.* del art. 9.^, porque los estímulos de 
arrebato, únicos que atenúan la responsabilidad de los delin- 



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ENJUICIAMIENTO CBLMINAL 355 

cuentes, son los que se originan en sentimientos legítimos, no 
aquellos que nacen de pasiones ilícitas cuyo predominio en el 
ánimo del delincuente revela en él un mayor grado de per- 
Teisidad, no cuando reconocen un origen inmoral, ó determi- 
nan ese estado de ánimo móviles torpes ó innobles, porque de 
otro modo se confundiría el estímulo poderoso y natural de 
que habla la ley, con otro estímulo artificial y vicioso, para 
el que, en vez de atenuación, sólo tiene aquélla censura: y en 
obedecimiento á lo que ordena el art. 72 de que nos ocupa- 
mos, el Presidente haría la pregunta ociosa en absoluto, ya 
que, sea la que quiera la solución que á ella diese el Jurado, 
no cabría estimar dicha circunstancia de atenuación (senten- 
cia de 21 de Noviembre de 1891). Lo mismo decimos de esta 
circunstancia que de la núm. 5.^ del mismo art. 9.*^, si, por 
ejemplo, se alega como motivo de disculpa ó atenuación, com- 
prendido en el número y artículo citado, ei;i un delito de ho- 
micidio, el hecho de haber el ofendido dado un ligero empe- 
llón al hermano ó al padre del acusado al pasar por la calle; 
pues si el Jurado contesta afirmativamente, la Sección de dere- 
cho debe pesar si esa circunstancia reúne todos los requisitos 
que el Código exige para que sea estimable; y en caso de que no 
considere la ofensa bastante inmediata ni bastante grave, debe 
rechazarla razonando en los considerandos su negativa; á cuyo 
tenor pudiéramos examinar casi todas las circunstancias con- 
tenidas en los artículos 8.*^, 9.*^ y 10 del Ckidigo penal. Y que 
nuestra apreciación es exacta, lo demuestran las resoluciones 
del Tribunal Supremo de 12 y 20 do Marzo y 21 de Mayo 
de 1890, en las cuales se declara terminantemente, que no es 
suficiente que el Jurado haya afirmado el concepto jurídico de 
una circunstancia atenuante, sin fundamento de hecho, porque 
con arreglo 4 la ley no tiene competencia para hacer meras 
calificaciones de este orden, y es preciso que se consignen en el 
veredicto los hechos en que se fundan las circunstancias, no 
í^iQuáo posible estimar unaáe éstas que no se derive de los hechos 
consignados en el veredicto, en el cual no se onencionen cir- 



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-K'* 



856 REVISTA DE LEGISLACIÓN 

cunstanciadaraente los pormenores y accidentes del delito; por 
lo cual, limitada una pregunta al concepto jurídico y califica- 
¡:. ción legal reservada por la ley al Tribunal de derecho de la cir- 

t cimstancia agravante de abuso de superioridad, sin expresen- los 

^; hechos que la constituyen, de conformidad con lo que preceptúa 

^ el art. 72 de la ley del Jurado, no puede la Sala apreciar, por 

fajlta de datos, debidamente en casación, la existencia de dicha 
ciircunstancia. La pregunta á que se refiere esta sentencia, que 
es la última de las citadas más arriba, es la siguiente: en la eje- 
cución del hecho, ¿ha concurrido la circunstancia agravante de 
abuso de superioridad con relación al procesado? Pues bien; á 
^ pesar de la contestación afirmativa del Jurado, el Tribunal Su- 

p^L premo, con muchísima razón y completa lógica, casó la senten- 

^ cía, no estimando la circunstancia que se alegaba. 

^^ Es visto, por lo que venimos exponiendo, que todas las 

^ preguntas que impliquen un concepto exclusivamente jurídi- 

y. co, aquellas en que se pide á los jurados una calificación legal 

11^^^ de los hechos, son impertinentes é indebidas, conforme á lo que 

^ ordena el art. 72 y á la doctrina sentada por el Tribunal Su- 

W premo en sentencias de 30 de Diciembre del 89, y 28 de Mayo 

^- y 25 de Noviembre de 1890; por eso, confirmando la doctrina 

p^ contenida en las sentencias más arriba citadas, vuelve á deci- 

dí dir dicho Tribunal que está bien denegada la ampliación de 

una pregunta dirigida al Jurado cuando envuelve conceptos y 
apreciaciones, no ya de hecho, que les corresponde decidir, 
sino esencialmente de derecho, que sólo los Jueces de tal de- 
ben resolver, cuales eran si los hechos comprendidos en la pre- 
gunta tenían las circunstancias y condiciones requeridas en el 
núm. 7.^ del art. 9.^ del Código penal, ó bien si el acusado 
obró ó no con arrebato y obcecación. 

La jurisprudencia de nuestro más elevado Tribunal es uni- 
forme en este punto; no se observa contradicción alguna y viene 
á fijarse de modo magistral en la Sentencia de 25 de Noviembre 
de 1890, en la cual declara: que aparte de la^ libertad absoluta 
de conciencia con que los jurados resuelvan la cuestión de cul- 



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ENJUICIAMIENTO CRIMINAL 357 

pabilidad del acusado, sólo tienen competencia, Bupuesta aqué- 
lla, para afirmar ó negar los hechos, ya sean relativos á elemen- 
tos naorales, ya materiales de los que puedan derivarse la na- 
turaleza del delito, sus circunstancias, la determinación de la 
participación en el mismo del culpable y el grado de responsa- 
bilidad; por cuya razón, ni se les (tobe preguntar empleando de- 
nominaciones jurídicas, ni sobre calificaciones legales, que 
únicamente el Tribunal de derecho puede hacer según los he- 
chos que el Jurado afirme; y así como á los hechos declarados 
en el veredicto del Jurado debe atender la Sala del Tribunal 
Supremo para la resolución de las cuestiones planteadas en ca- 
sación, no constituyen t por la inversa, verdad legal incontrover- 
tible, las calificaciones jurídicas que en las preguntas del ve- 
redicto se hayan indebidamente contenido, por exceder de los 
limites de la competencia de los Jueces de hecho, cuyas con- 
clusiones no pueden consiguientemente ser impugnadas cuando 
la Sección de derecho las hace suyas; por todo lo cual, al de- 
clarar el Jurado y aceptar la Sección de derecho que N. obró 
viol' litado por una fuerza irresistible, consigna una calificaci(')n 
jurídica que puede ser corregida en casación si no se deriva re c- 
lamente de los hechos en que pretende fundarse; porque signi- 
tícar.do dicha circunstancia eximente la anulación de la liber- 
tad el hecho de que pretende derivarse en favor del acusado, si 
constituye un estímulo natural que le impulsó á obrar como 
obró, no implica la coartación de su libertad hasta el punto de 
suponer que realizó el hecho contra su voluntad, como fuere 
preciso para estimar la eximente 9.^ del art. 8.^ 

Previene el art. 72 de que nos ocupamos, que las pregun- 
tas han de versar sobre los elementos morales y materiales del 
delito, ya se refieran á circunstancias constitutivas, ya á las 
circunstancias que modifican la responsabilidad; por consi- 
guiente, según declara el Tribunal Supremo en sentencia de 
19 de Junio de 1890, la cuestión de si el procesado tuvo inten- 
ción sólo de herir y no de causar la muerte á su adyersario, es 
un elemento moral del delito, y su apreciación soberana corres- 



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REVISTA DE LEGISLACIÓN 

suyas declaraciones en el veredicto, como re- 
) las que ha hecho de las pruebas, han de ser 
Tribunal de derecho, siendo, por consiguien- 
ciar la circunstancia 3.* del art. 9.^, cuando 
in ha sido declarada por el Jurado; pero como 
1 Supremo nos ha enseñado en las sentencias 
intes, se sobreentiende que para apreciar esta 
como cualquiera otra que se alegue y discuta , 
utamente preciso, que en la pregunta se ex- 
en que se funda, ya que no puede ni debe, 
mo apartado del art. 76, emplearse denomi- 
5una; por eso, recordando la doctrina susten- 
ibunal en sentencia de 21 de Mayo de 1890, 
m de ella al caso en que de esta circunstancia 
íonvenir, en que no pudiendo revelarse la in- 
como acto interno' de otro modo que por los 
lanifiestos que concurren en el hecho, únicos 
js por el criterio judicial, es preciso para que 
derecho, competente para la apreciación jii- 
nstancias, pueda apreciar si concurrió ó no 
3omo de disculpa en el caso en que so alegue, 
j afirmados en el veredicto, de la situación 
mte en el momento de la acción, del modo, 
3 con que se haya cometido el hecho, aparezca 
ilaridad que la acción ha ido más lejos que 
inción del agente, y si de los hechos en que 
stancia no resulta esa desarmonía por los me- 
os, entre el propósito del delincuente y el re- 
•n, entonces la Sección de derecho debe decla- 
currido la referida circunstancia, sea la que 
ción que el Jurado haya dado á la pregunta, 
le decimos de esta circunstancia, podemos de- 
aguez no habitual y de las demás de los í:r- 
LO. No basta que se diga por el defensor en bus 
el delincuente estaba embriagado ; es necesa- 



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ENJUICIAMIENTO CRBIINAL 359 

rio, para que la pregunta sobre la embriaguez quepa dentro del 
Teredicto, que baya hechos en que apoyarla, que sea objeto de 
la prueba; de otro modo, y debiendo el Jurado juzgar por el 
resultado de la practicada, no es posible que conteste á un punto 
sobre el cual no se ha traído elemento alguno al juicio. 

En resumen: según la jurisprudencia constante y uniforme 
del más Alto Tribunal de la Nación, al Jurado no se le ha do 
preguntar si medió ó no la circunstancia Á óBde los arts. 8.**, 
9.^ y 10 del Código penal, sino que han de ser objeto del vere- 
<licto los hechos generadores de las mismas, y aun cuando estos 
hechos sean afirmados por el veredicto, la Sección de derecho 
tiene el deber de examinar con sumo cuidado si reúnen ó no los 
requisitos esenciales que la ley exige para que dichos hechos 
den origen á las circunstancias alegadas, y, caso negativo, inspi- 
rándose en la ley y en la doctrina del Tribunal Supremo, á pe- 
sar de la contestación afirmativa, procede que rechace la cir- 
cunstancia pretendida. 

Puede muy bien derivarse una misma circunstancia de he- 
chos distintos, y en este caso, para cada hecho que tiende á 
demostrar su existencia, procede hacer la correspondiente pre- 
gunta (Sent. de 19 de Mayo de 1890); y es natural que así se 
haga, ya que algunos de los expresados hechos pudieran ser 
negados por deficiencia de la prueba y otros afirmados por el 
Jurado, y de englobarlos todos en una misma pregunta, falta- 
ría la unidad de concepto que es absolutamente necesaria, y no 
podría ser debidamente contestada por el Jurado. Las circuns- 
tancias, por ejemplo, de premeditación y alevosía, se prestan 
desde luego á que sobre los hechos que las originan se hagan 
distintas preguntas, porque pueden nacer de actos diferentes 
que, ya se aprecien en conjunto, ya por separado, son consti- 
tutivos de las mismas. 

Hay otras circunstancias, como son la 1.* y 5.* del art. 10, 
ó sea la de parentesco y la de realizar el delito por medio de la 
imprenta, litografía, etc., que según la naturaleza y los efectos 
del delito han de tomarse como atenuantes ó como agravantes» 



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360 RKVISTA DK LEGISLACIÓN 

y desde luego las preguntas que sobre ellas se han de hacer so» 
las referentes al hecho de su existencia, quedando á la apre- 
ciación de la Sección de derecho, conforme á la sentencia de 6 
de Marzo de 1890, en qué sentido han de estimarse, combinán- 
dolas convenientemente con los demás elementos que resulten 
del veredicto, ya que, como sabemos, es atribución exclusiva de 
la Sección de derecho definir jurídicamente los hechos genera- 
dores de las circunstancias. 

Otras, como son las de nocturnidad, el despoblado y la rei- 
teración (15 y 17 del, mismo art. 10), también, según la natu- 
raleza y accidentes del delito y las circunstancias del delin- 
cuente, las han de tomar ó no en consideración como agra- 
vantes los Tribunales; y tampoco aquí es preciso no hacer más 
que la pregunta llana y sencilla de si se ejecutó el hecho á tal 
liora de la noche, si el sitio en que tuvo lugar se hallaba á tal 
ó cual distancia de poblado, y si el acusado fué ó no penado 
anteriormente por los delitos que resultan de sus antecedentes 
penales. Si el Jurado no contesta negativamente á esas pregun- 
tas, entonces á la Sección corresponde declarar si la noche fa- 
cilitó la comisión del delito ó su impunidad; si el lugar, dadas 
sus condiciones topográficas, era lo bastante solitario para que 
se considerase despoblado, y por último, si esas condenas an- 
teriores demuestran mayor perversidad en el agente y tienen ó 
no alguna relación jurídica con el hecho por el cual se juzga, 
para apreciarlas ó desestimarlas, según proceda. 

Hay circunstancias, como las 4.*^, 5.^ 6.* y 7.* del art. 8.^ 
del Código, que para ser apreciadas íntegramente necesitan la 
concurrencia de los requisitos que en los mismos números se 
expresan, y de no concurrir todos y si sólo algunos de esos re- 
quisitos, pueden dar lugar á una minoración considerable en 
la pena, con arreglo al art. 87, y en este caso es preciso que se 
hagan las preguntas sobre esos distintos elementos, que re- 
unidos dan lugar á la completa exención de responsabilidad,*^ 
porque conforme declara el Tribunal Supremo en sentencia 
de 9 de Enero de 1891, siendo diversos y pudiendo producir 



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ENJUICIAMIENTO CRIMINAL S61 

efectos legales distintos según los que se aprecien, al englobar 
en una sola pregunta dos de ellos y omitir el tercero, se falta 
á lo prescrito en el art. 72: y claro es que si, por ejemplo, hO 
alega la defensa propia, es necesario hacer la pregunta sobre el 
hecho constitutivo de la agresión ilegítima, sobre el déla ne- 
cesidad racional del medio empleado para impedir ó repeler la 
agresión y sobre el de la falta de provocación por parte del que 
te defiende; y como la agresión, el acometimiento, puede en 
ocasiones deducirse de varios hechos, sobre cada uno de ellos, 
como hemos dicho antes, es preciso hacer la pregunta corres- 
pondiente, ya que de cualquiera aislado, ó de todos en conjunto, 
puede nacer el primer requisito del núm. 4.^ del art. 8.®; de- 
biendo tenerse muy presente que ocurre muchas veces que por 
ignorancia ó por otras causas que no son ahora del caso, es- 
time el Jurado frecuentemente el segundo de los requisitos de 
^dicho núm. 4.^, y rechace el 1.^, ó sea el de la agresión ilegí- 
tima, que es la base, el fundamento del derecho de defen. a, 
que no tiene razón de ser, ni puede existir, ni se concibe sin el 
ataque de otro, y entonces la Sección de* derecho debe devol- 
ver el veredicto al Jurado, con arreglo al núm. 2.^ del art. 107, 
para que lo reforme, bien afirmando el hecho generador del de- 
recho de defensa contenido en la pregunta relativa á la agre- 
sión, bien negando la necesidad racional, ya que siendo nega- 
tiva la pregunta sobre el primer requisito tiene forzosamente 
que serlo en relación al 2'.**, que sólo puede subsistir como con- 
eocuencia del primero. 

Si se alega, por ejemplo, una circunstancia como análoga 
4 las contenidas en el art. 9.^ del Código, como el Jurado no 
es el llamado á apreciarla jurídicamente, y sí sólo afirma ó 
niega los hechos de donde aquéllas han de nacer, siguiendo 
la regla general sentada, debe preguntarse al Jurado sobre el 
hecho que se propone como análogo á los generadores de las 
circunstancias atenuantes, reservándose la Sección de dere- 
cho, como atribución propia y exclusiva suya, apreciar si el 
hecho afirmado por el Jurado tiene la analogía que afirma la 



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1J62 REVISTA DE LEGISLACIÓN 

defensa con la circunstancia indicada por ésta, y es de igual 
entidad, negando á ese hecho el alcance que se le quiere dai-, 
8Í á su juicio no debe tenerlo. Importa, pues, muy poco que 
el Jurado afirme, por ejemplo, que el acusado es septuagena- 
rio, y que la defensa diga que esta circunstancia es análoga á 
la de ser el culpable menor de dieciocho años, si la Sección de 
derecho entiende que en los que alcanzan tan avanzada edad 
no puede suponerse un incompleto discernimiento, ni tampoco 
pueden los Jueces de derecho apreciar como atenuante el arre- 
pentimiento del acusado cuando ha sido afirmado en el vere- 
dicto, si fintiende que no es de igual entidad ni análoga esta 
circunstancia á ninguna de las demás enumeradas en el ar- 
tículo 9.^, ni la de haber cometido el delito en riña, ni la de 
ser ciego el culpable, si demostró con sus actos, tranquilidad 
de ánimo sobrada pai*a cometer un asesinato, ni otras muchas 
alegadas por la defensa y afirmadas por el Jurado con el noble 
propósito de mejorar la condición del acusado. 

Así como todas las circunstancias constitutivas esenciales 
del acto criminal deben comprenderse en la primera pregunta, 
cuya contestación afirma ó niega la existencia del delito, y 
casi siempre la responsabilidad que alcanza al acusado, ya 
como autor, ya como cómplice, ya como encubridor, las qv.e 
se refieren á las circunstancias modificativas de la responsabi- 
lidad es necesario que se hagan por separado, cuidando de no 
comprenderlas en la primera pregunta, que debe referirse úni- 
ca y exclusivamente al hecho principal descartado de las cir- 
cunstancias de lugar y tiempo, y hasta de la forma especial 
en que el delito se cometiera: ya porque así lo establece el ar- 
tículo 72, ya también porque, cuanto más concretas sean las 
preguntas, mayor facilidad encuentra el Jurado para contes- 
tarlas, y comprendiendo en dicha primera pregunta los acci- 
dentes citados, pudiera envolver términos contradictorios, lo 
que debe evitarse á todo trance, siendo preferible y de mejor 
resultado práctico preguntar: 1.^, si N. es culpable de haber 
causado á X., por ejemplo, el día tantos y en tal sitio un golpo 



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ENJUICIAMIENTO CRIMINAL 363 

con una faca que le produjo la muerte; 2.^, ei el delito ha sido 
califícado como de asesinato, debe preguntarse sobre el hecho 
generador de la circunstancia que constituye el asesinato, y 
sucesivamente sobre las genéricas de la hora, del despoblado 
y de todos los demás accidentes que modifiquen la responsal/i- 
lidad en el sentido de agravación ó de atenuación, y las demás 
alegadas por las partes, no olvidando nunca hacer la debida 
pregunta sobre aquellas circunstancias que dependan de los 
antecedentes del mismo acusado, aun cuando consten de un 
niíxlo evidente en el. proceso, cuales son las de la edad y las de 
la reincidencia; porque según tiene declarado el Tribunal Su- 
premo en sentencias de 28 de Mayo y 27 de Noviembre de 
1890, si bien en el último párrafo del art. 72 de la ley del Ju- 
rado se reservan á la Sección de derecho sin necesidad de for- 
mular pregunta alguna en el veredicto los conceptos exclusi- 
vamente jurídicos que puedan apreciarse independientemente 
de todos los elementos materiales ó morales constitutivos del 
delito ó de sus circunstancias, no puede prescindirse de com- 
prender en él todas las que hagan referencia á hechos, como lo 
es el de haber sido penado el procesado por delito comprendido 
en el mismo título del Código, que no contiene concepto al- 
guno exclusivamente jurídico,' y por lo tanto, sus elementos 
materiales y morales están sometidos á la decisión del Jurado, 
con arreglo al párrafo 2.® de dicho artículo. Y no afirmándose 
en el veredicto, único á que hay que atender en materia de 
hechos, el de la reincidencia, la afirmación que sobre ella hace 
la Sección de derecho con notoria incompetencia no puede 
surtir efectos legales ni modificar la responsabilidad que lógi- 
camente se derive de las preguntas contestadas por los jurados; 
declarando en la de 13 de Febrero de 1891, que en las causas 
de la competencia del Jurado, corresponde exclusivamente á 
los Jueces de hecho la declaración, no sólo de la culpabilidad ó 
inocencia del acusado, sino también de su mayor ó menor res- 
ponsabilidad criminal, atendidas las circunstancias que hu- 
biesen concurrido en la perpetración del delito, y limitada la 



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SG4 REVISTA DE LEGISLACIÓN 

misión del Tribunal de derecho á aplicar la ley con sujeción 
estricta al veredicto, infringe el art. 10 del Código penal al 
apreciar su concurrencia, aunque de la sentencia resulte que 
los penados fueron condenados con anterioridad por el mismo 
delito, si el hecho de la reincidencia no fué objeto de pregunta 
en el veredicto. 

(Se eiUiauará.) 

Felipe Pozzi y Gentón, 

Magistrado de Audiencia territorial. 



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CÓDIGO CIVIL 



Junspradencia del Tribanal Supremo en las diversas enestiones 
sometidas á sn resolución. 



Arrendamiento. — Cuándo termina el plazo del rontrato de 
'arrendamiento en las fincas rústicas, — Previene el art. 1564 del 
Código, como precepto de carácter general, que si el arrien- 
do se ha hecho por tiempo determinado, concluye en el día 
prefijado en el contrato, pin necesidad de requerimiento espe- 
cial. Asimismo, y como disposición particular para los predios 
rústicos, ordena el 1577 que cuando las partes contratantes no 
htyan fijado su duración, el arriendo se entiende hecho por todo 
el tiempo necesario para la recolección de frutos que toda la 
finca diere en un año, ó pueda dar por una vez, aunque pase 
-de dos años. 

El TribunalSupremo, resolviendo en casación la doctrina 
•de dichos artículos, decidió acertadamente en sentencia de 1.^ 
de Julio de 1891 (Gaceta dé 19 de Agosto siguiente), que esti- 
pulado en el contrato de arriendo la duración de cinco años, 
los cuales terminaban en 1.^ de Octubre de 1890, aquél con- 
-cluia, como consecuencia de la convención, al tiempo es- 
tipulado en el contrato; por lo cual la Sala aplicó rectamente 
tal principio, sin infringir, como se alegaba en el recurso, las 
Decisiones de Justicia 186 y 338, vigentes en Aragón, y lo dis- 
puesto en el art. 1577 del Código civil vigente, acerca de 
cuándo se entienden terminados los arrendamientos de fincas 
rústicas. 

Lugar en que ha de verificarse el pago de la renta estipulada, — 



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366 REVISTA DE LEGISLACTÓN 

Promovida cuestión jurisdiccional entre diversos Jueces que 
se creían competentes para conocer de cierta reclamación so- 
bre pago de alquileres de ima casa, por entender el uno que 
tratándose de una acción personal, y no constando pacto ex- 
preso, la competencia radicaba en el Juez del lugar en que el 
demandante residía; y el otro, que la jurisdicción residía en el 
del sitio en que la fínca se hallaba y donde la obligación de- 
biera cumplirse, la Sala tercera del Tribunal Supremo, en 3 de 
Diciembre de 1891 (Gaceta del 12), determinó: que no exis- 
tiendo pacto alguno respecto del sitio en que debe pagarse el 
alquiler de una finca, éste debe satisfacerse en el mismo punto 
en que el inmueble radique, tanto por ser el lugar del cumpli- 
miento del contrato, como por razón de lo establecido en los 
artículos 1171 y 1574 del Código civil. 

Indemnización de perjuicios que puede exigir el arrendataHo^ - 
— Cuando el comprador da por terminado el arrendamiento, 
el arrendatario podrá exigir, conforme al art. 1571 del Có- 
digo civil, que se le deje recoger los frutos de la cosecha del 
año agrícola corriente, y que el vendedor le indemnice los da- 
ños y perjuicios que se le ocasionen. El Tribunal de Casación, 
en sentencia de 8 de Noviembre de 1892 (Gaceta de 24 de Di- 
ciembre), ha resuelto^que la reclamación de esos perjuicios no 
Fe extiende á la privación del interés, utilidad de'^provecho, de 
ganancia ó de lucro, sino á los perjuicios previstos, ó que se 
hayan podido prever al tiempo de constituirse la obligación, 
y no á los dudosos y contingentes; quedando siempre el regu- 
larlos á la exclusiva apreciación de la Sala, conforme al ar- 
tículo general 1107 del Código y núm. 7.^ del art. 1692 de la 
ley de Enjuiciamiento civil. 






Capacidad de los menores. — Nulidad de un contrato otor- 
gado en Navarra por un menor de veinticijico años. — Casando el 
iallo recurrido que declaró la validez de dicho contrato, esta- 



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íVimoo a VIL 867* 

blece el Tribunal Supremo, en sentencia de 1.** de Abril do 
1801 (Gaceta de 26 de Mayo): 1.^, que de acuerdo con el ar- 
ticulo 5.^ de la ley de 11 de Mayo de 1888, la provincia de Na- 
varra continúa sometida por ahora en toda su integridad á la 
legislación foral, debiendo regir el Código civil como derecho 
supletorio en defectd del que allí lo sea por virtud de sus leyes 
especiales; 2.^, que con arreglo á lo dispuesto en el art. lo del 
Código, los derechos y deberes de familia y los relativos ni es- 
tado, condición y capacidad legal de las personas, declarados 
iir dicho Código, no pueden aplicarse á las personas nacidas 
en territorios aforados ó de padres sujetos al derecho foral, si 
no se hubiese ganado vecindad en forma, debiendo resj^etarse 
el estado de derecho constituido por la ley ó la costumbre en 
la fonnA prevenida en el art. 6.^ del Código; 3.^, que en con- 
tra de lo consignado en el Fuero y su Amejoramiento, se ob- 
serva en Navarra la costumbre de que la mayor edad emi)iece 
á los veinticinco años, que es lo que dispone el Derecho ro- 
mano, supletorio del foral, y 4.^, qne el menor de dicha edad 
carece, por tanto, de capacidad legal para contratar y obli- 
garse, conforme á la legislación de Navarra; siendo, en bu vir- 
tud, nulo el contrato, cuya eficacia reconocía erróneamente la 
"g^ntencia recurrida. 
• * 

Compraventa. — Ko esrescindible un contrato de compraventa 
que se supone hecho eii fraude de acreedores cuando el comirador 
ka inscrito su dei'echo en la maneta y con las solemnidades prescri- 
tas en la ley Hipotecaria^ y no resulta detnostrada la complicidad 
del adquirente en el fraude atribuido al vendedor, — El Tribunal 
Supremo, en sentencia de 28 de Noviembre de 1892 (Gaceta 
de 9 de Enero siguiente), casando y anulando el fallo recu- 
rrido, que declaró rescindida una venta hecha por persona con- 
tra quien se habla dictado sentencia condenatoria y librada 
mandamiento de embargo, venta que se estimaba hecha en 
fraude de acreedores, resolvió: 1.®, que las disposiciones gene- 



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REVISTA DE LEGISLACIÓN 

igo civil, relativas al contrato de compraventa, 
derse, y así lo ordena el art. 1537, relacionadas 
3tosde la ley Hipotecaria; y según el 608 de di- 
lay que atenerse á lo dispuesto en la ley Hipote- 
terminar la fuerza y efectos de la inscripción y 
lechas en el Registro; 2.^, que si bien, conforme 
s 1291, caso 3.*^, y 1297 del Código, las ventas se 
fraude de acreedores cuando el vendedor hubiese 
do con anterioridad al pago de cantidades, ó se 
dido contra él mandamiento do embargo, dispone 
ey Hipotecaria que los contratos que se otorguen 
irezca en el Registro con derecho para ello, un» 

no se invalidarán en cuanto á los que con él bu- 
,tado, aunque después se resuelva el derecho del 
• causas que no consten en el Registro; deduciéu- 
)recepto que ni la sentencia condenatoria, ni el 
) de embargo, producen efecto alguno en perjui- 
rador si no resultan previamente anotados sobre 
ididas; y subordinada, por tanto, como lo está, la 
Jipotecaria al Código civil, es claro que no cabe 
no hecha en fraude de acreedores, una enajena- 
trgs medios no se acredita la complicidad del com- 
contrato tenido por fraudulento. * 

2tie habrá ¿e verificarse el pago del pi'ecio, — Resol- 
ompetencia entre los Jueces del distrito de la Mag- 
ulla y el del partido de Almendralejo, que recipro- 
tribuían el conocimiento del asunto, determinó el 
)remo (Sent. de 23 de Noviembre de 1891, Gaceta 
embre), que disponiendo el Código civil en el ar- 
lue en el contrató de compraventa el pago deba 

lugar en que se entregue la cosa, salvo estipula- 
a, entrega que tuvo lugar en Almendralejo, y ejer- 
jmás una acción personal, era competente dicho 
le á las disposiciones de la ley de Enjuiciamiento 
[ del distrito de la Magdalena de Sevilla. 



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CÓDIGO CIVIL 369 

Comunidad de bienes. — Interpretación de los artículos 394 y 
397 del Código, — El Tribunal Supréhio, en sentencia de 17 de Di- 
ciembre de 1891 (Gaceta de 14 de Enero de 1892), desestimando 
el recurso de casación promovido por la parte demandada en 
un pleito sobre demolición de obras de mampostería que des- 
cansaban sobre un patio común á diversos propietarios, sentó 
como doctrina: 1.*^, que no se habían infringido en la senten- 
cia recurrida los artículos 394 y 397 del Código civil, que de- 
ienninan el servicio que cada partícipe puede hacer de la cosa 
sin perjuicio de la comunidad, y que requieren el consenti- 
miento de los condueños, aun resultando ventajas de las obras; 
porque la Sala sentenciadora apreciaba común el patio, inter- 
pretando por ello rectamente los citados artículos: 2.*^, que eran 
inaplicables al caso los artículos 25, 34 y 36 de la ley Hipote- 
caria, porque el causante de los derechos de los recurrentes ce- 
dió aquello que no era extensivo á los terrenos segregados, no 
pertenecientes al vendedor, y que, por tanto, no adquirieron 
jtimáfi dichos terrenos aquéllos; estando en su lugar la demoli- 
ción acordada de las obras ejecutadas en el patio común. 

También ha decidido el Tribunal Supremo (Sent. de 11 de 
Noviembre de 1892, Gaceta de 24 de Diciembre), que los artícu- 
los 397 y 398 del Código civil, que versan sobre los deberes de 
los condueños, y los requisitos que han de concurrir en los 
acuerdos de la comunidad, no son aplicables á las cuestiones 
sobre servidumbre de pastos, cuando no se suscita cuestión 
alguna entre condueños, sino que meramente se reclama el 
cumplimiento de dicha servidumbre. 



* 



Contratos. — Validez de un contrato privado é indemnización 
de perjuicios. — Celebrado en 20 de Mayo de 1889 un contrato 
privado entre la administración de una obra pía y el deudor á 
la misma, contrato que debiera elevarse á escritura pública, y 
en el cual, por medio de una verdadera novación, se liquidaba 
TOMO 82 24 



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370 REVIfiTA DE LEGISLACIÓN 

la suma debida, se prorrogaba el plazo para solucionarla, y ee 
establecía que, finado dichS plazo sin entregarse la deuda^ 
quedaba la finca hipotecada en favor de la fundación, los pa- 
tronos de ésta cedieron en 1890 á un tercero el crédito hipóte - 
cario reconocido con anterioridad á la escritura privada <lo 
Mayo de 1889. 

Dictada sentencia reconociendo la valiJez del documento 
privado, condenando por ello á la representación de la obra 
pía á elevarlo á escritura pública, y caso de no ser posible, á la. 
correspondiente indemnización de perjuicios, el Tribunal Su- 
premo al resolver el recurso de casación (Sentencia de 19 de No- 
viembre de 1891, Gaceta de I.'' de Enero de 1892), estableció la 
siguiente doctrina: 1.®, que si bien el art. 1261 del Código civil 
establece que no hay contrato ein cauea, en el contrato privado, 
base do la demanda, constaba la deuda cierta, la prórroga de 
cuatro años, la liberación de intereses, y finalmente, la ohliga- 
ción en el deudor de realizar dentro de aquel plazo'la cantidad 
adeudada, siendo las demás condiciones fijadas pactos anejos, 
cuya eficacia no puede romper el vínculo de derecho nacido de 
la convención principal: 2.^ que el núra. 4.*^ del art. 107 de la 
ley Hipotecaria, en relación con los arts. 1858 y 1859 del Có- 
digo, ec limitan á declarar la nulidad del pacto do no volver ix 
hipotecar, ó de apropiarse las cosas dadas en anticresis, prenda 
ó hipoteca; pero no la nulidad de la obligación principal que ga- 
rantizan, cuyo cumplimiento puede reclamar siempre el acree- 
dor; y 3.*^ que la indemnización de daños y perjuicios habrá do 
exigirse en los casos de incumplimiento ó contravención de 
las partes á lo estipulado en los contratos, como previenen los 
artículos 1101 y 1106 del citado Código civil. 

Interpretación de los cow^ra/os.— Conforme á la constante doc- 
trina del Tribunal Supremo, anterior al Código civil, dicho 
Tribunal de Casación ha establecido que no es aplicable el ar- 
tículo 1282 del Código— que se refiere á que el juicio de la 
intención de los contratantes deberá formarse por los actos de 
éstos coetáneos y posteriores al contrato, — cuando por lo ex- 



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CÓDIGO CIVIL ^ 371 

f «lícito y terminante de las cláusulas no surge la menor duda 
ni se hace necesaria su interpretación (Sentencia de 27 de Oc- 
tubre de 1891, Gaceta de 6 de Diciembre siguiente). 

Solidaridad de los mandantes en el contrato de mandato, — El 
Supremo Tribunal, en sentencia de 10 de Junio de 1891 (Ga- 
cela de 23 de Septiembre), resuelve que el precepto del ar- 
tículo 1731 del Código civil, que establece la solidaridad de 
obligación en las dos ó más personas que nombraron un man- 
datario para un negocio común, no es aplicable á poderes otor- 
gados antes de la publicación del Código, debiendo, á falta do 
lo que de los poderes resulte, atenerse á lo dispuesto en la 
ley 10, tít. 1.*^, libro 10 de la Novísima Recopilación. 

Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley 
entre las partes contraíanles, — No se infringe el art. 1116 del C('>- 
digo civil al reconocer la eficacia de un convenio de acreedo- 
res para quienes lo suscribiesen, y por ello lo consintieron; coí-a 
perfectamente lícita, en nada contraria á la moral y las leyes , 
y que tampoco se opone á lo prevenido en el art. 1116 del Có- 
digo civil, ajustándose al decidirlo asi la Sala sentenciadora á 
lo dispuesto en los artículos 1091, 1254, 1255 y 1257 del citado 
C/Kligo, porque el convenio celebrado entre los acreedores re- 
vestía fuerza de ley, y si bien sus efectos no podían alcanzar á 
otras perdonas que aquellas que lo aceptaron, al suscribirlo la 
parte recurrente venía obligada á su cumplimiento. (Sent. de 
10 de Mayo de 1892, Gaceta de 14 de Agosto siguiente.) 






Disposiciones final y transitorias del código civil. — 
Presentada en 1890 una demanda en la cual se ejercitan derechos 
nacidos al amparo de las leyes anteriores al Código, no son aplica- 
bles las disposiciones de éste, — En sentencia de 2 de Noviembre 
de 1892 (Gaceta de 7 de Enero de 1893) estableció la Sala de 
Ca.sación: 1.^, que conforme á la 4.^ disposición transitoria del 
Código civil, las acciones y derechos nacidos y no ejercitado» 



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REVISTA DE LEGISLACIÓN 

3digo, subsisten en los términos que les ro- 
ción anterior; por lo cual, ejercitándose en 
n nacida bajo el amparo de las leyes ante- 
38ol verse, como en efecto lo resolvió el Tri- 
, por la sola virtud de sus preceptos, sin apli- 
Código civil, los cuales no regían el acto, 
locer también que la validez ó nulidad de 
3 bajo el imperio de la ley civil, anterior al 
con fuerza retroactiva que afecte á los dero- 
en por las disposiciones de este Cuerpo le- 
Noviembre de 1892, Gaceia de 7 de Enero 
mea puede invocarse la infracción del ar- 
a disposición final del Código, suponiéndola 
ir demostrado en el recurso que lo resuelto 
Qtenciador es contrario á las disposiciones 
endo, por último, improcedente fundamen- 
doctrina del Tribunal Supremo anterior á 
)1 Código, siquiera sea conforme con los pre- 
its. de 4 de Junio y 16 de Diciembre de 1892, 
gosto de 1892 y 21 de Febrero de 1893.) 
i disposición transitoria 1.* del Código, es 
3trina sentada por el Tribunal de Casación 
de Diciembre de 1892 (Gaceta de 21 de Fe- 
3 nos reservamos ahora de examinarla, á fin 
amenté al tratar de la patria potestad. 

La Redacción 



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DERECHO PROCESAL 



Datos práetieos para la fatura ley de Enjaicianiiento civil. 

Si no de extraordinaria novedad— por que se halla en la con- 
ciencia de todos loe que consagran su atención á estas mate- 
rías la urgencia de acudir á la reforma de nuestras leyes pro- 
cesales en lo civil — tendrá el presente trabajo el valor, no in- 
i^ignificante á los fines del Derecho, de basarse en enseñanzas y 
ejemplos que el cargo de juzgador nos ofrece en nuestra labor 
diaria de la administración de la justicia; labor que pone do 
relieve las dificultades inherentes á la recta interpretación de 
la ley escrita. 

Precisamente en el vigente Código de procedimiento civil 
Be hacen notar los vacíos y de^ciencias que habrán de ser re- 
mediadas en aquella parte que más claras y previsoras en su re- 
dacción debían ser las disposiciones legales. Exisle, por ejem- 
plo, ese tratado de juicios verbales, verdadero martirio, no 
í^ólo para los infelices Jueces legos que conocen de ellos prime- 
ramente, sino hasta para los Letrados y Jueces de primera ins- 
tancia, que luego les habrán de resolver en virtud de apelación. 
Asusta el reflexionar sobre las miles de cabalas que, á la som- 
bra de los preceptos procesales y aun fundadas en ellos, puede 
realizar un modesto funcionario de esos tan corrientes en los 
distritos municipales, apartados de toda comunicación culta y 
carecedores hasta de las débiles luces que un Abogado ó per- 
sona de buen sentido, de las que en el lugar lo tengan más des- 



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REVISTA DE LEGISLACIÓN 

proporcionarles, y que sólo guiados por las or- 
las ilustradas lecciones del Secretario, el cual, 
a tenido que acreditar su suficiencia de algún 
len muchas veces en graves cuestiones de inte- 
n delicadas diferencias que con tanta frecuen- 
en á mal traer á los pueblos pequeños, y que 
n en éstos con caracteres de mayor radicalismo 
aciones de más extenso vecindario y cultura, 
ontrayéndome á lo de que antes trataba, bien 
ue cada uno de los artículos destinados en la 
ley Procesal á regular los juicios verbales ci- 
m semillero de vacilaciones y de problemas le- 
3r, entre los que no citaremos, por no sernos 
i, más que alguno como ejemplo y de los de 
gnificación transcendental, 
a provoca la cuestión muy frecuentemente ofre- 
ica, de que si en la oportuna demanda se re- 
inferior á la permitida como máximum de 250 
) se funde en documento ejecutivo ó como ca- 
li, V. gr., adeudada en varias anualidades, y el 
go excepciona que se opone á dicha reclama- 
)nocer en el actor la cualidad de perceptor de 
tanto, niegue dicha reclamación y además ol 
• de las prestaciones perpetuas ó vitalicias, en- 
11613. comprender el demandante las exigida?, 
etarse la inhibición en favor del Juez de pri- 
respectivo, caso de que la reducción ú opera- 
de que trata el art. 489 de la ley, diera por re- 
ntla litigiosa superior á la dicha de 250 pesetas, 
le si el demandado supiere que tenía éxito bU 
conseguir quizá desarmar á su contendiente con 
ue le infundiría, obligándole á llevar el pleito 
luperior y con tramitación más solemne y cos- 
itorizarse el uso de un arma de mala ley puesta 
9 demandados , con sólo que éstos declarasen la 



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DERECHO PROCESAL B75 

excepción de oposición, sin necesidad de probarla, y requi- 
riendo de inhibición al Juez municipal por incompetente para 
entender en asunto que no es de sus atribuciones. Pero no es 
menos cierto que, admitiéndose una reclamación como la di- 
clia, propuesta subrepticiamente por un demandante cualquie- 
ra, pudiera hacerse prevalecer una petición capciosa, sin que al 
demandado le quedara más que lugar y facultad para decir y 
probar si efectivamente debía ó no las anualidades reclamadas, 
y no discuñr la circunstancia de si el actor es ó no dueño de la 
pensión , una vez que éste no demanda más que una cantidad 
fija y determinada que entra en el límite de competencia que 
eetá señalada á los Jueces municipales, y no hace materia de 
litigio la cuestión de propiedad de las rentas reclamadas. 

La diversidad de prácticas respecto á este punto en los 
Juzgados de primera instancia, es evidente, lo cual, como an- 
tes expresamos, nada tiene de extraño, en atención, no sólo 
á que hay respetables argumentos en favor de las dos solucio- 
nes indicadas, sino que el silencio de la ley se presta á ello, muy 
favorablemente por cierto. 

Otra anomalía es la que ofrece el art. 718 de la referida ley 
Procesal, en el cual se hace la referencia al 496 de la misma 
para el caso en que no be conforme el demandado con la cuan- 
tía litigiosa fijada por el demandante. Tratándose, al parecer, 
de juicios verbales, procede solamente que el Juez oiga á los 
interesados y luego decida, sin que le sea dado ilustrarse del 
parecer de peritos, aun por procedimiento sumario, cofno ocu- 
rre si el pleito de que se trata es de menor cuantía; pues, según 
el art. 493, en su segundo párrafo, si cada parte estimare de 
distinto modo el valor de la demanda, elegirán en el mismo 
acto un perito que lo aprecie, ó uno cada parte, y el Juez un 
tercero que dirima la discordia, si la hubiere. Es decir, siempre ' 
naenores garantías cuando se trata de Jueces que en su mayor 
parte suelen ser legos, que en los Letrados que desesempeñan 
los Juzgados de primera instancia, anomalía notable y que pro- 
cede remediar, aun teniendo en cuenta la mayor celeridad eu 



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376 REVI8TA DE LEGISLACIÓN 

el procedimiento verbal y el menor interés que en éste puede 
perseguirse. 

Y, ¡cuántas observaciones no se ocurren al ver la extraf>r- 
dinaria disparidad de criterios y sistemas que se siguen en liía 
actas comprensivas de las manifestaciones, resultados de las 
pruebas y acuerdos judiciales que recaen en los juicios verba- 
lesl Obsérvase acerca de tal particular desde la ilimitada laxi- 
tud otorgada á los litigantes para que anoten en el acta todo lo 
que se les ocurra, sea propio ó impropio, oportuno óincongnicu- 
te, hasta reducir la iniciativa de demandante y demandado á 
términos matemáticos, no dejándoles alegar más que una sola 
vez á cada uno, sin remisión del infalible é indiscutible acuer- 
do. Y en materia de ofrecimiento de prueba, ¡cuánta variedül, 
igualmente se practical Juzgados en que te obliga á acom- 
pañarlas á los interesados en la primera instancia; otros que 
las admiten conforme se van presentando los hechos, cuya 
probanza ellas han de terminar; algunos en que sólo Jia$(a la 
tercej-a vez se extiende el límite de la tolerancia; por lo quo» 
se hace difícil determinar cuándo habrá de protestarse de in- 
defensión por denegación do prueba. 

Urge y se necesita, por tanto, que en el tratado de juicios 
verbales de la ley de Enjuiciamiento se consignen reglas, 
aunque no sean más que cardinales, entresacadas, en lo que 
quepa y por analogía, de lo vigente hoy respecto á juicios de 
menor y de mayor cuantía y de los trámites á que las apela- 
ciones de los mismos se sujetan. Que tal medida sirva prinoi- 
ci pálmente para que las mayores precisión y previsión en los 
artículos de la ley alejen todo motivo de interpretación di- 
versa y hagan innecesarias prácticas judiciales que, mientrag 
duren las actuales circunstancias, se hacen cada vez más posi- 
bles y llevan consigo consecuencias que sólo el que estudia en 
la experiencia y realidad de los casos concretos, aprecia á qué 
resultados tan deplorables conducen. 

Encontramos asimismo digno de reforma el art. 731 de la 
citada ley de Enjuiciamiento, en lo que se refiere al plazo para 



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DERECHO PROCESAL 377 

dictar sentoncia en los juicios verbales. Muy pocas serán las 
veces en que el problema que comprenda la reclamación enta- 
blada se ofrezca con precisión de términos y claridad suüciente 
para ser solucionada en el fallo que habrá de redactarse en cada 
juicio ó juicios vistos, precisamente en el día mismo en que 
han sido terminados. No por ser la cuantía mínima la v^tilada 
en un juicio verbal, dejan de presentarse en ellos cuestiones^ 
jurídicas, á veces de transcendencia mayor y de más difícil 
solución que las que son objeto de los juicios de menor ó de 
mayor cuantía. Cíon frecuencia en los primeros, lo de menos 
resulta la apreciación de la prueba; y al darse cuenta de las 
peticiones do los interesados tal como las formularon, repe- 
tidas veces se trata de si procede, por ejemplo, aplicar el Có- 
digo civil ó la legislación anterior por ofrecer dudas la pro- 
cedencia al caso concreto planteado, de una ú otra de las dis- 
posiciones transitorias que en el final de aquél se insertan; ó 
de si una determinada ley de Partida ó de la Novísima Reco- 
pilación han sido explicadas en un sentido ú otro por cierta ó 
ciertas sentencias del Tribunal Supremo; y en conclusión, 
las mismas dificultades en la resolución de asuntos judiciales 
pueden presentarse, por razón de lo dicho, á los Jueces de pri- 
mera instancia que á los municipales, y sin embargo, á éstos, 
que, como queda expresado, debe exigírseles menor ó quizá 
ninguna cultura jurídica cuando no tienen la cualidad de Le- 
trados, y por el imprescindible recurso que les queda de te- 
ner que apelar al consejo de persona perita, residente mu- 
chas veces fuera de la localidad, se les pide mayores faculta- 
des, y en consecuencia, se les presta menores facilidades para 
cumplir debidamente los penosos deberes que lleva consiga 
el cargo. No se adulteiaría el objeto y carácter de los juicios 
verbales con disponer que la sentencia en los mismos fuese 
dictada por el Juez municipal en el tercero ó quinto día hábil 
siguiente al en que se celebró la última comparecencia; y con 
otorgar al Juez de primera instancia severas medidas de rigor 
para castigar á los inferiores jerárquicos que no respetasen 



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--T*ÍÍT*r»^ 



B78 REVISTA DE LEGISLACIÓN 

tal término, suficiente entonces para calificar de especiosas 
ó inciertas las excusas, no probadas legalmente, que alegaran 
al hacérseles responsables de la dilación en dictar senten- 
cia. Porque hoy, yá espaldas de la ley, tiene, en más do 
una ocasión, el Juez superior que dar como dictada en el de- 
bido plazo la sentencia de que en grado de apelación conoce, 
cuando la extralimitación no comprende un muy largo plazo, 
sino <iue se limita á muy pocos días, por hallarse la conciencia 
del juzgador plenamente convencida de la imposibilidad abso- 
luta (jue el Juez municipal tuvo para obedecer estrictamente 
el precepto legal, atendidos el apesadumbrador número de 
asuntos de todas clases en que aquel hubo de entender en cada 
dia, y además el tiempo que forzosamente empleó en el estu- 
dio del caso legal planteado ó en la busca de ilustrado conse- 
jero que guiase su inteligencia, bastantes veces ciega, aun en 
problemas rudimentarios del Derecho. Y estas dos circunstan- 
cias, principalmente la primera, ó sea la de multiplicidad de 
asuntos de que conoce cada Juzgado municipal, constituyen 
casi la regla general de lo que en éstos acontece; pero bastará 
que un solo caso de esta naturaleza ocurriera para que la con- 
cesión de un mayor prudencial plazo, en la forma que ya 
queda indicada, fuera digno de acordar. 

Las propias reflexiones últimamente expuestas pueden 
aplicarse á la crítica del art. 736, que impone de igual modo 
al Juez de primera instancia el deber de dictar sentencia, en 
las apelaciones de juicios verbales, en el mismo día ó siguiente 
al de la celebración de la comparecencia que prescribe el an- 
terior art. 735. Y aquí, quizá, se hacen de mayor peso los mo- 
tivos para aconsejar la reforma, por entender dichos Jueces 
en su calidad de Instructores de sumarios, en más número 
de asuntos y de mayor importancia. Téngase presente, por 
otra parte, que aquellos funcionarios sentencian los juicios 
verbales mediante una especie de recurso de casación, sin que 
contra el fallo pueda ejercitarse más que el muy raramente 
usado recurso de responsabilidad; y que, por tanto, el apremio 



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DERECHO PROCESAL 379 

que significa la fijación de un angustioso plazo para dictar 
sentencia, puede, en bastantes ocasiones, ser origen de preci- 
pitaciones, y por lo mismo, de un cómodo y excesivo prurito 
de confirmar los fallos inferiores. 

Por lay mismas razones es también precepto muerto en el 
CVidigo de procedimientos el del art. 262, con aplicación á los 
juicios verbales, al designar al Secretario del Juzgado munici- 
|>al para que practique las notificaciones de las fientencias en 
aquéllos recaidas. Y ee precepto muerto, porque ha venido la 
realidad de las cosas, con mayor elocuencia que las reglas 
ti'r>ricas sólo consignadas en el papel, á hacer ver lo imposible 
de que dicho funcionario dé á conocer las providencias, autos 
ó sentencias en el mismo día ó siguiente de ser dictadas (ar- 
tículo 260), cuando, como acontece frecuentemente, ha de no- 
tificar dos ó más resoluciones en un mismo día y en puntos de 
extrema distancia en el propio término municipal; habiendo 
de precisar en más de una ocasión de \m día entero para cum- 
plir tal obligación con referencia á sólo un juicio verbal, todo 
6in contar con los rigurosos preceptos de residencia en la capi- 
tal del Municipio que le impone la ley de Registro civil res- 
ixycto á inscripciones de nacimientos, y de defunciones espe- 
cialmente. 

De aquí que sea lógico el aconsejar, ó bien que se amplíe 
ti plazo para notificar resoluciones judiciales del referido ar- 
ticulo 262, cuando se trate de juicios verbales, porque repre- 
senta además mayor exigencia que la impuesta á los Escriba- 
nos ó Actuarios, los cuales notifican casi siempre y en el 
mismo local del Juzgado á los Procuradores, cuya asistencia es 
muy poco corriente, viniendo, en los juicios verbales, si á ellos 
acuden, con representación por poder; ó bien autorizar á los 
alguaciles del Juzgado municipal para que, comisionados en 
cada caso por el Secretario ó con delegación general, practi- 
quen las notificaciones, aun de sentencias, cuando aqué! es 
encuentre imposibilitado para ello. 

Con lo exageradamente deficiente é implícita que se mués- 



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380 REVISTA DE LEGI8LACIÓN 

tra la ley de Procedimientos civiles en el tratado de juicios- 
verbales, se dan lugar á otro sin fin de dudas que, á pesar de 
todo, aparecen resueltas en la práctica, porque es imposible 
dejarlas sin adecuada solución, pero de distinta y aun opuesta 
manera en cada Juzgado, lo cual ocasiona la muy fundada crí- 
tica de la diversidad de jurisprudencia establecida respecto al 
particular; pero siendo infundadas las censuras, é injustas por 
lo de considerar culpables de ellas á los funcionarios que ad- 
ministran justicia en la forma imperfecta y deficiente que le» 
está prescrito. Así, por ejemplo, un quebrantamiento de forma 
en la primera instancia de los juicios verbales, ¿puede hacerse 
valer en la apelación y ser motivo para anular actuaciones aun 
no habiéndose formulado la correspondiente protesta ó peti- 
ción de reparación al cometerse ó notarse en primera instancia 
Ja falta? Se estima, en efecto, el quebrantamiento de forma y 
Be anulan diligencias de juicio verbal en los Juzgados de pri- 
mera instancia al entender en la apelación de aquellos, y na 
porque la ley autoriza tales medidas para todos los casos, á 
pofar de lo cual se dictan generalmente, sino aplicando por 
analogía las reglas del art. 1693 de dicha ley y demás precep- 
tt)s de la misma con él concordantes; pero unos Jueces acuer- 
dan la nulidad ó. reparo de agravios á consecuencia del que- 
brantamiento sólo cuando coatra éste se reclamó al ser come- 
tido ó apercibirse de él los litigantes; y otros en todos los casos 
en que se hace aquél valer en las diligencias de la apelación, 
y aun con frecuencia de oficio, y sin previa reclamación. Tanto 
los primeros como los segundos, en nuestro concepto, pueden 
fundarse «n razones de mayor ó menor fuerza de verdad, pero 
siempre verosímiles y defendibles ante el mutismo tan censu- 
rable de la ley, en particular de indudable interés para el pro- 
cedimiento. 

Asimismo, y aunque no 9ea más que por equidad, es de 
presimiir que los Jueces que entienden en la apelación de lo* 
juicios verbales admitan la prueba que se proponga en tal 
trámite si cumple los requisitos que igualmente, por analogía^ 



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DERECHO PROCESAL 381 

procede aplicar y traer al presente caso de los artículos 8(»2, 
863 y 897 de la ley. Pero, ¿no hay motivos, y aún más legales, 
para defender el opuesto criterio, en el silencio del Código en- 
juiciador respecto á dicho extremo? Por lo menos, ¿no sería 
de desear que en aquél existiera un precepto de carácter geno- 
nü, comprensivo en sustancia del aforismo antiguo jurídico? 
ZTbi eadem est ratio^ eadeni estjuris dispositio. 

Véafie, en conclusión — aun no habiendo hecho otra cosa en 
el presente modesto trabajo que apuntar los ejemplos de más 
relieve, entre los que en el tratado de juicios verbales de la ley 
de Enjuiciamiento civil denuncian con irresistible evidencía- 
lo muy necesitada que aquélla se halla de pronta modifica- 
ción en varios particulares, y principalmente en el á que vengo 
refiriéndome, si aparece justificada la disparidad de criterio ju- 
rídico entre los distintos funcionarios administradores de la 
justicia, y urgente, además de indispensable, la tarea de re- 
eolver la multiplicidad de prácticas procesales, no ya sólo re- 
gionales, sino hasta locales y también personales, en la unifor- 
midad, que es de razón y además máxima constitucional, de 
una misma legislación enjuiciadora para todos los ámbitos de 
la Monarquía española. 

ZOILO Rodríguez y Porrero. 

Jnea de instmcción y de primera instanoÍA 
por oposieión. 



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DERECHO PENAL 



leí Tribunal Sapremo sobre los artículos \.^ j 471 del Códigí^ 
penal vigente. 

ubre, sujeto del Derecho, produce el delito cuando mediante 
BO ordenado de todas sus facultades animicas realiza la trans- 
e la ley penal voluntaria y conscientemente. 

sensibilidad ejerciendo el papel de agente provocador por 

las potencias afectivas, la inteligencia dirigiendo los movi- 
de nuestra actividad, y esta última ejecutando al fin de 
uelto la acción que elaboró el pensamiento, dan como resul- 
ielito, que caracterizado por los actos exteriores que le de- 
, se nos presenta como materia de la sanción del Derecho, 
es, pues, la intención en esa complicada génesis del delito? 
es otra cosa que el propósito deliberado de dirigir nuestras 
á un fin preconcebido de antemano. Que la intención no es 
ad, sino una manifestación más perfecta de ella; que los acto s 
08 no son siempre maliciosos ó intencionales; y que el ele- 
\ la no intención, si excluye el dolo, no aleja la responsabili- 
a culpa, y que sólo cuando no hay intención ni volunta<l 
:a80 fortuito; así como que la concurrencia de la intención, en 
3nos, únicamente sirve de motivo de atenuación, son ideas 
) que conviene recordar al estudiar la doctrina recientemente 
[)or el Tribunal de casación, 
a autoridad que le es indiscutible, ha venido á interpretar el 

Tribunal de Justicia el párrafo 2.o del art. l.o del Código pe- 
rminando á la vez la acertada inteligencia del art. 471 que 

delito de injurias. 

BA CUESTIÓN. ¿Existe el delito de injurias graves cuando las 



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DERECHO PENAL 383- 

expretionen tenidas en el concepto general por gravemente ofensivas se 
profieren á consecuencia de una excitación en el ánimo del sujeto y como 
jrotesta de actos injustos realizados por la persona que se cree ofendidaT 
— En Tribunal Supremo en sentencias de 7 de Noviembre de 1882 
(Gacela de 8 de Febrero de 1893), y 10 de Noviembre de diehQ afío 
(Gaceta de 29 de Marzo de 1893), ha resuelto esta importantísima 
ruestión. Los hechos, fundamento del primer fallo, son sustancial- 
mente los de que disgustada una mujer con otra, éeUi, en ocasión de 
T>88ar aquélla por la casa de la última, la introdujo en las babitacio- 
□esy y auxiliada de otra persona, trató de castigarla; pero, saliendo 
enseguida la maltratada á la calle descompuesta y acalorada, apellidó 
á la querellada de prostituta dirigiéndola otras frases ofensivas. Lo9 
hechos motivo del segundo recurso son virtualmente idénticos, y (!e 
i^na! naturaleza la falta de moralidad atribuida á la supuesta ofendida. 
Pues bien: resolviendo la Sala de Casación, al anular las sentencias 
que penaron como delito tales hechos, el verdadero alcance de la letra 
del art. 471 de nuestro Código penal, primer punto resuelto en la 
criación, establece muy acertadamente: l.o, que el dolo específico ó el 
ánimo injuriando es un factor esencial del delito de injurias, debiendo 
deducirse el concurso de ese elemento moral, á falta de pruebas di- 
rectas de los hechos precedentes y coetáneos al acto externo genera- 
dor de la querella, de las causas que lo motivaron, de las circunstan- 
cias del lugar y tiempo, de las relaciones entre el ofensor y ofendido, 
y con singular preferencia del estado psicológico del agente en el 
momento preciso del delito: 2.^, que cuando las frases ósupueetcs 
afrentosos se profieren obedeciendo á un movimiento anímico irrc- 
flexivOj y sin la conciencia necesaria de su a'cance y significación, 
desaparece el concepto de delito, porque falta el elemento moral qne 
integra la injuria, y esa falta se opone al propósito ó ánimo deliberado 
de difamar, que es característico y esencial en tales delitos; y 3.o, que 
si bien los epítetos de p... y ladrona son ofensivos, sólo integran in- 
jur'a cuando se profieren con intención de atribuir un vicio ó falta de 
moralidad, no cuando se vierten acaloradamente como protesta ó ma- 
nifestación de un sentimiento enérgico profundamente lastimado por 
quien se cree con ellos ofendido. 

Requiere, sin embargo, esta discretísima doctrina de nuestro Tri- 
bunal de Casación un exquisito cuidado en los Tribunales sentencia- 
dores, si no han de confundir la aplicación de la circunstancia ate- 



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REVISTA DE LEGISLACIÓN 

telA del art. 9.o del Código, en los cmos que proceda, con una 
idera circanstancia qae excasa en realidad el delito, y que, como 
i visto, hace desaparecer la virtualidad jurídica del mismo. Li 
no es difícil ni requiere serias meditaciones. Basta que los Jue- 
irijan sus investigaciones al análisis subjetivo de los elementos 
níormen el acto; que piensen que toda injuria en tanto lo es, en 
bo se haya proferido con intención de deshonrar, desacreditar ó 
acir menosprecio á una persona; y que se penetren de que lo 
3 de la frase ó concepto se subordina siempre á movimientos 
nos del ánimo, producidos pof causas circunstanciales y de mo- 
o; lo cual es bien distinto de los motivos que generan aquella 
cación y aquel arrebato inductivos de una atenuación en la delin- 
cia, pero que no despojan al hecho de la intencionalidad que le 
opia. 

auNDA CUK8TIÓN. La intención en el agente, fuera de los casos. 
\prudencia, es elemento esencial del delito, y aun cuando siempre se 
me conforme al art. Ifi del Código, no engendra responsabilidad 
nal, si consta lo contrario,— La escuela histórica cometía un error 
atable al asegurar que sólo podía denominarse acto voluntario 
bo libre, inteligente é intencional, y que, por lo tanto, sin in ten- 
no había delito. Las doctrinas vigentes— aceptadas discretamente 
luestro Código penal— se han apartado con razón de esos peli- 
)S derroteros, y sólo reconocen la intención como elemento cir- 
bancial y no de esencia al acto ilícito, admitiendo únicamente 
í inherentes al mismo la libertad en el sujeto y la inteligeu- 
m la acción que forman el concepto acertado de la voluntad 
ana, en la cual la intención no es más^ que el resultado previsto y 
minado por el agente al resolverse á obrar. De ahí la imputabi- 
\ de los actos voluntarios é intencionales (voluntas sccsleris) y de 
ctos voluntarios sí, pero no intencionales, cometidos por impru- 
ia, negligencia ó descuido, (culpa lata, leve y levísima), no rece- 
endose jamás la imputabiiidad del hecho fortuito (easus). 
]\ Tribunal Supremo— excusado parece recordarlo— no tenía para 
[lablar de la teoría de la culpa en las injurias, y así debe en ten- 
) la doctrina que sobre la voluntariedad de las acciones consigna 
is sentencias de 7 y 10 de Noviembre de 1892. {Gacetas de 8 de 
ero y 29 de Marzo de 1893.) 
abido es que las acciones sometidas á la sanción del Código se 



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DERECHO PENAL 385 

X^esumen tíempre volantanaa, ínterin no conato lo contrarío, recono- 
ciéndose por ello en el art. !.<* del Oódigo, qne la volantaríedad e» nna 
presunción juri$ taniwn, j qne la prneba en contrario es siempre 
admisible; lo cual acontece con la intención, excepto en la impmden 
da temeraria. 

Es preciso, dice sobre tal particular la sentencia de 10 de Noviem 
bre citada, atenerse en el delito de in jarías á la intencionalidad en el 
ánimo del agente, y cuando la carencia de la intención qneda demos 
irada, el delito no tiene realidad de existencia. 

Pero aún es más notable la doctrina sobre la prueba de la inten 
ción, admitida en sentencia de 29 de Diciembre de 1893. (Gaceta de 80 
de Marso de 1893.) 

£1 hecho de vender como de propiedad exclusiva fincas proindi- 
viso, puede, en verdad, según creyó el Tribunal sentenciador, ser 
oonstitutivo de estafa; pero si la voluntariedad y la intención se pre 
«amen en principio, cuando consta lo contrarío por medios probato- 
rios suficientes á formar el convencimiento, hay que aplicar la teoría 
de qae la intención, fuera del supuesto de imprudencia, es el prímero 
y más esencial elemento del delito, sin cuyo concurso el acto materíal 
no engendra responsabilidad en el agente, en orden al derecho crimi 
nalf aun cuando pueda dar motivo á responsabilidades de carácter 
«i vil. Como claramente se deduce de los fundamentos del fallo dictado 
por la Sala de Casación al anular la sentencia recurrida, es admisible 
la prueba contra la virtualidad de la intención que meramente su 
presume, pero que jamás se admite como indiscutible y ajena á toda 
demostración en contrarío. 

La importancia de la doctrina que en vista de las citadas senten- 
das del Tribunal de Casación acabamos de exponer, es tan transcen- 
dental en los extremos relativos á la recta interpretación de los 
artículos 1.*^ y 471 del Código penal, que apenas publicadas en las 
Gacetas de Febrero y Marzo, no hemos vacilado ea ofrecerlas al estu 
dio y consideración de los lectores de la Rbvibta. 

Primitivo González del Alba. 

Maclstrmdo de la Audiencia territorial de Oraude. 



TOMO 82 35 



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LAS REFORMAS DE GRACIA Y JUSTICIA 



Hemos recibido el folleto que el Ilaatre Colegio de Abogados de 
Haelva ha pablicado recientemente, con motivo de las reformas qae s& 
anuncian como realizables en breve plazo sobre organización de Tri- 
bunales, 7 la circular que el Decano del Ilustre Colegio de Almería ha 
dirigido á sus compañeros de otras localidades con el propio motivo. 

Cumple á la Redacción de la Revista dejar, ante todo, consignado 
que, siendo para ella objeto de singular preferencia cuanto se relacione 
con la honrosa profesión del Abogado, y el no menos noble ejercicio 
de la augusta labor de la administración de justicia, acogerá con agrado 
en esta Sección especialísima cuantas indicaciones se hagan en asunto 
tan transcendental como el de la mejor y más acertada organización 
de los Tribunales en España. 

Pero es preciso manifestar también clara y explícitamente que la 
Revista no habrá de permitirne censurar ni aplaudir en estos momen- 
tos proyectos que no son conocidos de forma tal que presten materia 
á la acertada critica, ni menos habrá de hacer la causa de este ó del 
otro interés privado que la anunciada reforma pudiera comprometer. 
Cuando los Proyectos vayan al Parlamento, cuando ellos sean debida- 
mente conocidos, entonces serán objeto de nuestro estudio, como lo 
fueron los del Sr. Yillaverde, sin dejamos arrastrar de apasionamien- 
tos ni prejuicios, y siempre dentro de la circunspección que, por res- 
peto á nosotros mismos y á la personalidad del jurisconsulto ilustre 
que se halla al frente del Ministerio de Gracia y Justicia, habremos 
de imponemos. 

La Revista se honrará siempre en defender los preciados interese» 
de los Colegios de Abogados, y los no menos dignos de consideración 
de los Jueces y Magistrados; y sus deseos no serán otros que los de- 



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LAS REFORMA P DE GRACIA Y JVSTICTA .387 

que al grito herido de las economías, no te comprometan ni lastimen 
organismos qae son la más inestimable garantía de) orden social en 
todos los pueblos caitos. 

Qaisióramos, obedeciendo á esos naestros propósitos, insertar inte 
gro el Proyecto de organización de Tribunales qne los Letrados D. Gris- 
tóbal 7 D. Antonio de Montes y Oastillo han presentado al Oolegio de 
Abogados de Hnelva; pero, por sa extensión, ofrecemos, con harto 
disgasto nnestro, solamente an ligero extracto del mismo. 

La base de la reforma en el estadio qae tenemos á la vista es el 
planteamiento definitivo de las Aadiencias provinciales con conocí- 
tmento en lo civil y- criminal, y consiguiente conversión en aqaella 
clase de las Audiencias de territorio. Al efecto divide el proyecto ias 
Aadiencias en 84 de categoría de entrada, 14 de ascenso, y una, qne 
sería la de Madrid, de término; institbye tres Inspectores generales y 
15 de región, exponiendo que en el personal, así organizado, se 
obtiene ana economía efectiva de 1.623.010 pesetas, que con la rebaja 
ea las dietas de jurados y testigos, hace un total de 2.223.010 pesetas. 
Combate el aludido trabajo lo que califica de justicia andantesca, que 
hi de ir en busca del caso justiciable, con menoscabo de su respetabilidad ^ 
exclusiva salvaguardia de la única institución que en nuestro país ha 
resistido siempre los embates de todas las convulsiones; calificando á 
los Tribunales proyectados de centros de justicia á plazos renovables, y 
abogando por la estabilidad de todos los centros de administración de 
justicia. Cree, asimismo, la Memoria que extractamos, que para tan 
incesante viajar no bastarían los modestos sueldos de Jueces y Ma- 
gistrados, y que éstos carecerían de tiempo material para atender á 
las ordinarias tareas de sus respectivos cargos. Por último, los princi- 
pios fundamentales que informan el proyecto del Colegio de Aboga- 
dos de Almería son: el establecimiento en lo civil y criminal de Tri- 
banales colegiados de jerarquías diversas; la creación de Inspectores 
generales y regionales; las reformas adecuadas en las leyes de proce- 
dimiento, Código penal y ley del Jurado, reduciendo el número de 
figuras de delito á éste sometidas, sobre la base de la penalidad im- 
ponible. 

Idénticos motivos inspiran las reformas propuestas por el Ilustre 
Colegio de Almería. Defiéndese por esta Corporación la creación de 
Aadiencias provinciales, á las cuales debiera confiárseles, no sólo «el 
conocimiento de las causas criminales, que al presente les corres 



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888 BEVI8TA DE LEGISLACIÓN 

ponde, sino también el fallo de los «santos civiles, como se indicaba 
en el notable discurso leído en 16 de Septiembre de 1889 por el Mi- 
nistro á la sazón de Gracia y Justicia, Sr. Canalejas, en el solemne 
acto de la apertura de los Tribunales; sin que pueda decirse que dis- 
minuyendo el número de Salas se haría imposible el desempefio de su 
cometido á los Magistrados de dichas Audiencias, porque bien fácil 
les sería realizarlo desde el momento en que se eliminaran del Có- 
digo penal, en el concepto de delitos, y se redujeran á simples faltas, 
los hechos punibles que fueron elevados á aquella categoría por la 
reforma de 1876. £1 fal'o de estos hechos, y aún el de todos los cas- 
tigados con arresto mayor, podría reservarse á ios actuales Jueces de 
instrucción, aunque se encomendara á los Municipales la sustancia- 
ción de tales procesos, pero no la facultad de dictar en ellos senten- 
cia; y en cuanto á la instrucción de los pleitos y de los procesos incoa- 
dos para la persecución de los delitos, confiarla desde luego á aquellos 
Juzgados, suprimiendo las Audiencias territoriales.» 

El Decano del Colegio de Abogados de Almería entiende, asi- 
mismo, «que no en vano) han transcurrido veintitrés afios desde f}ne 
el Sr. Montero Ríos proyectó por primera vez y estableció en la ley 
orgánica de 1870 los Tribunales de partido. Esta reforma pudo en 
aquella ocasión entrafiar un progreso, con relación á los procedimien 
tos judiciales entonces en práctica; hoy, lejos de significar un ade- 
lanto, su planteamiento no produciría otra cosa más que un retroceso 
lamentable en estas materias. Además, la constitución de los Tribu- 
nales de partido, formados por tres Jueces de los más inmediatos, 
según el plan del Ministro, los cuales habrían de reunirse para sen- 
tenciar litigios y procesos cada tres meses, llevaría consigo la nece- 
sidad de que aquellos estuvieran reunidos la mayor parte del año, 
quedando mientras tanto abandonada en manos de los Jueces mu- 
*nicipales 1^ instrucción de pleitos y causas, tarea no menos difícil y 
delicada muchas veces que !a del fallo; y este gravísimo inconve- 
niente, que á simple vista se [descubre en tal proyecto, justifica so- 
bradamente el clamoreo general que á su sola enunciación se ha le- 
vantado, no ya entre los perjudicados directamente por la reforma, 
sino entre cuantos se interesan por la buena y recta administración 
de la justicia.» 

A su vez la Real Sociedad de Amigos del país en Jaén, ha elevado 
una exposición á las Cortes pidiendo no se supriman las Audiencias 



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I,AS UEF0RMA8 DE GUACIA Y JUSTICIA 389 

proviiMÚales, y que á ellas se conviertan las qae en la actualidad son 
territorialeB. 

£n la citada exposición, después de invocarse razonamientos se- 
mejantes á los expuestos por los colegios de Almería y Huelva, y de 
pedir la redacción de la competencia para conocer el Jurado en cier- 
tos delitos, se consigna que «en muy pocos años, las instituciones jurí- 
dicas en nuestra patria han sufrido organizaciones diferentes, deter- 
minando, en cierto modo, un estado nuevo, en armonía con el modo 
de ser del organismo judicial en otros países más adelantados en esta 
materia. Hace pocos meses que un joven ex Ministro de Gracia y Jus- 
ticia se congratulaba del planteamiento de la última ley sobre crea- 
ción y organización de las Audiencias provinciales, haciendo conce- 
bir la alhagüeña esperanza de que se impone la sustanciación de los 
asuntos civiles dentro de los límites de cada provincia; para acercar 
más la justicia á los litigantes, haciéndola más económica y más ase- 
quible á todas las clases de la sociedad. Ahora bien; la reforma que 
se indica en estos momentos, ¿será interina ó estable? ¿Quedará su 
jeta al soplo inconstante de la política, al criterio particular de cada 
personalidad saliente que se suceda en el Ministerio, ó se estudia una 
organización definitiva? Mucho nos tememos que no suceda así, y que 
lo ánioo respetable que vive incólume en nuestra patria conservando 
todos sus prestigios, la Administración de Justicia, padezca las zozo- 
bras subsiguientes á tan constantes y alarmadores proyectos de re- 
forma». ^ 

£1 Decano del Colegio de Abogados de Guadalajara acepta análo- 
gas reformas respecto de la organización de Tribunales, siendo de pa- 
recer que debe ampliarse la esfera de acción de las Audiencias pro- 
vinciales. Solicita el concurso de los demás Colegios de Abogados á 
fin de celebrar una Junta magna y deliberar acerca de la conducta 
qae deben seguir en las presentes circunstancias. 

Formula, á este efecto, las siguientes bases; 1.» Cada Colegio de- 
signará en Junta general dos, ó á lo sumo tres señores Colegiales, con 
SQtorización bastante á representar al mismo todos y cada uno. Estos 
sefiores representantes harán conocer en la Junta general á que se 
convoca las aspiraciones de su respectivo Colegio, y por él concurri- 
rán con BUS iniciativas y voto á lo necesario. 2.& Hasta el día 80 de los 
eorrientes se esperará en el Decanato de Guadalajara la indicación, 
que rendidamente se encarece, de si ese Ilustre Colegio ha acordado 



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390 REVISTA DE LEGISLAaÓN 

concurrir ó do á aquella Junta, y caso afirmativo, quiénes sean los se- 
ñores Colegiales designados para representarle. d.& La Junta de repre- 
sentantes tendrá lugar en Madrid, salones de la Academia de Juris- 
prudencia y Legislación, el día 5 de Mayo próximo, á las tres de la 
tarde, debiendo antes de dicha hora presentar en la dependencia que 
se les indicará en Secretaría, sus respectivas credenciales. 4.^ Una yes 
reunidos los representantes de los Colegios en número igual cuando 
menos á la mitad de los mismos, contados por representaciones y no 
por individuos, se procederá á designar, con carácter interino, una 
mesa de edad, compuesta de un Presidente y dos Secretarios, é inme- 
diatamente á la constitución de la Junta general y nombramiento de 
la mesa definitiva con el número de cargos y por el procedimiento 
que la junta acuerde. 

El Ilustre Colegio de Abogados de Toledo ha acudido también á 
las Cortes en súplica de que se dignen desestimar los proyectos eco- 
nómicos de Gracia y Justicia si llegaran á discutirse, fundándose al 
hacer tal petición, en que llevados á la práctica constituirán: 

cUna notoria temeridad al suprimir las Audiencias provinciales, 
que han arraigado en nuestras costumbres, se han identificado con el 
sentimiento y con la inteligencia de nuestro pueblo, y satisfacen impe- 
riosas necesidades de alta justicia. 

>Un censurable desprestigio hacia lo elevado y augusto de las fun- 
ciones judiciales, que en todos los países cultos han sido miradas 
siempre con religioso respeto. 

»üna honda perturbación en la Administración de justicia, resen- 
tida por los trastornos de recientes reformas que, con la creación de 
los Tribunales de partido ambulantea^ quedaría á merced de la arbitra- 
riedad y del capricho. 

»Un retroceso harto sensible en el procedimiento criminal cuando 
teníamos el orgullo de figurar, desde el afio 1882, á la cabeza de las 
naciones más adelantadas de Europa. 

»Y, por último, perjuicios irreparables á 84 capitales de provincia 
que realizaron costosos sacrificios y acumularon elementos de riqueza, 
condenándolas, sin motivo justificado, á lo infructoso de aquéllos y á 
la esterilidad de éstos.» 

Acompaña á la anterior exposición una Memoria en la que se in- 
dican las reformas que deben hacerse en el procedimiento, y se hacen 
diferentes observaciones á los proyectos del Sr. Montero Ríos. 



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LAS REFORMAS DE GRACIA Y JUSTICIA 391 

Tales son las opiniones formaladas por los Colegios de Abogados 
de Hnelva, Almería, Guadal ajara, Toledo y Real Sociedad de Amigos 
del País de Jaén, en lo qae se relaciona con las anunciadas reformas 
orgánicas de Tribunales; opiniones que dentro de la abáóluta imparcia 
lidad que nos hemos impuesto, transcribimos á esta Sección sin obser- 
▼aeión alguna, por ahora, de nuestra parte. 

La Rkdaccióm. 



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DE LA PRENSA JURÍDICA EXTRANJERA^ 



¡te entre derecho de defensa y estado de necesidad, por el 
Mker, ProfeBor en Halle, (Zeiíschrift für die gesamte Straf- 
snschaft, tomo 12, ntimeroB 3 o y 4.", págs. 443-472.) 

al Supremo de Alemania dictó, en Noviembre de 1890, una sen- 
1 hecho siguiente: El párroco M. de N., que estaba indispuesto 
Municipio y con el mismo Alcalde por varias cosas, profirió en 
un sermón ante los fieles, frases injuriosas contra el Alcalde 
esente. Este se levantó en el acto, dirigió al párroco, las pala- 
! ¡Silencio!, y, con algunas otras personas, abandonó la Iglesia, 
den. Acusado el Alcalde de haber infringidx) el art. 167 del Có- 
ilito contra el culto), se defendió diciendo: que con las palabras 
mcio! había querido únicamente defenderse contra los ulterio- 
ae le amenazaban por parte del predicador, 
al de primera instancia falló: que el acusado, oon las palabras 
sucio!, se había precavido contra los ataques personales que el 
bia hecho descender contra él desde el pulpito; que estos ata- 
n, en efecto, injurias, violaciones del honor personal (art. 185 del 
, para las cuales no estaba autorizado el párroco por razón de- 
le no habían terminado todavía en el momento en que aquellas 
>n proferidas, sino que, por el contrarío, eran de esperar toda- 
presiones injuriosas; y, por tanto, que el acusado se habla ha- 
lo de defensa legítima y no se había excedido en ella, y que, en 
bia obrado en la creencia de que usaba del derecho de defensa 
ción que exige el art. 167 del Código penal. El Tribunal de prí- 
a absolvió por esto fll acusado, y el Fiscal interpuso recurso de 
fué rechazado por el Tribunal Supremo, fundándose: en que di- 
tiene ya establecido que no existe delito contra el art. 167 del 
, cuando el agente tiene derecho á realizar la acción que apa- 
i perturbación del culto divino; la ilegitimidad de la conducta 
o que nace inmediatamente del concepto del delito, y, por tan* 



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REVISTA DE LA PRENSA JURÍDICA EXTRANJERA 39í5 

to, que se presupone, para qne paeda ser aplicado el art. 167 del Código; si 
el autor est& autorizado, por tm motivo cnalqtdera, para realizar la acción, 
dccaparece de ella el carácter de perturbación. La cuestión, dejada abierta 
por el Tribunal Supremo, sobre los medios de defensa que pueden emplearse 
contra las extralimitaoiones del sacerdote en el servicio divino y bajo qué 
condiciones puede tener lugar en la Iglesia una intervención justificada con- 
tra las acciones de un sacerdote, debe resolverse en el caso presente, en el 
cojd se establece por el Tribunal sentenciador la existencia de un ataque 
actual ilegitimo del sacerdote contra el honor del acusado y la necesidad de 
la defensa para rechazarlo, diciendo que éste no ha cometido una acción pu- 
nible al imponer silencio al sacerdote durante su extralimitación injuriosa 
contra él, porque dicha acción estaba justificada por la defensa. El derecho para 
defenderse k si propio existe donde quiera que se dan los requisitos del ar- 
tículo 53 del Código. Este articulo no es aplicable sólo al ataque realizada 
rontra la persona de otro, sino, como muestra la generalidad de su redacción 
y dicen expresamente la Exposición de motivot, á todo ataque contra el cueipo, 
la vida, la honra ó los bienes, k toda intromisión en la esfera jurídica do otra 
pecMna; la defensa, por tanto, es también admisible para rechazar las inja- 
riaa. Ninguna influencia tiene en el cano de que mc trata, que, por la intcrrupcióm de- 
f*9ftvoa drl acuitado, »e perturbase el recogimiento de los JiclfS reunido»; que la acción 
del acunado, obrase, por consiguiente, también contra terceros y molestase á éstos. La 
comprobación de que el acusado obró en defensa propia, excluye toda por* 
torbAción jurídica en cualquiera dirección; si la acción del acusado fué dif/ma, 
9o ftU desorden grave. 

Ahora bien: en este trabajo no nos proponemos examinar si es admisible 
el derecho de defensa qontra las injurias, cosa que parece indiscutible, según 
el derecho positivo, ni si es justa, desde el punto de vista de la defensa, la 
sentencia absolutoria recaída sobre el hecho citado; pero los considerandos del 
tallo del Tribunal Supremo, que dejamos apuntados, nos llevan & discutir una 
eaoetión importante en la esfera de la doctrina de la defensa. 

La opinión común admite que, según el art. 68 del Código penal, debe 
coBsiderane como no punible aquella perturbación que, dados los requisitos 
legales de la defensa, ha cansado el agredido al agresor; pero, por el contra- 
río, las perturbaciones que el agredido, obrando en defensa, no ha causado 
al mgresor^ sino d un tercero que no ha tomado parte en la agresión, no caen, según 
la opinión común, bajo la sanción de dicho articulo. Ahora bien: en el caso 
de Ir sentencia, ¿l^lé el agresor (el p&rroco) el objeto de la perturbación pro* 
dneida por la acción defensiva del agredido (el Alcalde;? 

SI art. 167 del Código penal, por cuya infracción se acusaba al Alcalde, 
castiga k «quien, por hechos ó amenazas, impide k alguien practicar el culto 
do una Sociedad religiesa existente en el Estado, y á quien, en una Iglesia 
é en otro lugar destinado k reuniones religiosas, impide ó perturba intoncio- 



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REVISTA DB LEGISLACIÓN . 

ido tamalto ó desorden, el culto ó ftlganas fanoloaes d« 
Bligiosa existente en el Estado.» El sujeto de este dere- 
Loerdote de la Sociedad religiosa de que se trata, sino la 
lidad reunida para el culto, á la cual pertenece tambiéi^ 
e asistente. Quien ejecuta una de las acciones amenasa- 
rt. 167, perturba, por tanto, no sólo un derecho del sa- 
echo del cual son sujetos todos los asistentes al culto, 
del Alcalde perturbó, pues, no sólo al agrewr^ gino tam- 
*. 

Tribunal Supremo, que reconoce esto, considera, sin em- 
Astigarse por estal pertubación de los terceros al autor, 
isa. ¿Podemos generalizar este principio, diciendo: toda 
b el agresor ó un tercero, cempletamente inocente, el au- 
burbado, debe declararse impune por causa de defensa, 
necesaria al autor para repeler de si ó de otro un ata- 
} Esta es la cuestión que queremos investigar, exami- 
ios deben tenerse presentes para juagar la perturbación 
L autor que obra en defensa. 

la sido objeto de estudio detenido la cuestión de si debe 
)gla8 de la doctrina de la defensa, la perturbación de un 
lucida en defensa, y los autores se han limitado, por la 
Ucaoiones. 

sa perturbación puede causarse con intención ó sin ella; 
1 amenazado de un disparo mortal, k falta de otro medio 
itre él y el agresor al tercero, el cual es alcanzado por 
agredido y perseguido ilegítimamente mata al tercero 
ino, porque le estorba la huida, y sólo puede salTarse pa- 
o] lo segundo, cuando la perturbación dirigida al agre- 
\io ictM de la acción defensiva), cuando el agredido se 
)r y alcanza por desviación & una persona inocente que 
mo caso, debe distinguirse, segán Janka, si puede in^u- 
d autor, declarando impune la acción cuando toda im- 
la, y punible euando se ha cometido imprudencia ó neg- 
dia despuós la cuestión desde el punto de vista de la 
lye diciendo: «La defensa es protección contra la ixgus- 
o está fundada en tanto que ataca á la injusticia. La de- 
contra el agretor injusto. La perturbación del tercero en 
, no cae dentro del concepto de defensa, sino del con- 
necesidad.» Asi cree que debe resolverse el problema, 
[yódigo penal alemán. 

lera opina Stammler, diciendo, que es erróneo creer qa« 
gitimo sólo puede hablarse siempre de defensa, y nnnea 



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BEVISTA DE LA PRENSA JURÍDICA EXTRANJERA 395 

d» e«tado d» necesidad. Frente al agresor, añade, me hallo siempre, sin duda, 
cu. defensa; pero preoisamente por el ataque puedo verme en estado de neoo- 
Bíd&d respecto de un tercero. 

liO propio sostiene Halschner al afirmar: «En todos los casos, la defensa 
^iólo puede ejercerse contra el agrc«or, y la perturbación causada k un terrer't 
moeente en la ejecución de la defensa, sólo podría quedar impune cuando 
«piu«eiera ejecutada en estado de necesidad ó por error excusable. 

También Wftchter y Binding creen que la defensa sólo puede dirigirse 
eontra el agresor; pero el último no admite la idea de Janka de que los casos 
de perturbación de un tercero por causa de defensa pertenezcan á la esfera 
del estado de necesidad. A su juicio, no pertenecen k la defensa ni al estado 
de necesidad. « Pero si para la defensa es necesaria la perturbación del dere- 
cho de una persona distinta del agresor, entonces concurren ciertamente es 
tado de defensa y de necesidad, y la perturbación necesaria es admisible en 
tanto que es exigida para la defensa.» 

Meyer, Merkel, Liszt y Bemer entienden asimismo que la defensa sólo 
debe dirigirse contra el agresor. 

Entre los comentadores del Código penal, Buho y Oppenhof opinan igual- 
mente que la acción defensiva sólo puede enderezarse contra el que ataca, y 
que á la perturbación causada en estado de defensa contra una persona que 
no interviene en el ataque sólo puede aplicarse el art. 64, que trata del en- 
tado de necesidad. 

I>e lo expuesto resulta que li la opinión común está de acuerdo en que la 
perturbación de un tercero no cae bajo el concepto de la defensa, no lo eHt4 
tanto sobre qué otra disposición legal, que no sea la de la defensa, debe apli- 
carse á dicha pertutbación. 

Solo dos escritores podemos citar que se opongan directamente á esta 
opinión común. Puchelt, que dice que, según las circunstancias del caso, se 
jnxg» en qué ha de consistir la defensa cpor manera, que también puede 
pertenecer & ^Xítkla pi:rturbac\ón de un terceroy>] y Y. Schwarze, que sostiene que 
«el medio defensivo, según las circunstancias, puede ser dirigido, no sólo 
contra el agresor, sino aun contra un tercero^ lesionando el agredido la propíe 
dad, etc., del tercero para protegerse contra el agresor d. 

Kxisten, pues, dos opiniones, una frente & otra, en la solución de nuestra 
cuestión: una que elimina la perturbación de un tercero y de sus derechos 
del concepto de la defensa, y otra que comprende esta acción del agredido 
en 1a prescripción del art. 68. Pero los autores se limitan & exponer la que 
profesan, sin indicar las razones en que se apoyan para ello, sin duda por- 
que se creen dispensados de hacerlo, k causa de presumir que estú dada la 
fundamentación de su manera de ver en el concepto y la naturaleza misma de la 
defensa. Por consiguiente, si queremos emprender una investigación detenida 
del problema, tenemos que hacerlo apoy&ndonos en el desarrollo histó- 



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REVISTA DE LEGISLACIÓN 

en la teoría del concepto y de la naturalesa de la defensa, 
romano contiene preceptos núnuoiosos para el derecho de de- 
' el contrarío, no ha desenvuelto como tal el concepto del es- 
ad, y apenas pneden señalarse observaciones en las cuales se 
ente casos que, segán el derecho actual, se comprenden bajo 

estado de necesidad. Sobre nuestra cuestión encontramos dos 
ites: uno, la ley Cornelia, que dice: quien se halla en peligpro de 
latar impunemente para salvarse, no sólo al agresor, sino á 
ro; y otro, la ley Aquilia, que dispone que sólo se puede matar 
1 agresor, poro no á un teroero. La contradicción en que pa- 
>s dos pasajes desaparece cuando se tiene en cuenta el lugar 
} citados: el primero se cita al hablar de los casos que se de- 
án la ley Cornelia de Sicrarivi] el segundo fignira en el titulo A<1 
La solución es, por tanto, la siguiente: quien, para s.ilvar su 
al agresor, sino á un tercero inocente, está libre de ¡^ejin cri- 
de pena riml-, es responsable según la ley Aquilta, 
ración de ambos textos resulta que los romanos no distinguían 
ción penal, pero si para la apreciación civil, si el que obra 
uatado al agresor ó á un tercero inocetitef por manera que no 
e el punto de vista del Derecho civil, la defensa y el estado 
ara la investigación del problema que nos ocupa, podemos 
nte principio: el Derecho romano, sin haber desenvuelto desde 

generales el concepto del estado de necesidad, equipara crí- 
muerte del tercero á la muerte del agresor, 
es italianos, como Aretino, Julio Claro, Dicastillo, aceptan 

mismo punto de vista que el Derecho romano, 
boca á los cánones penitencíales, el Civitatenae contiene un pa- 
se trata evidentemente de un caso en que el agredido no puede 
resor de otro modo que matando á ün teroero, y por ende, de 

de un tercero inocente en defensa, y el penitencial equipara 

la perturbación del tercero á la perturbación del agresor, de- 
ibos casos no irregularU al autor. 

canónico es cierto que, al tratar del moderamtn inctUpake tutcla^^ 
esamente de la perturbación del agresor; pero no hay ratón 
ae juzque la muerte de un tercero en defensa, con un criterio 
) lo hase el Poenttentiale Ctvitaterue. 

za penal del Emperador Carlos Y, llamada generalmente La 
ende principalmente, bajo el concepto de defensa, sólo la per- 
i teroero; ¿pero con ósto (puesto que no establece reglas gene- 
tado de necesidad), quiere excluir del concepto de la defensa 
ble la perturbación de un teroero? Creemos que no, y nos fun* 
b. lio de la misma, en el cual so dispone que no debe oasti* 



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REVISTA DE LA PRENSA JURÍDICA EXTTANJERA 397 

Sarse k aquel que, para defenderse, emplea la faerza contra el agresor ó 
luere, eonira 9u voluntad, k nn tercero inocente. 

Paede ser onestionable lo que es menester entender por la frase amtr*! «n 
roiimUid. Los comentadores de la Carolina parecen partir, al menos algunos, 
de la idea de qne contra «u voluntad significa la no existencia de dolo y que, 
por tanto, debe quedar sin castigo toda perturbación de un tercero que se 
realisa para protegerse contra el ataque en defensa. Pero estimamos errónea 
esta manera de interpretar las palabras contra au voluntad. 

A nuestro juicio, el art. 145 de la Carolina concede la impunidad al autor 
sólo cuando éste quiere atacar con la acción defensiva al agresor, pero no 
ataca á é«te, sino á un tercero inocente, esto es, sólo para el caso de la alr 
rratio ictni. Asi opinan también varios comentaristas, como Ciasen, B5mer, 
ZieritE, Blumblaoher, Meckbach y otros. 

Para nuestro problema resulta, pues, de lo que antecede, que la Carolinn 
d€|ja dn castigo la muerte de un tercero en defensa cuando es causada r*^** 
aherratio iHnn^ juzgando este caso con los criterios de la defensa. 

Los Códigos penales para los distintos Estados alemanes de los siglos XMii 
y XIX, admiten casi universalmente, en las disposiciones sobre la defensa, sólo 
la perturbación del agresor, y se callan acerca de cómo se debe juzgar la 
perturbación de un tercero. Según el Codex Bavarici Criminalis de 1751, la 
Con»titutio Criminan* Theretiana de 1768, el Código territorial general para Iok 
Estados prusianos, el Código penal de Baviera de 181S, el de Oldemburgo de 
ISli, el de Sajonia Altenburgo de 1841, el de Tirtomborg de 1839, el de Han- 
nover de 1840, el de Hese de 1841, el de Nassau de 1849, el de los Estndvjs 
da Toringia-de 1850-51, el de Brunsvique de 1840, nunca puede ser declarada 
impane la perturbación de un tercero inocente según las reglas sobre la de- 
fensa, y sólo puede decretarse la absolución cuando sean aplicables al ca»o 
de que so trate los preceptos especiales acaso dictados sobre el eatailo de ue 
anidad. 

VnA doctrina completamente opuesta sigue el Código penal de Badén de 
1815, el cual dispone, que la perturbación ó muerte de un tercero no se castiga 
cuando, para repeler un ataque que envolvía peligro para la vida del consti- 
tuido en defensa, era necesaria ó pudo ser considerado por él como nocosa- 
ria, dadas las circunstancias del caso. El proyecto del Gobierno iba todavia 
Toka allA, porque no sólo permitía la perturbación de un tercero como medio 
de defensa en un peligro para la vida producido por el ataque, sino también 
en el c<uio de peligro para otros derechos, como la integridad corporal, el 
honor, loe bienes, etc. 

Una doctrina análoga se encuentra en el Código de Baviera de 1861, el 
cual establece que 'quien, para protegerse k si mismo ó para proteger k otro 
contra un ataque ilegitimo y violento, ya comenzado ó que amenaza inme- 
diatamente k la persona, posesión ó propiedad, ó contra intrusiones ilegiti- 



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REVISTA DE LEGISLACIÓN 
;a ó finca, mata ó perturba al agmor 6 intruto^ ó jecuta en gene- 
attigada por la ley, queda impune cuando no ha tra8i>asado 
los limites de la defensa». 

es de los siglos xvn y xvni se adhieren por completo á la 
italianos, apoyada sobre los principios del derecho- romano, si 
Q k una investigación general el problema de la perturbación 
Q defensa, sino que se limitan al caso de la aberratio ictu», tal 
la Carolina. Siguiendo inmediatamente k Julio Claro, re- 
la cuestión. De la misma manera la resuelve Carpsovio, y 
criterio de la ley Cornelia. 

eros años del siglo xix se trata la cuestión ateniéndose k la 
ley Aquilia. Asi Bosshirt dice que debe observarse que el cons- 
isa es también excusable cuando perjudica involuntariamente 
Y de an&loga manera se expresan Abegg, Feuerbach, Martim 

la halló bien pronto oposición por muchos lados y desde pun- 
bintos. Luden dice: «Cuando en la ejecución de la defensa se 
nocente, porque se desvia el golpe que debía tocar al agresor, 
5n, como reconoce expresamente la Caroltnaf debe quedar 
pena criminal; pero dicha perturbación es, sin embargo, una 
r, toda vez que el perturbado no ha podido perder su derecho 
igitima de un tercero. La impunidad de esta perturbación 
sor tanto, en un fundamento distinto del de la defensa, que no 
i razón de que no constituye acción ilegitima. Esta perturba- 
trario, sólo queda impune porque en ella falta otro de los 
itutivos del delito, á saber: la determinación criminal de la 
) requiere para la existencia de todo delito.» 
»unto de vista declara Kóstlin que debe resolverse negativa- 
^n de si uno que se halla en defensa puede sacrificar (pertur- 

fin de su salvación, á un tercero, y que sólo después puede 
an los casos de peligro para la vida, puede quedar impune 
80 pretexto de estado de necesidad, pregunta que 'se debe 
odo afirmativo, según la mayoría de los Códigos más moder- 
L opinión profesan Levita y Schütze. 
ba una posición intermedia; por manera que tenemos en el 

cuatro opiniones distintas: 

declara exenta de pena la perturbación de un tercero desde 

% de la defensa. 

admite la impunidad porque no existe voluntad criminal en 

dmite la impugnidad en tanto que son aplicables las reglas 
le necesidad. 



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REVISTA DE LA PBEN8A JURÍDICA EXTRANJERA 89^ 

La coarta, por fio, tiene por existente la defensa para el caso de la abe- 
rratio %etu»t mientras qne declara impnne la perturbación intencional sólo 
cuando se da el estado de necesidad. 

En 4a ley y en la ciencia, pues, la perturbación de nn tercero en defensa 
se considera, ó como nn caso de defensa, ó como nn caso del estado de nece- 
sidad; para decidir cnál de estas dos concepciones es la verdadera, tenemos 
qne partir de la diferencia esencial qne existe entre defensa y estado de ne- 
•esidad. 

Qne nna persona se encnentre en estado de defensa con arreglo al art. 5& 
del Código penal alemán, ó en estado de necesidad con arreglo k los articu- 
lo* 62 y 54, sn situación es la misma en el sentido de que puede repeler el pe- 
ligro para sus derechos por manera que perturbe intereses extraños legal- 
mente protegidos, por manera que cometa una acción en si misma punible. 
Ahora bien: ¿de qué manera trata de rechazar el peligro el que se encuentra 
en ¿1? En la defensa y en el estado de necesidad, de la misma manera, por la 
perturbación de los intereses jurídicos de otro. Pero esta perturbación puede 
dirigirse hacia dos lados diferentes; puede dirigirse hacia el lado por el cual 
amenaxa el peligro, contra el ataque, con la voluntad de repeler el ataque 
por medio de xma perturbación, y puede dirigirse hacia el lado opuesto al 
peligro, con la voluntad, no de rechazar el ataque, sino de salvarse del pe- 
ligro producido por el ataque mediante la perturbación de los derechos de 
otro. Pues esta diferencia de dirección es lo que, h nuestro juicio, constituye 
la diferencia esencial entre la defensa y el estado de necesidad. Yo soy agre- 
dido en las lindes de un campo sembrado de trigo; si avanzo hacia el agre- 
sor y lo lesiono, cometo nna acción defensiva; si retrocedo y busco la sal- 
raeión en la huida através del campo y pisoteo el trigo, cometo una acción 
en estado de necesidad. La defensa se caracteriza por la perturbación del 
agresor; el estado de necesidad por la perturbación de un tercero. 

Desde el Derecho romano hasta los Códigos particulares de los Estados 
alemanes en el siglo xix han reconocido este principio, declarando impune, 
en primer lugar, como acción defensiva, siempre la perturbación del agresor. 
Es verdad que la legislación y la ciencia han admitido también, en segundo 
lugar, en la defensa la pertubación de nn tercero, y han tratado esta pertur- 
bación con las reglas de la defensa; pero la perturbación de un tercero nunca 
fué completamente equiparada en sus efectos jurídicos á la pertubación del 
agresor; el Derecho romano y la Carolina sólo eximían al autor de la pena 
criminal, y la perturbación de un tercero k título de defensa, sólo se admi- 
tía en el caso de peligro para el cuerpo ó la vida del autor, esto es, en el casx> 
en que la permite el derecho vigente, axmque no según las reglas de la 
defensa. 

Desde principios del siglo xix ha formado el derecho penal alemán, en la 
legislación y en la oieneia, el concepto del estado de necesidad, declarando» 



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REVISTA DE LEGISLACIÓN 

lentro de limites estrechos, la ctoción ejeontada para sal- 
para el cuerpo ó la vidn. Pues bien; la oonsecuonoia i^- 
Lón de ege concepto, w la signiente: antes de la pación 
ido de necesidad, la pertubación de nn tercero podía ser 
L caso de la defensa y t miada según las reglas de ésta; 
. establecido el concepto del estado de necesidad, la per- 
ero para salvarse del peligro producido por el ataque 
bo, debe ser consideiüda como caso del estado de nece- 
de la acción sólo debe admitirse, por tanto, cuando la 
»te en los limites del estado de neceaidad fijados especial- 
ro no cuando se comete en los limites de la defensa, 
ion que toma el Código penal alemán respecto de nues- 
53 dice: «No existe acción punible cuando estaba exi- 
, y define la defensa como «aquella protección que ora 
)r de si ó de otro una agresión actual ilegitima». El ar- 

toma ninguna posición expresa, y hay que interpre- 
M parece deducirse que debe considerarse impune tf»da * 
ria para la defensa, y por tanto, también la perturba- 
Diando era exigida por la defensa. Pero esta interpreta- 

k por las palabras del párrafo segundo, que define la de~ 
s aquella protección que es necesaria para repeler ef 
toda acción que se ejecute para salvarse del peligro pro- 

es acción defentivaf sino que, por el contrario, es acción, 
la que se dirige contra el ataque con el fin de repelerlo, 
^ue una acción defensiva sólo puede dirigirse contra el 
ra un tercero; quien se vuelve contra un tercero, ese no 

protección, salvación del peligro. 

le un tercero, ¿está excluida siempre del concepto de la 
formula el Código? En la legislación y en la ciencia, 6. 
(aso de perturbación de un tercero en defensa, el oaao 

1 se distinguen dos casos: la perturbación no intendcmal 
esta distinción también es estrecha, pues hay que oonsi- 
tres casos diferentes en su esencia: 

>s agredido por B., se defiende contra B. rechazando la 
arma sobre B., y la bala le da á C, no visto por A., que 

. es agredido por B., se defiende contra B. rechazando la 
arma sobre B. Pero él ve que C. está inmediatamente 
ue, por la gran fuerza de la bala, será perturbado segu- 
sparo. Y, en efecto, B. y C. mueren. 
8 agredido por B. Para salvarse del peligro producido 
'ata de huir por la escalera y arroja por ella á C, que la 



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REVISTA DE LA PRENSA JURÍDICA EXTRANJERA 401 

^fiorbft el camino, para hacer posible la huida. O. recibe nna pertarbacu^n 
Biorlal. 

E«toe tres casos no se pueden juzgar de la misma manera. En el primero, 
A. acomete ima acción defensiva, y con ella perturba al tercero. La pertnr^ 
baeión del tercero es aquí acción defensiva, y cae, por tanto, bajo el concepto 
ét la d^enaoj tal como lo da el Código alemán. En el segundo caso, A. acó 
mete una acción defensiva, prevé que la bala atravesará también á C, y sin 
«ml^rgo ejecuta la acción, puesto que era necesario para repeler la agresión . 
Aquí la muerte intencional del tercero queda impune, también desde el punto 
de viifta de la defensa, porque es acción necesariamente defensiva. En el ter- 
cer e«3o, la situación cambia: A. renuncia á la defensa, no trata de repeler el 
el ataque, sino de salvarse del peligro. A este fin derriba á C. por la esca 
lera,' la acción no es defensa, sino estado de necesidad. 

De lo expuesto se desprende, para la resolución de nuestro problema 
-dasde el imnto de vista del Código, el siguiente resultado: la perturbación de 
m tercero en defensa debe considerarse como caso de la defensa, cuando la 
aeeión por la cual fué realizada, se dirigió contra el agresor. Si no se dirigió 
eontra el agresor, existe un caso de estado de nefendad. 

La importancia de esta distinción resulta de la diferencia de los limites 
dentro de los cuales concede la ley la impunidad en la defensa y en el estado 
■de necesidad, pues son mucho más estrechos en este último. 

Creemos, pues, que, en los límites indicados, la perturbación de tercero, 
según la definición que el Código da de la defensa, debe considerarse como 
un caso de ésta; pero opinamos al propio tiempo que esta definición no res- 
ponde completamente k la naturaleza de la defensa, puesto que á este res- 
ponde que sólo sea considerada impune, desde el punto de vista de la defensa, 
la acción defensiva en toda su extensión: como acción defensiva en sentido 
esirieto, sólo debería considerarse la perturbación del agresor. Un cambio de 
esta especie, en nuestro concepto, de la defensa exigiría un cambio análogo 
en el concepto del estado de necesidad, ensanchándolo por un lado, paraba- 
cerlo aplicable á la protección de toda clase de derechos, y restringiéndolo 
por otro, por la fijación de reglas, seg&n la relación de cada uno de los inte- 
lesen en conflicto. 



De UretroMtiyidad de las reglas jurídicas en derecho internacional, por 
L. Oliviy profesor en Módeaa. (Bevue de droit international et de le- 
giilation camparée, tomo 24, núm. 6.0, paga. 563 569.) 

Las reglas del Derecho internacional están sujetas á cambios y transfor- 
maciones por las mismas causas que las leyes particulares de los distintos 
Estados, y de aquí que también, respecto de aquellas, surja el problema da 
TOMO 82 26 



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I 






402 REVISTA DB LEGIfiLACTÓN 

determinar sn efloaeia por raxón del tiempo en gao rigen. Si todos los efeetor 
y todas las conseonenoias de nna ley pudieran terminar completamente du- 
rante la vigencia de esa ley, no surgiría ninguna cuestión de derecho transi* 
torio; pero es xAaro que no sucede así, porque hay muchos vínculos de dere* 
cho que nacen bajo el imperio de la ley anterior y que producen sus efectos 
ó los prolongan en un tiempo en que la ley nueva ha entrado ya en activi- 
dad, y además, hay que tener en cuenta la posibilidad de ciertas acciones 
bajo la ley anterior, que desconoce ó limita la ley nueva. En estos casos se 
presenta una multitud de cuestiones, y conviene exponer las reglas para svi 
resolución, que no son otras que las aplicables & los conflictos análogos que 
nacen en el interior de cada Estado. 

Cuando los Estados no están ligados entre si sino por los vínculos gene- 
rales de la sociedad internacional y se encuentran unos frente á otros en un 
perfecto pie de igualdad, no reconocen por encima de ellos ningún legislador 
que pueda dictar la ley, y el derecho se manifiesta entonces por medio del 
consentimiento mutuo de los Estados, expresado por modo tácito ó expreso; 
en el primer caSo, tenemos las costumbres, y en el segundo, los tratados in- 
ternacionales, de los cuales nos vamos á ocupar particularmente. 

Conviene distinguir aquí entre el derecho necesario y el derecho volunta- 
rio. Constituyen el primero aquel conjunto de reglas que no aguardan, para 
su aplicación, la manifestación de la voluntad de los Estados, que acompafian 
á la sociedad internacional desde su aparición y que forman el derecho natu- 
ral y universal de ésta sociedad, el cual no puede ser derogado por ninguna 
ley ó convención. No cabe, pues, aquí distinguir entre una regla anterior y 
una regla posterior; los preceptos de este derecho son inmutables en el 
tiempo y en el espacio, y no puede hablarse en él de retroaotividad ó de no 
retiroactividad de tal ó cual máxima; el conflicto no puede presentarse lógiea- 
mente nunca. Tales son las reglas sobre la libertad del hombre, sobre el res- 
peto debido á los Estados ó á sus representantes. 

^ede ocurrir que los principios de este derecho natural no fuesen reco- 
nocidos, en momento dado, por los Estados en tal ó cual puilto, y que des- 
pués alcanzasen este reconocimiento. En este caso, el derecho positivo nuevo 
tiene efecto retroactivo, como si hubiera existido siempre, porque no se puede 
admitir más que un derecho natural verdadero, que 'bstaba desconocido por 
los antiguos errores y usos. La retroactividad es, pues, indispensable en esta 
hipótesis y no admite ninguna excepción. Si un tratado deroga la esclavitad 
y el transporte de esclavos de un país á otro, debe ser aplicado cU jure desde 
el momento mismo en que entra en vigor, á todos los actos y contratos qoe 
se hubieran celebrado anteriormente, sin que puedan aducirse en contra los 
derechos adquiridos. Si una convención internacional deroga las presas ma- 
rítimas, como consecuencia natural de la inviolabilidad de la propiedad, debe 
aplicarse retroaotivamente á las presas realiaadas con anterioridad por un 



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REVISTA PE LA PRENSA JURÍDICA EXTRANJERA 403 

iMtligénoite sobro otro, sÍAmpre que los Tribonalos de presM no hayim re- 
ra«Ito deñAttÍTmin«nie sobre su valides. Podríamos formiilar, oomo resultado 
de lo que antecede, la regla general siguiente: todas las novedades introdu. 
«idas en los tratados 6 eonvenoiones entre Estados como reconocimiento de 
las reglas superiores de derecho natural, deben obrar siempre retroactiva- 
ttkonte, destruyendo el estado de cosas anterior, resultado del pasado y que 
eonstituye por si mismo una violación manifiesta de este mismo derecho. 
St<ta regla se aplica en todo su rigor cuando la situación nunca podría con- 
formarse al derecho; de lo contrario, deberían tenerse ciertas consideraciones 
y nairamientos paia una situación legalmente adquirida. 

Muy otra cosa ocurre con los preceptos del derecho voluntario, esto ee, 
d^ derecho que no hubiera surgido si la voluntad de los Estados no le bu- 
bien dado impulso, realisando hechos particulares que tendían k la creación 
de una situación determinada. Oon respecto de este derecho se puede pre- 
sentar la necesidad ó la conveniencia jurídica de reconocer y aplicar la má 
xisaa de que las leyes sólo se hacen para los casos fatnros, que no deben te- 
ner ningún efecto retroactivo, que deben respetar los derechos adquiridos 
bajo el imperio de las leyes anteriores. Si se trata, por ejemplo, de ana con- 
vención consular celebrada entre varios Estados, por la cual modifican la si- 
tuación precedentemente establecida acerca de los derechos y deberes de los 
eónenles hada sus nacionales, ninguno de éstos podria invocar, después de 
haber entrado en vigor el nuevo tratado, una convención anterior para de- 
ducir de ella ciertos derechos, por ejemplo, para ejecutar ciertos actos válidos 
en justíeia, sin la autoriaaoión del cónsul. Pero si los actos ó formalidades 
eonformes k la ley anterior, habían sido realiaados baio el imperio de ésta, 
no podrían ser anulados en virtud de reglas nuevas, porque existiría allí un 
verdadero derecho adquirido, que debe ser respetado. Esta debe ser la regla 
general, que podrá sufrir, sin embargo, importantes excepciones cuando lo 
exijan rasones graves y los Estados convengan expresamente sobre ello. 

Asi, podria ocurrir que un Estado semisoberano adquiriese la plena sobe- 
ranía. Si este Estado ha realizado, en una época en que estaba colocado to- 
davía bajo la soberanía de otro Estado, ciertos actos que no podia realisas 
válidamente sin el permiso ó el consentimiento de éste, que no lo habia 
dado, eeofl actos irregulares no adquirirán faersa juridica por la entrada en 
vigor de las nuevas reglas, sino que seguirán siendo nulos. En el caso con- 
traiie, suponiendo una restricción introducida en la capacidad juridica de un 
Estado cualq;aiera y respecto de ciertas obligaciones referentes á una dase 
eapaeial de negocios, el Estado afectado por la incapacidad no podrá nunca 
apojrarse sobre su situación juridica anterior para ejecutar los actos para los 
«aalas se habia hecho incapaz por virtud de las reglas nuevas. Lo mismo ocu- 
rrirá respecto de loe tratados postales, telegrákfioos y otros análogos ooncer- 
aiantee á loo intereoeo oocialeo, comunes á muchos Estados. 



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REVIflTA DE LEGISLACIÓN 
respecta á la extradición, hay que distingair, la institución en 
lerada, que es de derecho necesario, y las formas que deben 
Aplicación, la serie de delitos para los cnales debe admitirse ó 
le de las personas que han de ser objeto de ella, etc., qne son 
snjetas á variaciones y señaladas en los tratados de extradi 

esta materia se ha dicho que deben regir los principios del 
orio* en asnntos penales, porque lo accesorio debe ser la snerte 

y por tanto, la extradición la snerte del derecho penal, del 
medio de realización. Si se h& celebrado entre los Estados nn 
le extradición, en el cnal se establece la obligación de entre- 
as de ciertos delitos no comprendidos en el anterior, no se de- 
pinión, aplicar el tratado nuevo & los autores de estos delitos, 
enal posterior más severa no tiene efecto retroactivo. Cuando 
H>metió su delito, cayó en el mismo instante bajo el imperio 
atente, no sólo con relación al derecho nacional ó térritorínl, 
>n relación al derecho internacional y á lo que concierne á la 

lo cual, si en aquella época ésta no era posible, no lo podrá 
lir, puesto que se empeoraría la condición personal del ouL- 

Q que es erróneo considerar la extradición como cosa acceso- 
>enal y que deba seguir la suerte de éste, estimándola más 
) de las leyes de procedimiento, puesto que, como éstas, sirve 
, ejecución de la ley punitiva. Partiendo de esta base, sostie- 
no cuando sufren variaciones las leyes de procedimiento cri- 
3 nuevas se aplican á todos los delitos cometidos de antemano, 
. mejoran ó empeoran la condición del culpable, asi los nue- 
extradición deben aplicarse á todos los delitos incluidos en 
i que sea el tiempo en que se hayan cometido. 
I es admisible, por lo que toca á las formalidades para la en- 
>le, debiéndose observar siempre las establecidas por el trata- 
pendientemente de la época de la perpetración del delito ó de 
e la sentencia que sirve de base para pedir la extradición, si 
íficar el sistema no seria contrario á ningún principio esta- 
Emcia del tratado anterior para los asuntos ya en curso de 
es de empezar á regir el nuevo. Pero la opinión de que trata- 
idmisible por lo que respecta á los otros extremos de un tra- 
idición, á saber, los delitos por qué ésta puede tener lugar y 
ranjeras ó nacionales que pueden ser objeto de entrega, pues 
le sostenerse la existencia de un cierto paralelismo y seme- 
leyes de procedimiento y los tratados de extradición. El obs- 
la aplicación de las leyes penales de nn Estado orea la falta 
^tradición con aquel otro Estado en 4^e el criminal se r^u- 



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REVISTA DE LA PRENSA JURÍDICA EXTRANJERA 405 

gi% puede compararse más exactamente, en cnanto & las consecuencias, con 
el obetAculo que crea para la aplicación de dichas leyes dentro del Estado la 
preeoripoión de la poción penal, puesto que se trata de una especie de esta 
prescripción en el espacio y por razón del lugar, a»>i como la verdadera pres- 
cnpoíón se funda en la razón del tiempo. A una y otra olase.de prescripción 
deben aplicarse, por tanto, los mismos principios de derecho transitorio, y en 
este supuesto, no se debe conceder la extradición por aquellos delitos ó de 
aquellas personas comprendidas en el nuevo tratado, pero no incluidos en el 
antáguo, que regia en el momento de la comisión de la acción punible. 

Lo que acabamos de decir sobre la extradición, se aplica á todos los casos 
en que son objeto de tratados internacionales, la materia de la justicia penal, 
como, por ejemplo, el castigo de los crímenes de piratería ó de la trata, etc., 
y todas las materias que implican una restricción de la libertad ó de los dere- 
chos de nn Estado ó de un particular, como el contrabando de guerra. 



8i ana sociedad mercantil puede ceder sa nombre á otros, por H. Vi- 
dari. (I IHritto commerciale, Rivista periódica e critica di giuris- 
prudenza e legislazione^ tomo 11, nün>. l.o, pago. 23 27). 

Una sociedad mercantil legalmente constituida forma un ente colectivo 
qae tiene existencia jurídica distinta de la de sus socios, un ente jurídico 
capas de derechos y obligaciones respecto de terceros, de adquirir, de ennje- 
nar, etc. Pero esta capacidad jurídica de las sociedades existe en tanto qne 
existen Ias sociedades, y desaparece con la disolución de éstas, á diferencia 
«le lo que pasa con las personas ñsicas, que viven jurídicamente despuós da 
pu muerte y pueden transmitir por herencia su patrimonio y todos sus de- 
rechos y acciones. 

Las razones de esta diferencia son: primera; que las personas ñsicas son 
realidades físicas, materiales, orgánicas, mientras que las sociedades mercan- 
tiles son una creación de la voluntad del hombre y de la ley, que les dan 
existencia jurídica artificial, haciéndolas capaces de derechos y obligaciones 
sólo en tanto que los contrayentes y la ley quieren, por lo cual, cuando la 
volantad cesa, la creación jurídica desaparece; segunda, que, extinguida una 
iodedad, no hay quien continúe su existencia jurídica y la represente res- 
pecto de terceros, por lo cual no puede pretender sobrevivirse á si misma, 
ni querer que lo que constituye su personalidad jurídica durante su vida, 
K!ga produciendo efectos jurídicos después de su muerte; tercera, que las so- 
ciedades mueren también ficticiamente, como viven, por lo cual no pueden 
tener herederos mortin cawta, ni transmitir por herencia todo ó parte de su 
patrimonio. 

Por virtud de esta diferencia, lo que es posible jurídicamente para los in- 



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REVISTA DE LEGISLACIÓN 
lo 08 para las sociedades mercantiles, y éstas no pueden dinpo- 
)atríinonio para después de su disolución, y menos aún de tm 

>re es cosa esencialmente personal y nadie puede sustituir su 
otro, y menos todavía cuando se trata de sociedades comercia- 
ido de caribcter coleetiyo ó comanditario, en las cuales tiene una 
4uicia la consideración de las personas de los socios El nombre 
iedades es algo artificial, ficticio, creado por el contrato ó por la 
I ente k quien denominan, y tiene raeón de existir sólo en tanto 
e viviendo éste, pues de lo contrario, seria un nombre vano win 
sombra sin cuerpo, un simbolo sin la cosa simbolizada, 
edades mercantiles no pueden transmitir su nombre: por CAn- 
e los nombres no son materia de contrato, y por herencia, por- 
len disponer por testamento, ni de su patrimonio, ni menos de su 

ida una sociedad, queda extinguido su nombrcr, y no es posible 
>viva y pase á otra persona completamente distinta de aquella h 
licó el contrato ó la ley, imposibilidad que sube de punto cuando 
que el nombre de una sociedad pase á una persona individual, 
(tinta del nombre pi^pio de una sociedad es el nombre del esta- 
, de la industria que se ejercita, y éste sí puede cederse por con 
cualquiera otra parte del patrimonio de la sociedad. 



moderes de las comisiones políticas de infomación en In^la* 

>or E. Fromageot (Bullehn mensiAel de la Société de Legula- 
nparée, año 24, núm. t.o, págs. 165-192). 

ambre de nombrar comisiones de información es muy antigua eu 
y los precedentes se remontan á los reinados de Eduardo II y 
I. A los precedentes hay que acudir para estudiar la organización 
es de estas comisiones, y k los estatutos de 1868 y 1871 sobre el 
>dir juramento, y de 1892 sobre la protección de los testigos. 
ie« política» encargada» de hacer in/ormacione», — Hay muchas clases de 
políticas. Existen, en primer lugar, las Royal Comi»»ion9 y las I^ir- 
hmmittee», las primeras nombradas por el monarca, y las segundas 
las dos C&maras entre individuo^ de su seno. Las comisiones rea- 
eces reforzada su autoridad por un Estatuto, y entonces sé con- 
atatutory oommUinotui. Pueden formarse también comisiones cM>n 
le las dos Cámaras, y entonces se las llama joint conimittctm of l>*tA 
segundo lugar, hay comisiones permanentes, tttanding commiftrxm, 
wtmiwont, y comisiones temporales, temporaty commitnon*. Por fin. 



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REVIfiTA DB LA PRENSA JURÍDICA EXTRANJERA 407 

«ntre las comisiones parlamentarías las hay de varias especies: oomisiones 
de toda la Cámara, Ccommtttets o/ the whole House of Lords ú of Commom), que 
son la Cámara entera constituida en comisión, y oomisiones parciales ó ele 
^dos («Ud eommitteet o/ ths Home of Lordt ú of Common*). Las cuestiones 
- confiadas á estas diversas clases de comisiones son muy diferentes entre si. 

Las oomisiones encargadas de hacer informaciones son casi siempre tem- 
poraleSf ora reales, ora parlamentarias. A veces la información misma es el 
fia principal de la comisión, k veces la información es sólo un accesorio y la 
ocoúsión tiene por objeto el estudio de una reforma, un proyecto de ley ó una 
■átuaeión. Todas las comisiones políticas pueden recibir el encargo de hacer 
Informaciones, ora polütcag ó judicial^, ora admimütrattvast ora econ6miean. 
Sólo á las comisiones de toda la Cámara no se les encargan ya hoy. 

Los poderes de que gosan estas comisiones para proceder á la informa- 
ción son diferentes, según que se trata de comisiones reales ó de comisiones 
parlamentarías. 

J\>driT§ de Uu comúnone9 reales. — Estas necesitan á veces la intervención del 
Parlamento, y nunca pueden entrometerse en las atribuciones del Poder eje* 
eutivo, porque esto sería ilegal y anticonstitucional. El decreto del Monarca 
que crea estas oomisiones menciona los medios de información y los poderes 
de qne disponen. Pueden invitar á las personas competentes á que informen 
ante ellas; pueden recibir su información escrita y comprobar sus aftrmaeio- 
nea; pueden rogar que se les comuniquen documentos interesantes, pero no 
pueden cohibir á los testigos á que comparescan ó declaren, ni exigir que se 
les oomuniquen los documentos, ni pedir juramento. Estos poderes no puede 
dárselos la Corona por virtud de su sola prerrogativa. Están siempre bi^o la 
alia vigilancia del Parlamento, que puede interpelarlas. Este mismo, ya desde 
el principio de su creación, ya en el curso de sus trabsjos, puede conferir á 
las oomisiones reales los poderes que hemos visto no puede otorgarles la Co 
roña, y ampliar la esfera para que han sido creadas. 

Faderea de la$ comisionen parlamentarias. — Como en Inglaterra el Parlamento 
es soberano, puede conferir á sus comisiones todos los poderes que quiera, á 
diferencia de lo que pasa en los Estados Unidos, donde, no teniendo las Cá- 
maras sino un poder limitado para legislar de acuerdo con la Constitución, 
no pueden conferir á las comisiones poderes anticonstitucionales, y se ha 
YÍato más de una vez al Tribunal Supremo de aquella nación declarar sin 
fuerza de obligar una ley que concedía á tal ó cual comisión poderes no con- 
•entidoB por la Constitución. Sin embargo, en Inglaterra el Parlamento cuida 
siempre de ^'ar con exactitud el campo de operaciones de sus oomisiones, y 
éstas no pueden salirse de la cuestión que les ha sido sometida. 

En cnanto á los medios de información de que disponen, la costumbre pa- 
rece ser la de conferirlos más extensos á las comisiones de la Cátmara de los 
€U>mimes que á las de los Lores. 



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REVIBTA DE LEGIBLACIÓN 
iones de la Cámara de Los Lores no disponen por si mismas 
derecho de citar á los testigos ni de ordenar la presentación 
s, si bien la Cámara puede concederles este poder. Cuando no lo 
iden invitar k los testigos á que vengan á declarar. Desde 1858,.. 
de lu Comisión tiene el poder de exigir el juramento, poro no 
(te poder, y se exige únicamente en las informaciones muy gra- 
» debe declarar, conforme á la verdad, y toda falsedad que co- 
la con las penas del falso testimonio y del perjurio, y toda pre- 
Bonsidera como una ofensa al Parlamento. 
\ de los Comunes, por el contrario, reconoce á sus comisiones 
furrtr los testigos, los documentos y los registros, y les concede 
)acción. Al testigo que no comparece, la Cámara misma puede 
represión ú otra pena y mandarle prender. Hasta 187 J, ni la 
I Comunes ni sus comisiones tenian poder para exigir jura- 
a esa fecha se les concedió por una ley. Todo acto que ataque 
que la ofenda, se reputa ofensa á la Cámara misma, ataque á 
Y se castiga como tal. La Cámara aplica este principio prime- 
deposiciones falsas que las comisiones les denuncian, y las 
acha severidad. Lo propio hace con la corrupción do testigos, 
pasado, esa misma costumbre se invocaba para proteger á los 
ft las consecuencias que puede acarrear su declaración; pero en 
Qotivo de un testigo que fué perjudicado por lo que habia de- 
ina comisión, se dictó una ley que conmina, á quien tal cosa 
pena de 100 libras ó de tres meses de prisión como máximum, 
«tiga á quien se niega á presen tai* los documentos que las co- 



ntra el fletas possessor en el derecho civil romano é ita- 
F, Longo (Archivio giuridico, tomo 49, núms. 4-5, pági- 
68). 

reivindicatoría, como real, sólo puede ejercerse contra el actual 
i cosa; pero cabe investigar qué derechos corresponden al pro- 
a el poseedor que deja de poseer la cosa por un acto propio, y 
te finge poseedor, que son las dos figuras jurídicas de lo que se 
trecho romano la.^cto possessio, y qué efectos produce contra 
itencia obtenida contra el Jíctus posaetor, 

^ntra quien deja de poseer por acto propio. La justicia exige que 
responda de todo acto suyo que tienda ¿ esquivar el cumplí- 
obligaciones que puedan serle impuestas por la sentencia, y 1& 



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RETVISTA DE LA PRENSA JURÍDICA EXTRANJERA 409 

i«gisl*<!ióii romana lo había logrado respecto al dolo posterior á la litU con- 
émtaiia, ora por la doutola doli comprendida en la ca^Uio judicatum tolm^ ora 
por «1 principio del judicium aceptum. 

Respecto del dolo anterior á la IUím conUstntioy un senado* consulto, publi- 
eado bajo Adriano y conocido con el nombre de </uren<»anum, estableció, para 
la kereditaiú petttío^ y despuée se extendió k la rei vindícatiot tma Jictto Jurt*, 
a&areed k la cual se consideraba que continuaba la-posesión en quien, antes 
6 daspnós de la liti^ conteéiatio, se había desprendido de ella dolosamente. 

Bsta ficción se aplicaba también á quien había dejado de poseer por sim- 
pie culpa, pero no ex w^resitate^ y el fichvt pmnetfior respondía, no solo cuando- 
la eo«a había sido destruida ó enajenada, sino cuando habla dejado do po* 

ría en la especie en que i>odía ser reivindicada. 

El poseedor de mala fe no podía esquivar la condena abandonando la 
porque siempre quedaba obligado hacia el propietario por su hecho 

ÜMitO. 

EljCefiM pottteswr es considerado como un verdadero poseedor, pero como 
no posee ya la cosa, no tiene la facultas r€9*ituendií y por tanto no puede ser 
condenado m48 que á la vBtimatio litU. Segdn Ulpiano, el ficUia pon>ie(i§or que 
ha d^ado de poseei dolosamente es condenado quanti actor in litem cestman- 
d9m jutnttcritf añadiendo aún sin» ulla tajtaiione in ir\finitum; pero el mismo Ul- 
piano y Marciano afirman que el juec, al diferir el juramento, podía determi- 
nar nn máximum. Guando el demandado había cesado en la posesión por culpa 
sobuaente, la (ntimatio litis se determinaba por el Juez. El actor podía renun- 
ciar siempre k su derecho de Juri^jurandum in litcm. 

Guando la cosa había sido destruida ó especificada de mala fe, la condona 
era idéntica k la que se hubiera pronunciado contra el actual poseedor. Si la 
eoea existía en manos de un tercero y era capai de reivindicación, el actor 
pedia obrar contra el venu ó oontra el Jictus potntcnéor; pero, si después de la 
demanda contra el exposeedor, se presentaba el poseedor actual y declaraba 
eatar dispuesto k sostener el pleito, el actor estaba obligado á seguirlo con 
éL Si el propietario obtenía del actual poseedor la restitución íntegra de la 
cosa cKsi omni catua, el Jietua povaettor quedaba libre: si el tercer poseedor no 
realisaba una restitución completa, el^ii« potcstor qaodaba siempre respon* 
sable y podía ser demandado. 

Parece resultar claramente de las fuentes que el propietario que había 
olnado primero contra el/cfu« poMtisor y recibido de él la (t>ttimatio liti«, i>o- 
dla obrar después oontra quien poseía la cosa, por más de que muchos ro- 
manistas antiguos y modernos nieguen la posibilidad de la acumulación de 
e«itas dos acciones. 

Los que no admiten la acumulación de las dos acciones, consideran la 
^ue se dirige contra el Jietu» poimeMor idéntica por naturalesa y objeto & la 
^ue se dirige* oontra el verdadero poseedor, esto es, como una odio iu rem 



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410 REVISTA DE LEGISLACIÓN 

verdadera y propia, pero esta opinión encuentra un obst&onlo insaperabl^ 
en muolios textos, de los cuales resolta claro qne la acción contra el posee- 
dor fingido tenia en el derecho romano nn car&oter penal, y qne, según las 
normas propias de la actio ex delicto, no podía ejercitarse contra los herederon, 
sino como una actío de in rem ver$o. Tenia, por tanto, solamente la forma pro 
oosal de la actio in rem, pero no era en el fondo más qae una acción personal 
rx delicto. • 

La mayor parte de los romanistas antigaos y modernos, como Cigas, 
Koodt, Averani, Lauterbaoh, Glück, Yangerow, Windscheid, Maync, conside- 
ran la (rttimatio prestada por el fictut po»ée»»or como pcena doH; pero parec« 
más aceptable la opinión de Labbé que la considera como ana indemnización 
y no como una multa, que no representa la pérdida definitiva de la cosa, 
sino el temor, la posibilidad de no volverla á encontrar y recobrar. 

La acción contra el poseedor fingido, que era una actio in perwnam ex d^- 
lictOf tenia en el Derecho romano la forma de una actio in rem para evitar los 
inconvenientes de las acciones personales de dolo ó de hurto que podían ejer- 
citarse, las cuales exigíaxl pruebas más diñciles que la acdo in rem, en la cual 
bastaba demostrar solamente que el Jietu» powBcteor babia poseido la cosa en 
una época cualquiera. 

Cuando el que había dejado de poseer lo había hecho por simple eulpa y 
con buena fe, era responsable hacia el propietario de la cosa solo in quatUmm 
locupU-tior factw «t^ y no podía admitirse la acumulación de las dos aeoianes 
de que hemos hablado. Las leyes romanas cencedian al propietario en este 
caso dos acciones; la eondictio »ine causa, que tomaba el nombre de oondieti*» 
JuventianOf y la actio negetiorum gettorum. 

En el derecho intermedio no se encuentra la Jictio juri9 del Senado-con- 
sulto Javrntianum, pero se castigaba la alienatio judiei muíandi catua^ y en ge- 
neral la enigenación realisada dolosamente ante litem motcun, ó en el eurso 
del juicio, y la acción se dirigía, no sólo al resarcimiento de los dafios sufri- 
dos, sino que además se concedía al peijudicado y al Fisco la consecución de 
una pena pecuniaria que tenía que pagar el perjudicante por cansa de su dolo. 

El Código napoleónico guarda silencio sobre «IJictu» potteMor, pero los es- 
critores franceses aceptan en general la teoria romana. El Código austríaco 
fué el primero que codificó la hipótesis del que dei« de poseer después de la 
demanda judicial, y el Código albertino reprodujo sus disposiciones, del ooal 
han pasado integramente al Código civil italiano vigente, en el art. 41S9. 

Según dicho artículo, la acoión reivindicatoría debe ejercitarse contra 
quien posee la cosa y tiene por ende Itk facultas re«tituendi; pero el propietario 
no está obligado á buscar el poseedor legítimo cuando le faltan medios lega- 
les y ciertos, y puede dirigirse contra el arrendatario ú otros detentadores. 
Cuaqdo el poseedor deja de serlo después de la demanda, se realiza |a fiooión 
romana en el sentido de qne la raivindioaoión puede ser proseguida contra él^ 



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REVI8TA DE LA PRENSA JURÍDICA EXTRANJERA 411: 

to ctud e« jasto, porque no puede ser obligado el actor á cambiar su demanda 
por hechos del demandado. El Código italiano no prevé la hipóteeis de la 
perdida de la posesión nntf litrní motam, y en tal caso no puede tener lugar la 
JUtiojurit romana. 

Xm acción contra el poseedor fingido parece personal más bien que real, 
pues aunque se ejerce como acción reivindicatoría, la obligación de recobrar 
I* eoaa consiste in faciendo y no in dando, y es consecuencia, no de la pose- 
ción, sino del hecho ilícito lesivo del derecho ajeno. Esta acción tiene una 
figortt jurídica propia y se diferencia en muchos respectos de la acción de da 
ñoa, principalmente por el contenido jurídico y la prueba, siendo errónea la 
opinión de los que la consideran inútil existiendo la acción BtuUana, 

Para poder ejercitar esta acción, el Código requiere, en primer lugar, que 
el poeeedor ó detentador haya dejado de poseer después de habérsele notifi- 
cado la demanda judicial. Poi tanto, si alguno ha dejado de poseer antes de 
la demanda judicial, aunque lo haya hecho fraudulentamente, no puede ejer- 
•citarse rite et rrrte contra él la acción reivindicatoría- Este caso debe regirse 
por el principio general sancionado por el art. 1161, que obliga á quien cansa 
dafto iigustamente & resarcirlo. SI se tratara de un posesor de buena fe, no 
podría demandársele sino con la actio de in rem verto y sólo cuando no pueda 
i(jercitarse la reivindicación contra el poseedor actual. Cuando la pérdida de 
la posesión ante litem motam no depende de un hecho veluntarío imputable al 
dolo ó á la culpa de su autor, sino que ha tenido lugar ex iu*e«««í(ate, como, por 
ejemplo, por expropiación forzosa, ni aun el poseedor de mala fe puede estar 
obligado á otra cosa que á la devolución del precio recibido, y si no lo ha re- 
oibido, puede librarse cediendo al propietario las acciones para conseguirlo. 

Bl Código requiere, en segundo lugar, que el poseedor ó detentador haya 
d^ado de poseer por hecho propio f que puede ser positivo ó negativo, sin que 
«1 Código distinga entre culpa y dolo. Si el demandado ha dejado de poseer 
por hecho ajenoy el juicio no puede Continuar, hecha excepción del caso de la 
expropiación forzosa, en el cual el demandado queda obligado, según los prin- 
cipios relativos á la alienatio ex neeeeeitate 

Respecto al caso de pérdida de la posesión por caso fbrtuíto ó fuerza ma 
yor, podría admitirse la distinción romana entre el malee jidei y el honm Jidri 
powTMor, resolviendo que el primero está siempre constituido en mora, míen 
tras que el segundo no lo está ni aun después de la demanda judicial, por lo 
eoal aquél debe responder de la cosa al actor, mientras que éste no. 

El contenido jurídico de esta acción, según el Código italiano, es la read 
-qoiaioión de la cosa, y á falta de ella, el resarcimiento de su valor. La read- 
qniaioión de la cosa por el ex poseedor á sus expensas, constituye cuasi una 
multa impuesta á quien deja de poseer después de la demanda judicial, por- 
gue no podrá adquirirla, por lo general, con la simple restHiieión del predo. 

Bl valor qne debe devolverse, en caso de tmposibiHdad de readqniaioión» 



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REVISTA DE LEGISLACIÓN 
Q los daños, cuando haya lugar, y podrá determinarse coxt 
prueba admitidos por el Código civil, incluso con el Jt^- 
Btimatonum, aunque sólo cuando no pueda probarse de 

fia pasado sucesivamente por las manos de muchos posee* 

dos son responsables solidaria monte hacia el propietario. 

9 tratamos puede ejercitarne también contra los herede- 

:ido, porque, aunque el dolo sea personal, sus censecuen- 

e transmiten á los herederos. 

eivindicante tiene, según el Código italiano, el derecho 

m dejó de poseer ó contra el tercero á quien pasó la eos»; 

iumular las dos acciones, como en Derecho romano, aun- 

\cofivamente cnando el resultado do una de ellas haya sido- 

1. 

or caso fortuito no libra al Jictm pmwntor, porqués estando- 

3ho ilicito, está constituido en mora de pleno derecho y 

ida fortuita de la cosa. 

) recobrar la cosa, y no pudiendo hacerlo, de restituir su 

escribil*8e por treinta años, porque se trata de prescrip- 

Brcero, que recibe del fichú potf«e9iWt puede prescribir por 

buena fe y justo titulo, y en este caso, sobreviviría á la 

ria la acción para el resarcimiento contra el poseedor 

bioión de herencia, como real, no puede ejercitarse, según 
Ltra el actual poseedor ó detentador, y sólo por excep- 
rse contra quien ha enajenado después de la notificación 
5ial. . - 

quien «e finge poteedor, — Otra excepción del principio de 
a se ejercita sólo contra el poseedor de la cosa, se en- 
ho romano, en el caso del qui liti «e obtulit. Para que exista 
1 liti ge offem«, del demandado ^voluntario, es menester 
ejar la reivindicación contra el verdadero poseedor, sos' 
atMa, sin poseer actualmente ni haber poseído nunca la 
ogía también por el principio, dolw pro pontesnione esi.; y 
spués de haber sostenido el litigio, quería demostrar que 
seedor, podía ser rechazado por una replicatto doli. 
d ti'ata más que de una simple acción personal revestida 
1 de la acUo tu rem para conseguir un fin difícil 6 imposi- 
r los medios ordinarios. 

iti «e obtulit fuere responsable hacia el actor, se requería el 
amenté por su dolosa afirmación, la ignorancia, el engaño 
y que el hecho ocurriera después de la litis oonte«tatio. 



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REVISTA DE LA PRENSA JURÍDICA EXTRANJERA 413 

Kl demandado debía ser condenado, segán el principio general oandetnnou- 
dv» qnan po»nd«rei, proporcionándose la condena al interés del actor y pndien- 
do extenderse á veoes hasta el valor de la cosa. 

LéS prestación de la oettimatio IxH» por parte del ^tui jtoMHc^nor^ qu% UH *#• 
«htuIU no extingnia el derecho de propiedad en el actor, el cual podía acnma 
Jal las dos acciones. La acción, en este caso, como en el anterior, era una 
aetio tR pertonam ex cUlicto^ carácter qne conservó en el derecho intermedio. 

SI Código civil italiano no contiene disposición algona sobre el lili ae v/je- 
rejt»; pero de seguro no podría aplicarse la doctrina romana, porqne, de nna 
parte, se entiende qne el actor no debe desconocer & sn ^ntradictor legitimo 
antes de empezar el pleito, y de otra, admitido el dolo del demandadado en 
soctener on litigio éine caima, el demandante podría invocar siempre el prin- 
cipio general del art. 1151, en su relación con el art. 870 de la Ley de proce- 
dimiento civil, qne admite la condena en daños cuando se trata de pleitoB te- 
merarios. 

Si la (teuttacia contra QÜI DOLO DE8IIT P088IDERE cau«a estado también von- 
tra «2 íereer poseedor que no ha intervenido en el juicio. Todas las legislaciones han 
aceptado la máxima romana: re« Judieata pro veritate hahctur, que es el funda- 
mento jurídico de la excepción de cosa juzgada; pero esta excepción sólo 
puede alegarse cuando inter eadem persona» eadem qucestio revocatur^ esto es, 
cuando concurren los requisitos de la identidad objetiva y subjetiva, por 
lo cual es una limitación de ella la otra máxima: res inter altos juditaía 
<i?i¿9 wm. nocet nec prodest, justificada por el respeto al sagrado derecho de de 
fensa. 

El derecho germánico y el canónico extendieron la eficacia de la senten- 
cia, atribuyéndole valor contra terceros; pero la Ordenanza francesa de 
TiUers-Cotterets de 1639, la de Houlins de 1566 y las legislaciones modernas 
han protegido los derechos de éstos, concediéndoles, además de la exaptio de 
la re« itUer alios judicata^ el recuso de oponerse contra toda sentencia extraña 
¿ ellos que pueda peijndicarles. 

lia identidad subjetiva de las partes, que exige el ejercicio de la exceptio 
rti judieatct, es la identidad juridica^ no la identidad fisica\ por lo cual no 
ofrece duda que la sentencia dictada contra el difunto causa estado contra 
sus sucesores á titulo universal; pe^o respecto do los sucesores á titulo sin- 
gular, es menester que concurran dos condiciones: l.^ que exista una succensio 
in dommium; 2.% que la sentencia se refiera al derecho que el causam Ttahem 
experwna attcioris habuü, y además, hay que distinguir según que la sentencia 
obtenida contra el causam dans favorezca ó pexjudique á su causan haben». La 
sentencia diotada en favor del causam dam, aprovecha siempre á su causam 
haben», independientemente de que la trasmisión del derecho haya ocurrido 
mUes ó detpué» de la éenteneia; la sentencia dictada contra el causam dan» no 
cansa siempre estado contra el catisam habenst sino que hay que tener en 



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414 ' REVISTA DE LBQI8LÁCIÓN 

caenta el momento en que se ha transmitido el derecho, distinguiendo eat-^m 
tres hipótesis: 1.*, caMom habena con titolo anterior al principio del juicio; 2.\ 
vttuaam haben» con titulo anterior & la sentencia y pendiente el juicio,* B.\ cau- 
H'ttn habens con titulo posterior ¿ la sentencia, y siendo de advertir que loa 
mismos principios se aplican cuando se trata de cosas muebles que cuando 
80 trata de cosas inmuebles. 

Cuando la transmisión del derecho ha tenido lugar antes de principiar 1a 
lhi»t el catuam hahen* no puede ser peijudioado por la sentencia dictada con- 
tra el caitéam daiUf porque éste, habiendo dispuesto ya legalmente de la cosa, 
no tiene cualidad jurídica para defender el derecho de su cawfam haben» ni fa- 
cultad para perjudicar sus derechos. Si el autor quiere obtener una sentenci* 
eficaz también contra el adquirente, tiena que Uamazia al plaüo ó deducir 
directamen t e la dem an da eontr» él, puee de lo contrario, la sentencia no ten- 
drá eficacia sino contra quien ha sido parte en el juicio. Importa poco qu» 
el cau»am hfúttti» haya tenido ó no noticia del pleito que se seguía contra su 
dftnte eawa, pues, sea la que quiera la interpretación que se dé al fragmento 
del jurisconsulto Macro en el Derecho romano, es evidente que no tiene ^U- 
cación en el derecho vigente en Italia, toda ves que el suénelo del Código 
impide que se aplique una doctrina que, por los graves efectos que produce, 
no ha sido acogida generalmente ni aun para el Derecho romano mismo. AI* 
ganos escritores creen que, por virtud de las disposiciones relativas k la ne- 
cesidad de la inscripción del titulo para que produzca efectos contra tej^céro» 
en tanto que el cawiam haben» no haya llenado esta formalidad, se debe c-on- 
Ríderar al cau9am dan» como propietario respecto del tercero reivindican te, 
por manera que la acción pueda ejercitarse contra éste y la sentencia que 
contra él se obtenga perjudicar al que de él adquirió; pero los que esto sos- 
tienen olvidan que la inscripción se ha introducido para regular la preferen- 
cia entre causahabientes de un cautam dan» común, mediato ó inmediato, j 
'qae el tercero reivindicante no es un eau«asi haben», y no puede oponer, jior 
tanto, el defecto de inscripción. 

Más grave es la cuestión relativa & la eficacia, contra el que adquiere la 
cottijudicio pendente, de la sentencia dictada contra su dante oau«a, trae muy 
divididos & los escritores. En el Derecho romano el problema estaba resuelto» 
pues, desde el momento de la liH» conte»tatvo, según el derecho antiguo, y desde 
la deducción de la acción real, según el derecho último, surgía la exoepUo li- 
tigimi, por virtud de la cual el reivindicante no estaba obligado k respetar 
ninguna transmisión verificada en el curso' del juicio y tamquam •% nihü fae- 
tinn»it lite nihilominu» peragenda. Al dictarse la sentencia, la re» litigiosa se con* 
8ideraba de derecho poseída por el eni^jenante, y el litigante victorioso pocy» 
pedir la nulidad de la enlaje nación, no faltando fuentes que sancionen expresa- 
mente aun la extensión de la sentencia. Pero es de advertir que la Itttgumdad 
no afectaba k la cosa, sino que la ejceeptio lüigioti existia sólo entre los liti- 



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REVISTA DE LA PRENSA JURÍDICA EXTRANJERA 415 

C«ai«8 y coAlqaxer tareero que, aun de buena fe, adquiriese de uno de ella» la r«« 

Kn el derecho intermedio se acogió completamente la teoría romana del 
eoañeontrato judicial y de la inalienabilidad de la cosa litigiosa. El derecho 
b4jrlwro prohibía la enajenación de la cosa litigiosa, y el derecho canónico se 
atañía al principio: lite pendeiUe nihü innovetur. Algunos fueros disponían que 
era neoesarío que el Jue« decretara expresamente la inalienabilidad, y lo» 
glosadores defendieron la teoría de la inalienabilidad rodeándola de tempe* 
raziMntofl para impedir que se sustrajeran los bienes k la libre circulación por 
la simple pretensión de cualquier litigante temerarío. Gomo en el derecho 
roKumo, la litic^osidad no afectaba á la cosa, sino que tenia eficacia sólo res- 
pecto de las partes litigantes y del mismo modo non requxriiur nova imtantia, 
»^ cmm itteepta proa^guüur. La sehtencia. producía estado contra el cawam ha- 
ttnm^ y, según algunos, se podía aún ejecutar contra él, sin nuevo juicio. 

Ijos legisllbdores modernos han adoptado otro sistema. Ninguna disposi- 
<9Ó«k legislativa hace mención expresa de la ^tVw conteitatío, cuyo nombre se ha 
eoBservado en la ciencia con efectos esencialmente diversos de los que le atrí- 
billa el Derecho romano. El Código civil italiano no contiene precepto alguno 
qms dedare inalienable la cosa materia del litigio, pues ha parecido exhor- 
Wtaate sustraer las oobas litigiosas al libre comercio, acaso durante mucho 
tisBspo, por el solo hecho de las pretensiones del actor. Ni la demanda ni la 
eootestación de la lüü hacen surgir el vinculo de la inalienabilidad de la res; 
sfeeto que sólo produce la inscripción del precepto inmobiliario, por expresa 
disposíoión del art. 2065 del Código civil. 

Ia mayoría de los escritores, seguidos por la jurisprudencia, entienden 
qna, entablado el juido, la sentencia que recaiga debe causar estado contra el 
OROsahabiente, cuyo derecho haya nacido en el curso del juicio mismo; pero 
nintfnno de los argumentos aducidos para sostener esta opinión tiene fuerza 
snUoiente, por lo cual debe admitirse la opinión contraria, que es la más con- 
forme 4 los principios de derecho, k la seguridad de las adquisiciones y a la 
In-violabiUdad del derecho de la defensa, y la única que hoy puede aceptarse 
por virtud del art. 489 del Código civil italiano, según el cual: «Si el posee- 
dor ó detentador, después de habérsele notificado la demanda judicial, ha ce- 
sado por hecho propio de poseer la cosa» estíi obligado k recuperarla á su 
eosta para el actor, y no pudiendo hacerlo, k resarcirle su valor, sin que se 
pujadique en el derecíio de proponer, por el contrario, su acción contra el 
noevo poseedor ó detentador.» Si el que ha dejado de poseer no puede reco- 
htmt la cosa, y el reivindicante no se con tenta con la cetimatío ret, la senten- 
cia obtenida contra el demandado no causará estado contra el tercer posee- 
dor, sino que contra él será necesario proponer ex novo la acción reivindicato- 
ría. Con este precepto no se han pexjudicado los derechos del reivindicante, 
porqne, además de la obligación impuesta al demandado de recobrar la cosa á. 



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416 REVISTA DE LEGISLACIÓN 

na costa, lo oaal es un frono par* evitar al aotor la molestia de un nuevo jai- 
cio, se le da también el derecho de pedir la garantía preventiva del seouan- 
tro judicial, que inmobtliza la posesión en manos del depositario, el cual, bajo 
KU responsabilidad civil y penal, queda obligado á entregar la cosa & la parte 
^ victoriosa, asegurando asi los efectos de la sentencia. 

f Cuando la transmisión de la propiedad ha tenido lugar, después de la sen- 

tencia contraria al ea%iHam dam, ésta perjudica al cáu»am kahen», tX cual podrá 
'I oponerse la excepción de cosa juzgada, f andándose esta extensión de la sen- 

% tencia, ó sobre el concepto de la representación, ó sobre el de la cesión de 

\ derechos. Sobre el concepto de la representación, en el sentido de que cada 

1 litigante representa á todos aquellos que tendrán causa de él después de )a 

f' sentencia, como todo contrayente contrae para sí y para sus sucesores á ti- 

1^ tulo universal. Sobre el concepto de la cesió¿ de los derechos, en cuanto que 

^f . el causahabiente á titulo singular recibe la cosa en el ettado jwridieo en que 

p se encontraba tX tiempo de la transmisión, y como nemo plut jurit ta €UÍHm 

b' trnH»/erre pote9t quam ipté habet, si la sentencia había declarado inexistente 

¡^ el derecho del cawcrm dan», causará también estado contra el adquirent^ pos* 

'í terior. 

ir 

^ • En el Derecho romano, la sentencia obtenida contra el eou9am dan», aun- 

r' que causaba estado contra el coManí haberu, no podía ejecutarse desde luego 

^ ^ contra éste, porque, en aquel derecho, la ejecución de la sentencia no ara, 

; como en el derecho moderno, un simple efecto de la cosa juzgada, sino que 

^* había que pedir, con un nuevo procedimiento, la aotio Judicati á un magistra- 

|7- do diverso del judex y provisto de imperium, 

I En el derecho intermedio se distingue también la eficacia intrínseca de 

Ff; la sentencia de su ^'ecutoriedadf aconsejándose que se citase siempre al adqut- 

rente, el cual podía exoepoionar razones ex cauta nova y también ex emun 
<imtorÍ9, cuando hubiere habido, por parte de éste, dolo ó impericia. 

En cuanto al derecho moderno, el libro segundo del Código de procedi- 
miento civil italiano sanciona, repetidas veces, que la sentencia es titulo 
ejecutivo sólo contra la parte condenada. Sólo el art. 660 declara excepcional- 
¿ mente que los títulos ejecutivos contra el difunto lo son también contra loa 

^ heredero» f porque, representando el heredero la personalidad jurídica del di- 

funto, se sometería al actor á un gasto inútil de tiempo y de dinero. Besulta, 
f_. pues, claro que nua'^a puede ejecutarse la sentencia contra el poseedor no 

condenado, y que el reivindicante deberá en todo caso volver á proponer la 
instancia contra el nueto poseedor para obtener una sentencia ejecutiva contra 
él, aun cuando la sentencia, respecto del contenido, tenga eficacia de cosa 
' juzgada. Con esto no se causa daño al actor, porque, ó el tercer adquirenta 

no tiene razones nuevas y el litigio terminará pronto sin peligro de oposi- 
ción, ó tiene razones nuevas, y discutidas éstas, será provisto el aotor da un 
título cierto é inatacable in executivi». Pero sí podría haberse causado dafio al 



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REVISTA DE LA PRENSA JURÍDICA EXTRANJERA 417 

adqairente, porque in extrutivts sólo pueden oponerse razones de pronta boIu- 
-ción, y no lo son, por lo general, las cuestiones de propiedad ó prescripción. 
En el juicio contra el que adquirió después de la sentencia, éste no podrá ale- 
gar más que razones ex cava nova n-I ex rnu^a propia ^ pero no las razones del 
camam dann^ porque respecto de ellos produce excepción de cosa juzgada la 
sentencia obtenida contra éste. 

Para seguridad de las adquisiciones y para mayor garantía de los dere- 
chos del reivindicante, es de desear que se ordene la inscripción de las de- 
mandas rei\-indicatorias, cosa actualmente no permitida por la legislación 
italiana. Si se ordenara la inscripción, se evitarian muchas diñoultades pro- 
cesales, y el reivindicante no se vería obligado á iniciar un nuevo juicio con- 
tra el nuevo poseedor, si el primero doU> dfHÍit po^^úkrf, porque se podrían 
ejercitar contra el inscrito todas las acciones reales, aunque no estuviera en 
posesión material de la cosa, y la sentencia obtenida contra él valdría erga 
omn^M como readquisición de la cosa, libre de todo gravamen. 

Jerónimo Vida, 
Catedrático de la TTnÍTer¡<idad de Granada. 



Loa últimos números del Architrio di diritto publico. —El profesor Or- 
lando. — Algunas observaciones sobre el concepto de soberanía (Min- 
guzzi): Soberanía popular, Soberanía del Estado. — Reforma electo^ 
red en España (Ugo). — Causas de la abstención electoral{ Ferrarini): 
Sos cansas.- -Otros trabajos. 

En la Revinta de la prenia JuHdicn tjrtranjfrn que en el número anterior pu- 
bliqué, no pude, por falta de espacio, hablar de los interesantes trabajos que 
el Ámhimo di diritto puhlico^ del profesor Orlando, trae en sus últimos núme- 
ros. Hoy lo haré con el detenimiento que me permita el espacio de que dis- 
pongo. Pero antes de dar noticia de los trabajos insertados en el Árchit>vit 
quisiera decir algunas palabras sobre la índole general de la publicación, y 
de paso algunas también de su distinguido director. El Archirio di diritto pu- 
bliro tiene un carácter eminentemente científico. Los trabajos que en él se in- 
sertan, hasta ahora al menos, son, por lo común, monografías acerca de los 
problemas del Estado (la soberanía, la representación, el derecho constitu- 
cional). Muchos de ellos, rei>ú*ioncii agudísimas, hechas con rara competencia, 
de las teorias corrientes del derecho político', desde el doble punto de vista 
de las tendencias dominantes en los tratadistas alemanes, que se inspiran en 
las concepciones del Estado jurídico y de las afirmaciones náás ó menos preci- 
pitadas de la sociología moderna. 

Por lo que del distinguido director del Archivio puede uno saber con la 
lectura de sus libros y de sus estudios publicados en otras revistas, no es 
aventurado afirmar qtie ejerce en la marcha indicada de su publicación un 
TOMO 82 27 



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REVISTA DE LA PRENSA JURÍDICA EXTRANJERA 419 

actnalicÍAd qae tienen las onestiones verdaderamente cientifioas. MingiiExi, 
ademáa, sabe tomarlo como al presente corresponde. De la soberanía política 
no se hablaráTmacho ya en los Parlamentos, ni el debate acerca de su origen 
divino ó homano es debate para que nos acaloremos demasiado; pero no 
pnede menos de reconocerse qae de aqaellas glandes luchas anteriores que- 
dan aún restos en algunos pueblos, por desgracia, y que por mucho que en 
política se haya progresado, aun hay bastante que hacer para infundir en la 
organización de la soberanía, cuando entra en la esfera practica de la acción, 
ideas sanas de justicia. 

Esto aparte de que siempre será obra muy grata é interesante para la 
eiencia la que acomete Minguzzi, á saber: investigar en el desarrollo Irntón 
co la ley que preside á la formación de aquellas ideas que vemos triunfan- 
tes á nuestro alrededor. Minguzzi se propone, en efecto, dirigir una como 
ojeada de conjunto á la evolución real de los conceptos imperantes, tanto en la 
ciencia como en la vida del Estado, acerca de la soberanía. Son éstos, con sus 
variantes y matices diversos, dos, en su opinión: el concepto de la noheranht 
pfipularf que, procediendo de Rousseau, tuvo su realización práctica radical en 
la Revolución francesa, y el de la noLerania del E^tadoy imperante sobre todo 
eu la ciencia política alemana. 

El trabajo de investigación de Minguzzi en lo relativo á la soberanía po- 
pular y al modo como este concepto penetró en las instituciones representa- 
tivas, es muy original é interesante. Como idea que considero en esta parte 
muy fecunda, está la distinción, que partiendo de las indicaciones de Min- 
guzzi, puede hacerse entre Gobierno y Estado; palabras estas que no suelen 
emplerse siempre con su alcance y valor propios. 

No es menos interesante, y además más de adunlidad en la ciencia poli- 
tica, la exposición de la soberanía del Estado, tan corriente en Alemania. 
Para hacerlo Minguzzi alude á la concepción del Estado en las doctrinas alo- 
manas. Ocupa el Estado, dice, en estas doctrinas siempre un puesto eminen- 
te, pues al revés do lo que ocurre en las teorías francesas que proceden de 
Rousseau, el Estado tiene aquí pna verdadera substantividad: asea el Esta- 
do, dice, tma manifestación orgánica del pueblo, sea una categoría ética, sea 
ana institución jurídica, el concepto que de él tienen las escuelas alemanas 
•s siempre elevadísimo.» 4:La idea general, añade luego, de los escritores 
alemanes en orden á la génesis nacional del Estado,es que es el último de los 
diversos momentos del desenvolvimiento humano, ó sea el supremo órgano 
mediante el cual el hombre alcanza sus propios fines. Para ellos los fines in- 
ternos y extemos del hombre son los que determinan la formación de otras 
tantas esferas de vida CBer Zraeck erzeugt den Kórper), Estas corresponden á la 
familia, á la estirpe y á la sociedad; asi que el hombre viene á ser desenvuel- 
to en sus fines internos y externos, por estos organismos especiales. Pero no 
todos los fihes de la vida humana se encuentran con sus medios, ni estas es- 



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REVISTA DE LA PRENSA JURÍDICA EXTRANJERA 421 

cia de la soberanía, lo que importa no es de donde venga, sino donde resida."» 

Algo podría decirse respecto de esta apreciación, no tanto para rechazar* 
1h^ cuanto para explicarla. En mi opinión, el decaimiento de la importancia 
del problema ¿de dónde ne origina la svberaníaf no viene de que no tenga tanto 
ii I teres como el otro, sino que en virtud del predominio del criterio por el 
cual la soberanía no es una cualidad transcendente, hiño inmanente en el Es- 
tado, no se ha de buscar su explicación fuera de él, sino en él mismo. Esto 
fiuutado, ¿cómo no ha de ser un problema capital saber cómo se origina la 
soberania en el Estado? Verdad es que, dado el supuesto de su inmanencia, el 
problema de origen se confunde con el problema de su residencia, quedando 
como problema distinto de ambos el referente á cómo y pftr quién se ejerce, 
que es, después de todo, el que Minguzzi examina bajo el tema de /en quién 
re»ide la »oberaniaf 

£1 estudio que Minguzzi hace de esta parte de su asunto tiene un carác- 
ter filosófico- histórico. Es, en rigor, una exposición muy completa de la evo- 
Ir ción pr&ctica de la soberanía, k partir de la teoría que atribuye ésta al 
pi^ncipCf y teniendo en cuenta que «la observación histórica pone de mani- 
fiesto esta ley constante: qiw el poder soberano no ha estado difundido en todo el 
Estado, sino concentrado en un órgano del mismon. 

Muchas más cuartillas tendríamos que llenar si siguiéramos anotando el 
resto del artículo de Minguzzi. Por otra parte, hay en él mucho que no tiene 
un gran interés, y que además no podría extractarse fácilmente, en cuanto es 
exposición casi histórica de la transformación del concepto de la soberanía 
del príncipe. Todo lo que á este punto se refiere se resume en estos términos 
por el autor. Bajo la Monarquía, la soberanía no se compenetraba con el Es • 
tndo. El poder supremo correspondía á la realeza. Verdad es que, en opinión 
do Minguzzi, esta compenetración no se logra en la República, si bien se di- 
funde ya la soberanía, porque es característico de este gobierno impersonal 
la distribución del poder. Opónese á la entera difusión de esto la tendencia 
invencible á reunir el poder principalmente en una de las partes del Estado. 

También tendríamos que ocupar mucho espacio si quisiéramos exponer 
lu indagación de Minguzzi relativa á la evolución de la soberanía distribuida 
bajo las formas republicanas. La nota común en éstas es que siempre se di- 
baja un órgano puesto por encima de los demás. 

La realización más perfecta, en opinión del articulista, del principio de la 
«oberania del Estado, está en el Estado constitucional. «En éste no hay órga- 
no alguno puesto encima de los demás; iodos se encuentran en igual grado y 
condición; he ahí por qué el Estado constitucional es un sistema resultante 
de partes orgánicas, cada una de las cuales existe para realizar respectiva 
mente aquellas funciones particulares, cuya necesidad se haya reconocida en 
la teoria general del Estado.» 

A esta afirmación, que algunos reparos merece, sigue una descripción del 



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REVISTA DE LEGISLACIÓN 
con verdadera curiosidad, con verdadero deseo de leerlo y con 
speranza de entusiasmamos leyéndole. Había, además de la fama 
'O motivo. En algún periódico habiamos visto que el Sr. Dur&n y 
n el discurso de la Academia de Jurisprudencia del fin ó fines 

el tema, por su innegable actualidad, por su dificultad y com- 
le los que uno desea ver estudiados por cuantas personas se su 
dan tener algo que decir. 

emos satisíeulio nuestra curiosidad. Leimos una vez el discurso 
L y Bas acerca, como él nos dice, de «la acción del Estado según 
itemporánea», y bemos de reconocer que trata el asunto con 
d, con bastante erudición, á ratos con criterio aceptable...; pero 
ite, si estas notas bibliográficas no debieran reducirse á la ano 
a casi del libro, para contribuir á que el público letrado sepa que 
do, mucbos reparos, mucbas observaciones creemos que oabiía 
re catedrático de la Universidad catalana desde el principio, 
e cuando afirma que es de la teoría del Estado considerar su orí- 
a ó funciones, su organización (bien está ésto), y, por último, su 
mto en la dilatación de los tiempos y en el seno de las diversas 

(?;, basta el criterio con que juzga mucbas de las teorías ex 
iralmente con competencia indudable) en el curso de su impor- 
. académica. 

étimos, que no es dable entrar en este lugar en semejante género 
nes criticas. 

Adolfo Posada, 
(catedrático de la Universidad de Oviedo. 



mtro la liberta; por Costanzo Peratoner. — Oatania, 1891; 
UD yol., págB. 375. 

esta obra en una introducción y dos partes. La introducción 
'arantíat de la libertad^ empezando por exponer el concepto, de la 
. mundo moderno, sus diversas manifestaciones, sus relaciones 
I, las funciones de éste en general y en sus relaciones con la li- 
lendo después á ocuparse en el concepto general de las garan- 
livisión en políticas, jurídicas y penales, para concretar en estas 
e va á ser materia del libro. 

autor la part^ primera de su trabajo á la t^oria general de lot d"- ■ 
libertad, estudiando el concepto del crimen rm como mera viola 
»ertad civil ó política, no cometida para violar ningún otro de- 
l justifica su consideración como delito distinto é independiente, 
en todos ó en casi todos los delitos contra las personas pueda 
dste una negación de la libertad y un estado de violencia. 



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428 REVISTA DE LBQISLAaÓN 

acá he leído altanos trabajos, qae sus autores han tenido la bondad de en- 
TÍarme, entre los onales debo mencionar, como más importantes, algunos de 
Vadalá Pápale y el Programma critico di Sociología, de Vanni; mas confieso 
qae su lectura no ha modificado gran cosa el inicio que sobre el particular 
tenia de antes formado: los opúsculos de Yadaléb apenas si tocan la cuestión, . 
y el Programma de Yanni tampoco la afronta directamente, sino que la trata 
oomo uno de los problemas subordinados al fundamental de su libro: deter- 
minar, mediante un análisis critico, el concepto de la sociologia, sus relacio- 
nes con otras ciencias, etc.; asi que sólo en un capitulo se pone la cuestión 
de las que con la filosofía del derecho mantiene (cap. 8.**). Sin embargo, el 
Programma presenta muchos puntos de viflta aprovechables para el estudio 
de la materia, y sobre todo demuestra la necoííldad de una elaboración y re- 
visión critica de todas las ciencias sociales, y, por tanto, de la sociologia y- 
do la filosofía del derecho. El Programma ^ junto con la otra obra del mismo 
atitor, n problema delta filoaofia d^l diritto, mneutran ya de una manera que 
podríamos llamar consciente la exigencia de reconstruir, con arreglo al mo- 
derno criterio proveniente de las nuevas vías en que ha entrado la ciencia, . 
todas las disciplinas sociales. 

Ahora, el problema de las relaciones entre la sociologia y la filosofía del 
derecho — que es el más grave de todos, por cuanto, mientras se reconoce la 
existencia de las otras ciencias sociales, no falta quien pretenda negar la de 
la filosofía del derecho, absorbiéndola en la sociologia — es el asunto sobre 
qne versa el libro de Anzilotti. El cual, no obstante ser, según dice el autor, 
uua promesa de ulteriores estudios, es, hasta donde yo conozco, si no absolu- 
tamente el único que se ha ocupado directamente de la cuestión, sí el único 
que se ha concretado á eUa, y que la ha considerado y discutido desde todos 
los puntos de vista que es posible discutirla y considerarla. Que después de 
publioado este trabajo pueda mirarse como definitivamente resuelta, esto no 
se atreverá nadie, ni aun el autor, á decirlo; pero tampoco se podrá negar 
que contribuye mucho á plantearla, y sabido es que la solución de las cues- 
tiones está toda ella en la acertada posición de las mismas. 

No podemos exponer, ni aun en resumen, la doctrina de Anzilotti. Baste 
saber para adquirir una idea de lo que es eLlibro y de su importancia que, 
de los nueve capítulos que contiene, los dos primeros están consagrados á 
poner el problema y á dar á conocer su importancia, su naturalesa, sus limi- 
tes y las causas que lo han determinado; los tres siguiente^, á demostrar la 
imposibilidad de una sola ciencia de la sociedad (la sociología), que absorba . 
á todas las ciencias sociales particulares, y, por tanto, á la filosofía del dere- 
eho; el sexto y séptimo, á demostrar la autonomía de la filosofía del derecho, 
autonomía derivada de su peouliar ftinción, y los dos últimos, á apreciar 
el valor que en la construcción de la filosofía del derecho debe darse á los. 
diitos de la sociología. 



É. 



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NOTICIAS BIBLIOGRÁFICAS 429 

De la loctnra de todos ello» resulta que, para el autor, las don cieneiaR 
de que se trata no pneden confundirse, pero tampoco separarse; que la ho- 
ciologia tiene que auxiliar mucho á la filosofía del derecho, en cuanto que 
todas las relaciones humanas tienen un carácter social, cuyo estudio corres- 
ponde á aquélla; pero que no por eso puede subrogarse k é^ta, porque tam- 
bién dichas relaciones tienen un aspecto individual, cuyo estudio es prop'o 
de la filosofía del derecho; que esta disciplina debe entrar en el movimiento 
do renovación sociológica que abarca k todas las ciencias sociales, dejando do 
ser, como hasta aquí lo ha sido, una ciencia abstracta, pero que, á posar de 
esto, será siempre la ciencia á la cual corresponde averiguar los principios 
supremos del derecho, y que aunque la filosofía del derecho debe apoyarse en 
la sociología, por el aspecto social do los actos humanos, debe así bien apo- 
yarse en las ciencias antropológicas, por el aspecto individual de los mismos. 
Todos esto» puntos los desarrolla el autor con gran maestría. Iónicamente 
Advierto yo que podría muy bien haber reducido la doctrina á menos p&ginan, 
no diciendo más que lo preciso; condición esta que es indispensable á los tra- 
bajos Hentificos modernos, por falta de tiempo para leer todo lo que se pu 
blica. 



Angelo Majorana.—l\ sistema delló Stato í^luridico. Romo, Ermanro 
Loescher et C, 1889. Un vol. de 191 páge., 4 1ít«8. 

Los lectores de la Revista conocen ya — por haber dado cuenta de él en 
uno de los números anteriores — el libro de So<iologin del profesor de la Uni- 
versidad de Catania, Ángel Majorana, y las condiciones que lo hacen reco* 
mendable: la gran cultura filosófica, jurídica, técnica y matemática del au- 
tor, la sobriedad y sencillez en la exposición, el encadenamiento rigorosa 
mente lógico de sus proposiciones, el arte de condensar en pocas palabras Ion 
principios científicos y de fundir y armonizar las conclusiones de la filosofía 
antigua con las de la nueva, sin, por eso, ser ecléctico, sino considerándolas 
como formando parte de un mismo proceso evolutivo. — En el libro que enca- 
beza esta nota se advierten también, como no puede menos, las cualidades 
referidas, aunque no siempre en el mismo grado que en la Sociología; algunas 
de ellas puede decirse que están más acentuadas, ó, por lo menos, más visi- 
bles, como, por ejemplo, la extensa y sólida cultura del autor; en cambio, 
otras se hallan, sin duda alguna, menos desarrolladas, cual sucede con el ta- 
lento Sistematizador. Pero en todo caso se revela un pensamiento con bas- 
tante originalidad, nada exclusivo ni sistemático, sino muy flexible y abierto 
á toda clase de modificaciones y rectificaciones; asi como una cierta virtud 
sugestiva para despertar en los lectores el espíritu crítico: virtud que consti- 
^;uye acaso el mérito principal de las obras de la índole de las del profeí-or 
Higorana. 



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REVISTA DE LEGISLACIÓN 

\gún confesión del mismo, el libro que tenemos á la vista es ana tenta- 
ara reducir k sistema la doctrina de. lo que en Alemania se llama el 
Htaat, ó sea, de lo que alg^unos traducen El Estado según el Derecho y que 
ana llama Entado juridico; RechUstaat de que entre nosotros nadie se ha 
do, que yo sepa, si fee exceptúa al Sr. Posada, en algunos trabajos suel- 
le es de esperar tendrán adecuado desarrollo y organización en su Tra- 
d Derecho político, cuya próxima publicación ha anunciado muy recien- 
Lte. 

insiste el Ettado jurídicoy -según Majorana, en «organizar un Estado, el 
en todo y para todo, en su constitución y en su acción, en sus relaoio- 
>n los ciudadanos y con la sociedad, esté siempre y rigorosamente so- 
a á las normas del derecho:». Este Estado jurídico es lo que el autor 
ide sistematizar (pág. 2), siguiendo las huellas de Kant, por un lado, y 
magnosi, por otro, aunque teniendo presentes las condiciones sociales 
ticas de nuestro tiempo (pág. 190). Semejante sistematización no se ha . 
hasta el presente en las ciencias del Estado (p&g. 9). Júa teoría del Es- 
uridico' no puede reducirse al derecho constitucional (única cosa que, 

> general, estudian los autores italianos y que la ley manda estudiar en 
liversidades), ni & la política (como ciencia de los fines del Estado y de 
adiós para realizarlos), sino que tiene que espaciarse en el campo de la 
t politicay entendida como doctrina general del Eatad^) (pág. 9). Aunque se 
[ere á la política como ciencia práctica y de aplicación, no se puede por 
I de considerarla también como doctrina general del Estado, y no puede 
I de informarse, además de en criterios jurídicos, en criterios económi- 
morales. Así que la ciencia política puede dividirse en moral política 
isittenlchre) , economía política (Volkswirthachaftslehre) y derecho político ^ me- 
e dererJu) público (StaatsUhrc) (pág. 14). 

) esta manera, la doctrina referente al Estado se engrana con la de la 
y la economía, lo que indudablemente supone una sistematización. 
1 esto, asi como en las indagaciones que el autor hace tocante á lo que 
unos llamar «supuestos» necesarios del Estado, á saber: las indagación 
iferentes á la génesit lógica del Estado y del derecho (cap. IH), y á lo que 
momenios de la idea del derecho (cap. Y), nos parece acertado y hasta 
os que es la parte más nueva y aprovechable de su libro. En cambio, á 
de aquí, ó sea, desde el capitulo VI en adelante (YI, Las condicionen del 

► jurídico; Vil, Teoría jurídica de la soberanía; Vm, Teoría jurídica de la 
lUacién; IX, Los poderes del Estado; X^ La ley; XI, El gobierno; XTT, Las 
ías del derecho )f las teorías que formula, aun cuando llevan impreso el 
le la personalidad del autor, y, por tanto, revisten las condiciones da 
ás arriba queda hecho mérito, sin embargo, me parece que no alcanzan 
rada significación que las de los capítulos anteriores, y que el autor ha- 
>ra meritoria en madurarlas y elaborarlas más de lo que hoy lo están^ 



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Conviene decir también qne la obra de qne damos noticia no es más «lae 
la parte general de la Teoria del Eitndo Jurídico, ó «ea, Begún las propias pala- 
bras del autor* «los principios fundamentales sobre los que el Estado jaiídi- 
co se apoya». En la parte especial se aplicarán estos principios á las relacio- 
nes é institaciones particalares. 

Decir que el libro es muy superior á los que, por regla general, se produ- 
cen y existen en España sobre la materia, casi nos parece innecesario, espe- 
cialmente para los que conozcan el nivel intelectual de nuestro país y el de 
la patria del autor, y todas las demás condiciones que á uno y á otro rodean 
en los restantes órdenes de la vida, tan conexos, por necesidad, con éste. 



Giuaeppe Cimbali.^W diritto del pin forte, saggio di Bcienza Bociale 
e giurídica. Seconda edizione. Roma, L. Roax & G. editori, 1892. 
Un yol. de 211 paga., 4 liras. 

Enrique Cimbali, aquel joven de rigorosa potencia intelectual, autor de 
L<i nuevci /ate del derecho civil, de la Capacidad de contratar^ de los Entudiot d« 
tioetrina y jurútprudencia y de otros interesantes trabajos, iniciadores puado 
decirse del movimiento de renovación que actualmente se advierte en el 
Derecho civil, murió prematuramente, sin haber podido cumplir la promesa 
que había hecho al público de dar á lúa una obra cuyo titulo era La fvn-xn, 
elemento cowtitutivo del derecho, obra esperada con ansia por todos cuantos co- 
nocían la cultura y el talento del autor. 

Su hermano José, lamentando qne el difunto no dejase nada escrito res* 
pecto de la materia referida, y lamentando, por consiguiente, la falta do un 
libro «que habría sido la obra más personal de Enrique, porque habría refle- 
jado todo el temple diamantino de su heroico carácter», ha tenido que con- 
testar negativamente á las preguntas que de todas partos se le hacían en 
demanda de la' obra de su hermano. En vista de lo cual, se ha^ decidido él á 
dar á 1» estampa, depnós de meditado seriamente, el libro que titula El de- 
recho del más fuerUt creyendo que el pensamiento del autor de La nueva fase 
dtl derecho civil, al escribir sobre <la fuerza como elemento constitutivo del 
derecho», era el de hacer un tratado sobre la capacidad, 

Y esto es lo que ha hecho también José, un tratado filosóficojuridico so- 
bre la capacidad, puesto que para él el más capaz es el más ftierte, no ya^ física- 
mente tan sólo» sino intelectualmente, moralmente, etc. 



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432 BEVIBTA DE LEGISLACIÓlf 

El libro tiene, podemos decir, una íactura ú organización perfectamento 
lógica, hasta ol punto de que algún autor que se ha ocupado detenidamente 
de él (Enrique Picdone, en su trabajo sobre las X^yc* hiológira» y Ley et jurídi- 
ca» en relación con la cuestión éocialy Roma, 1892; Véase un fragmento en Lr» 
Spedalieri de Marzo de 1892, núm. 5), dice que forma un verdadero silogismo, 
cuya premisa mayor la constituyen los dos primeros capítulos (I, Vida, orga- 
nismo y jerarquía social; II, Jerarquía y capacidad), la menor, el tercero (Jerar- 
quía, capacidad y derecho), y la« conclusiones los capítulos siguientos: (IV, E/rr- 
ios jurídicos de la capacidad física; V, Efectos jurídicos de la capacidad intelectual; 
VI, Efectos jurídicos de la capacidad moral; VII, Efectos jurídicos de la capacidad 
económica; VIII, Efectos jurídicos de la capacidad civil; IX, Efectos jurídicos de la 
capacidad política; X, El mayor derecho del más capaz, ó sea del más fuerte). 

La tesis que el autor desarrolla puedo sintetizarse de esta manera: Admi- 
tiendo, como no puede menos de admitirse hoy^ aunque sin las exageracionos 
de algunos, que la sociedad es un organismo análogo al cuerpo humano, es 
preciso admitir también que en ella existe una gran variedad de órganos ads- 
critos á distinta función, y, por consiguiente, que entre ellos tiene que haber 
una verdadera jerarquía, como la hay en las funciones. De aquí las desigual- 
dades jurídicas entre los hombres, perfectamente legítimas, porque se fundan 
en las desigualdades procedentes de la naturaleza: desigualdades en la ca- 
j>acidad física, intelectual, moral, económica, civil, política, etc., todas las 
cuales desigualdades tiene que reflejar, garantizar y proteger el derecho, sin 
que esto implique el desconocimiento de la igualdad esencial humana, por- 
que estas desigualdades no son permanentes ni indeclinables, como lo fueron 
en lo pasado, sino que varían, porque, gracias á la continua lucha que en 
todos los órdenes, y no solo en el económico, que es al que generalmente se 
contrae, existe entre los hombres, las relaciones entre éstos no son siempre 
las mismas, sino que los vencedores de hoy, los más fuertes, los más capa- 
ces, pueden ser los vencidos de mañana, los más débiles, los menos capaces. 
En una palabra: el derecho no crea las desigualdades ni la diferente capaci- 
dad, sino que sólo las reconoce y garantiza; asi que al más capaz y má<( 
fuerte le reconoce más derechos que al menos capaz y más débil, pero «o con 
más intensidad, pues lo mismo garantiza lo poco que pertenece al débil que lo 
mucho que pertenece al fuerte. — Por lo demás, la capacidad en los hombres 
es muy distínt|i: en unos predomina la fuerza física, en otros la intelectual, 
en otros la económica, etc., aunque puede suceder que toplas ellas se encuen- 
tren reunidas en una misma persona, en cuyo caso, esta debe tener más de> 
rechos. 

Sin entrar en apreciaciones criticas, impropias de una simple nota biblio- 
gráfica, nos limitaremos á hacer una pregunta al autor, y, con él, á los lec- 
tores, á saber: las desigualdades entre los hombres, ¿son fuente de mayores 
derechos en los más capaces y de menos en los menos capaces, ó al contra- 



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AS biblioqrAficas 4 

ia füorte, mks dert'hm 6 más deberenf Si el de 
ia y do egoísmo, sucederá lo primero; poro 
como yo creo que va implícito en la doctrina del autor, el derecho es un 
den de altruismo y de sacriflcio, de tal manera que el que más derevhm tei 
sea el iná% neeentado y más débil y el que más deberé*, el más fuerte^ el t¡ 
rico, el más poderoso, etc., en este caso, tiene que suceder lo segundo. Y 
tonces, lejos de decirse, como dice Gimbali, El derecho del mái fuerte, debe 
oírse El dthtr del má» fuerte ó El derecho del más débil. 



La Uy de Lynh en lo» fistado^i Unidor.— DieeTtación leída en la ap 
tura de la Academia de Derecho de la Universidad de la Haba 
por el Dr. D. José A. González Lnnuza^ Catedrático de Derecho 
nal. Habana 1892; 104 págB. 

£1 linchamiento de Nueva OrlenuK, en los Estados Unidos de Amor 
ocurrido en Marzo de 1891, y por el que varios italianos, «absueltos por el t\ 
de un Tribunal legitima y constitucionalmente constituido, habían sido a: 
batados por el pueblo en masa de la prisión en que aun se encontraban 
por el mismo puel>lo ^ecutndm tumultuosamente, sin forma de juicio, sin 
pecto siquiera de proceso oriminalt, es un acontecimiento que se sale d< 
normal, que revela una forma verdaderamente inusitada de administrar ju 
cía en un país civilizado, y que, por lo mismo, tenia que llamar fuerteme 
la atención de quien juzga que los hechos sociales no son producto del ca 
cho ni producidos espontáneamente, sino que son el resultado indecllnabl< 
cansas dadas. Por eso, la matanza de Nueva Orleans no pudo menos de ( 
pertar en el ánimo de las personas que se preocupan con el estudio de r 
ridos hechos sociales ciertos problemas que, aunque no nuevos (porque ti 
poco lo era en los Estados Unidos el suceso que los motivara), quizá hubie 
permanecido latentes á no ocurrir aquél. T cabalmente la cifcnnstancia 
existir ya varios, acaso pudiera decirse numerosos, precedentes del linc 
miento en la Gran República norteamericana, era una razón de más para 
el de 1891 obligara á ponerse oomo objeto de estudio un fenómeno com 
llamado Lynching, cuyas causas, á juzgar por la repetición del efecto, del 
iiallarse muy arraigadas y persistentes en el pueblo yankee, hasta el px] 
de haber convertido lo, para nosotros, europeos, extraña práctica en un 
dadero derecho, Lyruh Lato. 

A, estos motivos obedece, por lo que puede inferirse de la lectura 
mi«mo, la publicación del trabajo del Sr. González Lanuza, el cual no se ; 
pone estudiar el linchamiento de Nueva Orleans desde el punto de vÍNti 
las relaciones internacionales, como lo han hecho varios autores que cita, 
hajo otro aspecto, que él dice, con razón, á mi juicio, más interesante, á 
TOMO 82 V8 



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[ EEVISXA DE LEGISLACIÓN 

«como un fenómeno de orden social, no sólo en si mismo, abstracta^ 
ite, sino con relación al medio en qne ese fenómeno se produce, á las con* 
ones particulares del pueblo en que se origina, al modo de sor ospeciali- 
D de aquellos hombres que ponen en práctica la famosa Lfi/ y de aquellas 
dones que ellos tienen sobro lo que sollama el sel/ govemmcnt y sobre lo que 
3 ser y puede ser la intervención directa de los ciudadanos en los asuntos 
lieos». Expresando en dos palabras sus propósitos, podríamos decir que, 
ntras los demás publicistas que han escrito sobre el suceso de que se trata, 
an hecho como jurisconsultos y con un criteiio puramente jurídico, nuos- 
autor quiere considerarlo á la laz de los principios Hociológicon, 
3u trabajo reviste, en efecto, este último carácter. En él se expone con 
i detenimiento la. naturaleza y el origen de la Li/nch Late, su desanollo, 
formas, toda su historia, es decir, la manera cómo faú paulatinamente 
igando en la vida del pueblo norteamericano, extendiéndose de unos pun- 
i otros, hasta constituir una costumbre, con toda la fuerza juridica que 
tiene; en él se dice que el Ignching no se aplica á todos los delitos, sino 
á algunos que aquel pueblo considera oomo mrU graven; en él se indican 
fectos que los linchamientos produjeron alli donde se comenzaron á em- 
r, esto es, limpiar el pais de criminales (como en San Francisco de Cali- 
la), por cuya razón, las demás regiones comenzaron á seguir su ejemplo; 
L se discute, á propósito del suceso de Nueva Orleans, la reciente cues- 
del delito colectivo, con conocimiento y competencia; en él se juzga la 
tica del lynvhing, no á la luz de principios de absoluta justicia que, para 
tro autor, son una utopia, no conformo á una regla de derecho natural, 
Lutable, absoluta, eternamente buena, duradera, con su bondad inmacn- 
por todos los siglos, conveniente siempre, siempre, siempre», regla cuya 
encia él niega, si no con criterio netamente utilitario túnico racional y 
de», dice, esto es, por los resultados que dicha práctica ha producido; en 
ludia y considera el Sr. González Lanuza al lyndñng como una costum- 
[ue, por los excelentes efectos que con ella se han conseguido, si bien 
ida por todos, ha llegado á adquirir carta de naturaleza, y probable- 
e se impondrá en lo porvenir con tal fuerza, que no tendrá más remedio 
er escrita en las leyes, aceptada y regulada por el derecho positivo; en 
>r último, lejos de declamar contra el linchamiento, ahuecando la voz y 
otoñando frases y palabras que no pasan de ser un desahogo pueril, do 
ólo ciertos espíritus hacen caso, se le considera como un hecho digno de 
atención y de detenido examen, como un hecho que por su generalidad, 
a frecuencia con que se repite, por las consecuencias que produce y 
» producir, debe ser analizado y juzgado con relación al pueblo particu- 
L que acaece y con relación á las particulares circunstancias en que 
lugar. Sólo de esta manera es como puede ser acertado el juicio que se 

de un fenómeno social tan importante como el lynching. Y el ilustrado 



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NOnCUe BIBLIOGRÁFICAS 435 

profesor de la Habana, que se coloca en este punto de vista, no ve con malos 
ojos semejante práctica, aanqae no la práctica de linchar sin proceso alguno, 
por somarislmo que sea— cual aconteció en el caso de Nueva Orleans — sino 
la práctica del linching genuino y verdadero, que consiste en que el pueblo 
proceda á ejecutar, previo proceso sumario y público, á aquellos delicuentes 
que han cometido alguno de los grandes crímenes que hieren profundamente 
la conciencia pública. 

Aparte el mérito que acabamos de reconocer en el trabajo del Sr. Lannza, 
e«to es, el de haberse sabido colocar en un punto de vista, á nuestro enten- 
der verdadero, aunque no debe ser exclusivo, como él lo hace, tiene también 
el de haber estudiado la materia con toda la detención que merece y el de 
aprovechar para este estudio los tratados más importantes de la ciencia pe- 
nal contemporánea. 

Ahora, entre varias otras observaciones que la lectura atenta de la diser- 
tación del Sr. Gonzádez Lanuza nos ha sugerido, y que ni siquiera nos con 
siente apuntar la estrechez de límites en que una nota, como la presente, 
tiene que encerrarse, queremos señalar las siguientes, como más importantes, 
y que tampoco podemos desenvolver: 1." El Sr. González Lanuza, ha hecho 
su discurso con el propósito preconcebido ^ manifiesto, de encontrar en la práo- 
tica del lynching una confirmación de las doctrinas de la nueva escuela penal 
italiana, de que tan ferviente partidario se manifiesta, incluso en el carácter 
de inhumana ferocidad que la misma reviste, y que es, á mi juicio, uno de 
sus mayores lunares, de que seguramente habrá de purgarse. Por eso, las pa 
labras que como conclusión del discurso pone, á saber: que el estudio del Un- 
rking^ comprueba muchas doctrinas de la moderna ciencia penal, pudo poner- 
íais perfectamente como tesis al comienzo del mismo, diciendo: voy á ilcmoa 
tmr que el lynching comprueba, etc. 2." De aquí proviene el exclusivismo que 
ya hemos indicado tocante á su criterio, por lo demás muy atendible. Kn 
efecto, aunque para juzgar el fenómeno social de que se trata, hay que to 
mar en cuenta las circunstancias particulares del pueblo en que se produce , 
y su particular conveniencia, hay que tener presente también la convenien- 
cia de todos los demás pueblos que con el yankee íorman la humanidad ci- 
vilizada, y á cuya conveniencia, que es tanto como decir á la justicia, tal y 
como hoy la concebimos, podría oponerse el lynching. 

El Sr. González Lanuza, que conoce las exigencias que impone un estu- 
dio realmente sociológico, comprenderá que no es posible en la actualidad 
encerrar en los estrechos confines de un Estado, por importante que sea, un 
hecho de la transcendencia que envuelve el que nos ocupa, y prescindir, al 
juzgarlo, de todos los otros pueblos con los que necesariamente ha de ha* 
liarse aquél en relación; porque tanto como al pueblo en que el fenómeno se 
produce puede éste afectar é interesar á los demás. Prescindir de la conve- 
niencia de estos y ceñirse tan sólo á la conveniencia (real ó aparente) de 



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436 



REVISTA DE LEGISLACIÓN 



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aqaél, es xin sistema qne podria tener su disculpa en pasados tiempos, cuando 
se oreia que la vida 4^ cada nación se producía independientemente de la ile 
las otras, pero, al que en el dia de hoy no puede ciertamente atribuirse valnr 
oientiflco alguno. — Sobre que deben hacerse todo género de reservas acerca 
de los saludables efectos que el autor atribuye & los comités de vigilancia y 
seguridad de San Francisco de California, esto es, el haber extirpado en ente 
país la criminalidad, ó al menos «la grande y alta criminalidad, el delito en 
dómico, la delincuencia soberbia y arrogante», y aun dando por supuesto qno 
tal fenómeno sea innegable y que obedezca á la única causa á que lo atri- 
buye el Sr. Fernández Lanuxa, queda siempre por discutir lo siguiente: si tal 
resultado puede licitamente buscarse por los procedimientos del lyuchiari^ 
(entendiendo por licito lo útil, como el autor lo entiende), ó si la utilidad y 
conveniencia de las naciones civilizadas — lo que podríamos decir el altruirmo 
Bocial é internacional — no se resiente y no queda sacrificado al egoUmo partim 
l<tri$ta (que no hay que confundir con la utilidad verdadera) del pueblo 
yankee. 

También entendemos que son muy discutibles algunas afirmaciones que 
de pasada hace el Sr. Lanuza, y que constituyen como las columnas de 14 
escuela antropológica italiana, de cuyas teorías se profesa secuaz; tal ocurre 
con las siguientes: que la naturaleza y el fin verdadero de la pena es el de 
ser una pura medida represiva; que el fundamento de la función social de re- 
presión está en la necesidad de la de/cnta social; que para apreciar la pro- 
porción penal, debe atenderse al grado de temihilidad del culpable y al mávU 
del delito, etc., etc. 

Con todo, la disertación del Sr. González Lanuza es digna de la mayor 
atención por el estudio que hace de un hecho social de la importancia del 
lynohingf por querer considerarlo á la luz de los principios de la ciencia pe- 
nal moderna, y porque revela que en la única escuela de derecho que Espai^a 
tiene allende los mares debe gozarse bastante más libertad científica que en 
la mayor parte de los centros análogos de la Península. Muchas veces, al leer 
en el discurso del Sr. González Lanuza ciertas aseveraciones valientes, y haitta 
podría decir aventuradas, me he dicho para mis adentros: El Claustro de de- 
recho de la Universidad de la Habana, debe estar compuesto de hombres, ó 
muy afines á las ideas del Sr. Lanuza, ó de gran tolerancia científica; por- 
que si aquí, en la madre patria, algún profesor se hubiese permitido hablar 
en ocasión análoga á la en que el Sr. Lanuza ha hablado en la forma en que 
éste lo ha hecho, {Dios sabe lo que hubiera sucedido! T si no puede decirse 
esto de todas nuestras Universidades, de algunas seguramente si. 



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NOnCIAfl BIBLIOGRÁnCAfl 437 

La scieBsa del Díritto privato. (Rivista critica di filosofía giarídica, le- 
gislazione e giarisprndensa), dirigida por los Sres, D'Agttanno y 
Toriori, Abogados. 

Bs ó«ta una revista que ha nacido con el propósito de aplicar al derecho 
prírado los nuevos métodos de investigación y los resaltados últimos de las 
eiencias experimentales. Sus Directores se proponen contribuir con ella k la 
reforma que debe operarse en esta esfera del derecho, como se ha operado ya 
•u otras» con arreglo & principios y criterio rigorosamente cientiñco. Entre 
sus colaboradores se cuentan jurisconsultos y civilistas tan distinguidos como 
Carie, Oabba, Cogliolo, Gianturco, Salvioli, Vadala Pápale, Brigi, Chironi, Po- 
lacco, A. lí^orana y otros. 

£n el nám. 1.*^ (Enero de 1898}, publica interesantes artículos de los direc- 
tores y de Vadala-Papale, asi como también una sección de bibliografía, eró* 
nica del movimiento legislativo, etc. 

Pkdro Dorado, 

Catedrático de derecho penal 

en la Universidad de Salamanca. 



Antropología eríminal. Consideraciones sobredi iuforine presentado 
al tercer Congreso antropológico deBrnselae, por los Doctores M. De 
Boeck y M, Paul Otlet^ acerca de las Prisiones asilos (1). 

La cuestión de los Asilos especiales destinados & delincuentes afectos de 
enajenación mental, reviste un interés extraordinario, y preocupa seriamente 
la atención de los jurisconsultos que siguen con avidez la creciente influen* 
cía de la Antropología en los problemas del Derecho penal moderno. 

Porque, en efecto, la ciencia del Derecho, invocando los principios de la 
ciencia antropológica, es la llamada á resolver si muchos crímenes que por 
su ferocidad ponen miedo en el ánimo y tribulación en el espíritu, son obra 
de inteligencias pervertidas y malvadas, ó tal vez, esos delitos horribles no 
revisten sino la forma de una de las mdltiples manifestaciones de la locura, 
cuyos fenómenos pertenecen al dominio de una detenida y conciensuda ex- 
perimentación médica. Arrójese enhorabuena á las sombrías mansiones del 
presidio al hombre que voluntaria y conscientemente delinquió; pero vaya 
al manicomio el pobre loco, cuyos actos, por tristísimas que sus consecuen- 
cias fueren, no son sino la labor incoherente de un cerebro informe y per- 
turbado. 

- - ■ 

(1) Le9 pri«on» atUta et les reformes penales qu'elles entrainent, par H. le 
Dr. De Boeck y M. Paul Otlet (Extrait du compte rendu du troisiéme Congrés 
d'anthropologie criminelle, tenú k Bruxelles en 1892). Bruxelles. F. Hayes, 
rae Louvain, 112; 189S. 



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438 REVISTA DE LEGISLACIÓN 

Y aun la caestión transcendental de la loonra ofrece interesante aspecto 
relacionándola, no ya con quienes delinquieron en estado de demencia, sino 
con los que durante el proceso ó cumpliendo la condena recayeren en locura. 
Queremos referimos & aquellos desgraciados que, por alcoholismo, perver" 
sión de costumbres, monomanías peijudiciales, etc., son un constante pe- 
ligro para si mismos y para la general tranquilidad de los demás. Estos in' 
felices enfermos del espíritu podrán no haber realizado determinados crí- 
menes que forzosamente les sujete á las contingencias do nn proceso, pero 
no por ello dejan de entrañar una categoría importantísima de locos, muy 
distinta á la verdad de losí destinados á los manicomios ordinarios. 

El problema de la locura en orden al Derecho presenta, por lo expuesto, 
diversos términos, perfectamente estudiados en el informe de los ilustres con- 
gresistas de Bruselas, y que han de ser desenvueltos de modo explícito en 
los futuros proyectos legislativos de- España sobre tan transcendental asunto. 

Aun cuando en la reseña histórica del notable estudio ofrecido por 
MM. De Boeck y Paul Otlet al Congreso antropológico, no se hace mención 
de nuestra patria, justo es reconocer que desde 1866 se han hecho esfuerzos 
muy plausibles para llevar á la práctica la creación de Asilos especiales des- 
tinados á locos delincuentes. 

Un Real Decreto sancionado en 13 de Diciembre de 1896, invocando cuerda- 
mente lo legislado en extranjeros países, ordenaba al efecto, dentro del breve 
plazo de tres meses, la redacción de un proyecto legislativo para la cons- 
trucción en Madrid ó sus inmediaciones de un Asilo especial, destinado á la 
reclusión de delincuentes procesados, ó condenados afectados de enfermedad 
mental, y para aquellos meramente sospechosos de locura, cuando los Tri- 
bunales ordenasen la observación facultativa. 

Transcurrieron muchos años sobre el plazo de tres meses otorgado en 
aquel Decreto, cuando por otro de 27 de Octubre de 1891 se concedía al Ma- 
nicomio provincial de Madrid carácter de regional^ bajo la condición inexcu- 
sable de destinar un departamento á Asilo-prisión de delincuentes en estado 
de demencia. Esto, y las disposiciones del Beal decreto de 5 de Diciembre de 
1802 sobre antropometría é intervención del Médico forense al ser interro- 
gado ante el Juez de instrucción el presunto culpable, es todo lo hecho, y es 
bien poco, en tan delicada materia (1). 

■ ■ ■ t ' 

(1) Necesario es, sin embargo, reformar los datos exigidos por ese decreto 
«n las hojas que se remiten al Registro y que se hacen constar en el proceso 
sobre la persona del procesado. El Círculo de estudios de la Nueva Abogacía 
de Bruselas, discutió en Junio último esta tesis: < Con la ayuda de índices tan 
significativos como sea posible, será permitido á los Jueces y á los Letrados 
■apreciar la oportunidad de un examen médico acerca de las facultades inte- 
lectuales del procesado»; por lo oual, como acertadamente escriben MM. De 
Boeck y Paul Otlet, la hoja de antecedentes debería contener indicaciones 
bastantes sobre la personalidad psicológica y fisiológica del procesado. 



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NOTICIAB BIBLIOGRÁFICAS 439 

Creemoü, por tanto, que caantos se interesan por ol progreso en nuestra 
patria de los estudios del Derecho criminal, verán con agrado el proyecto do 
A<dIos prisiones, presentado al Congreso antropológico de Bruselas por los 
ilustres M. De Boeck, Médico de la Casa de sanidad de Vccle, y M. Otlet, Abo- 
gado de la Corte de Apelación; proyecto precedido de un notabilísimo estadio 
sobre tan importante asunto. 

En dicho informe, que recomendamos á la consideración de los juriscon- 
sultos españoles, después de una reseña histórica que arranca desde la crea- 
ción en Inglaterra (1800) del Asilo de Bedlam, hasta el interesante proyecto 
legislativo formulado en Italia en 1.*^ de Octubre de 1891, se clasifican los asi 
Indos en tres categorías, á saber: 1/, enajenados, dichos peligrosos ó crimi- 
nales: 2.*, condenados recaídos en locura: 3 *, procesados alienados. 

Muy acertadamente se sostiene en el cuerpo del informe de los distingui- 
dos congresistas de Bruselas, que los enajenados de la primera de las tres 
categorías no deben ser recluidos en los manicomios ordinarios, sino en los 
Asilos especiales. Entre otras muchas consideraciones, ante las cuales signi- 
fica bien poco la pérdida de la libertad sin delito realmente cometido, existe 
la rasón experimental de que tales enfermos son, por sus actos agresivos y 
su conducta indisciplinada, motivo de repulsión para los otros dementes, que 
les consideran, y así debe admitirse, como verdaderos delincuentes. Y ¿quié- 
nes son los alienados dichos perjudiciales? Con la autoridad de M. Lents, lo« 
clasifica la monografía que estudiamos en las siguientes subcategoriaB: 1.% 
dementes que tienen una tendencia invencible & la evasión, y que por todos 
loa medios posibles procuran realizarla: 2.', alienados de enfermedades impul- 
sivas, es decir, que son victimas, más ó menos súbitamente, de accesos de 
furor ó de violencia que comprometen la seguridad de sus compañeros de in- 
fortunio: 3.*, «delirantes ó alucinados que combinan en frío proyectos de ven- 
ganza y no perdonan medio de ponerlos en ejecución. 

BaCional es, como sabiamente escriben MM. De Boeck y Otlet, no con- 
fundir estos enajenados peligrosos con los dementes de los Asilos ordina- 
rios. El sistema de reclusión do esos desgraciados debe ser tanto hospitalario 
como penitenciario, pues si quiere sostenerse que no son en algún caso res- 
ponsables de un delito determinado, hay que convenir en que sus actos son 
siempre peligrosos y atentatorios á. la seguridad de sí mismos y á la de los 
demás. 

En cuanto á la segunda categoría, ó sea la de los condenados alienados, 
lo propio que respecto á la tercera, relativa á los procesados que en el corso 
dd la instrucción ó al incoarse ésta se hallan en estado de locura, claro es 
que los dementes en ellas comprendidos, ni deben ocupar plasa en los esta- 
blecimientos penitenciarios, ni tampoco ser recluidos en los manicomios or* 
díñanos. 

En conclusión, el informe presentado al Congreso antropológico por los 



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REVISTA DE LEGIfiLAaÓN 
*e8 congresistas MM. De Boeck y Otlet, es un estadio notabilísimo,, 
aña, donde se ha procurado institnir un Asilo penitenciario par» de- 
s enfermos y ancianos (decreto de 18 de Diciembre de 1886), y se ba 
> la creación de asilos especiales de delincuentes, claro es que tanto 
inas del informe como el proyecto de ley depositado en la mesa 
reso antropológico han de reportar provechosa utilidad, 
luí, ñnalmente, el proyecto legislativo con que termina la notable, 
[ia de MM. De Boeck y Paul Otlet sobre las Prisiones-asilos: 
* Ser&n establecidos á costa del Gobierno, bajo la denominación de 
eciales del Estado, establecimientos destinados h la reclusión y tr^ta- 

9 los enajenados de ambos sexos, que son objeto de la presen- 

^ Estos Asilos serém destinados: 

I todos aquellos que, bien encontrándose en un asilo de enajenados» 

a de él, se hallen en estado de enajenación mental y tengan eos- 

lepravadas ó hábitos perversos, ó hayan cometido, ó intenten oome- 

i cualificados de delitos por la ley. 

L aquellos que, condenados á penas de pñvación de libertad por de- 

Q atacados de enfermedad mental durante el tiempo del cumplí- 

d la pena. 

L todos los procesados por delito, cuando hayan sido probados los 

ateríales de la infracción, y cuyo estado de demencia hubiese sido 

10 por experimentación facultativa. 

' La entrada en el Asilo especial de enajenados criminales y de 
I locos será ordenada por el Presidente del Tribunal, previo oertifi- 
[ico declarativo de que el acusado ó detenido se halla en las condi- 
enajenación exigidas por la ley. • 

Ltrada en el Asilode los procesados enviados en consecuencia dol ' 
las actuaciones judiciales por virtud de sentencia condenat6ría, ó^ 
Eir absaeltos en la causa en razón á su locura, se hará por simple 
leí Tríbunal del juicio ó por orden de la Cámara del Consejo. En 
criminal, el Juez deberá declarar que su resolución es por motivo 
lación mental, y el Tribunal sux)orior, en consecuencia de este vere- 
berá ordenar el traslado del acusado al Asilo especial. 
"* La salida tendrá lugar previo certificado del módico del Asilo o»- 
sado por el Presidente del Tribunal. 

los alionados peligremos, ese certificado expresará que el alienado 
o de manifestar tendencias y hábitos ó costumbres depravadas, 
serán entonces trasladados al asilo ordinario, ó puestos en libertad 
irmedad mental ha terminado. 

le tenidos dementes continuarán en todo caso en el Asilo, siempre que-, 
aedad no permita la vuelta á la prisión. 



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NOTICIAS BIBLIOGRÁFICAS 441 

Art. 5.* El 'tiempo que hayan permanecido los condenados en el Asilo es- 
pacial les será abonado para la duración de la pona. 

Art. 6.* Toda persona detenida en un Asilo especial d^ Estado, ó cual- 
quiera persona interesada en su nombre» podrá en todo tiempo comparecer 
aate el Presidente del Tribunal de primera instancia, residente en el lugar 
del Asilo, solicitando por escrito que el asilado sea puesto fuera del Estable- 
cimiento. 

£1 Presidente del Tribunal resolverá después del informe del médico- di- 
rector, pudiendo hacer suscriban ese informe médicos extraños al Asilo. 

Art. 7.^ La observación facultativa deberá ser ordenada, bien por el Juez 
de instrucción, bien por el Tribunal, como deber de instrtlcción, siempre que 
los datos sumariales relativos á la persona del procesado sean de tal natura- 
lesa, que permitan presumir la enajenación mental. 



Estadios jaridieos, por el Dr, D. Francisco Oehoa.—lAhxo de 230 
páginas. — Macaraibo, 1802. 

El Doctor Ochoa, disting^do Abogado de Venesuela, ha coleccionado en 
un libro, que por ello resulta interesante, quince notables artículos, verda- 
deros estudios jurídicos, sobre importantes cuestiones de derecho penal, mer- 
cantil, político y civil; colección que el autor presenta como ofrenda con mo- 
tivo del i.** aniversario del descubrimiento de América. 

Hemos leído con detención ese discretísimo trabajo, en el cual hay diser. 
taciones tan curiosas como la del sufragio universal obligatorio, estudio de 
nnegable oportunidad en la Bepública de Venezuela, porque tal reforma es 
nna de las que habrán de someterse en breve á las legislaturas de los Esta- 
idos por el Congreso de la Bepública, y que en el viejo Continente no pa- 
recerá tampoco labor inoportuna, stipae^tto el abandono de ese importanti- 
simo derecho y las mixtificaciones á que su ejercicio se presta. 



Reyista de Legislación y Jnrisprttdeneia, dirigida por D. Manuel 
S, Angarita,— Bogotá, Colombia; 1893, núm. I. 

Hemos recibido el primer número de esta Bevista, que el Doctor Anga- 
rita, incansable en la propagación de los estudios jurídicos en la nueva Amé- 
rica, ha empezado á publicar recientemente. 

Conocida la laboriosidad y competencia del Doctor Angarita, es de creer 
que el nuevo esfuerzo que representa la publicación de la Bevista se vea 
eoronado por el éxito tan completo como merecido que en todas sus muchas 
obras jurídicas viene obteniendo el Director de la nueva Revista de Legislación. 



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DE LEGISLACIÓN 

Jiego Cámara y Ortiz, Abogado del Ilns- 
Folleto de 112 págiiuiB, 1 peseta.— Ma- 

Q curioso trabajo proponiendo reformas en 
ido con rectitud de criterio los precedenten 
hasta los proyectos del Sr. Villaverde, y 
orlas del Fiscal del Supremo en 1890 y 1891- 
ción las doce conclusiones en que el autor 
la, si bien es de creer que Ínterin la admi 
por articulados de las leyes de Presupues- 
necesitada de acertada reforma, ni el pro- 
Litos ñagrantes, sabiamente instaurado en 
[> de 1863, ni cuanto en general se relaciona 
)mo el Poder judicial, pueda — debido á cau 
transitorias — ser debidamente organizado 



OT D. Ramón Bamiro Ruedan Profesor de 
I.— Dos tomos; tercera edición. Santia 



universidad de Santiago, Sr. Bueda, ba pu- 
bra EkmcntoH de Derecho penal, notablemente 
otras ediciones anteriores, 
le hemos examinado seguramente uno de Ioh 
k inteligencia de los jóvenes alumnos ese 
barios, que más tarde sirven como de inicia 
stractos problemas de la ciencia del Dero- 
is justificado elogio que de la obra del señor 

nal es una labor sobradamente difícil en li- 
>rque sintetizar en lecciones que de modo 
1 alumno desde las primeras y desconocí 
leta de los principios que informan la cíen- 
lo siempre un escollo, trabajosamente sal- 
de texto. El Profesor de la Universidad de 
:io, la fortuna de triunfar resueltamente do 
en lecciones como la ll.*^ del primer volu 
lensador y estudioso, versado en los misto- 
odo de su apreciable libro se dibujan olaia- 
co que, amaestrado pur la diaria enseñanea, 



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NOTICIAS BIBLIOGRÁFICAS 443 

Testixne en an bien meditado plan todas las diversas materias de la no peco 
extensa asignatura de la Ciencia penal. 

Kn efecto; después de nn discreto estadio critico de nuestro Código 
de 1870, el Sr. Rueda hace descender del enunciado que titula De In rulpahi- 
lidad en general ^ la idea del delito, las causas de imputabilidad y las de jus- 
tificación; examinando la culpabilidad en su gradación mayor ó menor, tanto 
por el desarrollo en la generación del acto punible, como en orden á la cnl- 
pabilidad del sujeto responsable, ó, finalmente, por aquellas oircunstancias 
atenuantes ó agravantes de la imputabilidad. No se olvida tampoco el au- 
tor de los delitos especiales; estudio muy acertado que se desarrolla en el ca- ' 
pitulo final del tomo primero. 

En el tomo segundo, bnjo el epígrafe /> la pennlidad, se ocupa el libro 
que tenemos á la vista de la idea de la pena, de su clasificación, naturaleza 
y duración; de la extinción de las responsabilidades criminal y civil, y do 
los delitos todos que castiga el vigente Código. 

Tal es, en breves lineas condensado, el importante libro Elenirntos de De- 
recho ptnaly digno fruto del estudio de un tan distinguido Profesor como el 
Sr. Rueda Neira. 



Oe la ¡rretroactividad é interpretación de las leyes. Estudio crítico y de 
legislación comparada, por Fincwde Fiore^ Profesor de la Universi- 
dad de Ñapóles, traducido por D. Enrique Aguilera de Paz; libro He 
581 págs. Imprenta de la Revista de legislación; Madrid 1893. 
Precio, 8 pesetas. 

El nombre del sabio Profesor de la Universidad de N&poles, suficiente- 
mente conocido por sua obras jurídicas, siempre recibidas con aprecio entre 
los jurisconsultos españoles, es la mejor garantía del indiscutible mérito de 
la obra que la Empresa editorial de la Bevtsta acaba de publicar. 

Pascuale Fiore, conocedor del movimiento progresivo de nuestro de- 
recho patrio, y de la necesidad de poner en armonía las relaciones juridi- 
ons establecidas al amparo de la antigua ley, con las creadas k la sombra do 
1a8 nuevas legislaciones, ha ideado felizmente escribir un lumin'ose estudio 
críUco dedicado & los jurisconsultos de nuestra Nación, donde la promulga- 
ción del reciente Código civil y de las no muy remotas leyes de procedi- 
miento civil y criminal, y Código penal de 1870, reviste de gran oportunidad 
k la obra del jurisconsulto italiano. 

Con un método tan sencillo como plausible por su precisión y perfectA 
claridad, se desarrolla en el interesante libro que tenemos á la vista la mate- 
ria originalisima de la no retroactividad de las leyef^ relacionando este asunto 
con la idea del Derecho y de la ley, y el concepto de la autoridad de esta úl- 
tima como expresión de la soberanía residente en la posesión de hecho ó jn- 



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i44 REVISTA DE LEGISLACIÓN 

idioa, de quien tenga facultad para mandar, permitir y prohibir, y medios- 

;>ara hacer respetar sus preceptos imperativos. 

Partiendo de estos principios, enlazados con la idea de la autoridad de las 
eyes antiguas y la de las leyes nuevas, estudia el ¡lustre Piore la teoría de la 
rretroactividad en relación al estado de las personas y de su respectiva con- 
iición jurídica, ya por los derechos de ciudadania, ya en el estado de dero- 
sho que la ausencia produce, ya en los que se originan de la familia, ya, 
inalmente, de las relaciones del hombre en orden k las cosas, k la sucesión 
testamentaría, y á las obligaciones y contratos. Analizase en otra diferente 
iooción el debatido problema de la aplicación k Iah leyes penales del princi- 
[>:o de la irretroactividad, y después de estudiar bajo todos sus aspectos tan 
Littoresante postulado, se soluciona aquél de modo explícito, y sin permitir 
l'.ie en el ánimo del lector queden sombras siquiora de duda que le impidan 
poseer la verdad en tan abstracto teorema. 

Igual claridad y determinación de concepto os de observarse en lo que s» 
refiere k la exposición de la doctrina sobre los derechos creados en materia 
id procedimiento civil y criminal, y autoridad de las sentencias pronunciadas 
por los Tribunales antes de entrar en vigor la nueva ley reformadora. 

£1 Profesor italiano dedica muy discretamente una sección especial k la 
exposición crítica de la interpretación de las leyes conforme éi las reglas de 
la gramática, á los principios de la ideología y á los enunciados de la ló- 
gica; estudio no menos interesante, y que sirve de natural complemento á la 
teoría sobre la irretroactividad de las leyes. 

Tal es sintéticamente analizada la nueva obra del laborioso escritor Paa- 
cuale Fiore, cuya traducción esmeradísima y exenta de esas inoorreocionesy 
tiin frecuentes en trabfgos cuyo original no se escríbió en nuestro idioma, ha 
sabido evitar la reconocida competencia jurídica del discretísimo letrado 
Sr. Aguilera de Paz. 



Keorganizacióii del Notariado, del Registro de la propiedad y de la Ad- 
ministración de jasticia, por Joaquín Coata^ Profesor en la Institu- 
ción libre de enseñanza; Madrid. Imprenta de la Revista de Legis- 
lación, 1890-98; libro de 347 paga. Precio: 6 pesetas. 

Es el Sr. Costa un laborioso y muy fecundo escritor jurídico, y claro es, 
que la nueva obra, cuyo titulo acabamos de exponer, habr& de ofrecernos 
una elocuente prueba de su discreción y suma competencia en la original y 
reformadora materia que le sirve de objeto. 

Dentro de los estrechos limites de una mera nota bibliogr&fioa, no puede 
amoldarse un juicio crítioo sobre las trascendentales reformas que en el Es- 
tadio del Profesor de la Institución libre razonadamente se exponen como 
nooesarias á los importantísimos órganos del Notariado, del Begistro de la 



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. NOTICIAS BIBLIOGRÁFICAS 445 

propiedad y de Ir Administración de jnsticia. El Sr. Costa — y en este partí - 
cnlar nos haUamos nbsolntamente conformes — entiende qne el Notariado, 
importantísima inetituoión en los modernos tiempos, necesita profundas mo- 
dificaciones; y cree, asimismo, qne el crédito territorial precisa recobrar su 
independencia y bu libertad de acción, entendiendo, por último, en cnanto k 
la administración de jnsticia, qne se hace imposible meditar seriamente 
aoerca de la llamada jnrispmdencia, cuya fuente reside boy de modo exola- 
sivo en la doctrina del tribunal de "casación, y & la cnal se someten incondi 
cionalmente todos los tribunales inferiores ante el temor de ver anulados sus 
Callos, los cuales en realidad pudieran, siendo uniformes y adaptados k la ley, 
formar nn verdadero cuerpo de jurisprudencia, encomendado, como está, k 
todos los organismos judiciales la recta interpretación del derecho positivo. 
Son, finalmente, mny oportunas las referencias k legislaciones extranje- 
ras, consignadas en la obra del Sr. Costa; y aun cuando por lo radical y ex- 
traordinario de* las reformas propuestas no puedan éstas ser aceptadas sin 
laboriosas disensiones, la obra del Sr. Costa es muy digna de la meditación 
d« los jurisconsultos que signen con perseverancia el movimiento progresivo 
de la oienoia en nuestro país. 

P. González del Axba, 
Magistrado de la Audiencia territorial de Granada. 



^Oiueseppe Cimbali. La volentá nmana in rapporto aU'organismo nata- 
rale, soeiale e giuridico.— Roma, Fratelli Boca, editori; 1889. 

Con una mny elocuente introducción, empieza notando el autor el mar- 
cado contraste que puede observarse en la civilización moderna, donde si, 
por nna parte, nunca, como en ella, se mostró tan poderosa y tan fecunda la 
«otividad humana, y bien claramente lo pregonan los innumerables descubri- 
mientos de las ciencias y las prodigiosas aplicaciones que han recibido en la 
pr&otica; nunca tampoco, de otro lado, fueron tan grandes el desaliento y la 
falta de fe en el valor y eficacia de nuestras facultades, la desestima de toda 
nuestra vida, que con razón podría llamarse el siglo actual, el siglo del p«- 
«¡Doiimo. 

Este estado de profunda crisis, que trasciende k todas las manifestación f* si 
de la aotiyidad espiritual, y cuyas causas, como acertadamente señala Cíjn- 
bali, están en la caída de los antiguos ideales y en la carencia de otros qn^ 
vengan como k reemplazarlos, resultado k que no han conducido aun los ti a- 
bajos de la oienoia moderna, que hasta ahora más han revestido carácter **«• 
cativo que positivo ó de afirmación; este estado, digo, llega á su expresión 
más notable en las conclusiones á que lleva el sentido en que se inspiran las 
^«•cuelas de fllosoña positiva, para quienes, privado el hombre de la más alta 



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•^.^ 



REVISTA DE LEGISLACIÓN ' 

dades, la libertad; de rey de la creación en qae era antes tenido, . 
}omo todo en el mundo, un mero producto de fuerzas, internas 
asumidas en la palabra amhiente)^ pero siempre superiores k los 
su voluntad. 

indicar, pues, en los estudios do moral y do derecho, & los cuales 
parte alcanzan, como no podia menos, las consecuencias de enta 
don científica, precisa, ante todo, y tomando las cosas desde su 
la autonomía de la eonuienoia humana, .contraponer al hom- 
)r el motivo y esclavo de él, el hombre dueño de si, y que, sí no 
ite, se determina k, obrar siempre por propio y voluntario 

objeto del opúsculo que motiva esta noticia, y el cual, respon- 
ítulo, divide el autor en tres partes, destinadas k tratar respoc> 
L papel que la voluntad cumple en los organismos natural, social 
en las que, como era natural, dado el propósito de aquél, se re- 
) interesantes cuestiones que el estudio de la voluntad ha sus- 
e, desde la afirmación del libre arbitrio hasta las relativas á la 
idica en toda clase de relaciones de este género. 
> mantenido por Cimbali es, como ya se ha dicho, la afirmación 
la libertad humana, frente á las conclusiones de la Antropolo- 
úología y de los recientes estudios de Filosofía positiva del de- 
iinto de vista en lo tocante á los fundamentales conceptos de 
jdad y derecho, puede decirse que es el corriente entre las es- 
sofia espiritualista, salvo en la parte segunda, donde al tratar 
. se muestra partidario del «organismo contractual» de Fouillée, 
le cree encontrar ya en la obra de Spedalieri: bien que aquí 
9S dos elementos de cuya superior composición aquélla surge, 
emento de lo orgánico, atiende el autor con preferencia al ole- 
duntad ó del contrato. 

s parece que podría observarse con razón á Cimbali que el sen- 
L el curso del trabajo no deja de inspirarse un momento, no es 
1 m&s apropósito para llegar, como parece que era su objeto, k 
de «prudenti affirmazioni», & aquella «piu consentanea teoría» 
roluntad en los actos jurídicos, como dice con palabras tomadas 
n que ha de realizarse la armonía ó acuerdo de las dos tenden- 
la ó espiritualista y la nueva ó positiva. 

[ue respecta k la teoría del « organismo contractual ' , evidente- 
>B sostenedores de esta doctrina, la palabra contrato tiene, como 
e (1), una bien distinta significación de la que hasta ahora se ha 



QU 9tudi de Uenry Sumner Matne e la doctrina de la filosqfia del di- 
Q el número anterior de la Bkvista se dio cuenta. 



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JÍ0TICIA8 BIBLIOGRÁFICAS 447 

venido- atribuyendo, y tan amplia, qne allí donde el hombre se mueve por 
propia determinación y voluntario impulso, y por consiguiente, en toda^ las 
relaciones de derecho, por ser de la esencia de éste el obrar libro; alli ponen 
los mencionados escritores la naturaleza del contrato, de lo cual resulta que 
en éste viene á fundarse todo el orden jurídico, 6 en otros términos, que toda 
relación de derecho viene & ser relación contractual. Concepción esta que, 
sin embargo, no coincide por completo con la de la antigua escuela abstrac- 
ta; bien que, & posar de todo, claro es que no seiía difícil mostrar la influen- 
cia en varios respectos de la una sobre el pensamiento de los partidarios de 
la otra. 

Con esta breve indicación que hemos hecho de las materias contenidas 
en el libro de Giusseppe Cimbali, La volontd utuann^ etc., demás está decir que 
siendo éstas de las que por su importancia han de preocupar siempre el pen- 
Kamiento, y siendo, por otra parte, notables el buen orden y la claridad con 
que el autor las expone y no muy escasa la parte de erudición en que las 
apoya, tenemos como muy apreciable la lectura del ti*abajo del escritor 
toliano. 

Jesús Arias de Velas co, 

Doctor en Derecho. 



Apéndice 'i."" al Manual de la legislación del impuesto de derechos reales 
y transmisión de bienes, en lomia de diccionario, por D. Salvador 
Uocafull y Castro. 

Comprende este Apéndice las disposiciones dictadas recientemente sobre 
clicho impuesto y las que por su relación con el mismo interesan á los fun- 
cionarios encargados de su administración y liquidación, con notas para su 
' inteb'gencia y la doctrina sentada por resoluciones ofléiales posteriores á la 
segunda edición del Manual, 

A más inserta el Reglamento provisional para el procedimiento en las 
reclamaciones económico- administrativas, al que han de ajustarse las quo do 
la liquidación del impuesto se originen, y las principales disposiciones sobre 
el Timbre del Estado, quo tanto interesan á los liquidadores y á los contri- 
buyentes en general, concluyendo con un índice alfabético que pone en re- 
lación el Apéndice con la obra, facilitando su consulta. 

El Sr. Rocafull, Registrador de la propiedad de Sagunto, ha pertenecido 
al Cuerpo de Letrados de Hacienda, y su notable obra fué declarada de mé- 
rito y utilidad por Real orden de 8 de Febrero de 1876 y circular del mis- 
mo mes. 

Ko hay, pues, que encomiar un trabajo que tan señalada distinción hi^ 



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[STA DE LEGISLACIÓN 

ías reconocen también evlb compafteros, y cnanto* 
d de conjBultarla agradecerán el importante ser- 
ful! al publicar el presente Apéndice con ezten- 
iculado de la ley y Beglamento de 25 de Sep- 

idioe se refiero, de la cual van publicadas dos 
4.** de má« de 600 p&ginas, y se halla de venta 
drid y 7 en provincias. El Apéndice 1.* comprcn- 
1, y se vende al precio de 2 pesetas en España; y 
ide las últimas reformas, al de 3 pesetas en las 
[lio del antor, y en su administración, librería de 
ríd, á quien pueden dirigirse los pedidos acom- 

V. P. V. 



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PROBLEMAS DE DERECHO PENAL 



ÉiOBRE EL VALOR DE LA LEY, COMO ÚNICA FUENTE DE DERECHO 
EN MATERIA. PENAL 

1. Sise^bserva con un poco de atención cuáles sean Iof 
principios que sientan los autores doctrinales, é inspirándose 
en ellos, las legislaciones positivas en lo concerniente á la for- 
mación, aplicación, efectos, etc., de las leyes, se advertirá la 
excepcional situación en que se coloca á las penales, de ma- 
nera tal, que no hay canon alguno de la doctrina general de 
la ley que sea perfectanaente aplicable á es^tas últimas, ni regla 
que no se tuerza ó se quiebre cuando se pretende someter á 
ella la materia en cuestión. Ora se trate del valor que los Tri- 
bunales pueden y deben dar, para la fundamentación de su^ ' 
fallos, á lo que se denomina fuentes del derecho (ley escrita, 
costumbre, jurisprudencia, opiniones de los autores, derecho 
natural...); ora se trate de las normas que han de tenerse pre- 
sentes para la recta interpretación de las reglas jurídicas, tanto 
por los Tribunales como por los Jurisconsultos; ora se trate de 
la eficacia que las leyes pueden teneí con relación á las dis- 
tintas circunstancias de tiempo, de lugar, de persona... en 
cualquiera caso, las condiciones en que se coloca á la ley 
penal son muy distintas ^ cuando no enteramente contrañaSy á las 
en que se coloca á las demás leyes. 

Nos parece, por tanto, conveniente estudiar una por una 
todas estas excepciones, someterlas á examen critico, indagar 

TOMO 82 39 



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REVISTA DE LEGISLACIÓN 

de las mismas, y ver si esta razón es, y hasta qué 
efendible, justa. En este artículo sólo i)odemos ocu- 
e una de tales excepciones. 

^s autores de materias penales, lo mismo los de trata- 
)piamente didácticos y filosóficos, que los comentaris- 
oan casi unánimemente que no hay más delitos que 
on este carácter están comprendidos y castigados en la 
. Asi lo declaran de una manera terminante desde 
ntiguos hasta los más recientes. Para no cansar con 
as citas, copiaremos tan sólo las palabras de alguno» 
ie los más celebrados. « Algán jurisconsulto ilustre — 
agnosi— ha definido el delito una acción prohibida 
yres y por las mismas castigada. Esta definición, que 
aria, peligrosa y á menudo absurda para el publi- 
3ta y para el político, es exacta y consecuente para 
nsulto y el Magistrado. El publicista no tiene más 
ra sus raciocinios que las reglas inmutables y éter- 
trecho universal, fundadas en las relaciones que la 
L humana mantiene con. los seres que la circundan; 
txihles y superiores á toda institución humana, 
na política tiene por objeto conducir á los hombres 
na felicidad social, esto es, producir la mayor suma 
felicidades particulares, armonizadas unas con otras; 
ion esto es una resultante de relaciones cuyo funda- 
nierior al arte humano. 
¡L Jurisconsulto nu tiene otro criterio de jüsti- 

ERDAD MÁS QUE EL CÓDIGO CIVIL (cstO CS, CSCrito) DK 

y si quisiera hacerse superior á él ó apartarse del 
extralimitaría de la esfera de sus deberes y del ca- 
cóme tal Jurisconsulto le rodea. 

si el (Gobierno le deja libertad para interpretar las 
a suplir su silencio — libeí'iad siempre ilegitima y pe- 
chas veces funesta y pero que en ocasiones es un bien,. 

LEYES SON BÁRBARAS Ó ABSURDAS, Y QUIEN LAS ESTU- 
ENCARGADO DE APLICARLAS ES ILUSTRADO Y HUMA- 



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rwvrr 



PBOBLEMAS DE DERECHO PENAL 461 

NO, — entonces, y sólo entonces, es cuando puede acudirse, para 
suplirlas, á los principios de derecho universal y de buena po- 
lítica, antes bien, debe acudir á ellos el Jurisconsulto para sus 
dictámenes y el Magistrado para sus decretos. 

*Por tanto, yo no admito que pueda ser lícito nunca casti- 
gar una acción que no esté amenazada con sanción positiva, ni 
aun siquiera con el pretexto de que puede ser inmoral, porque 
el Magistrado usurparla las funciones del legislador...» (1). 

Según Rauter, «para que una acción sea delito no basta que 
haya una le^ que la incrimine y que la amenace con perse- 
guirla criminalmente, sino que es necesario que esté castigada 
por la ley con una pena determinada. \ . De donde se sigue natural- 
mente que, por inmoral y perjudicial que sea una acción; por 
mucha analogía que tenga con un delito definido por la ley 
penal, y por contraria que sea á la paz pública ó á la í^y natu- 
ral^ no podrá ser castigada como delito» (2). 

De un modo análogo se expresa Ortolán: «Si á los ojos de 
la justicia absoluta — dice— un acto que haya ó no sido previsto 
de antemano merece recompensa ó castigo, según su naturale- 
za, es decir, según es bueno ó malo en sí, no sucede lo mismo 
á los ojos de la penalidad social. Como esa penalidad debe te- 
ner por base lo justo á la par que lo útil, es un principio supe- 
rior que ningún acto puede ser castigado con penas que no ha- 
yan sido establecidas por la ley antes de aquel acto fuese co- 
metido» (3). 

En los escritores más modernos se encuentra expresada esta 
misma idea. Carrara dice, entre otras cosas: «Delito es la infrac- 
ción de la ley del Estado,,, El concepto de un delito sin ley pre- 
via repugna, no sólo á la justicia, sino también á la politi- 

(1) Bomagnoii, Opere, yol. 1.*; Qeneai del diritto pénale, tomp 1.^, parte tei^ 
«era, Ubró 2.% oap. 1.**, págs. 189-190; Florencia, 1844. 

(2) Baater, Traite théorique et pratiqtte du drmi criminel /rangaii] Paria, 1886, 
tomo 1.^, págs. 122-124. V. también pág. «3. 

(3) Ortoláñ, Tratado de derecho penal, trad. esp. por D. Melquíades Peres 
Bivas; ICadrid, 1878, tomo l.^ p&g. 85. 



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REVISTA DE LEGISLACIÓN 

ifirma que c para que una acción ó inacción 
lya una infracción, es necfesario que haya sido 
ada por una ley penal» (2). Según Haus, «la 
imir ciertos actos, los convierte en delitos... 
íde ser calificado como delito, ninguna pena 
i sino en virtud de una ley; y ningún delito 
lo con penas que no hayan sido establecidas 
3 cometerse la infracción» (3). Y de una ma- 
se expresa la gran mayoría de los tratadis- 



amma del corto di diritto crimínale, séptima edioión; 
general, vol. 1.°, págs. 76-79. V. también ol vol. a.', p&- 

iheorique et prntique du droit penal fran^ait; Paría, ISJS, 
iguientes. V. también las págs. 119 y siguientes. 

généraux du droit penal belge, tercera edioión; Pa- 
s. 89, 43 y siguientes. 

Elemento» de derecho penal, trad. esp., oon notas de 
(92, tomo 1.**, págs. 117 y siguientes; Bossi, CEuvre» 
'oit penal, cuarta edición, París, 1872, tomo 2.*, p&gi- 
'issot, El derecho penal estudiado en swi principios, en 9Wt 
esp., Madrid, 1880, tomo 1.', libro 1.®, cap. 1."; Tróbu- 
le droit criminel, segunda edición, París, 1878, tomo 1.*, 
j; Arabia, Principi del diritto pénala applicoti al codiee 
págs. 79 y siguientes; Boitard, Lei^on* de droit criminel, 

París, 1989, pág. 41; Le Sellyer, Traite de la crimina- 
la reftponsabilité, segunda edición, París, 1874, tomo 1.% 
ilvela. El derecho penal estudiado en principios y en la le- 
fia, Madrid, 1874, tomo 2.**; Ramiro Hueda, Elementos d» 
jdición; Santiago, 1889, tomo 1.', págs. 120 y siguientes; 
éorie du ende penal, sexta edición, París, 1887, tomo 1.*, 

TravagUa, II nuovo códice pénale italiano, Roma, 18SQ, 
Sientes; Impallomeni, H códice pénale italiano. Florea- 
'8. 64 y siguientes; Villey, Précis d' un cours de droil crí- 
París, 1891, pág. 54; Blanche, Etudes pratiques sur le eode 

París, 1>:588, tomo I.**, págs. 45 y siguientes; Laoointa, 
rís, 1890, págs. 8, 4, 26 y siguientes; Paoli, Espos%B%pne 
vori di preparaxione del códice pénale italiano^, parte ge- 
págs. 2 y siguientes; Progetk) del eodice pénale per U 



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PROBLEMAS DE DERECHO PENAL 453 

Dado este criterio, no es extraño que no reconozcan otra 
íaente del derecho penal más que la ley, y que todas las otras 
fuentes que se admite que lo son en las demás materias que 
no sean ésta, queden aquí proscritas. Los Tribunales y los J^i- 
risconsultos podrán y deberán invocar, como fundamento de 
sus decisiones y de sus dictámenes, por punto general, además 
del derecho escrito ó legislado, el derecho consuetudinario, la 
jurisprudencia, el derecho científico, el derecho natural y aun 
el derecho derogado; pero cuando se trate de asuntos penales, 
no les es lícito echar mano de otros preceptos que de los con- 
líignados en las leyes promulgadas por el Poder público. Y 
aun más: no están autorizados para acudir á cualquiera ley po- 
fiitiva, sino que precisamente han de hacerlo á la ley penal; y 
si ésta es oscura ó deficiente, no podrán hacer objeto de su exa- 
men el hecho de que se trate ni imponer sanción alguna al 
autor del mismo (1). 

3. Siendo esta la doctrina corriente en la ciencia, se expli- 
ca muy bien que se hayan hecho eco de ella las legislaciones 
positivas y qije la hayan incluido entre sus preceptos: al cabo, 
los Códigos no son otra cosa más que un trasunto, más ó me- 
nos fiel, de las ideas de sus autores, y éstas, el reflojo de las 
generalmente recibidas en su tiempo y en su pueblo. 

rtgno (f Italia, presentado á la Cámara de Dip atados por el Ministro Zanar- 
delli el 22 de Noviembre de 1887, Roma, 1888, paga, fñ y siguientes; Verbalí 
ddla commÍ99%onc, etc., Boma, 1889, págfs. 9 y siguientes; Pacheco, El código p^ - 
nal eonv/rdado y comentado, sexta edición, Madrid, 1888, tomo 1.®, págs. 75 y si- 
guientes, 88 y sigs., 2^ y sigs.; Garcia Qoyena, Código criminal c»paiíol, «egtia 
lat leye» y práctica vigente», Madrid, 1843, tomo 1.', libro 1.®, tít. 1.*, sección pri- 
mera, pág. 28; Vizmanos y Alvarez, Comentarios al Código penal, Madrid, 184^, 
tomo 1.", págs. 7 y siguientes, 16 y sigs., 208 y sigs.; Viada y Vilaseca, Código 
ptnal reformado de 1870, etc., cuarta edición, Madrid, 1890, tomo 1.*, págs. 18, 
81 y 402; Oroiiard, El código penal de 1870 concordado y comentado, Burgos, 1871, 
tomo 1.**, págs. 48 y siguientes, 62 y sigs., y tomo 2.', págs, 90 y sigs.; Vicente 
y CaraTantes, Código penal reformado, Madrid, 1851, págs. 9, 11 y siguientes, 
laSy sigs. 

(1) V. Tróbutien, Arabia, Haus y otros autores de los anteriormente ci- 
tados, y sobre todo Bauter, ob. cit., tomo 1.**, págs- 118 y siguientes. 



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REVISTA DE LEGISLACIÓN 

Código penal francés de 1810, — ^para llenar un 
atores y los políticos habían notado en el Có- 
s y de las penas de 3 brumario, año iv (1), y 
3ión á las exigencias sentimentales ó indivi- 
icuela de Beccaria y los que le siguieron — dis- 
la contravención (falta), ningún delito ni nin- 
3ran ser castigados con penas que no hubieran 
B por la ley antes de haber sido cometidos» (2), 
códigos penales que se han dado posterior- 
e por modelo é inspirándose en análogos prin- 
ido, con escasas variaciones, el mismo pre- 
que parece, no ha llegado aún el momento 

Lefínia el delito de la siguiente manera: «Hacer lo qne 
lo que mandan las leyes que tienen por objeto la oon 
locial y de la tranquilidad pública, es un delito.» Se oen- 
[i porque en ella no se hablaba de la prohibición san- 
a, que es — decian — el elemento necesario para qne el 



el antiguo Código prusiano decia en su art. 2.* cKingún 
itravención pueden ser castigados con ponas que no ha- 
&s por la ley antes de haber sido cometidos»; el Oódigfo 
art. 6.**: «No es delito ni grave infiaoción de policía sino 
> de tal por el presente Código»; el mismo Código en su 
}e ser aplicada dentro de los límites de la ley, sin que 
a m&s dura ni más suave que la que aquéUa prescribe, 
tancias del delito y la posición de su autor», y en el ar 

delincuente podrá imponérsele otra pena que la deter- 
ite Código»; el Código belga, en su art. 2.^: «Ninguna in- 
vestigada con penas que no estén establecidas por la ley 

cometa»; el código penal holandés, art. 1.^: «Ningún he- 
lo en virtud de una ley penal anterior»; el Código penal 
Crimen ó delito es el hecho voluntario declarado puní 
>; el mismo Código, art. 6.^: «Ningún hecho, ya consista 
Lsión, puede juzgarse criminal sin que una ley anterior 
el mismo Código, art. 18: «No son admisibles las analo- 
[>r paridad ó mayoría de razones para calificar un acto 
lario siempre que Concurran los elementos esencialmente 



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PROBLEMAS DE DERECHO PENAL 455 

4e que el estado actual de cosas desaparezca de las legislacio- 
nes y d^ que ocurra en éstas un cambio notable sobre el parti- 
lar, pues en los Códigos penales más recientes (1) y en los 
que están en proyecto (2) se consigna el consabido principio 
nullum crimen sine lege; nulla pcena sine lege. 

4. También en la legislación española se ha hallado y se 
halla consagrado. El primer Código penal que ha existido en 
.nuestro país, ó sea el de 1822, reprodujo en su art. 3.^ la dis- 
posición del art. 4.^ del Código penar francés de 1810, prescri- 
biendo lo siguiente: <A ningún delito ni culpa se impondrá 
nunca otra pena que la que le señale alguna ley promulgada 

«onstitntivos del hecho criminal que la ley expresamente declara»; el mismo 
Código, art. 06: aKo podWt ser aplicada pena algnna qne no esté prefijada 
por la ley*; el código imperial federal de Alemania, art. 2.**: «Ko podrfc cas- 
tigars* una infracción con penas qne no se hajran diotado antes de ha- 
berte cometido aquélla»; el antiguo Código italiano, art. 8.*: «Ningán delito 
puede castigarse con pena que no esté determinada en la ley antes que fuese 
cometido»; el mismo Código, art. 4.**: aLos jueces no podr&n aumentar ni dis- 
minuir la pena impuesta por la ley, ni conmutarla, sino en el caso y dentro 
del limite que en la ley esté determinado». Preceptos análogos se encuentran 
eonsignados en muchos otros Códigos, como en los de Suecia, Dinamarca, No- 
mega, Hungría, Rusia, en las Repúblicas americanas, tanto del Sud como del 
Korte, etc.; sin embargo, no hay necesidad de reproducirlos textualmente, 
pues con lo anterior basta para demostrar cuan generalizado está en las le- 
¿islaoiones positivas el principio á que nos venimos refiriendo, de que en ma- 
teria penal no hay más fuente de derecho que la ley. 

(1) Como el italiano de 1880, el cual, en su art. 1.® dispone que cnadie 
puede ser castigado por nn hecho que no esté expresamente previsto como 
infracción (rmto) por la ley, ni con penas que no estén establecidas en ésta» ; 
el art. 2.^ del mismo Código dice que cnadie puede ser castigado por tm hecho 
que, según la ley del tiempo en que se cometió, no constituía delito»; el 9^, 
que prescribe que «las penas no pueden ser aumentadas ni disminuidas, ni 
conmutadas, sino en los casos expresamente determinados por la ley», etc. 

(2) Como los proyectos de Código penal francés, ruso, austríaco, los abor- 
-tadofl proyectos españoles, el de la República argentina, y otros. En los pro- 
yectos de Código penal italiano, preparatorios ó antecedentes del aprobado 
«n lS8d, en todos ellos se encuentra dicho principio. Véase Paoli, Stponnione 
•torifoa e »etenti/íca dei lavori di prtparazione del códice pénale italiano dal 28($8 
*a¿ 1884, Ubro primero, parte general, Florencia, 18B4, pág. 2. 



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356 REVISTA DE LEGISLACIÓN 

antes de su perpetración». El Código de 1848 no quiso pecar 
por defecto en esta parte; y aun á riesgo de incurrir en lo que 
alguno de nuestros comentaristas ha llamado una «censurable 
redundancia» (1), sus autores debieron proponerse dejar bien 
afirmada la máxima de que no hay más delitos que los que la 
ley considera tales, ni pueden, por tanto, castigarse otros actos 
que los previamente definidos por ésta, puesto que después de 
haber dicho en el art. 1.*^ que «es delito ó falta toda acción ú 
omisión vohiniavlsi penada por la ley» , añadieron en el art. 2.^: 
«No serán castigados otros actos ú omisiones que los que la ley 
con anierioridad haya calificado de delitos ó faltas», y en el ar- 
tículo 19: «No será castigado ningún delito ni falta con pena 
que no se halle establecida por la ley con anterioridad á sii 
perpetración». El Código de 1850, esto es, el do 1848 reforma- 
do, dejó las cosas casi en el mismo estado en que las encontró, 
es decir, reprodujo los artículos 1.^ y 2.^; pero varió la redac- 
ción, no la sustancia del 19, formulándolo de esta manera: 
«No será castigado ningún delito, ni las faltas de que sólo pue- 
den conocer los Tribunales, con pena que no se halle estable- 
cida previamente por ley, ordenanza ó mandato de la Autori- 
dad á la cual estuviere concedida esta facultad». El Código 
vigente de 1870 ha reproducido el art. 1.^ del de 1848 y 1850 
con leve variación (2), ha suprimido la primera parte, que he- 
mos transcrito, del art. 2.^ de éstos, y ha consignado, en su 
art. 22, el principio del art. 19 antiguo, no en la forma del Có- 
digo de 1850, sino en la del de 1848 (3). Por consiguiente, se- 



(1) Groizard, El código penal de 1870 concordado y comentadot tomo 1.", pá- 
gina 63, Burgas, 1870. 

(2) «Son delitos ó faltas — dice — las acciones y omisiones voluntarias pe- 
nadas por la ley.» 

(8) Art. 22 del Código de 1870: «No 8er& castigado ningún delito ni falta 
oon pena que no se haUe establecida por ley anterior & su perpetración ."*> 
Aunque para alguno de los comentaristas del Código de 1870, Yocal de la Co- 
misión legislativa, es «incomprensible» el fundamento ó motivo que el Có- 
digo de 1850 tuvo para variar la redacción del art. 19 del de 1848, afiadienda 



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PROBLEMAS DE DERECHO PENAL 45T 

gúfa el derecho penal positivo español, los Jueces y Tribunales 
del orden criminal no podrán acudir á otra ninguna fuente 
más que á la ley para dictar sus fallos; no á la costumbre, no 
á la jurisprudencia, no á la equidad... 

Sin embargo, creemos que desde la publicación del Código 
civil puede ofrecerse alguna duda respecto del particular. El 
título preliminar de este Código contiene disposiciones gene- 
rales aplicables á iodos las leyes, y no sólo á*las civiles; y el 
art. 6.^ de este titulo prescribe lo siguiente: «El Tribunal que 
rehuse fallar á pretexto de silencio, oscuridad ó insuficiencia 
de las leyes, incurrirá en responsabilidad. C(fando no ha3a 
ley exactamente aplicable al punto controvertido, se aplicará 

las palabras «ni las faltas de que sólo pueden conocer los Tribunales», y 
por tanto, encuentra justificado el que se haya vuelto k la primitiva fórmu 
la, la verdad es que el legislador de 1850 no introdujo la variación de que se 
trata caprichosamente y sin razón alguna. La prescripción del referido ar- 
ticulo 19, circunscribiendo la aplicación del principio consagrado en el mis- 
mo á sólo las faltas de que pueden conocer lo9 Tribunaleat sin extenderla á. hus 
de que pueden conocer las autoridades administrativas, tenia por objeto, se 
gún dice un comentarista, «dejar Ubres y desembarazadas á estas autorida- 
des para corregir gubernativamente las faltas en los casos en que su represión 
les esté encomendada por las mismas leyes.» V. Vicente y Caravantes, Código 
penal reformado, Madrid, 1851, pág. 129. Es decir, que el Código de 1850 quería 
introducir una distinción entre las faltas que se deben castigar (las de que co 
nocen los Tribunales), á las cuales no podía aplicarse otras formas de re 
presión que las previa y taxativamente establecidas por la ley, y las faltas 
que se deben corregir (las de que conocen las autoridades administrativas), ú 
las cuales podia aplicarse formas de represión no establecidas de un modo 
taxativo en las leyes. En el vigente Código hay también algo parecido á esta 
distinción, cuando dice, en su art. 25, que <no se reputarán penas:... 8.^ Las 
multas y demás correccione§ que en uso de las atribuciones gubernativas ó 
disciplinarias impongan los superiores á sus subordinados ó administrados», 
y en su art. 625, que las disposiciones del Ubro tercero del Código, relativo á 
las faltas, «no excluyen ni limitan las atribuciones que por las leyes muni- 
cipales ó cualesquiera otras especiales competan á los funcionarios de la Ad- 
ministración para dictar bandos de policía y buen gobierno, y para corregir 
gab«mativamente las faltas en los casos en que su represión les esté enoo 
mendada por las mismas leyes». 



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REVISTA DE LEGISLAaÓN 

ugar, y, en su defecto, los principios geneía- 
Vhora, si es verdad que las reglas y prescrip- 
tulo preliminar se refieren á toda clase de le 
3 los Tribunales del orden penal, lo mismo 
civil, pueden y deben acudir, para funda- 
en primer término á la ley, pero á falta de 
3 y á los principios generales del derecho, 
ecir con esto que efectivamente el legislador 
publicar el Código civil, derogar los precep- 
Código penal (1); antes bien, dado el espíritu 
ndo en la materia, esto es, de absoluta res- 
io judicial, es casi seguro que sus propósitos 
las, en nuestro juicio, hay aquí motivo para 
[, no sólo por lo que ya queda dicho, sino 
áa penal contemporánea, y aun en las legis- 
aenzado á anunciar, como veremos, una ten- 
Tribunales cierta amplitud al dictar sus fa- 
3s cierto prudente discrecional arbitrio en la 

'y (2). 

1 será el motivo de que repetido principio, 
lege; nulla poma sirte lege^ se halle tan gene- 
lo admitan, según se acaba de ver, tan uná- 
imo los tratadistas que los códigos? 
fundamental motivo no es otro que el de la 
a pena- como un mal, que se impone al delin- 
ibución y retorsión de otro mal que él ha 
orma de dar satisfacción al sentimiento de 



citados articaloB 1.* y 22, es contrallo el precepto del 
el caso en que nn Tribunal tenga conocimiento de al 
digno de represión y que no se haUe penado por la 
procedimiento sobre él y expondrá al gobierno las ra 
Eira creer que debiera ser objeto de sanción penal». 
>8te fenómeno son muy varías y no podemos analisar 
) haremos indicación de algunas. Por lo demás, para 
)on que quede sentado que el fenómeno existe. 



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PROBLEMAS DE DERECHO PENAL 459 

^venganza^ individual ó social, es decir, como medio de que el 
agente purgue y expíe el mal que ha originado. Esta concepción 
de la pena (tnalum passionis propter malum actionis) es tan gene- 
ral, tan universal, se ha arraigado de tal manera en nosotros, 
que sólo el ponerla en cuestión constituye para ciertos pensa- 
dores serios (1) un atrevimiento inaudito. |Es tal la fuerza y la 
presión que sobre nuestro espíritu ejercen las ideas recibidas 
como indiscutibles, y más si, como ésta, han ejercido un im- 
perio absoluto sobre la sociedad durante muchos siglos!... (2). 

De esta razón primordial (que es la que ha hecho que la 
materia criminal sea odiosa y que, por lo mismo, hayan ve- 
nido los autores colocándola en una situación verdaderamente 
anómala) (3) han provenido otras secundarias y próximas, que 
son las que los tratadistas aducen en defensa del principio que 
viene ocupándonos. 

En efecto, como, según dice Aramburu, con otro motivo, 
cfué posible en la historia, mientras la ignorancia y la fuerza 
bruta dieron base á regímenes de privilegio y á dolorosas con- 



(1) De aqueUM gentes que, creyéndose ilnstradas, sólo saben hacer gala 
de sa donaire cuando hablan de la pena como un hitn j del derecho á la pena 
qae el delinonente tiene, no hay por qué ocnparse: forman entre el infinihu 
muRcriM, y por tanto, en el pecado de sn ignorancia llevan la penitencia. 

(S) Nos parece de todo punto innecesario aducir pruebas del hecho á que 
nos referimos, porque la casi totalidad de los autores dice bien claramente 
que la pena es un mal, y todo el sistema penal dominante, lo mismo en la 
doctrina que en. las legislaciones y que en la sociedad, está impregnado de 
aete concepto (aunque no tan en absoluto como se cree). V. por todos Ca* 
rran, ob. cit., tomo 8.*, p&g. 46, donde de^ne la pena diciendo que es caqnel 
mal que, en conformidad á la ley del Estado, infligen los Magistrados k aqua- 
Uos que, con las debidas formalidades, son declarados culpables de un delito». 
^Boeno es, sin embargo, advertir que no se concilla muy bien con el conoepto 
de la pena como un mal (objetivamente, aun cuando cause dolor — que no et 
lo «iMMo que MAL) — la consideración de la misma como un contenido kbcbsabio 
dd d€reekot que también dice el propio Carrara, ob. cit., tomo 2.^ introduor 
«ion, pág. 9. 

(3) Ya lo iremos riendo en el curso de estos artículos 



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A. DE LEGISLACIÓN 

público una facultad punitiva ilimí- 
or que en la defensa social, en la 
tas de persona ó de clase» (1); como, 
)lico8 y los Tribunales, como instru- 
sando del empleo de aquellos medios 
viduo, que se llaman penas, fué pre- 
•sonalidad iudividual frente á la del 
:, y al establecer las garantías d6 
3 límites más allá de los cuales no. 
er, ni causar molestias á los ciuda- 
s, del hombre, etc.), se consignaran 
il ciertas garantías de la libertad y 
j se pusiera coto á los posibles abu- 
)liibiéndole reprimir los delitos con- 
xales^ con otras penas, que aquellas 
te determinadas y tasadas por la ley. 
del siglo pasado, esto es, desde que 
bucional (2), se haya venido consig- 
es y en las leyes, junto á las demás 
i que podremos llamar garantía penaly 
ser procesado ni penado, ni siquiera 



dacoión española de los Elementas del derecMú 

.61. 

tpooa en que comenzó á afirmarse la sobera- 

laego del Estado) y á pedirse el respeto de 
cindadano- De qae por época constitncional 

una prueba on el concepto que de las Cons- 
ritu que las informaba cuando aparecieron. 
18, más que la ley fundamental del Estado con . 
La vida toda de éste y organizarse sus pode- 
le d 9U9 gobernantas, para garantirse d si mútrno 
Q. la definición que daba Bomagnosi. Y. Palma, 
rencia, 1884, tomo I.**, parte primera, introdno- 



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PROBLEMAS DB DERECHO PENAL 461 

detenido ni preso, sino con arreglo á lo que la legislación po- 
sitiva disponga (1). 

(1) La manera cómo en la historia ha venido elaborándose este principio 
haüta llegar á constitair lo que hoy es, uno de los llamados derechot índivi 
dualtn ó perfionaUn^ es enteramente análoga á aquella como han venido elabo- 
rándose todos los demás congéneres, es decir, revolucionariamente; asi se ha 
iiñrmado lo que se dice la personalidad individual y todos los derechos quo 
la constituyen. Sin que pretendamos exponer aqui este largo proceso de for- 
mación de la personalidad y de reconocimiento del conjunto ó colonia (oonio 
la Uama Schiatt^rella) de derechos que la integran — porque esto corresponde 
al derecho constitucional y á la filosofía del derecho, — conviene que diga- 
mos que la garantía p^nal ha figurado siempre en las llamadas rlfclaracúmei de 
-der€cho9t ó sea entre los medios con que los ciudadanos han tratado de afir- 
mar su personal libertad, independencia y autarquía, y de poner coto á los 
abusos ó injustificadas ingerencias de los poderes -públicos y de sus órganos. 
Para no remontamos más atrás, buscando en el curso de toda la historia 
la raíz de este derecho, como do los demás derechos individuales, y el modo 
«ómo va lentamente surgiendo á medida que surge y se consolida la persona- 
lidad jurídica, diremos que en Inglaterra, el pais de las libertades, hace ya 
siglos que se había consignado, de un modo explícito, la prohibición de dete- 
ner, aprisionar, etc., á los ciudadanos, sino en la forma y casos establecidos 
por la ley. NuUuh líber homo — decía la Magna Carta — capiatur vel imprisonetur... 
ni$t per LÉGALE JÜDICICM pnrium 9uorumt VBL PER Legem terb^. En el famc^o 
fíabea» corpus se aseguraba, de una manera bastante más eficaz, la libertad 
y seguridad individuales conti^ los abusos de los Magistrados, y hasta se lla- 
gaba á imponer á éstos fuertes multas en favor de los prisioneros, cuando 
liabiesen negado el Writ 6 auto de Babea» corpw. (V. Palma, Corito di dtritf 
mMtiíunonale^ tomo 3.®, Florencia, 1885, págs. 74 y siguientes.) — En la Consti- 
tución federal de los Estados Unidos de América del Norte no se hizo en un 
principio más que organizar los poderes públicos, pero en 1789 se hicieron 
«iertas adiciones á la misma, referentes á las libertades individuales, y entro 
-ellas figuraba alguna que llevaba el propósito de garantir la seguridad indi- 
vidual. — Cuando esta garantía se afirmó ya de un modo seguro y mucho más 
«zplicito de lo que lo había sido hasta entonces, fué en la época de la Bevo- 
Inción fransesa. El art. 7.* de la Declaración de Ion derecho» del hombre y del etu- 
éadanOf decía de esta manera: «Ningún hombre puede ser acusado, arrestado 
jai detenido, sino en los casos determinados por la ley y con las formalidades 
prescritas por la misma...», y en el 8.^: «La ley no debe establecer más pe- 
nas que las que sean estricta y evidentemente necesarias, y nadie puede ser 
•astigado sino en virtud de una ley astablecida y promulgada con anterior i- 



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462 REVISTA DE LEGISLACIÓN 

6. Es tan cierto lo que decimos, que los autores se creen 
generalmente dispensados de dar razón alguna que justifique 
la existencia del principio nullum crimen sine lege; nulla poma 

dad al delito y legalxnente aplicada». La Constitución de 1791, en su art. 1.% 
reoonocia en todos los hombres la libertad de andar y de moyerse, sin poder 
ser arrestados ni detenidos sino con las formalidades prescritas por la Cons- 
titución. De esta Constitución ha ido pasando el principio k las demás qu» 
se han publicado en Francia, en todas las cuales ha figurado. Asimismo lo 
han sancionado las Constituciones de todos los demás paises que m&s ó 
menos han tomado por modelo & Francia, y lo sancionan las que aotnal- 
mente se hallan en vigor en la mayoría de los paises civilizados. No hay 
necesidad de reproducir el texto de sus disposiciones, que son en todas muy 
semejantes. Sólo queremos citar, por interesamos más directamente, lo qu» 
acerca del particular han preceptuado las diferentes Constituciones que, en 
lo que va de siglo, han estado vigentes en nuestro pais. En la de 1812 hay 
varios artículos que. se refieren á este particular, sin duda por ser la pri- 
mera vez que se establecía en España la garaiUia penal y se cortaba el ar- 
bitrio judicial, que había producido tantos abusos. «Ningún español podrá 
ser juzgado en causas civiles y criminales — dice el art. 247 — por ninguna co- 
misión, sino por el tribunal competente, determinado con anterioridad por 
la ley». El art. 247 dispone: «Ningún español podrá ser preso sin que preceda 
información sumaria del hecho, por el que merezca, según la ley, ser easti- 
gado con pena corporal...». Los artículos siguientes están también dictados 
con el propósito de garantir la libertad y seguridad individuales. Constitu- 
ción de 1837, art. I.**, núm. 7.®: «No puede ser detenido ni preso... ningún es- 
pañol..., sino en los casos y en la forma que las leyes prescriban*; núm. 9.**: 
«Ningún español podrá ser procesado ni sentenciado, sino por el juez ó tri* 
bunal competente, en virtud de leyes anteriores al delito y en la forma que 
éstas prescriban». Exactamente lo mismo dispone la Constitución de 1846 en 
sus artículos 7.*^ y 9.^ Constitución de 1869: entre otros artículos, importa so- 
bre todo el art. 11: «Ningún español será procesado ni sentenciado, sino por 
el juez ó tribunal á quien, en virtud de leyes anteriores al delito, competa 
el conocimiento y en la forma que éstas prescriban. No podrán crearse tri- 
bunales extraordinarios ni comisiones especiales para conocer de ningún de- 
lito». Constitución de 1876, art. 4.*^: «Ningún español ni extraxgero podrá ser 
detenido, sino en los casos y en la forma que las leyes prescriban»; art. 5.*: 
«Ningún español podrá ser preso, sino en virtud de mandamiento de jues 
competente*; art. 16: «Ningún español puede ser procesado ni sentenciado», 
sino por el juez ó tribunal competente, en virtud de leyes anteriores al de>> 
lito y en la forma que éstas prescriban». 



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PR0BLSHA8 DE DEB£CHO PENAL WS 

sine lege; y cuando lo hacen, no acuden á ninguna otra sino á 
la de que es una manera de poner á cubierto la libertad y se- 
guridad individuales contra los- posibles atentados y abusos del 
Poder judicial. Habiendo dicho esto, creen haber quedado per- 
fectamente asegurado referido principio, y no pueden sospe- 
char siquiera que, sin hacer retroceder á la sociedad á épo- 
cas anteriores de crueldad y barbarie, haya de suprimirse aquél 
de las leyes, dejando á los ciudadanos á merced de la arbitra- 
riedad y la violencia. 

Si asi no fuera — dice Ortolán— «los ciudadanos no tendrían 
seguridad, y el derecho penal, destinado á tranquilizar la so- 
ciedad, llegarla á ser una caasa de inquietud y de alarma jJara 
todos y cada uno en particular» (1). Otra cosa — escribe Groi- 
zard — fsería dejar ancho campo abierto á la arbitrariedad» (2). 
Ramiro Rueda, al comentar las palabras penadas por la ley con 
que nuestro vigente Código penal termina la definición del de- 
lito, dice: «La verdadera consideración que estas últimas pa- 
labras tienen es la de ser una garantia firmísima de la libertad 
de los ciudadanos, que bajo la salvaguardia del Código penal 
podrán ejecutar todo cuanto en el mismo no se encuentra pro- 
hibido ni penado» (3). Ocupándose Arabia en combatir á aque- 
llos que se oponen á que el legislador determine de antemano 
en el Código los hechos delictuosos y punibles, exclama: «Pero 
no ven (tales autores) cuan grande garantía de libertad civil 
sea ésta que priva al Juez del arbitrio de crear los casos puni- 
bles, constriñéndolo, mediante una fórmula clara y precisa, á 
juzgar, haciendo un silogismo, cuya premisa esté en la ley» (4). 
Y Rossi, cuya obra han tomado por guía muchísimos otros pe- 
nalistas, reproduciendo y haciendo suyas la mayor parte de 
las razones que aduce para demostrar la necesidad de una ley 



(1) OrtoUn, Qb. oit., tomo 1.®, p&g. 85. 

(2; Oroizard» ob. cit., tomo 2°, p&g. 91. 

(8) Bamiro Bueda, ob. dt., tomo l.^ p&g. 121. 

(4) Arabia, ob. oit., p&g. 79. 



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SGI8LACIÓ1C 

osas, ocupándose de esta ma- 
aalidad para cada especie de 
;anto para la seguridad públi- 
dual...; para la seguridad in- 
es posible dejar al Juez la 
y la de aprisionamiento, en- 
sífiucesivamente» (1). Al tra- 
aos que se oponen al progreso 
de removerlos, dice que uno 
egios, que no pueden menos 
ios (2). Los demás autores ci- 
es razones, ora explícita, ora 
onsideran que la declaración 
) hay más delitos ni pueden 
3 previamente se hallen fija- 
üscutible y por definitivo. 

Pedro Dorado, 

I D«r««bo {MDsl «n U VBlT«r«ld«d dt SalaaaocA. 



¡on« preliminair0i, oap. 8.* 



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(ISLACIÓN 

)uscar (robar), engibar (partir 
khe (tener cuidado, cautela), 
chislama (moza), acais (pu- 
3so), anillos (cadenas que pó- 
lustiao (facilitar la fuga al 
üi (presidiario novato), cha- 
á una persona), los gatés (los 
> (malhechor principiante), 
una navajada en la cara), 
3 deben ocultarla), nicahar 
sada), piños (dientes),7a^?'e- 

estos, prescindimos de otras 
nadas son suficientes para 
del lenguaje de la Germa- 
s mantenedores de lap doc- 
asa en el positivismo y en 
L, recuerda los idiomas pri- 
atavismo; que aparte de lo 
general, es un lenguaje es- 
»n metáforas, y que, volve- 
rte, por agregación. Período 
pios del siglo, no constitu- 
3 de la criminalidad: entre 
aria, al caló, 

lo para toda clase de malhe- 
cuantos forman parte de las 
ly un caló que puede caliñ- 
jcrito, especial á cada clase 
e flamenco ^ pero más acen- 
)ces, locuciones, frases par- 

ictica más aún que en el 
le la división de éste; se 
>e por instinto la necesidad 



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E6TUDÍ06 DE 80aOLOOÍA CRIMINAL 467 

de no acumular funciones, de limitar el campo de acción^ de 
repetir en lo posible los mismos hechos. De este modo, siguien- 
do tal regla de concTucta, es como, á pesar de su limitada inren- 
tiva, fuera de algunas señaladísimas excepciones, de su incu- 
ria, de BU dejadez, de su ninguna afición á nada que les fati- 
gue, hanxKxlido, por desgracia, perfeccionar los criminales sus 
dañosos procedimientos. De aquí las modificaciones del caló 
general: distintos procedimientos representan distintas ideas, 
j precisan formas, asociaciones, instrumentos, medios diver- 
sos^ y por lo tanto, palabras y frases apropiadas á él; los granu- 
jas que comienzan su aprendizaje á la vista y aun bajo la pro- 
tección social, y que regularmente la comienzan hurtando pa- 
ñuelos, por ser lo más fácil, se llaman safisias^ de safoy pañuelo; 
descuideros, los que se aprovechan del abandono ajeno; tomado- 
res del dos, los rateros, bien porque van apareados, bien porque 
usan principalmente dos dedos; espadistas, los que efectúan los 
robos, empleando para abrir las puertas la llave falsa, espada; 
topistas, los que los verifican al tope, por medio de la palan- 
queta, /Mer^ra; atracadores, los que atracan, los que con violencia 
en las personas roban dentro de las poblaciones; dronistas, los 
que atracan en despoblado ó asaltan las casas de campo ó de 
aldea; santeros, ciertos cómplices ó espías de ladrones; timado- 
res de la ful, los que estafan valiéndose de alhajas falsas; de- 
risias, los que compran alhajas sin cuidarse de si son ó no de 
legítima procedencia, ó más bien sabiendo que no lo son; en- 
terradores, los que practican la estafa que indica su nombre; 
pasmas, los vigilantes; timadores, los estafadores; mecheras, las 
mujeres que hurtan dentro de las tiendas; atracadores del chá- 
piro (sombrero), los mendigos. Así en el caló catalán se deno- 
minan liladors, los muchachos que hacen los hurtos en los te- 
rrados; timadores del delantal, los que estafan caballos; timadores 
de laflima, los que al efecto figuran, encontrarse alhajas; chus- 
quetas de aracha, granujas que hurtan de noche; buscas, los ra- 
teros de plazuela; timbas, los tomadores de holBiUoB; pinchos, los 
valentones. 



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468 REVISTA DE LEGISLACIÓN 

Las distintas partes del cuerpo, las ropas, las herramien- 
tas, etc., tienen nombres diversos: la americana es la sobre- 
puesta ó la sobre, y en el catalán chupa; alpargatas, chinelas , lige- 
ras, barcas, andarinas; alfiler de corbata, pincha uvas; arma 
blanca, coiú, chistne ó avíu; anilla de reloj, angui, gánguil; botas, 
calcos; boca, coba, muy; dedo, dátil , tizo, baste; bolsa, crisi, potsa; 
billete de banco, papiro, papil; cama, piltra; capa, plasta-, ca- 
misa, gati, lima, llima; calzoncillos, 'taZMW&res; cajón, jpitóra, 
runcal; colchón, manso; cadena, brija^ tralla; chaleco, chupo; 
cara, fila; cárcel, trena, estaru; dijes, colgajos; faja, culebra, 
ronda; gorra, parpusa; manta, pelusa; gabán colocado sobre el 
brazo, muleta; muerto, cierto; plato, tlapo; palanqueta, fuersa, 
escopeta; levita, sepia; reloj, parlo; oro, soma; ropa, farda, 
farga; sábana, paloma, nubol; seda, sega, serolla; robar, salvar, 
ostilar; casa, magra, borda; gitano, cañi; tener, hábillar; cuarto, 
piso, qu£l; ocultar á los cómplices algo de lo robado, irse al 
rio, dar len; fracturar, espaldar; peseta, plima. 

Para designar á las autoridades, á los agentes de éstas, 
á ciertos procedimientos suyos, poseen abundancia de palabras. 
Como los malhechores, más que nada, tienen siempre presen- 
tes en la memoria á las autoridades, policías, etc. , por ser 
quienes más excitan su interés, respecto de ellas es más 
agudo y fecundo su ingenio, más palpables su malicia y cho- 
carrería. Igualmente son ingeniosas otras palabras de las que á 
continuación citaremos algunas como muestra. Dar el santo, es 
avisar para cometer un robo; dar bronca ó graznar, descubrir, 
sorprender un delito en el momento de cometerse; atracar al 
tío, acercarse á la víctima; h^eva y castaña, el año de-presidio; 
cachear, el registrar; chirlata y burlu, la casa de juego; consorte, 
el compañero; baronda ó espeta, el delegado de vigilancia; 
tricornio^ el guardia civil; barondo ó baronda mayor, el goberna- 
dor civil; rato, el jefe de policía; subibaronda, el subinspector 
de policía; filar, el escudriñar; pirar, echar á correr; espannar, 
expender moneda falsa; diñar la alhaja, entregar la alhaja; 
polilla, carga ó rondeño, el policía; chirlo ó coca, la puñalada; 



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ESTUDIOS DE SOCIOLOGÍA CRIMINAL 469 

a$iiñar, afanar, ostilar,'^ salvar, el robar; tronchar, marcillar, 
dar garrote, el romper la anilla del reloj; coscar el parlo, 
hartar el reloj; tomar la estampa, sacar el molde de la cerra- 
dora; maraña ó mará, la reunión de gente; peripanao, el ta- 
tnage; as%fiábao,iA tatuado; sensa, la indicación de haber estado 
en presidio; barbear, el tantear el bolsillo; compraores de 
ffochís, los que roban á las mujeres; tumbar, sudar, hacer salazón, 
al homicida. 

Tampoco faltan al caló palabras representativas de valores, 
metálico, etc. Entre otras, recordamos las siguientes: papiro, 
en el catalán papil, billete de Banco; mosquito, tasco, el duro; 
cabezota, el de Alfonso XIII, trigo, trign, parné, la moneda en 
general; borregas, las monedas de oro de cinco duros; ful ó 
percal, la moneda falsa; coben^ sorna, el oro; lama, la plata; 
pela, plina, sígala, la peseta. 

La palabra ver se representa con la de guipar, y en catalán , 
pincherar; borracho, en ambos calos, por curda; conversación, 
por labia; casa de dormir, por pitaña; dormir, por sornar y 
clapar; escamarse, por rechiflarse ó mosquearse; señora, por tía, 
sumera; taberna, por tasca, venta. 

Mas pondremos término á esta ya larga enumeración, pues 
ei nuestro propósito ha sido hacer un breve estudio del caló 
en sus relaciones con la criminalidad, no lo es, ni mucho 
menos, verificarlo extensamente, pues, cual hemos indicado, 
no es un lenguaje uniforme y constante, toda vez que en él 
tiene grande influencia el capricho. Cualquiera agudeza, ó que 
sea tenida por tal; cualquiera palabra que llame la atención, 
se repite, se aplaude, se difunde y concluye por ser aceptada. 
Ee un lenguaje que está en elaboración continua. 

Posible es que á tales causas se deban las palabras, chapes- 
car, escaparse del que persigue; jamar, comer; brinsa, carne; 
chiscón, casa; oscura, noche; dar candela, poner fuego; chalada, 
huida; chichi, cabeza; naja}', irse; quevater, hacer; aplacerar á la 
coba, estar de* centinela; diquelar, mirar; esgarrabel, poner 
preso; sinar, estar; julai, posadero; ná, no; á, la; talavosa, ropa; 



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470 REVISTA DE LEGISLACIÓN 

niquelar, rasgar; chirroe, agujero; húndales, puertas; maestra, 
llave falsa; Itiar, atar; chavaré, hyo; dugida, hija; tronchó, pes- 
cuezo; quele, burro; el casto, el calabozo; Debel, Dios; hariche, 
gemido; tambora, perro; clariosa, ventana; maquilar, trabajar; 
churi, navaja; dseles, grillos; guíndala, cuerdaj sonajar, ocultar; 
hatú, viejo; jMne/ar, oir; urdiflelas, luces; Síd^soy; andivelar, 
andar; ocana, esta hora; apenao, condenado; estaribel, cárcel; 
junelar, oir. 

Para completar este trabajo, dedicaremos algunas líneas al 
caló catalán, que tan perfectamente retrata á los malhechores 
de este industrioso y envidiable país, y que reúne la gene- 
ralidad de los caracteres que al argot han asignado los no mu- 
chos escritores que de él se ocupan considerándolo bajo el 
punto de vista de la antropología criminal. Dicho caló, del 
que ya hemos hecho algunas indicaciones, es un compuesto 
bastante informe, permítasenos la frase, un agregado capricho- 
so del castellano, del francés y del que puede llamarse indíge- 
na. En él se descubre la especialidad de ciertos delitos y delin- 
cuentes catalanes; en él, la multitud de medios empleados para 
realizar aquellos; en él^ hasta cierto límite, no sólo el espíritu 
reflexivo, sino la imaginación de sus cultivadores; cualidales 
que niegan los antropólogos á la generalidad de los delincuen- 
tes, y que, sin embargo, no cabe desconocer en los de Catala- 
luña. Por ejemplo, aldeano espixol; arruinado, najábát; arriba, 
superas; avisar que llega alguien, picar sera; amigo, consata; 
bofetón, mastae; buscar, husquiñar; balanzas, pasantas; bueno, 
barbal; calle, iiroldo; cerradura, pet; encontrar, tupiller; lío de 
tela., fajóla de farga; mentira, taba; noche, laracha ó aracha; pa- 
liza, atip; preso, estarado, caregat; piojo, gaul; fuera, forata; sol- 
dados, sorxe, seroy; cabeza, tupi; tener, agrábar; dedos, bastes; 
hombre, pechul; cadena, tralla; escalera, escaluy; puerta, ^Mríi»- 
c/*a; cajón, ronciíí; tu mujer, la mar quincha de tu c¿w; mujer, 
nuxrca; señora, sumera; gallina, pica en térra. 



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ESTUDIOS DE SOCIOLOGÍA CRIMINAL 471 



Antes de terminar este capitulo nos permitiremos hacer al- 
gunas observaciones complementarias, á pesar de que tendre- 
mos precisión de ampliar muchas de ellas en los estudios suce- 
sivos. La índole, los caracteres, la contextura, y, por decirlo asi, 
la fisonomía de este especial lenguaje, que durante siglos se ha 
mantenida perenne en casi todos los países, viene á dar la ra- 
zón al distinguido escritor Lombroso, que ha dicho en su prin- 
cipal obra, que supone asociaciones extensas de criminales. 
En Italia, Francia, y hasta no hace mucho en España, estas 
asociaciones alcanzaron un desarrollo del que dan prueba la 
Haííia, la Camorra, los Tostadores, ExtranguláHores, Mano 
Negra, Secuestradores y Nazarenos. En ocasiones, cual en Es- 
paña á principios del siglo, se impusieron á los Gobiernos, 
que llegaron á ñrmar concesiones, por las que los malhecho- 
res alcanzaron el completo perdón de sus delitos. Ellas fueron 
siempre las principales mantenedoras y propagandistas del 
argot f exceptuando algunas que, cual la Mano Negra, respon- 
. dían á fines de otra índole; difusión á, la que también contri- 
buyen los criminales de oficio de muchas poblaciones que se 
relacionan entre si, los vagabundos, gitanos, quinquilleros am- 
bulante é infinidad de supuestos industrialeb que recorren 
pueblos, aldeas y caserías, figurando ocupaciones que no pue- 
den proporcionarles lo necesario para la subsistencia. 

Hoy que tales asociaciones desaparecen, la persistencia y 
difusión del caló demuestran el aumento indudable de la cri- 
minalidad habitual, y el predominio de ésta sobre la menos 
perniciosa de ocasión^ en la que concurran ya para su produc- 
ción factores más íáciles de extirpar; demuestran la conexión, 
la semi-hermandad de. cuantos se alejan más ó menos de la 
vida normal social, descubriendo algunos con sus actos su 
completa falta de adaptación con la misma. Sin más que fijarse 
«n el alcance que tenga el uso del caló en una ciudad, en una 



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472 REVISTA DE LEGISLACIÓN 

localidad cualquiera, en los vocablos y términos particulares 
que predominen, puede comprenderse si la delincuencia por 
hábito es extensa ó reducida, y qué clase de delitos tiene más 
desarrollo. Los delitos de sangre, ó sea contra las personas, y 
los delitos contra la honestidad, constituyen la manifestación 
más potente^de la criminalidad pasional; mientras que los de- 
litos contra la propiedad resumen la habitual, la profesional, 
en la que imperan la premeditación' y el cálculo. Aquélla no 
tiene lenguaje especial, que supone reflexión persistente, me- 
ditación, costumbre, imposibles en los arranques momentá- 
aeos, en la ceguedad de la pasión; ésta es la verdadera, la 
cx>nstante cultivadora del caló. Cuando se le oye hablar á cual- 
quiera persona detenida por un delito, hay todas las probabi- 
lidades de que se trata de un criminal de oñcio, pues si algi\n 
ielincuente pasional lo habla, casi siempre es, ó por haber es- 
tado en la cárcel ó presidio, ó por influencia del medio am- 
biente en que ha vivido, en cuyos casos es casi seguro que se ha 
modificado su índole. Y si al delincuente presunto ó decla- 
rado se le oyen pronunciar además con frecuencia, y en susti- 
tución de otras, palabras peculiares á determinadas formas de 
ielincuencia, puede fundadamente inducirse de ello que, ó. 
pertenece á tal clase de malhechores, ó con ellos ha mante- 
nido relaciones frecuentes. 

En España, ni hablar caló supone en absoluto delincuencia, 
qí tampoco, y rogamos se nos dispense que insistamos en ello, 
la existencia de asociaciones criminales. No lo primero, por lo 
generalizados que se hallan el gitanesco y flamenco, y por el in- 
flujo de cierta moda, por fortuna en decadencia, que estimula á 
bablar en el último á personas que al hacerlo desmienten su 
posición. No las segundas, porque entre nosotros ya no existen 
las extensas y bien organizadas que tan triste celebridad al- 
canzaron. La palabra consorte, tan común entre los criminales, 
así lo indica y manifiesta claramente lo que sucede; muchos 
trabajan solos, la generalidad en parejas, ó reuniéndose tres,, 
muy pocos en mayor número; pero siempre se prestan auxilio, . 



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ESTUDIOS DE SOCIOLOGÍA CRIMINAL 47$- 

conociéndose, frecuentando los mismos sitios y eligiendo igua- 
les establecimientos para sus diversiones. El uso del caló con- 
tribuye á relacionarlos, lo cual no deja de serles beneficioso; 
pero también redundarla en su daño si los Jueces instructores 
hicieran ó pudiesen hacer otra cosa que recibir Seclaraciones 
sin preguntas capciosas ni sugestivas, y dictar las llamadas 
providencias de cajón, y si los funcionarios del cuerpo de vigi- 
lancia, tan traídos y llevados, y casi siempre con desconcierto 
y por satisfacer exigencias políticas, constituyeran verdadera 
policía. 

Igualmente descubre, á imitación de las capas superpues- 
tas de la costra terrestre, los sedimentos que han dejado tras 
de sí las generaciones del crimen en las distintas épocas; las 
modificaciones que la delincuencia ha sufrido en sus caracte- 
res; los cambios en su manera de ser, é indica asimismo la 
vida psicológica dé estos enemigos á quienes, desconociéndoles, 
se quiere combatir con penas apriorísticas, con cárceles y pre- 
í^idioB, que en lugar de espantarles y servirles de castigo, les 
atraen, les cautivan, y son sus escuelas, con la disminución de 
la cantidad y la calidad de aquellas, hasta el extremo de que 
las impropiamente llamadas perpetuas, vengan á ser muy 
temporales con los indultos generales y particulares, que son 
para el criminal una esperanza, y con otras medidas patroci- 
nadas por execrados y sentimentales correccionalistas. 

Semejantes preceptos no es de esperar que produzcan en lo 
sucesivo mejores resultados que hasta el presente, sobre todo, 
si se complementan con importaciones ajenas, no bien acredi- 
tadas, como la que recientemente fué acordada respecto á los 
penados del presidio de Ceuta, no conforme, á nuestro juicio, 
con los artículos 100, 107 y 108 del Código penal, implantando 
ia generalidad de los procedimientos del sistema irlandés ó 
progresivo, que, según dijo en una notabilísima conferencia el 
nuy distinguido jurisconsulto Sr. Romero Girón, «no produce 
resultados beneficiosos, no da el triunfo más que á los hipócri- 
tas y falsos, que con sus vales y premios incita á los penado» 



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REVISTA DE LEGISLACIÓN 

ólo por una cosa material, y cuyos resulta- 
aaloB como lo prueban las reincidencias.» 
)o más completo posible del delincuente, tie- 
de cuantas medidas se adopten para preye- 
íprimir eficazmente la criminalidad. Por eso 
uodernos, aun los de las escuelas clásica y 
special los que fundamentan sus trabajos en 
n la sociología^ no han desdeñado ni desde- 
bo pueda contribuir á ese, más que útil, ne- 
ntO; y dedican no reducida parte de sus 
e la literatura, de la industria, del tatuage, 
>s morales y del argot de los malhechores, 
ího Mac Donald, es un experimento de la na- 
lanidad: el criminal es el nervio enfermo de 
ístudio, un medio práctico, aunque indirec- 
an hombre normal. Y como un criminal es 
ual á los de los demás hombres, semejante 
la, una investigación directa en la humani- 

qué disposiciones deben adoptarse para con- 
dón de la jei'ga de los malhechores? Creemos 
ta. El caló general, por donde debe comen- 
vive en las costumbres, y mientras no sea 
s, habrá de subsistir: la cultura, la verdade- 
que únicamente podrá expulsarle de ellas, 
o por los criminales, corresponde hacer algo 
is causas determinantes, más factibles son 
buen sistema penitenciario, libre del senti- 
B contribuir mucho á ello, sirviendo al efec- 
ien meditadas contra la vagancia, que por 
3l de malhechores y ocasional de bastantes 
tendremos ocasión de hacer notar cuando 
a influencia de las causas económicas sobre 
o debe dejarse, cual ahora, abandonada por 
ia á si misma, libre en su acción y en su de- 



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ESTUDIOS DE SOCIOLOGÍA CBDÍUIAL 475 

letéreo influjo. Igualmente son de reputar útiles la completa 
educación de la juventud, que hoy, en las clases industriales j 
menesterosas, se reduce á una instrucción rudimentaria y ruti- 
la naria, la inspección constante y rigorosa reglamentación de 
ciertos establecimientos y sitios, sin excluir las antihigiénicas 
y antimorales casas de dormir, la prohibición de algunas di- 
versiones y la recogida de los niños que pululan por las calles, 
criándose completamente abandonados en el arroyo. 

Estas medidas indirectas, la modificación, ya indicada, de 
torpes hábitos, y la misma difusión de su conocimiento, que 
cada día disminuye su utilidad, concluirán en plazo más ó me- 
mos próximo, pero concluirán de seguro, con im lenguaje cuyo 
fatal enlace con la criminalidad nos ha compelido á dedicarle 
algunas páginas, agregando nuestro pequeño óbolo á la obra 
<X)losal que para la transformación de las legislaciones positi- 
vas han emprendido y prosiguen con plausible constancia emi- 
nentes escritores de todas las naciones. 

Manuel Gil Masstrb. 



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ENJUICIAMIENTO CRIMINAL • 



De las caestioaes sometidas á la resoluoíóti de los jarados j preguntas 
á que habrán de contestar.— Doctrina del Tribunal Supremo. 

(Concltuión.) 

Antes de entrar en el estudio del tercer apartado del ar- 
tículo 72, es conveniente que procuremos dejar sentado: 1.®, 
que al hacer la primera pregunta, ó sea la referente al hecho 
principal, precisa tener muy en cuenta el Presidente y en su 
caso la Sección de derecho, cuáles son los elementos esenciales 
é indispensables del delito que se imputa al acusado; 2.^, que 
fijándose muy bien en aquellos elementos ó requisitos esencia- 
les, se divida la pregunta en tantas cuantas sean las circuns- 
tancias precisas para que pueda en su vista afirmarse la exis- 
tencia del delito; por ejemplo, si se trata de un robo en casa 
habitada, es indispensable que se pregunte sobre el hecho de 
la entrada en la misma y forma en que se efectuó: que por me- 
dio de otras preguntas sucesivas se haga constar si la casa era 
habitada ó no: si llevaban armas todos ó alguno de los malhe- 
chores, y la cuantía del robo; punto de hecho este último que, 
según sentencia del Tribunal Supremo de 14 de Febrero de 
1890, debe declarar el veredicto y no pueden fijar los Magis- 
trados: 3.*, que el Presidente y la Sección en su caso, se su- 
jeten á lo dispuesto por el art. 76, que es complementario del 
72 que ahora estudiamos. Ningún hecho que sirva de apoyo 

* Vó»M U página 848 y figidentes de este tomo. 



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ENJUICIAMIENTO CRIMINAL 477 

-á las conclusiones definitivas habrá de ser olvidado, procuran- 
do ceñirse á las fórmulas que contiene el art. 76, sin que sea 
precepto de ley, según establece la sentencia do 5 de Enero 
de 1891, que al formular el Presidente las preguntas que han 
de ser objeto de la deliberación del Jurado, se hayan de con- 
signar en ellas las frases empleadas por la defensa, sino que 
basta expresar el sentido y significación de las mismas. Así, 
en el caso á que la sentencia alude, ha podido el Tribunal usar 
del verbo repeler en vez del de defender que proponía la defensa, 
nó dando motivo al recurso de (iasación el haberse omitido al 
principiar las preguntas las palabras ten la ejecución del he- 
•cho, ¿han concurrido...?» «¿el hecho se ha ejecutado...?» etc., 
pues ellas no son de tal importancia que den lugar á él, siem- 
pre que en su contexto se expresen los hechos que sirvan de 
fundamento á las conclusiones definitivas de la acusación y de 
la defensa, como clara y terminantemente dice el art. 76, el' 
cual, al consignar las fórmulas de las preguntas, dice que éstas 
han de versar sobre los hechos y no sobre otra cosa. 

En resumen, fuera de la declaración de culpabilidad que se 
contiene en la primera pregunta y que es concepto esencial- 
mente jurídico que deberá desaparecer y con él desaparecerán 
muchos errores que se observan en los veredictos, modificando 
también el art. 2.^, del cual es consecuencia lógica el 72, la 
misión del Jurado se halla reducida á la declaración de hechos 
probados, definiendo la Sección de derecho el delito y las cir- 
cunstancias concurrentes y la pena aplicable, siendo de su 
competencia fijar y declarar la entidad de dichas circuntan- 
cias tomadas en consideración por el Jurado para reducir la 
pena al grado inmediatamente inferior al señalado por la ley, 
6i lafi tiene por muy calificadas, ó imponer en otro caso el mí- 
nimun de la señalada al delito; doctrina contenida en senten- 
<;ia de 5 de Febrero de 1874. 

En el p4rrafo tercero del art. 72, de que nos venimos ocu- 
pando, se ordena que si por la acusación ó por la defensa se 
Buscita la cuestión de considerarse cometido el delito por im- 



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L DB LSGI8LACIÓN 

negligencia graves, ó con simple ne- 
igan las correspondientes preguntas». 
, en el art. 76; y aparte de que, reco- 
LS preguntas no se comprendan con- 
}ntradecirse al decir que se interro* 
i el procesado obró con intención, 6 
do ó negligencia graves, ó con sim- 
, según los casos, faltando para com- 
581 del Código penal, la simple im- 
1 infracción de reglamentos, ha ofre- 
lentes, cuándo esta pregunta es com- 
i debe prescindirse de lo referente al 
ertar únicamente la correspondiente 
\ ofrece duda alguna, cuando el Mi- 
ción privada califican el hecho de^ 
cha á continuación la pregunta rela- 
ada por la defensa, viene á compren- 
is discutidas, sin que haya contra- 
mbas se contesten afirmativamente; 
ion elemento en absoluto indispen- 
DS actos criminales, ya que el Código 
ue voluntariamente, pero sin inten- 
ívisión, imprudencia, negligencia ó 
material, claro es que la segunda 
viene á modificar la responsabilidad 
fcor del hecho que se describe en la 
entenderse perfectamente congruen- 
)orque de ellas se deduce que el acu- 
ninal por imprudencia, negligencia, 
vale tanto como decir que el acto lo 
al, pero voluntaria y libremente, sin 
reglas que exige la más elemental 
3 hacemos del articulo es puramente 
e, consideramos absolutamente in- . 
3 que nos harían salir de los límltea 



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ENJUICIAMIENTO CRIMINAL 479^ 

que noB hemos trazado, repitiendo teorías que todos los lectores 
de la Revista conocen perfectamente; baste, pues, lo dicho 
para comprender que la falta de malicia no es causa de justi- 
ficación más que en el caso del núm. 8.^ del art. 8.®, esto es, 
cuando al ejecutar un acto lícito, en la debida diligencia, se 
cause un mal por mero accidente, sin culpa ni intención de 
causarlo; en este caso, alegada esta circunstancia de exención 
de responsabilidad por parte de la defensa, si á ambas pregun- 
tas se contesta afirmativamente, entonces si existe la contra- 
dicción, porque si es culpable del hecho, no cabe afirmar que 
concurra la causa de justificación citada, y por el contrario, si 
concurre ésta, forzoso es afirmar que no existe culpabilidad por 
parte del agente; pero si la falta de intención se alega como 
elemento esencial constitutivo del dplito previsto en el art. 581, 
ó como atenuante comprendida en el núm. 3.^ del art. 9.^, en- 
tonces, como hemos dicho, cabe perfectamente la afirmación á 
ambas preguntas, sin que dichas afirmaciones envuelvan con- 
tradicción alguna. Si el Ministerio fiscal presenta como segunda 
conclusión que el hecho se ha cometido por imprudencia, ne 
gligencia ó descuido, entendemos que desde luego procede ha- 
cer la pregunta de la imprudencia como principal, ya que divi- 
diéndola en dos, como en el caso anterior, una de ellas se dirige 
á declarar la responsabilidad del agente por delito más grave 
del que ha sido objeto de la acusación, porque p\iede muy bien 
el Jurado contestar afirmativamente á la primera pregunta, 
que podemos llamar la ordinaria de todo veredicto, y negar la 
segunda, ó sea la que se dirige á calificar el hecho como com- 
prendido en el art. 581, surgiendo un verdadero conflicto, por- 
que esta solución vendría á contrariar el principio acusatorio . 
que rige en la actualidad el procedimiento criminal, debiendo, 
en este caso, la Sección de derecho acordar la revisión, único 
medio que queda para enmendar el exceso cometido, ya que la 
devolución del veredicto al Jurado equivaldría á imponer una 
solución determinada, sin que tampoco, en este caso, quepa la 
devolución, porque contestadas en tal forma las preguntas, na 



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REVISTA DE LEGISLACIÓN 

mente decirse que existe contradicción alguna, 
icedente, á nuestro juicio^ es la siguiente: «N., 
haber causado á M. una herida grave que le 
'te, en el momento de examinar el día tantos, á 
L sitio, sin precaución alguna, y sabiendo que 
una pistola, obrando al ejecutar tal hecho sin 
con gran imprudencia?» Excusamos repetir lo 
a.; á nuestro juicio, no debiera la ley, en su ar- 
ar que se preguntasen al Jurado conceptos ex- 
rídicos, cuales son los referentes á la impruden- 
ó descuido, y si éstos actos son ó no gravee; 
de esta pregunta el principio general que rige 
emás, esto es, que en ella se contuviesen todos 
iitutivos de la imprudencia, pero sin la califi- 
que es función privativa de la Sección de dere- 
)y ordena otra cosa, y por consiguiente, en la 
previene debe hacerse la pregunta y no en otra, 
tencias tenemos á la vista referentes á pregun- 
irado sobre imprudencia; en la primera, co- 
1.° de Julio de 1890, se establece, que según 
b1 art. 72 «de la ley del Jurado, si por la acu- 
nsa se suscitase la cuestión de estimarse el 
por imprudencia, deben formularse las pre- 
ndas á que el veredicto conteste á dicho parti- 
todas las demás discutidas en el juicio; no 
ribunal Supremo en esta sentencia otra cosa 
le la ley tantas veces dice; en la segunda, que 
ilio del mismo año, declara, que cuando en 
firma que el que dio un empujón á un hom- 
no se propuso producirle daño alguno, ejerci- 
con imprevisión y falta de cuidado, resulta 
aprudencia temeraria si se empleó gran vio- 
;ausa de la caída y de que en ella se produjera 
la diferencia entre el mal causado y el que se 
ar no altera la naturaleza del hecho punible. 



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ENJÜTCTAMIENTO CRIMINAL 481 

A simple vista es muy difícil comprender á qué conceptos 
•exclusivamente jurídicos, apreciables independientemente de 
los elementos materiales ó morales, constitutivos del delito ó 
de sus circunstancias, se refiere el último apartado del art. 72. 
Es efectivamente difícil comprender cuál es la tendencia y el 
concepto de ese párrafo, porque tratándose de hechos constitu- 
tivos de delito, no es fácil hallar conceptos jurídicos que no 
estén relacionados con tales hechos, y si bien no los encontra- 
mos en el principal, puesto que en la primera pregunta y en 
las que le completan, estableciendo los elementos constituti- 
vos del delito imputado, al resolver sobre la culpabilidad ó la 
inculpabilidad , no sólo se aprecian de modo material los 
hechos, sino que se hace también su apreciación moral y 
jurídica, podemos encontrarlos en lo que se refiere al grado 
á que ha llegado el delito y á las circunstancias que en él han 
concurrido. Es evidente que el Jurado da los hechos probados 
de la sentencia en el veredicto, y los Magistrados declaran 
si esos hechos deben reputarse como constitutivos de delito 
consumado, ó decir si, por al contrario, sólo han llegado al 
grado de tentativa ó de frustración; y este es el elemento exclu- 
sivamente jurídico que la ley reserva á los Magistrados. En las 
circunstancias modificativas, puede declarar el Jurado que el 
acusado fué agredido ilegítimamente y la Sección de derecho 
decir que el medio empleado para repelar la agresión no es 
proporcionado con el que nirvió para el ataque, ó que, dados 
los hechos que se declaran en el veredicto, no tuvo el acusado 
necesidad racional del medio empleado para impedir la agre- 
sión; en la circunstancia séptima del art. 8.^, la misma Sección 
de derecho es la que tiene que declarar, en vista de los hechos, 
si se llenaron ó no los requisitos que enumera; en la octava del 
mismo artículo examinar si el acto ejecutado era ó no lícito, y 
si se empleó la de))i*la diligencia; en la novena, si la fuerza im- 
pulsiva era ó no irresistible; en la décima, si el miedo era in- 
superable; en la undécima, si al obrar se cumplió con un deber 
ó se ejercitaba legítimamente un derecho; en la duodécima, si 
TOMO 82 31 



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REVISTA DE LEGI6LACTÓN 

►ediencia era ó no debida, y en la déci'matercera, si la 
de la omisión era legítima é insuperable; y á este tenor en 
ó en casi todas las circunstancias, sean las que quieran, 
lementos esencialmente jurídicos, que con independencia 
) puramente materiales, tiene que apreciar la Sección de 
bo, porque en muchos de estos casos es necesario tener 
ate y á la vista multitud de definiciones legales. Y aun 
Lo la separación entre el elemento moral del delito y el 
co es tan sutil que apenas lo distingue una vista muy 
icaz, efectivamente existe, y en caso de duda, este último 
ido del articulo á que nos vamos refiriendo nos lo haría 
aáxime si se tiene en cuenta que estamos ocupándonos 
a materia como obreros que trabajan con pie forzado, y 
le les sea lícito traspasar la línea del derecho constituido, 
iisposición se enlaza perfectamente con la contenida en 
imo apartado del art. 75, en la cual se ordena que no se 
al Jurado pregunta alguna sobre la responsabilidad civil 
procesados ni de otras personas, porque como cuestión 
rivamente de derecho, corresponde también resolverla á 
ción que declara sobre aquél. Además de que no condu- 
i. otra cosa que á provocar contradicciones en los veré- 
, ya que no es posible que, una vez declarada la respiin- 
iad criminal, se negase la civil ó viceversa, contrariando 
I dispone el art. 18 del Código penal, siendo por otra 
necesario que se preguntase al Jurado sobre un punto 
\ consecuencia lógica de la declaración de culpabilida«l ó 
)abilidad contenidas en la primera pregunta. ^ 

co ó nada, después de lo expresado anteriormente, tene- 
ae decir con relación al art. 73; el Jurado declara tam- 
especto al discernimiento del mayor de nueve y menor 
nce años, y la fórmula de la pregunta está contenida en 
76; claro es que para hacer esta declaración no creemos 
iste la reproducción, por medio de la lectura de diligen- 
n el acto del juicio de la prueba sobre discernimiento , 
;ada en el sumario, sino que es necesario que se practi- 



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ENJUICIAMIENTO CRIMINAL 483 

que de nuevo ante los jurados para que con verdadero conoci- 
miento puedan resolver; pero como no hacemos aquí el estudio 
crítico de la ley, no consideramos oportuno indicar la razón de 
por qué creemos sería de gran conveniencia que tanto esta de- 
clamación sobre discernimiento, como la referente á la impru- 
dencia, se dejase íntegra á la resolución de la Sección de de- 
recho. 

Del mismo modo que en el artículo anterior, nada tenemos 
que decir respecto al art. 74; aun cuando no existiese en la 
ley, claro es que se habrá de practicar lo que en el mismo he 
define: cada acusado debe ser declarado culpable ó inculpable 
con separación de los demás consortes ó codelincuentes, y cada 
hecho constitutivo de delito también debe ser objeto de pre- 
gunta separada; esto nos lo ha dicho ya el art. 72 en bu pri- 
mer apartado. 

El art. 75 concede al Presidente derecho para formular 
además las preguntas que resultaren de las pruebas, aunque 
no hubieran sido comprendidas en las conclusiones de la acu- 
sación y de la defensa; pero con la limitación de que dichas 
preguntas no tiendan á declarar la culpabilidad del acusado ó 
acusados por delito más grave que el que haya sido objeto de 
la acusación; y es claro, el procedimiento se rige hoy por el 
sistema acusatorio, y, por consiguiente, la Sala no puede con- 
denar por delito más grave que el contenido en el acta de acu- 
sación. Así, pues, si el Ministerio público ó la acusación pri- 
Víida califican de homicidio un hecho, dentro de esta califica- 
. ción, el Presidente puede hacer todas las preguntas que tien- 
dan á declarar circunstancias modificativas de la responsabili- 
dad; pero no debe nunca hacer ninguna sobre las agravantes 
que sean cualificativas ó constitutivas, por ejemplo, del delito 
de asesinato; antes bien obedeciendo al rigor de los principios, 
aun cuando resulte qiie ha concurrido cualquiera de las circuns- 
ciafl que enumera el art. 418, debe abstenerse de preguntar 
»re ello, porque entonces no sólo iría contra el principio 
3 informa el procedimiento criminal, sino que faltaría á lo 



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484 REVISTA DE LEGISLACIÓN 

terminantemente dispuesto en el art. 75. La Sección de dere- 
cho no tiene más campo que el que señala la calificación defini- 
tiva de la acusación, y dentro de él puede moverse con entera 
libertad; así, pues, lo mismo puede preguntar sobre hechos de 
los cuales se derivan circunstancias atenuantes, que sobre los 
que originen alguna agradante genérica, aun cuando no hayan 
sido comprendidos en las combinaciones definitivas. Esta ee la 
interpretación que procede dar al art. 75, y es la que establece 
el Tribunal Supremo en sentencia de 12 de Marzo de 1890, al 
declarar que no se incurre en quebrantamiento de forma por 
suponer que se estiman circunstancias no alegadas, cuando la 
pena que se impone es la correspondiente al delito que ha sido 
objeto de la acusación, porque el Tribunal, sea el que quiera, 
puede estimar circunstancias no alegadas que modifiquen la 
penalidad, única limitación que la ley estableces sobreenten- 
diéndose siempre que los hechos fundamentales de esas cir- 
cunstancias han de resultar del veredicto. Esta doctrina del 
Tribunal Supremo se halla confirmada por la contenida en otra 
sentencia de 10 de Abril de 1891, en la cual se declara que si 
bien tiene atribuciones el Presidente para formular otras pre- 
guntas no comprendidas en las conclusiones, siempre es con la 
limitación de que no tiendan á declarar la culpabilidad del 
acusado por un delito más grave que el que ha sido objeto do 
la acusación. 

Puede ocurrir que del resultado de la prueba aparezca la 
comisión de otro delito imputable á alguno ó á algunos de los 
acusados, y que este delito no se halle comprendido en las con- , 
eluciones definitivas de la acusación; el caso sería muy raro, ya 
que apenas se concibe que el Ministerio fiscal deje de reformar 
sus conclusiones para incluir en ellas ese nuevo acto punible; 
pero puede suceder, é indudablemente ha ocurrido, cuando so- 
bre ese caso se ha dictado la sentencia de 25 de Mayo de 1891, 
en la cual se establece, que esta facultad del Presidente, con la 
limitación que el propio art. 75 indica, se halla también cir- 
cunscrita á las alteraciones ó modificaciones que las pruebas ó 



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ENJUICIAMIENTO CRIMINAL 486 

el debate presenten en el acto del juicio, preciBamente sobre el 
hecho ó hechos que dieron motivo al mismo; pero no en cuanto 
á otros diferentes y nuevos que conduzcan á declarar la culpa- 
bilidad del acusado por otros delitos. Encaja perfectamente en 
el artículo esta doctrina, ya que al hacer preguntas sobre he- 
chos constitutivos de otro acto criminal no calificado, vendría 
á penarse por un delito que no había sido objeto de la acusa- 
ción. Este nuevo hecho delictivo no queda impune, no se en- 
tenderá de él en ese juicio, pero se mandará proceder por su 
comisión en la sentencia que se dicte, y si el Presidente es pre- 
visor, hará constar en el acta todo lo necesario para que la 
instrucción se haga más sencilla y fructuosa. 

Nada tenemos que decir respecto al art. 76, que hemos exa- 
minado al mismo tiempo que el 72, ya que puede considerarse 
como complementario de éste y consecuencia lógica en su pri- 
mer apartado del 2.^ de la misma ley estableciendo el juicio 
por jurados: en él se contienen los formularios á que el Presi- 
dente se ha de sujetar en la redacción de las preguntas, y no 
hiendo hoy nuestro propósito hacer un estudio crítico de la Ley, 
es inútil que digamos los inconvenientes que en la práctica 
huele ofrecer el sujetarse á dichos formularios, ya que para va- 
riarlos seria necesario variar también los artículos 2.^, 4.^, 6.*^ 
y 7.^: la ley del Jurado está en un período, por decirlo así, de 
observación, y por lo náismo es más necesario poner el mayor 
e-mero en el cumplimiento estricto de todas sus disposiciones, 
porque sólo así podrá notarse sus defectos de fondo y de forma, 
y buscarse el medio de corregirlos. Ya hemos dicho que la for- 
mación del veredicto es, con el resumen, el trabajo más deli- 
cado en esta clase de juicios, y por consiguiente, la respon- 
t-abilidad moral del Presidente es grave, ya que no sólo tiene 
ber de velar cuidadosamente por el cumplimiento de la 
sino que está obligado á que el ensayo de ésta no se haga, 
tanto él pueda evitarlo, á costa de la más completa con- 
,ción del derecho y de la más intolerable impunidad, 
esta únicamente para terminar este trabajo examinar el 



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48G REVISTA DE LEGISLACIÓN 

art. 77, último del capítulo que venimos estudiando, en el cual 
se ordena que el Presidente redactará por escrito las preguntas, 
leyéndolas después en alta voz. Es muy conveniente, casi ne- 
cesario, según nos ha enseñado la práctica, que se dicten dichas 
preguntas, porque de ese modo las partes pueden copiarlas y 
enterarse convenientemente de su redacción y alcance, pues por 
la simple lectura suele ocurrir que tanto el Ministerio fiscal, 
como las defensas, se aperciben de los defectos ú omisiones que 
])uedan contener cuando ha pasado el momento oportuno para 
hacer las reclamaciones consiguientes: 1.^, por deficientes, 2.^, 
I)or defectuosas, 3.^, por omisión de alguna procedente; y 4.^, 
por indebidas; y la Sección de derecho, oyendo al Fiscal y á las 
defensas resuelva en el acto la reclamación. Pudiéramos re- 
ducir estos cuatro casos á tres, agrupando en uno los dos prime- 
r(>s; pero el Tribunal Supremo nos ha dado la definición de lo 
que se entiende por preguntas defectuosas en las sentencias de 
15 de Noviembre y 20 de Diciembre de 1889, declarando lo son 
aquellas en las cuales no hay unidad de concepto, ó las que 
acumulan en una misma pregunta términos que puedan ser 
contestados afirmativamente unos, y otros negativamente; y de- 
ficientes las que son generales y vagas^ y no concretas y atinen- 
tes al hecho descrito en las conclusiones; y claro es que hecha 
la reclamación oportuna contra ellas, procede el recurso de ca- 
sación cuando la Sala se niega á insertar en el veredicto las 
pertinentes propuestas por las partes y dirigidas á suplir las de- 
ficiencias que se noten (Sent. 26 de Noviembre de 1889); no 
dándose nunca por incumplimiento de los aíticulos 72 y 73 de 
la Ley del Jurado lugar á dicho recurso por infracción de ley, 
sino por quebrantamiento de forma, según terminantemente 
disponen las sentencias de 24 de Enero y 10 de Febrero de 1891. 
Mas si, por el contrario, la pregunta redactada por el Presiden- 
te no es deficiente, sino la que procedía, no cabe el indicado 
recurso. (Sent. de 10 de Enero de 1890.) 

Si la pregunta versa sólo, como manda la Ley, sobre el he- 
cho principal que motivó el procedimiento, no conteniendo 



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ENJUICIAMIENTO CKIMINAL 487 

ténninoB antitéticos, reuniendo la claridad y unidad de concep- 
to necesarias para poder ser contestada afirmativamente por 
los jurados, no cabe que se divida en dos, ni hay infracción del 
art. 77, según se declara en sentencia de 22 de Noviembre 
do 1890; estableciéndose en otra sentencia de 7 de Marzo de 
1891, que es improcedente el recurso fundado ea el art. 77 de 
la ley del Jurado y en el núm. 1.^ del 911 de la de Enjuicia- 
miento criminal, cuando se deniega la ampliación de la pre- 
gunta del veredicto, si tal ampliación no solamente es innece- 
paria é inconducente al objeto del juicio, sino que ni aun puede 
derivarse de las conclusiones de la parte que lo pretende, en 
el estado en que la misma las mantiene; mientras son motivo 
de casación, conforme á la sentencia de 20 de Diciembre 
de 1889, las inconciliables contestaciones entre dos preguntas 
contradictorias, cuando el Tribunal no atiende á la petición de 
la parte para ponerlas en armonía. 

Si deja de hacerse alguna pregunta que surja de los hechos 
y dé origen á alguna circunstancia, ya sea constitutiva, ya ge- 
nérica, procede también el recurso de casación, cuando la Sala 
se niega á admitirla y se ha formulado la oportuna protesta, 
como, por ejemplo, si se solicita por la defensa ó por el Minis- 
terio público que se pregunte sobre la cuantía del robo. (Sen- 
tencia de 14 de Febrero de 1890.) 

Respecto á preguntas impertinentes ó indebidas, nada te- 
nemos que añadir á lo que hemps dicho al tratar de las refe- 
rentes á circunstancias modificativas de la responsabilidad, 
mereciendo la denominación de tales, las que piden á los ju- 
rados ima calificación legal de los hechos, lo cual corresponde 
exclusivamente á los Jueces de derecho (Sent. de 30 de Di- 
ciembre de 1889), y las que impliquen conceptos exclusiva- 
mente jurídicos. (Sents. de 28 de Mayo y 25 de Noviembre 
de 1890.) 

Hemos terminado este estudio; para llevarlo á cabo nos he- 
mos inspirado principalmente en la doctrina del Tribunal 
Supremo, que con clara y constante uniformidad viene seña- 



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DE LEGISLACIÓN 

icia do los artículos referentes á- 
girse al Jurado, y en la ptopia ob- 
\\xe para que pueda formularse un 
>leto lo ordenado en las disposicio- 
icindir de apasionamientos en pro 
de los cuales debe huir todo aquel 
n modo en los juicios. Suponiendo 
dmisible y que los defectos de la 
de derecho no está facultada para 
s impresiones; su deber es obede- 
mpeñando en la forma mejor posi- 
illa le encomienda, no olvidando 
de si los hechos se han realizado 
icias del orden meramente físico, 
^, está encargado de la cuestión de 
L más grave del Derecho penal, ya 
lidad ó inculpabilidad de los acu- 
jialmente jurídica, determinando 
ocesados están ó no exentos de res- 
e sus contestaciones sólo se refie- 
posible al hacer tales declaraciones 
I derecho, y que para desarrollar lo 
.® y 3.° de la Ley, que determinan 
se han escrito los que se refieren á 
ad obedecen al espíritu en que es- 
Jurado no declara sólo sobre el he- 
1 lo que disponen dichos artículos, 
la naturaleza moral de ese mismo 
es necesario que se tenga muy en 
ban de dirigirse á la declaración, 
jlementos morales y materiales del 
3U ejecución, y á las circunstancias 
hecho y en el agente y en el sujeto 

únales se penetran bien del espí- 



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SOBRE LA PATRIA POTESTAD 



mas que componen la ciencia del Derecho, 
san te ni tan digna de estudio como el De • 
tuido por elementos como la familia y hx 
mdamentales de la vida social; con imperio 
ee extiende sobre todos los hombres; con 
n extensa, que protege á la persona desde 
respeta su voluntad hasta después de fu 
[dablemente una transcendencia y una ini- 
íueden ostentar las otras ramas de la ciencia 

tro de la esfera del Derecho civil, no existe 
irtes que lo constituyen ninguna tampoco 
ortancia y transcendencia á la que, teniendo 
intar la organización de la sociedad familiar, 
nombre de Dei'echo de familia. La familia, 
'ototipo de toda institución social, puesto 
a podido servir de base indestructible á la 
ilos y organismos sociales mís amplios y 
ios para el total cumplimiento de los fines 
,; la familia constituye la única realización 
pto divino de la propagación de nuestra es- 
sacrosanta institución del matrimonio; den- 
5 donde alcanzan pleno desarrollo las ideas , 
á la vida social, de asociación y comunidad, 
ntima unión entre los cónyuges, que origina 



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ESTUDIO SOBRE LA PATRIA POTESTAD 491 

tina nueva personalidad, determinada por una compenetraci<')n 
Je ideas, de sentimientos, de aspiraciones, de intereses; en la 
fanália se manifiesta con vigorosa expresión la idea de poder, 
tan necesaria también á toda sociedad organizada, gracias á la 
Fuprema autoridad del padre, verdadero jefe del estado domés- 
tico; los ideales morales y religiosos, sin los cuales nuestra 
vida se distinguiría bien poco de la. puramente animal de las 
especies inferiores, en la familia encuentran propid y abonado 
campo donde ser cultivados y producir sazonados frutos; sin 
la familia, verdadera escuela de educación donde se enseña 
con el ejemplo, sería irrealizable toda idea de civilización y 
de cultura, y por consiguiente imposibles el respeto á la vida, 
á la honra, á la libertad y á la propiedad de los demás, el res- 
peto al derecho ajeno, en una palabra; y finalmente, en la fa- 
milia toma carta de naturaleza el orden económico, elemento 
esencial de nuestra vida, mediante la aportación de bienes á 
la sociedad conyugal, su aumento y producción por medio del 
trabajo, y su ordenada distribución entre los miembros de la 
familia misma, dando origen á todo ese complejo orden de 
instituciones que forman su peculiar derecho de propiedad, ó 
Dei'echo de familia aplicada, en términos de rigoroso tecnicismo. 

Ahora bien; si dentro de la esfera, á su vez, del derecho de 
familia, queremos buscar una institución que por su transcen- 
dencia y por sus fines merezca preferentemente la atención de 
los legisladores 5' el estudio de los jurisconsultos, se nos pre- 
senta, entre otras, la patria potestad, la cual, por la índole 
misma de su naturaleza, propende á un fin altamente civiliza- 
dor, ó sea, como habremos de ver en el curso del presente es- 
tudio, la formación, en definitiva, de nuevos ciudadanos, do- 
tados de aquellas condiciones que los hacen plenamente capa- 
ces para contribuir á la realización concertada y armónica de 
los fines sociales. 

Y he aquí ya indicado el tema sobre que ha de versar este 
trabajo. No es, sin embargo, nuestro propósito estudiar tan ira- 
portante institución fuera de los límites marcados por su des- 



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ESTUDIO SOBRE LA PATRIA POTESTAD 493 

^er SU figura, oir su voz y saber su nombro, sin profundizar por 
medio del trato en sus condiciones de carácter, en su grado de 
inteligencia y en la índole de sus sentimientoo, y sin ayerigiiar 
los antecedentes de su vida pasada. Y lo que se dice del hom- 
bre, puede decirse de las instituciones jurídicas, puesto (iue 
por el hombre y para el hombre existen, el hombre las ci-ea, 
las modifica y las destruye; y dejando en ellas marcada la 
huella propia de toda obra humana, puede afirmarse que par- 
ticipan do su misma naturaleza. 

Expuesto y razonado el plan general del presente estudio, 
el orden lógico exige dar principio al mismo por la parte filo- 
sófica. 

FBXMEBA FABTE 
Szamen filosófico de la patria potestad 

Procedamos también en eeta primera parte bajo la norma 
de un plan rigorosamente científico. 

La noción de plan es consecuencia inmediata y necesaria 
^e la idea de ciencia. Allí donde existe un conjunto organizado 
de verdades, un verdadero sistema científico, allí surge natural 
y expontáneamente un plan. El plan arranca, pues, del fondo 
mismo de la ciencia. Es, digámoslo así, la manifestación de 
la forma interna de la ciencia misma, la distinción de sus di- 
versas partes en sus relaciones entre sí y con el todo, y en tu 
natural subordinación al principio fundamental que las rigo. 

Aplicando esta doctrina al asunto de que se trata, resulta 
que no sería verdadero plan aquel que adoptase puntos de vista 
ó criterios tomados de ciencias independientes de la del Dere- 
cho, y por lo tanto, que sólo dentro de ésta es licito buscar la 
base propia y adecuada del plan que ha de seguirse, y que fá- 
cilmente se encontrará con sólo atender á la naturaleza de la 
institución que nos ocupa. 

La patria potestad es evidentemente una relación jurídica. 



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494 REVISTA DE LEGISLACIÓN 

puesto que reúne todos los caracteres propios de esta clase de- 
fenómenos de la vida del Derecho. El examen filosófico de toda 
relación jurídica, exige lógicamente, en primer término, la in- 
vestigación de su fundamento. Mas como quiera que el funda- 
mento de una cosa se halla íntima y directamente enlazado 
con el fin de la misma, constituyendo dos ideas que se deter- 
minan y explican mutuamente, y entre las cuales existe una 
verdadera compenetración, se impone la necesidad de investi- 
gar al mismo tiempo el fin de la relación jurídica. Ambos ele- 
mentos constituyen lo que puede llamarse la esencia propia 
de la relación, conocida la cual, exige la lógica su definición^ ó 
sea la expresión clara y exacta de la idea ó concepto de la rela- 
ción misma. 

Definida la relación, demanda el rigor del método investi- 
gar la causa inmediata de su nacimiento. Y como el derecho es 
la suprema condición de la vida social, y ésta se halla consti- 
tuida por un orden de acciones, unas producto de la voluntad, 
otras de la espontánea virtualidad de las leyes físicas de nues- 
tra naturaleza, es claro que las acciones humanas son la fuente 
principal de las relaciones jurídicas. Decimos principal, porque 
el hombre necesita de los servicios que le prestan las cosas del 
mundo exterior, que por extensión puede decirse que forman 
parte del hombre mismo, y de aquí se deduce que también los 
fenómenos de la naturaleza inanimada pueden ser por modo 
indirecto fuente de relaciones jurídicas. Ahora bien; como 
aquellas acciones y estos fenómenos entran en la categoría 
universal de hechos, tomada esta palabra en el sentido de ma- 
nifestación de la realidad, resulta en definitiva que el segundo 
problema que hay que resolver es éste: hechos que originan la 
existencia de la relación jurídica. • 

Resuelto este problema, la lógica nos lleva como por la 
mano á la investigación del conjunto de derechos y obligacio- 
nes que forman el contenido de la relación. 

Tales derechos y obligaciones son siempre atribuidos á de- 
terminadas personas, llamadafi sujetos de la relación jurídica,. 



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ESTUDIO SOBRE LA PATRIA POTESTAD 495^ 

y que se distinguen en dos clases: sujeto activo, ó sea el que 
ejercita derechos, y sujeto pasivo, que es el que cumple obliga- 
ciones; de donde nace la necesidad de indagar primeramente 
cuáles sean las personas que, en concepto de tales sujetos, 
constituyen el elemento personal de la relación, y la manera, 
extensión y límites con que se manifiesta su personalidad en 
cada caso. 

Asimismo, el completo desarrollo y adecuada funcionali- 
dad de toda clase de relaciones, exige la concurrencia de cier- 
tas condiciones que el llamado Derecho para el Derecho ha de 
prestar, y sin las cuales la efectividad de la relación sería in- 
eficaz ó incompleta, y á veces hasta imposible. 

De aquí la precisión de examinar, como complemento del 
estudio referente al contenido de toda relación, la suma de ele- 
mentoSy que se pueden llamar formales, comprensivos de las 
condiciones de garantía, necesarias á su total efectividad. 

Deducción lógica de lo expuesto es, que siendo necesario 
para la acabada eficacia de una relación jurídica cualquiera, el 
concurso de todos los elementos indicados, la falta de alguno de 
ellos, y principalmente de las condiciones exigidas para ser su- 
jeto de la relación misma, ó de aquellas que constituyen el ele- 
mento formal, impedirá su perfecto desenvolvimiento, dando 
lugar á una suspensión de sus efectos, ó bien de la propia rela- 
ción, según el mayor ó menor grado de esencialidad de tales 
condiciones. Hay, pues, que estudiar también la suspensión de 
la relación jurídica y de sus efectos. 

Debe, por último, estud¡arfc«e su extinción, ya sea producida 
por el cumplimiento del fin propio de la relación, ya por la 
muerte de las personas entre las cuales fué establecida, siem- 
pre que la existencia de éstas fuese condición indispensable 
la subsistencia de aquélla, de tal manera, que la cualidad 
ujeto de la misma no pudiera derivarse en los here- 

3. 

obre las bases expuestas ofrécense ya deslindados los tér^ 
)8 del plan que hay que seguir en el examen filosófico de 



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ESTUDIO SOBRE LA PATRIA POTESTAD 497 

civil, dice que los ilustres autores del Código de Napoleón pro- 
pusieron que se sustituyese el epígrafe I)e la patria potestad^ po- 
niendo en su lugar De los derechos y deberes de los padres, como 
pretendía Boulay, ó De la autoridad del padre y de la madre, se- 
gún indicó Berlier. Ambas opiniones son inaceptables. La pri- 
mera, por su indeterminación, toda vez que los padres tienen, 
respecto de los hijos, derechos y deberes ajenos á la esfera pro- 
pia de la institución de que se trata, y por su impropiedad, 
puesto que la idea del deber pertenece más bien al orden mo- 
ral que al jurídico, el cual, en rigor, únicamente engendra obli- 
gacioneSy porque sólo éstas pueden ser hechas efectivas por )a 
coaccíí>n, mientras que los deberes tienen su exclusiva sanción 
en la conciencia. La segunda, porque atiende tan sólo, según 
arriba dejamos indicado, á un limitado aspecto de la institu- 
ción, cual es, el de autoridad, poder ó potestad, y en suma, no 
altera, antes bien reproduce, aunque con distintas palabras, la 
denominación que pretende sustituir. 

La más aproximada á la verdad, aunque no puramente filo- 
sófica, serla la siguiente: Dei'echos y obligaciones de protección y 
autoridad de los padres para con los hijos, Pero tanto ésta como 
<;ualesquiera otras que de su índole pudieran adoptarse, cons- 
tituirían más bien verdaderas definiciones, ó acaso descripcio- 
nes, faltándoles aquellos caracteres de brevedad y concisión, ex- 
presivos de esa superior unidad sintética propia de cualquiera 
denominación perfecta, como lo era, sin duda, en Roma la de 
pairia potestad. Tales dificultades, unidas á la fuerza de la tra- 
dición y al secular arraigo del Derecho romano, han influido 
de tal manera en legisladores y tratadistas, que en códigos y 
libros sigue imperando la antigua y conocida denominación. 
Y si á esto se agrega, descendiendo de la región de los princi- 
pios á la esfera práctica, que, como dice Laurent, citado tam- 
por el Sr. Manresa en sus Comentarios, no hay obstáculo 
ue se exprese con un nombre antiguo un concepto nuevo, 
iará justificado el respeto consagrado en el presente estudio 
histórica y universal denominación . 

TOMO 82 S2 



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ESTUDIO SOBRE LA PATRIA POTESTAD 409 

For el hijo en absoluto obra del padre, no es rigorosamente 
exacto, porque la parte más noble y principal <Jel hombre, que 
es el alma, es obra exclusiva de Dios, verdad inconcusa que 
basta á destruir esta teoría por su base, toda ve2 que, de acep- 
tarla, se llegaría en rigoroea lógica á la ineludible consecuen- 
cia de que el padre sólo podría tener patria potestad sobre el 
cuerpo del hijo, y no sobre el alma, cosa materialmente im- 
posible. Además, se desconoce por esta teoría cuan opuesto es 
á la condición de la humana naturaleza el someter al ser racio- 
nal al dominio de nadie, el cual sólo puede ejercerse sobre las 
cosas, y á lo más en un sentido extensivo sobre los actos hu- 
manos, pero nunca sobre las personas mismas. Desconoce 
también que la igualdad entre todos los hombres es hoy una 
verdad universalmente reconocida. Y olvida, por último, que 
las facultades inherentes al espíritu humano están á salvo de 
la influencia de las relaciones civiles, que pueden servirse de 
ellas mediante actos libres del hombre, pero no hacerlas obje- 
to de dominio, lo cual ni aun al hombre mismo es permitido, 
por no serle lícito anularlas destruyendo su propia vida, ni si- 
quiera dirigirlas á fines distintos de aquellos que le están se- 
ñalados y que son de ineludible cumplimiento. 

Segunda teoría. — Supone que la patria potestad tiene su 
fundamento en un convenio tácito entre el padre y el hijo, 
por virtud del cual aquél adquiere el derecho de ejercerla. 
Su falsedad resulta patente de las siguientes reflexiones. Los 
derechos y obligaciones propios de la patria potestad no pue- 
den crearse por ninguna especie de contratos, porque radican- 
do en el fondo mismo de la naturaleza humana, son superiores 
á la voluntad, que es en definitiva la fuente de todo contrato: 
reflexión confirmada por la misma teoría que analizamos al 
sostener, y con razón, la indefectibilidad de la patria potes- 
tad, lo que equivale, en suma, á reconocer una base superioi^ 
á la voluntad humana. Por otra parte, de aceptar esta teoría, 
He incurre necesariamente en uno de estos dos errores: ó hay 
qu© reconocer á los hijos capacidad para contratar por sí mis- 



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500 REVISTA DE LEGISLACIÓN 

moB desde el momento de nacer, lo cual equivale á negar los 
principios jurídicos más elementales, ó hay que convenir en 
qué la patria potestad no puede ser un hecho hasta que el hijo 
tenga la suficiente capacidad para contratar, en cuyo caso ya 
no sería necesaria, ó por lo menos no existiría durante aque- 
llos años de la vida en que su existencia es más precisa. Quizá 
pueda argumentarse que, tratándose de un contrato tácito, es 
innecesaria la intervención expresa de la voluntad; pero se 
olvida que, aun jue así sea, siempre será precisa la realización 
de algún hecho voluntario del cual pueda inferirse el presunto 
consentimiento, requisito esencial del contrato. 

Tercera teoi'ia. — Es la que tiene por base el supuesto con- 
venio entre el marido y la mujer, por el cual resuelven ejercer 
la patria potestad. 

Aunque no tan absurda- como la anterior, le son en gran 
parte aplicables las principales razones expuestas contra elln, 
en el mero hecho de tomar el contrato por fundamento. Ade- 
más, incurre en el error de reducir la patria potestad á muy 
limitada esfera, toda vez que el convenio que se dice le sirve 
de base, sólo puede celebrarse entre padre y madre unidor 
matrimonialmente, quedando por tanto fuera de la patria po- 
testad los hijos extramatrimoniales, ó sean los ilegítimos y los 
adoptivos; solución completamente opuesta á los buenos prin- 
cipios jurídicos, como se demostrará en su lugar oportuno. 

Cuarta teoría. — Consiste en fundamentar la patria potestad 
en el mero hecho de la paternidad natural, 

A primera vista parece ser la más exacta, y sin embargo, no 
resiste á un atento y reflexivo análisis. 

Tres señalados errores la hacen inaceptable: 1.°, que á se- 
mejanza de la anterior, excluye de la patria potestad á los 
hijos adoptivos; 2.®, que identifica la esfera de acción de la 
patria potestad, nacida de la paternidad ilegítima, con la de 
aquella que nace de la paternidad legítima, siendo así que, 
por más que ambas tienen el mismo fundamento, es más li- 
mitada la primera,. en razón ^ que la situación que supone en- 



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E8TÜDI0 SOBRE LA PATRIA POTESTAD 501 

tre el padre y el hijo merma considerablemente el número y 
eficacia de las condiciones necesarias para el completo des- 
envolvimiento de la patria potestad, como veremos en su lu- 
gar; 3.^, que evidentemente confunde . conceptos tan distintos 
como los de causa eficiente y causa ocasional, pues una cosa es 
que el nacimiento del hijo dé lugar, motivo ú ocasión á la exis- 
tencia de la patria potestad, y otra que constituya su funda- 
mento filosófico. Lo que puede demostrar y demuestra esta 
teoría, es que por el mero hecho de la paternidad natural, el 
padre puede y debe ejercer la patria potestad, pero no por qué 
y para qué la ejerce. 

Quinta teoría. — Considera la patria potestad como repara- 
ción del delito cometido por los padres al dar vida á seres que 
no pueden regirse por sí mismos, y que, por tanto, necesitan 
del auxilio de los autores de su existencia . 

Nada más opuesto al Derecho y á la sana razón que seme- 
jante doctrina. Decir en absoluto que el acto de la generación 
es un delito, equivale á negar la legitimidad del matrimonio, 
á condenar el principio universal de la propagación de las es- 
pecies, á lanzar el estigma de delincuentes sobre todos los pa- 
dres, á ir, en suma, contra la- misma organización física y es- 
piritual del hombre, ordenada por quien no puede delinquir 
ni equivocarse. El hombre, al reproducirse mediante unión le- 
gítima, cumple con una ley natural y divina, y el que cumple 
con la ley, jamás delinque. Por lo demás, según esta teoría, 
como observa profundamente el Sr. Giner (1), «debiera ser 
mucho más íntima esta relación (la del poder paterno), para 
con los hijos nacidos de uniones criminales, en cuyo caso la 
injusticia es mayor, ó más bien, en cuyo único caso hay injus- 
ticia por parte de los padres». 

Sexta teoría. — Antes de exponer la teoría que tenemos por 
verdadera, procuremos colocarnos dentro de la esfera jurídica, 



(1) Princxpioñ df Derecha natural. 



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502 REVISTA DE LEGISLACIÓN 

Único campo propio de investigación en la materia; distinga- 
mos cuidadosamente la ciencia del Derecho de otras que de 
ella son afínes, pero que tienen finalidad inmediata diferente; 
no confundamos, en una palabra, el orden moral y la Religión 
con el orden jurídico, incurriendo en el error de pretender en- 
contrar el fundamento de muchas instituciones propias del 
derecho en los principios de la Religión ó de la Moral. Y tanto 
más debemos huir de esta tendencia, cuanto que precisamente 
se observa tal confusión en mayor grado tratándose de institu- 
ciones que se relacionan con la vida de la familia, donde con 
preferencia se cultivan las ideas morales y religiosas. 

Origínase de lo expuesto la muy frecuente equivocación de 
basar la patria potestad en el principio puramente moral que 
aconseja prestar auxilio y asistencia á aquellas personas que 
de nosotros han recibido el ser, atendiendo tan sólo á que así 
se realiza el bien, ó en la consideración, meramente religiosa, 
de ser conforme á la voluntad de Dios el amor y ayuda cons- 
tantes entre padres é hijos, hasta el punto dé sacrificarse en aras 
de su mutua felicidad, olvidándose que la patria potestad es 
una institución de carácter puramente jurídico y se inspira en 
necesidades impuestas por la condición de la humana natura- 
leza, originando todo un orden de derechos, y por lo tanto de 
obligaciones perfectas, externas, coactivas, verdaderamente ju- 
rídicas, en una palabra. Los principios de la Moral y los pre- 
ceptos de la Religión engendran, por el contrario, relaciones 
puramente internas, ó de conciencia, incapaces, por su propia 
naturaleza, de ser hechas efectivas por la coacción; producen 
deberes, en el verdadero sentido de la palabra, y obedecen, al re- 
gular relaciones entre padres é hijos, á la ley del amor, que es 
ley natural; pero que rigiendo también otras relaciones distin- 
tas de las de paternidad, impone deberes aun entre personas 
que no están ligadas por los vínculos de la sangre. Y marcando 
aun más la diferencia, diremos que los deberes morales y re: 
. ligiosos entre padres é hijos son permanentes y duran tanto 
como la vida de aquéllos, porque la ley de amor que los ins- 



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ESTUDIO SOBRE LA PATRIA POTESTAD 503 

pira también es permanente, en tanto que los deberes jurídi- 
<*os, ó sean las obligaciones, originadas por la patria potes- 
tad, tienen su término natural allí donde se extingue la nece- 
sidad que les dio vida. Así, por ejemplo, y aunque sea adelan- 
tando ideas, observaremos que el hijo debe siempre al padre 
respeto y reverencia; pero no está obligado, sino hasta cierta 
edad, á solicitar su licencia para contraer matrimonio: en el 
primer caso predomina la influencia del orden moral; en el se- 
gundo la del jurídico. 

Una vez ya dentro de la esfera propia de esta investigación, 
veamos cómo arranca la patria potestad del fondo mismo de la 
naturaleza en general y en particular de la naturaleza hu- 
mana. 

Es una ley universal que todo ser se desenvuelve dentro de 
la esfera de otro' que le presta aquellas condiciones de vida ne- 
cesarias para conseguir su completo desarrollo. Así como en el 
reino vegetí^l, la planta crece y se desarrolla en el seno de la 
madre tierra, fecundada por el calor del sol y la frescura del 
agua, así en el reino animal el nuevo ser crece y se desarrolla 
también bajo el amparo de aquel otro que lo engendró y que, 
comunicándole su propia vida, le hace capaz para regirse por 
6Í propio y cumplir el fin para que fué criado. Pues dentro del 
reino animal, aun se observa esta ley con mayor rigor en la es- 
pecie humana. Al nacer el hombre, al encontrarse en estado 
tan débil y rudimentario como el de la iniciación de su des- 
arrollo físico y espiritual,.6ería su vida imposible si fuese aban- 
donado á sus propias fuerzas. De la misma manera, si quedase 
entregado á sus primeros y naturales instintos, sin dirigir ni 
cultivar su espíritu, viviría una vida puramente animal y sal- 
vafe. Para llegar al término de su propio desenvolvimiento, 
i pasar por un periodo durante el cual se opera en todo 
Qismo una elaboración progresiva, por cuya, virtud, to- 
facultades van adquiriendo gradualmente la plenitud 
funciones. Entre tanto, la vida propia no puede obrar 
de manera totalmente armónica y conforme con el des- 



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ESTUDIO SOBRE LA PATRIA POTESTAD 505^ 

liar preciso para la vida, lo es también sin duda para el pleno 
desarrollo de las facultades humanas. A su yez, ef complemen- 
to de la personalidad del hijo, realizado por los padres, se di- 
rige en definitiva' á la realización del Derecho por parte de 
aquél, que no puede verificarlo por sí; luego si para el pleno 
desarrollo de las facultades humanas es indispensable el Dere- 
(iho, y la realización de éste se hace posible por el comple- 
mento de la personalidad, esto complemento viene á resultar 
también obligado antecedente de la efectividad de aí^uel des- 
arrollo, y por lo tanto, constituye el fin subordinado de la pa- 
tina potestad, constituyendo, en eu consecuencia, dicha e/(?dm- 
dad, el fin primordial de la misma. 

Con lo que va dicho existen elementos sobrados para fijar 
el verdadero concepto de la institución de que se trata. Pero 
antes, y para que resalte más su marcado carácter jurídico, 
conviene hacer notar la intima relación que la patria potestad 
mantiene con todas aquellas instituciones que, cual la tutela^ 
el consejo de familia, ciertas fundaciones benéficas, etc., tie- 
nen por objeto proteger y dirigir á las personas que por su 
edad no pueden regirse por si propias. Y es tan estrecha esa 
relación, que compenetrándose entre sí tales instituciones, 
puede decirse que constituyen una sola con variedad de aspec- 
tos y manifestaciones, y cuyo tipo primordial es la patria po- 
testad, siendo las demás sustitutivas ó complementarias de 
ella. Todas tienen la misma naturaleza, el mismo fundamento 
filosófico, el mismo fin, y sólo se diferencian en su diversa fun- 
cionalidad, que si análoga en el fondo, presenta variedad de 
caracteres, á causa de ser distinto en cada una el sujeto obli- 
gado á la prestación de condiciones. Ahora bie